Mujeres migradas reclaman una vida libre de violencias en la era post-covid

Una veintena de asociaciones de mujeres migradas firman el documento de incidencia política ¡Para no dejar a nadie atrás!, un diagnóstico de cómo ha impactado en ellas la pandemia. No solo denuncian su situación, también realizan una serie de propuestas dirigidas al Gobierno, reivindicando su derecho a un trabajo digno, a una vida libre de violencias y a poder ejercer como ciudadanas y ser escuchadas en las estancias políticas.

Trabajadora de la limpieza Álvaro Minguito

Alícia Fàbregas 12-11-2020 El Salto

Paola pide que la entrevista se realice por teléfono mientras va de una casa a otra. No tiene mucho más tiempo. Ahora mismo trabaja limpiando en seis lugares distintos y confiesa que en su situación —y la de muchas otras mujeres migradas— es difícil respetar las medidas sanitarias para luchar contra la pandemia: “Tenía que empezar el martes en una casa y me dijeron que habían enviado al niño a casa porque un compañerito había dado positivo en covid”, cuenta.

Durante el estado de alarma, Paola se quedó dos veces sin trabajo y, como empleada del hogar, no tiene derecho a paro, aunque lleve 12 años trabajando en España. El Gobierno aprobó a finales de marzo un Real Decreto-ley donde incluía un subsidio de desempleo excepcional —solo aplicable hasta el 21 de julio— por falta de actividad para las empleadas del hogar. Pero no para todas: solo para aquellas con contrato, algo que como dice Paola, es casi excepcional. Los contratos en su sector suelen funcionar más bien a base de “empatía”, es decir, de palabra, sin darles de alta en la seguridad social.

Esa situación de vulneración de sus derechos la forzó a tomar una decisión difícil: “Tuve que decir, mira, voy a trabajar igual. No me queda otra opción, y que Dios me guarde. Porque estamos en las manos de Dios, no estamos en las manos de un gobierno que esté haciendo algo para arreglar nuestra situación”, expone. No es algo que le pase solo a ella. Para muchas mujeres migrantes, cuando llegan a España, sin papeles, el trabajo del hogar —o en el campo— suele ser una de las pocas opciones, aunque tengan títulos universitarios, máster o doctorado. Y eso se convierte en una tela de araña que va creciendo y las atrapa. “Yo tengo seis casas, ¿a qué hora te preparas para hacer otra cosa y entrar a trabajar en otro sitio donde tengas todos los derechos?”, ejemplifica Paola.

Ese callejón sin salida que describe ella y que comparten muchas otras compañeras empeoró enormemente durante el confinamiento. Según explica Lucy Polo, vicepresidenta de la Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe y presidenta de Por Ti Mujer, las trabajadoras internas, que normalmente solo libran los domingos, fue uno de los colectivos más afectados: “En el confinamiento a muchas familias les dio temor que esas mujeres salieran los domingos. Quedaron, y lo digo entre comillas, como ’secuestradas’ en el trabajo, sin poder salir, y muchas fueron víctimas del abuso sexual y de muchas situaciones de violencia por parte de las personas contratantes”, asegura. Al estar internas —viviendo con la persona contratante—, si se negaban a cumplir esa reclusión impuesta y las echaban, algunas podían acabar en la calle.

“Encontramos mujeres migrantes que convivían con el maltratador, que las llamábamos y les daba miedo tan siquiera hablar con nosotras. O mujeres migrantes que ya venían con problemas anteriores y lo que hizo el confinamiento fue destapar esa violencia”

Pero la violencia no ha explotado solo en esas situaciones. Lucy explica preocupada que durante el confinamiento su asociación, enfocada en la lucha contra la violencia machista en València, no paró de trabajar y de toparse con problemas, porque haciendo el seguimiento por teléfono era difícil poder contactar con algunas mujeres: “Encontramos mujeres migrantes que convivían con el maltratador, que las llamábamos y les daba miedo tan siquiera hablar con nosotras. O mujeres migrantes que ya venían con problemas anteriores y lo que hizo el confinamiento fue destapar esa violencia”. En esas situaciones, muchas mujeres migrantes no se atreven a denunciar, por miedo a ser deportadas.

Lucy vuelve cada día a casa con un nudo en la garganta porque ve con sus propios ojos cómo la vida de esas personas a quienes intenta ayudar empeora exponencialmente: “Tenemos muchas mujeres migrantes en la calle, cosa que no habíamos visto tanto en los 11 años que llevamos aquí”. Asegura que cada día es “un sinvivir por las vulneraciones”: “Mujeres que están entrando en la prostitución, que es una de las preocupaciones grandes que tenemos, o que quieren salir y no tenemos las herramientas para poder brindarles una alternativa”, expresa.

Por casos como estos, el de Paola y por muchos otros que abordan un amplio abanico de vulneraciones de los derechos humanos, la Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, compuesta por 14 asociaciones, junto a otros colectivos aliados, impulsaron un informe que recoge sus protestas y también sus propuestas. Así surgió ¡Para no dejar a nadie atrás!, un documento que han enviado a ministerios y grupos políticos y que ofrece argumentos respaldados con datos y muestra, también, como este colectivo y en especial el de las mujeres sin papeles es invisible para las estadísticas oficiales.

En este trabajo de investigación y denuncia solicitan “que el Gobierno central y los gobiernos autonómicos y locales nos escuchen y nos reconozcan como interlocutoras válidas en los espacios de decisión política, sobre todo cuando en ellos se dirimen cuestiones que nos afectan de manera directa”. Tatiana Retamozo, presidenta de la Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, deja claro que el documento no pretende representar todo el abanico de la mujer migrante, porque es una realidad compleja y heterogénea; está reflejado “lo que las asociaciones concernidas trabajamos y podemos dar fe”. Aún así, eso ya incluye un amplio espectro.

Protestas y propuestas

Según describen en ¡Para no dejar a nadie atrás!, “uno/a de cada dos trabajadores/ as extracomunitarios está empleado en una de las ocupaciones consideradas esenciales por la Comisión Europea […]: limpiadores y asistentes (40%), minería y construcción (20%) y cuidados personales (12%)”. Pero como ellas dicen, cuidan, pero no son cuidadas, porque en el empleo del hogar “el despido es libre de facto y el empleador tiene derecho al desistimiento unilateral”. Cuando sucede, no tienen acceso a una prestación por desempleo.

"La mitad de personas trabajadoras extracomunitarias está empleada en una de las ocupaciones consideradas esenciales por la Comisión Europea, como limpiadores y asistentes (40%), minería y construcción (20%) y cuidados personales (12%)"

Por eso una de las demandas que se incluyen en este documento es la supresión del sistema especial del empleo del hogar y su incorporación inmediata al Régimen General y la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, que establece los derechos de los trabajadores de este sector, que deben ser iguales a los del resto.

Hacen referencia también a la violencia machista y la interseccionalidad con el racismo institucional, porque como explican, cuando acuden a pedir ayuda sienten “que los testimonios de las mujeres migrantes, especialmente de las que están en situación irregular, están bajo sospecha”. O se atribuye esa violencia a su procedencia, cuando sus “agresores son hombres españoles y extranjeros”, sin distinción.

Pero todavía hay más violencias que las atraviesan, porque, aseguran, no son vulnerables, son vulnerabilizadas, y desde una perspectiva transversal. Eso se ve reflejado en datos: “El riesgo de pobreza y exclusión social asciende a 54 puntos en la población extranjera no comunitaria, cuando para el conjunto de la población residente en España se sitúa en 24 puntos”. Y para quienes se encuentran en esa situación, es muy difícil pagar los gastos de una casa o tener conexión a internet. Uno de los resultados es que los “niños y las niñas sufren las consecuencias de la brecha digital”. Y más allá de eso, muchas personas migradas no pueden ni siquiera acceder a un alquiler, por un bajo nivel de ingresos o por “no contar con un contrato laboral formal”.

Por todo eso piden que las ayudas extraordinarias que se han creado lleguen a toda la población, incluidas las mujeres migradas, aunque no estén en situación regular, algo que no está sucediendo, y que se creen nuevas medidas, se reforme la legislación y se adopten políticas públicas para garantizar sus derechos.

Pero fundamentalmente, todas esas reivindicaciones y propuestas acaban desembocando en un mismo mar: la institucionalización del racismo a través de la ley de extranjería. Y eso se podría resolver haciendo caso a su consejo: “Aprobar —sin mayor dilación— un real decreto de emergencia para la regularización administrativa de las personas extranjeras en España, que garantice que ningún ser humano se quede atrás”.