Organizaciones de defensa de la infancia y ’madres protectoras’ denuncian la falta de coherencia del Estado en el uso del SAP

Critican la utilización del inexistente síndrome en el caso de Silvia Aquiles, que ha sido acusada de sustracción por supuestamente retrasar la entrega de sus hijos al padre en 14 días, por lo que le piden hasta cinco años de prisión.

Manifestación contra la violencia hacia las mujeres (archivo). — EFE

MADRID MARISA KOHAN 22/05/2023 Público

Organizaciones de defensa de la infancia y de madres protectoras denuncian la falta de coherencia de las instituciones del Estado en su conjunto en relación a la aplicación del falso Síndrome de Alienación Parental (SAP) en la Justicia. Lo hacen en un comunicado conjunto en el que denuncian la criminalización de Silvia Aquiles, una madre que el pasado 15 de mayo afrontó un juicio por la sustracción de sus hijos al, supuestamente, retrasar en 14 días la entrega de los menores a su expareja, al que la madre había denunciado por abusar sexualmente de ellos.

En el juicio que ha quedado visto para sentencia, la acusación particular solicitó pena de prisión de cinco años para esta madre, mientras que el Ministerio Fiscal reclama dos años de prisión. Se da la circunstancia de que Aquiles está reconocida por la Generalitat de Catalunya como una víctima de violencia de género, precisamente por reconocer que la Justicia le ha aplicado un SAP (figura en su ley contra la violencia machista de enero de 2021 como una violencia de género). También la ley contra la violencia en la infancia, aprobada por el Parlamento en junio de 2021, previene sobre el uso de este supuesto síndrome y advierte a las instituciones del Estado sobre su utilización en la Justicia.

En el comunicado hecho público este lunes, las organizaciones ​denuncian que existe "una falta de coherencia en el Estado" que, por un lado "reconoce el SAP como una forma de violencia institucional" y por el otro "persigue a madres que han denunciado abusos sexuales hacia sus hijos e hijas o violencia de género, acusándolas de desobediencia, de sustracción de menores y adopta medidas de limitación del contacto materno-filial en la vía civil". Las firmantes denuncian que "el mismo Estado que dice preocuparse por la vulnerabilidad de las víctimas las hostiga durante años (esto sí que podría llamarse violencia vicaria, pues el agresor utiliza la justicia para causar más daño), las expone a situaciones de cronificación de la victimización".

Los lentos avances no protegen a madres e hijos

Las organizaciones reconocen que ha habido avances, aunque lentos, en el reconocimiento de este tipo de violencias que ejerce el propio Estado contra las madres que denuncian violencia de género y violencia sexual hacia sus hijos por parte de los padres, pero advierten de que dichos avances "de momento no se traducen en un mejor funcionamiento de las instituciones".

Recuerdan en el escrito que, desde hace más de una década, diversas entidades sociales y expertas en derecho de la infancia llevan advirtiendo de las fallas del sistema judicial a la hora de investigar los delitos sexuales y de violencia de género. Sin embargo, "la respuesta que hemos recibido por parte de los poderes públicos ha sido y sigue siendo insuficiente, de tal forma que seguimos viendo cómo las causas penales por este tipo de delitos fracasan en unas proporciones insólitas, cómo se realizan coacciones para obligar a niños y niñas a mantener contacto con progenitores denunciados por sus conductas violentas y en ocasiones condenados por ello. Seguimos leyendo informes que se basan en el Síndrome de Alienación Parental para justificar el rechazo de los hijos e hijas hacia sus padres y para echar por tierra la credibilidad del testimonio de menores de edad, causando indefensión y generando en los niños y niñas desconfianza hacia el sistema que debería protegerlos".

Aquiles denunció a su expareja por los supuestos abusos sexuales hacia sus hijos en 2015. En lugar de abrirse una investigación exhaustiva sobre los hechos, un primer informe de la Unidad Funcional de Abusos al Menor (UFAM) dependiente del Hospital Sant Joan de Deu de Barcelona (uno de los centros de referencia para este tipo de violencias pero ampliamente cuestionado), puso en duda el relato de la madre y la hija, poniendo el foco en la obsesión de Aquiles. Los servicios sociales apuntalaron esta idea, hasta el punto que en febrero del 2020 en un juicio in audita parte (sin la abogada ni la propia Aquiles), una jueza decretó el cambio de custodia del hijo menor (cuatro años) hacia el padre y el de la hija (entonces de siete) a los servicios sociales por la negativa de la menor a ir con su padre.

La sentencia está fechada el 17 de febrero de 2020. Sin embargo, tanto la madre como su abogada afirman que no tuvieron constancia de la decisión hasta el 3 de marzo y que al día siguiente la madre hizo entrega de los menores en la ciudad de la Justicia de Barcelona.

Desde la entrega de sus hijos, Aquiles apenas ha tenido contacto con ellos y sólo los ve en un punto de encuentro familiar bajo vigilancia. La niña menor pasó cerca de diez meses tutelada por la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) catalana, hasta que ésta le concedió la custodia al padre.

"La denuncia no debió prosperar"

En el escrito, las organizaciones puntualizan que "en cumplimiento del principio de mínima intervención del derecho penal, teniendo en cuenta que la situación se resuelve en el momento en el que se efectúa la entrega, incluso en el caso de que la dilación se hubiese producido (cosa que la madre niega), la denuncia nunca debió prosperar. Así lo establece la jurisprudencia del Tribunal Supremo, especialmente en procedimientos de familia. Entendemos pues que se trata una vez más de un procedimiento que busca un castigo ejemplar contra una madre a la que se había aplicado la teoría fraudulenta del síndrome de alienación parental".

A lo largo de los últimos año, diversas instituciones han llamado la atención a España sobre el uso del SAP. Entre ellas cabe resaltar las al menos cinco peticiones realizadas a nuestro país por la Relatora especial de la ONU sobre violencia contra la mujer, que llegó a advertir que la Justicia española muestra un "patrón estructural" que desprotege a los menores y discrimina a las madres cuando denuncian violencia de género o abusos sexuales intrafamiliares. Un reciente informe, elaborado a petición del Ministerio de Igualdad por académicas de diversas universidades españolas, también pone el foco en las duras consecuencias de la utilización de este supuesto síndrome en la Justicia.

Por ello, las organizaciones reclaman que "se depuren las responsabilidades correspondientes" por el uso del SAP en la Justicia y reclaman "la revisión de sentencias en las cuales se ha utilizado la teoría fraudulenta del SAP, que se reintegren sin dilaciones los hijos e hijas a sus madres protectoras y se garantice el acceso a programas de recuperación del trauma infantil".

Entre las organizaciones firmantes del comunicado figuran AGAMME (Asociación Galega contra o Maltrato a Menores), la Red de Madres Protectoras, la Plataforma Yo sí te creo, La Laboratoria, Espacios de investigación feminista, Novembre Feminista (Ca la Dona - Barcelona), la Asociación de Mujeres Psicología Feminista, IACTA abogadas feministas, Asociación Damos la cara contra la violencia de género, y Mujeres Libres, Mujeres en Paz, entre otras.