Por una regularización inmediata, sin condiciones, para todas las migrantes y permanente

Diversas colectivas de migrantes racializadas y antirracistas coordinadas a nivel estatal exigen a la clase política la regularización permanente y sin condiciones de todas las personas migrantes y refugiadas ante la emergencia sanitaria del coronavirus.

Carlos Soledad 13-04-2020 El Salto

Desde que la racista y utilitarista Ley de Extranjería entró en vigor en 1985 de la mano del PSOE, el Estado se comporta como una máquina de hacer “sin papeles”. Así, miles de personas viven por debajo de la línea de los derechos humanos, un lugar donde sus vidas, sus familias y sus cuerpos son despreciables. El reciente Real Decreto que se aprobó en el Consejo de Ministros, mantiene este espíritu y ejecuta una regularización selectiva, interesada, injusta e inhumana, de la misma forma como se ha realizado en Portugal.

La Ley de Extranjería es racista porque ataca mayoritariamente a gente racializada de las excolonias y descendientes, le permite perseguirlos al aire libre por color de piel, encerrarlos en un Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE), utilizar la violencia bajo el siniestro protocolo de repatriación y da cobertura para que ocurran asesinatos, como así fue en 2014, cuando la Policía Nacional disparó a quince refugiados que intentaban llegar a nado en el Tarajal. Nunca hubo justicia.

La Ley de Extranjería es hija de los intereses capitalistas porque pone a su disposición un ejército de “sin papeles” trabajando en condiciones de semiesclavitud para que la maquinaria de acumulación siga funcionando, aún en tiempos de coronavirus. Mientras tanto, el resto de la sociedad puede tener una casa limpia, a los abuelos cuidados, comida de proximidad, al tiempo que las empresas se llenan los bolsillos y el Estado se ahorra unos cuantos euros. Finalmente, la Ley de Extranjería es machista porque en lugar de centrarse en los cuidados de toda la sociedad, el Estado macho y opresor activa todo su poder para vulnerabilizar a una importante capa de la sociedad, a los de los márgenes, al sótano.

“La Ley de Extranjería es hija de los intereses capitalistas porque pone a su disposición un ejército de “sin papeles” trabajando en condiciones de semiesclavitud”

Pero las personas migrantes han demostrado durante todo este tiempo su capacidad de resistencia y liberación. En 2001, muchas de ellas decidieron encerrarse en Iglesias de varias ciudades a lo largo de todo el Estado Español. Negociando directamente con la clase política, consiguieron el proceso de regularización más amplio y sin condiciones de la historia. Hoy, en el encierro obligado por la emergencia sanitaria, vuelven a organizarse para exigir un proceso extraordinario, urgente, permanente y sin condiciones. Se trata de una movilización migrante sin precedentes en la historia reciente, asociaciones de trabajadoras sexuales, del hogar y los cuidados, del campo, manteros, estudiantes, activistas, todas unidas a por la #RegularizacionYa.

Los colectivos migrantes en el Estado español, además, interpelan a todas las organizaciones y a la sociedad en general a apoyar esta demanda y a demostrarlo públicamente a partir del lunes 13 de abril a las 11 horas, por todos los medios posibles. Se trata de que todas, como sociedad presionemos a la clase política para que las más vulnerables obtengan acceso a cobertura sanitaria, laboral y de los cuidados. Porque la tempestad del coronavirus es la misma, pero el barco en el que las “sin papeles” navegan es frágil, construido artificialmente por la Ley de Extranjería.

“Porque la tempestad del coronavirus es la misma, pero el barco en el que las “sin papeles” navegan es frágil, construido artificialmente por la Ley de Extranjería”

Uno de los consensos sociales que esta crisis sanitaria, económica y social ha visibilizado, es el de generar mecanismos y políticas para actuar en la protección de lo común, el cuidado de la comunidad y la sostenibilidad de la vida. Por ello, las migrantes demandan que se inicie un proceso de regularización inmediato que les permita acceder a sus derechos sociales, económicos y políticos, así como poner en valor sus capacidades, saberes, experiencias y aportes a esta sociedad.

La regularización debe realizarse con criterios que prioricen el cuidado de la vida y que garanticen los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su origen. Y no condicionada a la instrumentalización y las exigencias económicas y estereotipadas del mercado laboral, en coherencia con el anhelo que tantas veces desde el gobierno se ha mencionado: “No dejar a nadie atrás”.