«Nosotras reinventamos la vida». Respuestas feministas al colapso de cuidados

June Fernández 08/07/2020 Pikara

Confinamiento y distancia social. La receta del Gobierno español para frenar la curva de contagios daba respuestas individuales para sujetos autosuficientes, con recursos para quedarse en casa, teletrabajar y conciliar cómodamente. Los colectivos feministas reaccionaron desde el inicio del estado de alarma en España, reclamando un sistema público de cuidados. También se han volcado en la creación de redes de apoyo mutuo y cajas de resistencia.

Trabajadoras del hogar entregaron escobillas a diputadas y diputados./ Foto cedida por las asociaciones

El pasado 28 de junio, la noticia de la muerte de Zuriñe del Cerro, integrante histórica de Lanbroa, el principal colectivo feminista abolicionista en Bizkaia, sacudió al movimiento feminista de Euskal Herria. Estaba participando en la coordinadora #BizitzakErdigunean (Las vidas en el centro), creada por el movimiento para dar respuesta a la crisis sistémica de cuidados en el contexto del estado de alarma. Durante unas horas, la prioridad de las integrantes de la plataforma fue difundir su esquela, organizar un homenaje, encargar un ramo de flores. Así es el feminismo autónomo y de base: en vez de enfangarse en broncas internas y debates viciados, se arremanga y se articula ante lo urgente y lo importante, ya sea responder a una crisis como la destapada por el maldito virus o despedir a una compañera con la que anteayer discutían sobre qué expresión podía ser más de consenso que “trabajadoras sexuales”.

“Sola no puedes, con amigas sí”. La frase de La bola de cristal, convertida en lema feminista, chocó con la receta individualista que dio el Gobierno español cuando el 14 de marzo de 2020 anunció la cuarentena para frenar la curva de contagios por la Covid-19: confinamiento y distancia social. Las feministas lanzaron muchas preguntas: ¿y las que no tienen casa?, ¿y las familias monomarentales?, ¿y las trabajadoras del hogar internas?, ¿y las mujeres confinadas con sus maltratadores?, ¿y las que están confinadas en un burdel?

Las feministas también dieron respuestas: esta no es una crisis sanitaria provocada por el coronavirus, sino que la pandemia ha hecho más visible una crisis estructural, sistémica, de la que solo se saldrá desterrando las “lógicas capitalistas y patriarcales, y poner la vida y los cuidados en el centro”, en palabras de Bizitzak Erdigunean. Y, organizadas en distintas plataformas, las feministas también difundieron sus propuestas: la creación de un sistema estatal de cuidados que atienda las necesidades de criaturas, de personas ancianas y dependientes; la incorporación de las trabajadoras del hogar al régimen general; la derogación de la Ley de Extranjería; el desarrollo del Pacto Estatal contra la Violencia; presupuestos feministas y reforma fiscal; reducción de la jornada laboral (sin reducción de sueldo) para favorecer la conciliación y frenar el desempleo.

Además de la incidencia política, las feministas se han volcado en iniciativas de solidaridad y de organización comunitaria para proporcionar comida, techo y acompañamiento a vecinas y vecinos. Buena parte de las redes de apoyo mutuo y de las cajas de resistencia han sido, cuando no puestas en marcha directamente por colectivos feministas, sostenidas por manos, cuerpos, discursos y prácticas feministas. Este es un repaso muy parcial a algunas de esas respuestas.

Incidencia política

Dos días después del anuncio del estado de alarma, el Movimiento Feminista de Euskal Herria convocó a actores políticos, sindicales y sociales a una mesa de coordinación con expertas para abordar el colapso de los cuidados. “De nada nos vale que políticos y representantes institucionales acudan a manifestaciones del 8 de marzo (si nos hubieran dicho la verdad, no las habríamos convocado) o se saquen fotos aprovechando la coyuntura política, si luego no son capaces de darnos voz, interlocución y capacidad de decisión”, denunciaron. Los gobiernos vasco y navarro no contestaron a su invitación. Sí que asistieron a la reunión representantes de la mayoría sindical, de los partidos políticos EH Bildu y Elkarrekin Podemos, y de una veintena de colectivos feministas interseccionales.

De esa iniciativa surgió la coordinadora Bizitzak Erdigunean, que publicó un dossier compuesto por un diagnóstico y una batería de demandas y exigencias para generar las estructuras públicas y comunitarias necesarias. El diagnóstico describe el sistema en el que vivimos como biocida, injusto y desigual en el valor que se les da a las vidas y a lo trabajos, y en el reparto de estos. El análisis sostiene que nuestra sociedad es frágil ante una pandemia como consecuencia de la globalización neoliberal y de los recortes sociales aplicados a partir de la crisis económica de 2008, y critica la pérdida de soberanía política, alimentaria y energética.

Amaia Pérez Orozco, economista feminista, es integrante de Bizitzak Erdigunean y su voz también fue el canal mediante el que el discurso feminista en torno a la economía y los cuidados se hizo escuchar en la Comisión de Reconstrucción Económica y Social del Congreso. Su aval de doctora en economía le sirvió de pasaporte para okupar ese espacio institucional y lanzar las propuestas con las que arranca esta crónica. En cambio, se rechazó la participación de otras compañeras “con menos títulos pero con una experiencia vital y una sabiduría política potente”, como las trabajadoras de las residencias de Bizkaia o de Rafaela Pimentel, integrante de Territorio Doméstico. Eso le dejó un sabor agridulce, pero celebra haber llevado al Congreso “una voz colectiva, porque en los feminismos hay discrepancias y debates abiertos todavía, pero tenemos un planteamiento político común fuerte”. Cree que su comparecencia “es fruto del trabajo acumulado durante muchos años en muchos espacios”, al que se suma un contexto en la política institucional menos hostil que en otras ocasiones. “Nos lo hemos ganado. Da alegría y nos anima a seguir adelante”, exclama.

¿Qué recorrido tienen estas acciones de incidencia política? “Lo del sistema estatal de cuidados lo planteó también [la ministra de Igualdad] Irene Montero. Creo que por cierta parte del gobierno hay ganas. Pero a veces ni nosotras mismas somos conscientes del hórdago, de la enmienda a la totalidad que estamos planteando”, reconoce la economista. “No se trata de poner en marcha unas medidas concretas sino de un vuelco total. La pregunta es qué capacidad tenemos de hacer un cambio socioeconómico radical y de evitar que, pasada la urgencia, se instalen las inercias. Y los hombres, por cierto, no están moviendo ficha”, abunda.

Vídeo: De qué hablamos cuando hablamos de cuidados

Orozco propuso un plan de choque para mejorar las condiciones de vida de las trabajadoras del hogar, uno de los colectivos más movilizados durante el estado de alarma. El 16 de junio, distintas asociaciones entregaron en mano a diputadas y diputados un comunicado junto con una escobilla de váter. En él señalan que la crisis ha evidenciado que muchos de los empleos esenciales “se caracterizan por ser los más precarios, los peor pagados, los más feminizados y racializados”, sin derechos como la prestación de desempleo. Ese día se cumplía el noveno aniversario del convenio 189 de la OIT que equipara los derechos de las empleadas del hogar y que España no ha ratificado. El subsidio específico con el que el Gobierno español anunció en abril excluía a las cerca de 200.000 trabajadoras de hogar y cuidados que trabajan sin contrato, muchas de ellas migradas en situación administrativa irregular, denunciaron las asociaciones, que exigieron su regularización urgente.

La comisión para la reconstrucción ha recibido también las propuestas de otras dos agrupaciones feministas: Impacto de Género Ya y la Plataforma 7N Madrid. La primera remitió el 11 de junio sus 9 propuestas feministas ante el Covid-19, en las que piden que se incorpore la perspectiva feminista en las respuestas políticas a la pandemia y que se corrija el impacto diferenciado por género de medidas como el teletrabajo o la reducción de jornada con reducción de sueldo. Demandan la creación de un millón de empleos en servicios públicos de salud, educación y cuidado de personas en situación de dependencia y convertir a empleo público 1.800 puestos de profesionales de los servicios contra la discriminación y la violencia de género que están trabajando en subcontratas privadas, con contratos temporales y precarios. La Plataforma 7N exige la implementación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género (afirman que solo se han cumplido con el 25,8% del total) y reclama añadir medidas contra las violencias institucionales, la violencia obstétrica, el síndrome de alienación parental, la custodia compartida impuesta, así como brindar apoyo a familias monomarentales y a mujeres en situación de prostitución y trata.

Redes de apoyo mutuo

Una integrante de Vallekanas Feministas Km9 pintando pancartas de la Red Solidaria Villa Vallekas. / Foto cedidda

Los movimientos sociales y vecinales fueron más rápidos que las instituciones en atender las urgencias en los barrios y pueblos. Las redes de apoyo mutuo y de cuidados se encargaron de recoger y distribuir alimentos, confeccionar mascarillas, acompañar a personas mayores y dependientes a pasear o hacerles las compras, apoyar en el cuidado de criaturas, ayudarles en los estudios o conseguirles ordenadores.

Algunos colectivos feministas han participado directamente en la creación de estas iniciativas comunitarias. Es el caso, entre otras, de la red de apoyo del barrio de Benimaclet (Valencia), creada de la colaboración entre la asamblea feminista del barrio y Cuidem Benimaclet, o de la Red Solidaria Villa Vallekas, promovida por Vallekanas Feministas Km9. Un reto para estos colectivos ha sido cómo evitar que las relaciones entre voluntariado y personas receptoras ayuda no estuvieran marcadas por la desigualdad y el asistencialismo. La Red Solidaria Villa Vallekas reconocía esa preocupación en un vídeo distribuido entre sus integrantes en el que anunciaba un cambio de funcionamiento: cuando una persona llame a su despensa para demandar alimentos, se le animará a participar activamente en alguna de sus comisiones de la red. “Necesitamos que todos los vecinos y vecinas seamos iguales y trabajemos todos por igual. La palabra caridad hace mucho daño”, exclamaba una de sus

Voluntarias en el comedor de Pumarejo escuchan las indicaciones de xxx./ Foto cedida por Mujeres Supervivientes

En otros casos, estas redes han partido de proyectos e infraestructuras ya existentes. Es el caso del comedor social de la Casa del Pumarejo de Sevilla, que funciona desde 2013, impulsado por la asociación Mujeres Supervivientes de Violencia de Género y nutrido por un huerto ecológico que gestionan con Ecologistas en Acción. “El estado de alarma nos agarró de sorpresa, sin estar preparadas, aunque intuíamos esa posibilidad del colapso del sistema. Con esa sensación de incertidumbre y de fragilidad, empezamos a organizar los afectos y los recursos con los que contábamos para cuidarnos y protegernos”, narra una de las integrantes de Mujeres Supervivientes, Antonia Ávalos. Alrededor de cien personas, en su mayoría mujeres con niñas y niños a su cargo, han recurrido a su comedor y a otros servicios, como el apoyo para tramitar el ingreso mínimo vital.

"La labor de @mujeressuperviv de acompañar a compañeras en situación de violencia ha sido más crucial y complicada durante el confinamiento: «La consigna era no dejarse matar, y nuestro papel era de contención»".  Mujeres Supervivientes lleva años impulsando un programa de acompañamiento en la denuncia de violencias machistas y un proyecto vital de reconstrucción personal. Esa labor ha sido más crucial y complicada que nunca durante la cuarentena, cuando han tenido que acompañar en la distancia obligada, por teléfono, a compañeras confinadas con sus agresores. “Nuestro papel era brindar contención y pensar formas de supervivencia. La consigna era no dejarse matar, evitar la explosión de violencia, lo cual implica conceder una cantidad de abusos y sometimiento para evitar más golpes”, relata.

Otra preocupación ha sido cómo apoyar a las familias monomarentales cuando estas eran increpadas por salir a la calle con sus hijas. Una estrategia que probaron fue monitorear a las niñas mediante llamada de Whatsapp para que la madre pudiera ir a hacer la compra. “Mientras el estado no dé soluciones, nosotras con nuestros propios recursos vamos a reinventarnos la vida”, concluye Ávalos. Dice que evitar el asistencialismo es un rasgo siempre presente en su proyecto político, así como “la toma de decisiones horizontal, la atención a la diversidad, la creatividad y la imaginación”, elementos que las distinguen de las organizaciones cristianas que están recibiendo apoyo institucional.

Aunque esta feminista acusa el cansancio físico y emocional de estos meses atendiendo urgencias y necesidades, destaca la implicación del vecindario, la cooperación económica del fondo de mujeres Calala y la colaboración con La Ramuca, una agrupación de redes de apoyo mutuo surgidas en Sevilla a raíz de la crisis del coronavirus. Ávalos confirma que esta red de redes que agrupa a 300 personas en 28 grupos territoriales también se basa en una política feminista. En su web, Ramuca aporta el dato de que las mujeres suponen el 72,8% de las personas que han solicitado apoyo.

Cajas de resistencia

Cuando constataron que quedaban fuera una y otra vez de las ayudas que iba anunciando el Gobierno español, las trabajadoras del hogar y de cuidados migradas recurrieron a las campañas de micromecenazgo para garantizar a sus integrantes más desprotegidas el pago de un mes de alquiler. La campaña “Yo no las dejo sola” en Bizkaia y Gipuzkoa siguió el ejemplo de Mujeres Migrantas Diversas en Catalunya. Ambas han recaudado más de 20.000 euros. Son dos de las diez cajas de resistencia de feministas migrantes y racializadas que ha apoyado el fondo de mujeres Calala durante el estado de alarma, incluida la del comedor de la Casa de Pumarejo. “Sois mujeres que vuestros trabajos siempre están al margen del margen. Tenemos que acuerparnos”, destacó la activista Pamela Palenciano, que dinamizó un coloquio con sus representantes.

Silvia Agüero Fernández habló en nombre de la Caja de Emergencia Antirracista, y empezó por señalar cómo han empeorado las condiciones de vida de las personas gitanas en el contexto del estado de alarma. Primero, por una escalada racista desde el inicio de la pandemia, ya que en territorios como La Rioja y Álava, se culpó a las personas gitanas de los primeros brotes del virus. Además, la venta ambulante “es una de las primeras cosas que se prohibieron, antes que los centros comerciales”. A ese nuevo factor de empobrecimiento se añade “la extrema vulnerabilidad de los gitanos y gitanas en cuanto al estado de salud” y también ante las paradas y abusos policiales. La brutalidad policial es precisamente uno de los temas en los que se han centrado las campañas de la Caja de Emergencia Antirracista.

En el caso de la Red de Cuidados Antirracistas de Barcelona, la caja de resistencia es también un eje más que se ha complementado con otras formas de apoyo a personas afectadas por el racismo institucional y social, como el acompañamiento psicológico y el asesoramiento legal para hacer frente a multas en el contexto del confinamiento. Su integrante Marité Cocciarini destacó en el conversatorio de Calala que la mayoría de personas que se acercaron a la red demandando una solución habitacional eran mujeres con hijas e hijos a cargo. “Es muy complicado, porque cuando se consiguen habitaciones, es ‘sin niños, sin mascotas’”, contó.

Amanda Azañón, del Fondo de Emergencia para las Trabajadoras Sexuales, se detuvo en explicar la situación “sangrante” de las mujeres que trabajan en prostíbulos: “La legislación actual en España sí permite una patronal, pero las mujeres que trabajan en sus locales no son consideradas trabajadoras sino meros clientes. No están trabajando pero están acumulando deudas”. Recordó también que la mayor parte de mujeres que ejercen la prostitución son migrantes, muchas sin papeles y con familias a cargo en los países de origen, y que en su colectivo también abundan las personas trans debido a la discriminación laboral que enfrentan.

El resto de intervenciones y debate se pueden ver aquí:

Vídeo: Cajas de resistencia: La idea de lo común en tiempos en tiempos de pandemia. Solidaridad migrante

En Euskal Herria, colectivos feministas y de mujeres, antirracistas y anticapitalistas, redes de cooperativas, sindicatos y redes ciudadanas se aunaron en Bizi Hotsa, una plataforma que ha logrado su objetivo de recaudar 60.000 euros para atender necesidades urgentes y financiar proyectos comunitarios de respuesta a la situación de emergencia. Una iniciativa avalada por personas muy conocidas del activismo y de la cultura vasca en la que han participado colectivos como las feministas gitanas de Amuge o las migradas de Mujeres con Voz y Malen Etxea.

El festival online Madriz Kiwi Fest destaca como proyecto creativo organizado durante el estado de alarma para recaudar donaciones para las redes de cuidados y las despensas solidarias. Se celebró el pasado 29 de mayo con la participación del colectivo Arte Muhé y presentado por un plantel netamente feminista: Lucía Mbomío, Pamela Palenciano, Yayo Herrero y Bob Pop.

Movilizaciones y campañas

Cabecera de la manifestación en Bilbao convocada por Bilbo Feminista Saretzen./ Ecuador Etxea

“Vecina, no estás sola”. “#LibresySeguras”. “Confinadas pero combativas”. Estos lemas se hicieron virales en redes sociales y circularon por portales y balcones. Emanaban del Plan de Choque Social, una plataforma de 500 colectivos en la que se incluyeron decenas de colectivos feministas, como la Asamblea Feminista de Madrid, la Red de Hondureñas Migradas, la Red Ecofeminista, Frydas o la Asamblea 8M Zaragoza, por citar algunos. “El miedo a salir de casa se añade al miedo al maltratador. Es necesaria y urgente la cohesión entre organismos centrales y territoriales de cara a la creación de redes seguras para las mujeres”, señalaban en el apartado sobre violencias machistas. El Plan de Choque Social emplazó a lanzar campañas municipales, territoriales y estatales sobre los recursos disponibles contra la violencia machista que den pautas claras a la población sobre cómo actuar ante sospecha de agresión, y reclamó atender la situación de las mujeres rurales, con diversidad funcional, migrantes, racializadas, trans y mujeres en situación de trata y de explotación sexual.

El 11 de junio, Bilbo Feminista Saretzen organizó una manifestación en Bilbao bajo el lema “Normaltasun berriari ez! Bizitza duinak denontzat. Hacia un sistema público-comunitario de cuidados”. Sus reivindicaciones:

Demandas de Bilbo Feminista Saretzen

Esta semana, coincidiendo con la recta final de la campaña electoral en la Comunidad Autónoma Vasca, las feministas ocuparan las calles y realizarán una serie de acciones de movilización diseñadas por el grupo de incidencia local de Bizitzak Erdigunean. Mediante mítines, escraches, flashmob, carteladas y rituales de sanación feminista, reclamarán que no van a parar hasta que las políticas públicas pongan los cuidados en el centro. Porque ahora tenemos más claro que nunca que nos va la vida en ello.