Mujeres migradas víctimas de violencia machista: sobrerrepresentadas en las cifras pero todavía desprotegidas

Un informe de AIETI y Red Latinas recoge testimonios de mujeres migradas víctimas de violencia de género: "No nos cansamos de repetir que no somos mujeres vulnerables sino vulnerabilizadas".

Alba Mareca 17 junio 2021 La Marea

Las mujeres extranjeras supusieron el 33% de las víctimas mortales por violencia de género entre 2003 y 2019 en España, según datos oficiales. Sin embargo, solo el 8% de las beneficiarias de ayudas en materia de violencia machista entre 2006 y 2015 eran extranjeras. Un informe de la Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos (AIETI) y la Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe (Red Latinas) aborda esa primera sobrerrepresentación pero, también, sobre todo, qué ocurre con las mujeres migradas en los circuitos de protección.

Tirar del hilo recoge los testimonios de 19 mujeres supervivientes de violencia machista que ponen de manifiesto «un sistema de protección que si bien ha mostrado avances, es un tejido que presenta suturas», apunta Silvina Monteros, profesora de Trabajo Social en la Universidad de Granada y coautora del informe.

A menudo, se define la violencia de género como aquella que se ejerce contra las mujeres por el hecho de serlo. Pero esta fórmula no debe esconder la relevancia de otros condicionantes. En este caso, Tirar del hilo ahonda en la precariedad y la desprotección que viven las mujeres migrantes y deja claro cómo ambas situaciones se agravan ante una situación de violencia machista. Así, el informe tiene como objetivo «incidir en las políticas públicas con enfoque de interseccionalidad», apunta Tatiana Retamozo, portavoz de la Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe.

Retamozo insiste en una idea: «No nos cansamos de repetir que no somos mujeres vulnerables sino vulnerabilizadas». Lejos de la revictimización, el informe destaca «la fortaleza» de las mujeres que han aportado sus testimonios mediante entrevistas en profundidad con las voluntarias que acompañan a víctimas de violencia de género dentro de la red de Promotoras Comunitarias por el derecho a una vida libre de violencia, desarrollado por las asociaciones Amalgama y Mujeres Pa’lante.

Ese detalle en el proceso pone en valor el acompañamiento como herramienta clave para las mujeres migradas víctimas de violencia de género. Según apunta el informe, las mujeres migrantes, las víctimas de violencia, sus amigas, las voluntarias y las asesoras «construyen un entramado que las empodera y se convierte en una forma de resistencia a la violencia machista».

Racismo institucional

A pesar de la importancia de contar con esa red, los testimonios recogidos arrojan una serie de trabas que estas mujeres experimentan al pedir ayuda. Revelan «un endeble estatuto jurídico de ciudadanía», al que se suma la falta de información sobre recursos de protección oficiales o falta de acceso a redes de apoyo. Tal y como expone el informe, de por sí, la condición de extranjería acarrea otras opresiones, como racismo y clasismo, que traen consigo situaciones de vulnerabilidad.

Asimismo, el informe señala que «la posición de superioridad por etnia, clase o género de agentes e instituciones en el ámbito de protección y atención condicionan la mirada y evaluación de estos casos». Lo remarcan algunas mujeres al contar sus experiencias con frases como estas: «Es que vosotras os montáis unas historias, unos cuentos…» o «¿sabe cuántos millones le cuestan al Estado personas como usted?», dichas ambas por una abogada y un abogado de oficio y reproducidas en los testimonios del estudio.

Conseguir el reconocimiento penal como víctimas de violencia termina siendo un «vía crucis». «Al recoger denuncias, los agentes de seguridad o judiciales no abarcan la complejidad de los casos de violencia machista», expone el informe. Por ejemplo: se rechazan elementos de violencia ocurridos en el pasado o en el país de origen de la víctimas. También «se niegan testimonios de maltrato psicológico o violencia sexual evidenciando patrones ideológicos de orden patriarcal».

Lo que acaba sucediendo, en muchos casos, es que se minimizan las dimensiones del caso a la hora de juzgar al maltratador. «Para poder llegar a una orden de protección, la mujer ya ha tenido que pasar por todo un laberinto en el cual no está bien asesorada ni acompaña en la mayoría de los casos, mientras vive situaciones de precariedad económica que le pueden llevar a tomar decisiones erróneas en ese momento, como retirar la denuncia porque no se ve protegida. Hablamos de mujeres con un endeble capital social y esto fragiliza su estatuto de autonomía», explica Silvina Monteros.

El apoyo de las asociaciones de mujeres

Según la investigación, las mujeres extranjeras víctimas de violencia de género encuentran apoyo en asociaciones de mujeres –y de mujeres migrantes en muchos casos– que ofrecen acompañamiento: asesoran y ayudan con las gestiones burocráticas y con las visitas.

Sin embargo, las propias asociaciones también encuentran problemas para sostener esos programas por los escasos recursos económicos con los que cuentan. Una rueda en la que su continuidad depende en gran parte del trabajo voluntario.

«Los acompañamientos entre mujeres pueden ser pensados como una apuesta por los cuidados comunitarios, que intentan cubrir vacíos en los compromisos del Estado en materia de lucha contra la violencia», concluye el informe.