Xarxa Feminista PV
Portada del sitio > NOTICIAS > Podemos ante la encarcelación de Tamara Dávila, Suyén Barahona, Ana Margarita (...)

Podemos ante la encarcelación de Tamara Dávila, Suyén Barahona, Ana Margarita Vigil, Dora María Téllez y el resto de personas presas políticas en Nicaragua

Sábado 5 de febrero de 2022

El pasado 12 de junio de 2021 fue detenida en su vivienda en Managua la activista feminista de la Unidad Nacional Azul y Blanco Tamara Dávila, por investigación de conformidad con el artículo 1 de la «Ley de Defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y la autodeterminación para la paz». El día 13 de junio, la policía nicaragüense detuvo a las dirigentes de la formación opositora UNAMOS Suyén Barahona, Ana Margarita Vigil y Dora María Téllez, por realizar supuestos «actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos», entre otros delitos. Todas ellas representan voces de distintos movimientos sociales y luchas por la democracia, la justicia social y la igualdad. Desde entonces, las cuatro mujeres permanecen presas en aislamiento total y bajo deficientes condiciones, sometidas a interrogatorios interminables y con derecho a contadas visitas familiares.

Desde la represión de las movilizaciones masivas de 2018 —que, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dejó unos 328 muertos, 2.000 heridos y más de 1.600 detenidos—, Nicaragua atraviesa una grave crisis política y social por la que se viene denunciado una escalada de los actos represivos y violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado contra amplios sectores de la población en un contexto de impunidad generalizada.

Esta crisis afecta de manera particular a los movimientos estudiantiles, feministas, campesinos, comunidades indígenas y afrodescendientes, personas defensoras de derechos humanos, periodistas, personas excarceladas, líderes políticos y otros sectores de la oposición. La situación de riesgo que enfrentan estas personas continúa deteriorándose como consecuencia de la intensificación de agresiones, amenazas, hostigamientos, intimidaciones y otros actos de violencia cometidos en su contra, tanto por parte de grupos simpatizantes del Gobierno como por agentes de la Policía Nacional.

También son numerosas las organizaciones sociales y de derechos humanos —e incluso universidades— que han sido despojadas de su personería jurídica o han visto sus recursos y capacidades reducidos al mínimo, como consecuencia de las sanciones fiscales impuestas por el Gobierno de Daniel Ortega y la aprobación de leyes como la Ley Especial de Ciberdelitos o la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros.

Desde el inicio de la crisis en 2018, cientos de personas han sido encarceladas por motivos políticos en Nicaragua y, de ellas, 154 líderes políticos y comunitarios permanecen en prisión. Las organizaciones de derechos humanos han establecido que se trata de detenciones arbitrarias y enjuiciamientos sin las debidas diligencias, bajo la actuación de poderes judiciales controlados por el Ejecutivo de Daniel Ortega. También se han denunciado malos tratos, torturas y detenciones en condiciones diferenciadas —como celdas de aislamiento o de máxima seguridad—, así como la falta de una adecuada alimentación, ventilación, iluminación, atención psicológica o respeto a los procedimientos de visitas de familiares.

Este lunes 31 de enero el Ministerio Público nicaragüense anunció que iniciará los juicios contra los 36 presas y presos políticos que mantiene desde junio de 2021 en la cárcel de El Chipote, donde los familiares de Dávila, Barahona, Vigil y Téllez sospechan que están encerradas. Desde Podemos queremos reiterar el deber de todo Estado que se diga democrático de proteger y promover el respeto a los derechos humanos. En este sentido, nos sumamos a los llamados internacionales al cese inmediato de la violencia y la persecución contra movimientos, organizaciones y líderes sociales; especialmente de activistas feministas, campesinas, indígenas, afrodescendientes, estudiantes, periodistas y liderazgos políticos de oposición. También nos sumamos a los llamados a la liberación y anulación de los procesos judiciales arbitrarios abiertos contra Tamara Dávila, Suyén Barahona, Ana Margarita Vigil y Dora María Téllez, así como al pleno cumplimiento de los derechos de todas las personas presas tanto antes como después de su excarcelación.

Seguiremos defendiendo una salida pacífica y negociada del conflicto, basada en un diálogo inclusivo y participado de la sociedad civil, organizaciones de derechos humanos, organizaciones de oposición y el Gobierno de Nicaragua, en el que se aseguren todas las condiciones necesarias para una solución democrática, justa y con derechos. España y la Unión Europea pueden y deben mantener un papel activo en la mediación de este proceso, acompañando e impulsando comisiones de trabajo que incluyan a todos esos actores, y garantizando y promoviendo el pleno respeto de la soberanía nacional para lograr un proceso democrático y libre de injerencias externas.

3 de febrero de 2022

Comentar esta breve

SPIP | esqueleto | | Mapa del sitio | Seguir la vida del sitio RSS 2.0