Ojo con las trampas de cóm o se orientan los cuidados

Faro de Vigo Carmen Castro García 30-04-2017

Las mujeres siguen especializadas en los trabajos de cuidados, lo que condiciona su autonomía, inclusión y continuidad en el ámbito laboral y político, en condiciones de igualdad. Lejos de sorprendernos por la persistencia de esta realidad, deberíamos cuestionar abiertamente en qué medida las políticas públicas, con su giro neoliberal y austericida, están siendo cómplices de la división sexual del trabajo y de abocar a gran parte de mujeres a la precariedad laboral, monetaria y de tiempos de vida.

Las necesidades de cuidado no se resuelven por sí solas, y no, no existen "manos invisibles" que las atiendan ni varitas mágicas con las que se puedan resolver, ni las que precisamos todas las personas en nuestros ciclos vitales, ni mucho menos las de quienes requieren de una mayor intensidad de atención, ya sean adultas dependientes o menores. Atender las necesidades de las personas requiere de la asignación de recursos facilitadores para que puedan ser provistas de manera suficiente. Así pues, cuando en la agenda política y económica no se aborda de manera explícita cómo se van a organizar socialmente la provisión de estos trabajos, cabe preguntarse quién se espera que los realice y a cambio de qué, porque alguien tendrá que dedicarle tiempo, capacidad y energía.

De las 33.200 personas que el año pasado abandonaron el mercado laboral gallego, 30.600 eran mujeres; la falta de servicios públicos y de recursos destinados a atender las necesidades de cuidados les ha empujado al proceso de exclusión de sus derechos económicos, asumiendo un coste de oportunidad excesivo para sus propios procesos de emancipación y autonomía vital. Las vidas laborales de las mujeres, más cortas en general, tienen periodos de interrupción de cotizaciones y también un menor nivel salarial, lo que incide en la persistencia de brechas de género en las pensiones. Menos cotización, en tiempo y en importe, da lugar a una merma de derechos económicos, presentes y futuros. El 77,35% de quienes perciben pensiones no contributivas son mujeres mayores de 65 años. El dato es demoledor, y aún más si tenemos en cuenta que se trata de 367 euros mensuales, lo que explica que 1 de cada 4 mujeres mayores de 65 esté bajo el umbral de pobreza.

Así pues, cuando el coste de oportunidad de la prestación de cuidado recae exclusivamente sobre las mujeres, ya sea por satisfacción, amor, gratitud, reciprocidad o culpabilidad, lo que está en funcionamiento es la trampa patriarcal de privatización de los cuidados y dependencia económica de las mujeres.

Y no, no es casual, y, por lo tanto, creo que hay que decirlo claramente: los poderes públicos son, en parte, cómplices de esta situación.

No es posible concebir una sociedad democrática sin plantearse la democratización de los hogares y entornos familiares a través de la socialización de los cuidados y la implicación de los hombres en este cometido. Se trata de avanzar en corresponsabilidad y para ello precisamos establecer otro criterio de redistribución de tiempos y trabajos -remunerados y no remunerados-. El principio de equidad nos posibilitaría desmontar la normas sociales y expectativas diferenciadas según el género que todavía arrastramos. Si el horizonte fuese el de la corresponsabilidad, esto se podría percibir en los presupuestos públicos. Sin embargo, la lectura de los PGE para 2017 no soporta dicha interpretación.

Atendiendo a cómo se contemplan en los PGE la atención a la dependencia y el cuidado de menores, lo que se refleja es más de lo mismo, un modelo económico extractivo, depredador del medio ambiente, y poco receptivo a las necesidades sociales existentes -algo que debería estar activando todas las alarmas de emergencia social ante la previsible agudización de los indicadores y situaciones de desigualdad: más precariedad, más pobreza, más desigualdad y mayor ineficiencia en los mercados de trabajos fuertemente segregados-.

Como se explica en el Manifiesto feminista ante los Presupuestos Generales del Estado (http://impactodegeneroya.blogspot.c...), el gasto social no solo es escaso sino que se refiere a una estructura laboral/familiar atravesada por la división sexual del trabajo: un mercado de trabajo altamente segregado por sexos (vertical y horizontalmente) y una familia en la que los hombres se ven presionados a mantenerse alejados de los cuidados y las mujeres presionadas a abandonar sus empleos para cuidar en el seno del hogar. Algunos importes evidencian esto. Por ejemplo, los 1.115 millones de desgravación por tributación conjunta en el IRPF, algo que, como la propia exposición de motivos de la Ley del IRPF va en contra del objetivo de la igualdad de género, al desincentivar económicamente la segunda perceptora de rentas. Otro importe relevante es el de los 1.355 millones destinados al Sistema de Atención a la Dependencia, algo absolutamente insuficiente para atender a las cerca de 345.000 personas en lista de espera para recibir servicio de atención a la dependencia. Y otro ejemplo más: 438,8 millones para prestaciones por paternidad frente a los 1.572,5 millones del permiso de maternidad. Lo que representan las 4 semanas de los padres (u otra progenitora) respecto a las 16 semanas de las madres tras un nacimiento, esto es, la expectativa de que los hombres que son padres utilicen una cuarta parte del tiempo del que se espera dediquen las mujeres madres, de manera remunerada (100% del salario), para atender a sus hijos/as.

Así pues, cabe preguntarse, ¿quién se espera que cuide y asuma responsabilidades si a los padres se les relega a ser acompañantes o cuidadores ocasionales a la vez que se abandona la inversión en servicios públicos para la atención a la dependencia?

Pero la narrativa no se acaba con las evidencias; de hecho, a partir de ellas, sería posible transformar la realidad en una apuesta hacia la corresponsabilidad. Para iniciar dicho camino hay tres propuestas que inciden directamente en una redistribución más equitativas de tiempos y trabajos. Por una parte, la equiparación de los permisos por nacimiento, de manera que sean iguales, intransferibles y pagados al 100% -los efectos favorables sobre la igualdad de género están ampliamente contrastados en estudios comparativos a nivel europeo y en ellos se basa la proposición de reforma legislativa de la Plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles de Nacimiento y Adopción-. Otra propuesta necesaria se refiere a la inversión pública para la creación de empleo en el -sector de cuidados, garantizando así tanto el derecho de la infancia a la educación, como el derecho de todas las personas dependientes a una atención suficiente mediante servicios públicos. Y finalmente, la reducción de la jornada laboral máxima, lo que permitiría hacer una redistribución de los empleos en base a experiencias ya existentes en otros países, como la jornada laboral de 6 horas diarias.

Es tiempo ya de repartir los recursos existentes para avanzar hacia otro modelo de sociedad.