Proteger a las prostitutas, perseguir a los proxenetas o multar a los puteros... decálogo de medidas para “cerrar los burdeles”

Justicia inicia el proceso para que la Comunitat Valenciana sea la primera en abrir el proceso para "abolir la prostitución" en España

La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, presenta el decálogo de medidas para abolir la prostitución en la Comunitat Valenciana.

Miguel Giménez València — 2 de marzo de 2022 elDiario.es

La Administración autonómica podrá sancionar con multas o la clausura aquellos establecimientos que, "camuflados con licencias para hostelería u ocio, permitan o favorezcan el ejercicio de la prostitución". Esta es una de las medidas incluidas en la reforma de la ley de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de la Generalitat Valenciana que ha detallado por la conselleria de Justicia y Administración Pública, Gabriela Bravo, este miércoles y que tiene como uno de sus objetivos la abolición de la prostitución, "una forma de violencia de género".

Bravo ha detallado un decálogo de iniciativas elaboradas por el Foro Valenciano para la Abolición de la Prostitución en el que ha participado en los últimos meses una treintena de personas expertas en diferentes ámbitos y cuyo trabajo ha permitido confeccionar un "diagnóstico preciso" sobre la prostitución en el territorio valenciano.

Las diez medidas incluyen reformas normativas en el ámbito estatal, autonómico y local, así como iniciativas asistenciales para las mujeres prostituidas y acciones de formación y sensibilización, tanto para los profesionales que están en contacto con estas mujeres como de la ciudadanía en general. Precisamente, con la reforma de la norma valenciana firmada este mismo miércoles se podrá "perseguir y sancionar a los propietarios de burdeles que se esconden tras fachadas de negocios hosteleros o de ocio".

Por lo que respecta a la clausura de establecimientos, ésta se extenerá, incluso, en el caso de que el responsable haya cesado en la actividad y sea otro quien solicite la apertura.

También se prohibirán los espectáculos y actividades públicas que inciten o fomenten la prostitución o cualquier forma de explotación sexual y se establece como sanción administrativa la demanda de sexo pagado tanto en locales y establecimientos públicos como en las carreteras que son competencia autonómica.

Víctimas de violencia machista

El Gobierno valenciano también aboga por modificar la ley autonómica contra la violencia sobre la mujer de forma que se reconozca a las mujeres prostituidas como víctimas de la violencia machista, lo que garantizará, tal y como ha apuntado la consellera, su acceso "a todos los derechos y recursos asistenciales que protegen a las víctimas del terrorismo machista".

Justicia también realizará un modelo único de ordenanza abolicionista que se ofrecerá a los ayuntamientos valencianos y que tratará la prostitución como un tipo de violencia de género "y no como un problema de orden público, sancionando al putero y protegiendo a la víctima tal y como ocurrió la semana pasada en la localidad valenciana de Albal".

De igual modo, se propone aumentar el parque público de viviendas "y que se considere a las mujeres prostituidas como un colectivo prioritario" para acceder a estos recursos habitacionales y se aboga por reforzar los recursos formativos para ofrecer salidas socio laborales a estas mujeres mediante itinerarios específicos por su condición de víctimas de prostitución, así como por potenciar el programa Alba de la Generalitat para la salida de la explotación sexual y extender su acción para que sea accesible a cualquier víctima de la prostitución en el territorio valenciano.

Ley integral de ámbito estatal

La solución de este "complejo problema" no se puede abordar "en solitario". Por ello, se insta al Gobierno y a las Cortes a aprobar una ley integral para la abolición de la prostitución como "respuesta más contundente para erradicar este tipo de violencia de género", de forma que se cumpla con lo establecido en el Convenio de Estambul, "ratificado por España y que reconoce a las mujeres prostituidas como víctimas de la violencia de género", tal y como ha recordado Bravo.

Según la consellera, la ley debe actuar en tres direcciones: la persecución del proxenetismo "en todas sus formas", lo que conllevará la introducción de nuevos tipos delictivos en el Código Penal como la Tercería Locativa (el alquiler de espacios para la compra de sexo) o el rufianismo (la inducción a la prostitución por parte de la pareja sentimental de la víctima); la sanción penal de la demanda y compra de sexo "porque es evidente que si existe la prostitución no es porque hay mujeres que venden su cuerpo, sino millones de hombres dispuestos a comprar"; y a protección y consideración de todas las mujeres en situación de prostitución como víctimas de violencia de género, "con todo lo que ello implica", lo que supondrá la modificación de la Ley Orgánica de Violencia de Género de 2004; la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita de 1996 y la Ley del Estatuto de la Víctima del Delito de 2015.

Para la consellera, la aprobación de esta ley integral, además, debe incorporar modificaciones normativas como la reforma de la ley de Extranjería para incluir una vía extraordinaria de regularización de las mujeres víctimas de prostitución; la eliminación del requisito de colaboración de la víctima en la investigación para acceder al retorno asistido o a la regularización; la creación de itinerarios de regularización de extranjeras para la obtención de permisos de residencia y trabajo y la eliminación de la sanción administrativa que se recoge en la Ley de Seguridad Ciudadana para las mujeres que se ven obligadas a ejercer la prostitución.

"Estamos ya el camino para que la Comunidad Valenciana sea la primera autonomía en abrir el proceso para abolir la prostitución en España. Un proceso en el que aportamos medidas concretas, reformas legales y propuestas viables para acabar con este tipo de terrorismo machista", ha concluido Gabriela Bravo.