Sin trabajo, semiesclavas y atrapadas en España: la dura situación de las temporeras marroquíes en Huelva

Las condiciones de vida de las trabajadoras del fruto rojo en Huelva son, más allá de la pandemia, la consecuencia directa de un modelo de precariedad destinado a perpetuar condiciones de vulneración laboral y sanitaria.

Una trabajadora de la campaña de la fresa en Huelva, en una imagen de archivo. (EFE)

Huelva 03/07/2020 Patricia H. Montenegro Público

Se acaba la temporada de la fresa en Huelva. Los campos, repartidos de norte a sur por toda la geografía onubense, reposan y se vacían poco a poco del bullicio de unos meses frenéticos. Desde principios de junio, como cada año, miles de temporeros recogen sus pocas pertenencias y se marchan con destino a nuevos cultivos que precisan de mano de obra igualmente dedicada y sufrida.

Otros cientos regresan a sus hogares en una caravana eminentemente femenina porque a las temporeras, además de ganar un jornal, les espera a menudo la dura tarea de criar a los hijos que dejaron atrás y la de cuidar a unos padres que las necesitan.

Este año el coronavirus ha cambiado radicalmente ese paisaje. El cierre de fronteras ha impedido que lleguen hasta doce mil trabajadores menos de los seleccionados inicialmente y que apenas un 10% hayan podido incorporarse a otras cosechas como ocurre cada año con las 3.000 hectáreas del arándano onubense. Pero las consecuencias del bloqueo van más allá del problema de mano de obra. Hacinadas en viviendas propiedad de los empresarios freseros y sin la correcta atención sanitaria, apenas siete jornaleras han podido regresar a sus países de origen.

Las temporeras marroquíes son el fiel reflejo de este drama humano. Éste año son más de 7.200 las que han permitido levantar una cosecha que nació condenada cuando los contagios por coronavirus comenzaron a multiplicarse en España. Llegaron como profesionales de la recogida del fruto rojo más preciado y ahora son solo mujeres atrapadas en un país que no es el suyo, sin trabajo y lejos de su hogar y de sus familias, para quienes a menudo son el único sustento.

Kala [nombre ficticio] trabaja desde hace seis años en uno de los muchos cultivos que actualmente pueblan la mancomunidad de Islantilla, al suroeste de la provincia. Aunque es reacia a hablar con cualquier medio, ha decidido hacer una excepción con Público. La joven marroquí teme las posibles represalias de sus patrones y nos pide con mucha insistencia que no la grabemos: "No quiero problemas con nadie", insiste con voz temblorosa pero firme, "tengo compañeras que un día hablaron y ya no pudieron volver. No quiero que me pase lo mismo", explica.

El recelo y la situación de Kala son demasiado frecuentes en los campos onubenses. Kala, natural de Tanger, es la imagen de la desesperanza: "Otros años he estado también en la campaña de la nectarina y el melocotón, pero desde que tuve a mis hijos llevo seis años acudiendo solo a la fresa", explica. El dato no es baladí. El 90% de las temporeras contratadas en origen tienen hijos a cargo en dicho país. Las empresas agrícolas suelen escoger este tipo de perfiles porque evitan problemas a la hora de la repatriación. "Si tienen cargas familiares estas mujeres no pondrán problemas para regresar" reconoce Laura Limón desde el movimiento feminista Mujeres 24 horas.

"Ahora necesito volver a casa", explica angustiada. "Mis hijos viven con su abuela pero no puedo tenerlos allí durante más tiempo". Mientras las fronteras entre Andalucía y Rabat se mantienen cerradas, Kala y el resto de sus compañeras viven en un limbo laboral y social: "Es como si no existiéramos para nadie. No podemos trabajar en nada más porque no tenemos permiso de trabajo y, aunque lo tuviéramos, el resto de las cosechas ya no necesitan más trabajadoras". Este año, apenas un 10% de las trabajadoras que han llegado para trabajar en la fresa han podido acogerse al plan de redistribución de la mano de obra hacia otros cultivos.

Por un salario que apenas supera los 900 euros, Kala y sus compañeras han llevado a cabo jornadas maratonianas: "Hemos tenido días muy duros este año. Hemos notado que éramos menos y que el trabajo se multiplicaba a causa del coronavirus". Este año, además, las medidas de prevención del contagio han aumentado la dificultad a la que se enfrentan las jornaleras: "Con los guantes, las manos sudan y recoger la fruta se hace más difícil. Con la mascarilla, además, apenas podíamos respirar dentro de los invernaderos".

Ahora Kala solo piensa en volver a casa con sus hijos: "Me siento sola, impotente y triste. Llevo aquí desde el mes de febrero y necesito verlos porque sé que me necesitan y no sé cuándo podrá ser. Nos han dicho que nos harán las pruebas del coronavirus pero tampoco sabemos cuándo".

La situación de Kala es "una cuestión humanitaria", según ha explicado esta semana la Asociación Onubense de Productores y Exportadores de Fresa y Frutos Rojos, Freshuelva, quien ha exigido al Gobierno que aplique el nuevo Convenio para la Ordenación, Coordinación e Integración Sociolaboral de los flujos migratorios laborales en campañas agrícolas, renovado estos días para los próximos cuatro años: "Es un desplazamiento por motivos laborales y por lo tanto está completamente justificado".

Sin plan de repatriación

Las organizaciones agrarias y los principales sindicatos, Asaja Huelva, Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) y UGT-FICA, han demandado al Gobierno un plan de repatriación urgente para que estas trabajadoras, especialmente para las más de 3.000 que ya han cumplido su contrato, puedan regresar a sus hogares.

Desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos apuntan a que es necesario reforzar la coordinación entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Gobierno marroquí para alcanzar un acuerdo que les permita regresar a Marruecos: "Debemos evitar a toda costa el perjuicio que les supone estar separadas de sus familias". En este sentido, el consulado marroquí en Sevilla reconoce que están trabajando arduamente junto con la Junta de Andalucía para desbloquear esta situación lo más rápidamente posible pero que "no existe una fecha para su regreso". Para facilitar las labores de repatriación, el Gobierno andaluz se ha comprometido a efectuar test de detección de la covid-19 a todas y cada una de las trabajadoras antes de cruzar la frontera para que ello no suponga ningún riesgo para la población de Marruecos.

En este sentido, Luciano Gómez, presidente de la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT Huelva considera insultante la falta de empatía del Gobierno marroquí con sus ciudadanas: "Nos consta que conocen la situación de precariedad de estas temporeras, las cuales han transferido a su país todos los ingresos durante toda la campaña y una vez finalizado su contrato se encuentran sin recursos para seguir en España a la espera de que se abran las fronteras", explica en un comunicado.

A pesar de ello, un mes después de que finalizara la campaña, no existe ningún atisbo de cambio en la apertura de fronteras con Marruecos, confirma Cristina García, secretaria de Igualdad de UGT-Andalucía. "Desde el sindicato hemos mandado una carta al cónsul de Marruecos y no hemos tenido respuesta. Seguiremos insistiendo porque entendemos que es el único canal sobre el que se puede actuar para la reapertura". Mientras esto ocurre, "tenemos un problema de índole humanitaria", reconoce García. "Son inconcebibles las condiciones en las que viven estas mujeres y los meses que llevan sin ver a sus familias".

Un modelo de semiesclavitud en el siglo XXI

El movimiento feminista Mujeres 24 Horas lleva años recabando información y valorando sobre el terreno esta situación de precariedad y las condiciones de vida de estas jornaleras.

En esta ocasión, y después de visitar personalmente las fincas en las que viven y trabajan, descartan que lo vivido este año sea fruto de una circunstancia excepcional: "Este año la situación es de absoluta emergencia. Las circunstancias de trabajo han sido extremadamente más duras que en otras ocasiones", explica Laura Limón. "No olvidemos que estas mujeres han realizado un trabajo extra, siendo la agricultura una labor esencial que ha recaído sobre su piel y sus espaldas".

Limón explica que desde el colectivo echan en falta un plan de coordinación entre las diferentes administraciones y el Gobierno de Marruecos para solventar, no solo el regreso a sus hogares, sino una solución real para paliar las condiciones de semiexplotación a las que estas trabajadoras se ven sometidas: "En pleno confinamiento las mujeres han sufrido las mismas condiciones de extrema vulnerabilidad que ya veníamos denunciando hace años".

Entre ellas, la coordinadora de Mujeres 24 Horas relata "el incumplimiento de condiciones de vivienda digna por parte de los empresarios, diferentes abusos de autoridad por parte de los responsables de finca o condiciones de falta de acceso a núcleos urbanos, que es algo básico para que estas mujeres, después de su jornada laboral, puedan relacionarse con el resto de la población del municipio o hacer sus compras sin tener que depender de la voluntad del empresario".

Limón considera que, actualmente, el foco más importante está puesto en la vulnerabilidad sanitaria fruto de la falta de recursos a la que se han visto expuestas: "En las últimas semanas nos han llamado desde diferentes fincas porque varias mujeres tenían problemas de salud, especialmente relacionados con el azúcar y la diabetes, y no tenían acceso acceso al personal responsable de la propiedad. Una de ellas llevaba un mes sin pincharse insulina".

La situación sanitaria podría agravarse en los próximos días si no se ponen los medios oportunos, denuncian desde el movimiento. "Están en un contexto en el que se unen el cansancio físico extremo, las altas temperaturas que estamos sufriendo en la provincia de Huelva y la falta de viviendas adaptadas en las que conviven hasta ocho o nueve mujeres en una misma habitación sin aire acondicionado".

Para estas mujeres, la dependencia de la caridad de los empresarios es total. Así lo explica la abogada de Women’s Link Worldwide, Aintzane Márquez, en declaraciones recogidas por Raúl Bocanegra. La letrada ha reclamado la colaboración inmediata de los gobiernos de España y Marruecos para el cambio de modelo: "Su dependencia de la voluntad de las empresas es absoluta. Ahora mismo están aisladas en las viviendas de las fincas que muchas veces no reúnen las condiciones adecuadas de habitabilidad". Para Márquez, los Estados español y marroquí ven a estas mujeres "desde un punto de vista meramente instrumental y una vez que han terminado su trabajo ya no importan".

Mientras dure el cierre de fronteras que separa Andalucía y Rabat, más de 2.000 mujeres continúan confinadas y en peligro. Una cuestión humanitaria en la que el coronavirus solo es un riesgo más. Quizá el menor de todos.