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Minimizar los impactos socioecológicos de las transnacionales con el ecofeminismo

Viernes 29 de mayo de 2015

Las empresas multinacionales no suelen hacer uso de poder e influencia para colaborar en la creación de redes más justas de distribución de alimentos, sino que por el contrario, frecuentemente estas empresas debilitan la seguridad alimentaria

27 mayo 2015 La Marea Adriana Fillol

En los últimos decenios, el modelo económico capitalista se ha expandido a costa de la degradación de la biosfera y el desapego a la vida. Entre la sostenibilidad de la vida y la acumulación de capital, nuestra sociedad patriarcal y capitalista ha optado por éste último. Se pretende buscar el beneficio a costa de lo que sea necesario, sin pensar en el mañana ni en el daño que se provoca a las personas y a la naturaleza. En este marco, las empresas transnacionales asumen gran parte de responsabilidad.

La actividad neoliberal del capitalismo, que busca el máximo beneficio, se sitúa en el centro de la estructura social y económica de los pueblos, condicionando el acceso de todos a los servicios sociales básicos y conduciendo al planeta a una crisis ecológica y ambiental.

La ineficiente dinámica agro-urbano-industrial, impulsada por la ideología neoliberal, ha provocado la superación de los límites del planeta. En los últimos años vemos cómo los informes de instituciones y organizaciones internacionales de diversos ámbitos indican que nos encontramos en una situación de translimitación. La separación entre las dependencias materiales de la vida humana y el paradigma económico dominante están conduciendo a la humanidad a una situación de colapso e insostenibilidad. Y es que no es posible un crecimiento económico indefinido dentro de una biosfera de recursos finitos. Es por ello que se hace necesario repensar los parámetros sociales, económicos y culturales que han torturado a la naturaleza y la han subordinado a una lógica de explotación meramente economicista y capitalista en un contexto neoliberal. Es más, somos conscientes de que este modelo actualmente empieza a tambalearse; prueba de ello son las crisis financieras cíclicas y las tasas actuales de pobreza, desigualdad y hambre que sufre gran parte de la población mundial.

Este modelo económico, mercantilista e industrial, que busca el máximo beneficio a costa de todo, ha influido claramente en la producción y tecnología agrícolas, lo que a su vez ha llevado a generar problemas ambientales. Las características del actual modelo económico dominante tira por tierra las prácticas conservadoras y sostenibles de los recursos naturales al tacharlas, en muchos casos, de “poco rentables”. En este marco, las empresas transnacionales tienden a crear amplios mercados internacionales para un sólo producto, generando así grandes monocultivos y afectando a la diversidad de las especies autóctonas. Tales empresas juegan un papel muy importante dentro del mercado alimentario ya que concentran la mayoría de las transacciones internacionales y monopolizan todo el proceso de producción alimentaria (producción, distribución y consumo). De esta forma, el papel de los agricultores locales y del sector agrario tradicional queda en un segundo plano dentro del sistema agroalimentario mundial, dependiente de la actuación de las multinacionales. A su vez, este modelo de producción de alimentos que se está potenciando desde las políticas agrarias es totalmente agresivo e insostenible. No tiene en cuenta ni el derecho que todas y todos tenemos a una alimentación en cantidad suficiente, nutritiva, sana y segura, ni los impactos tremendamente negativos que los modos de producción ocasionan a nivel social y medioambiental.

En este marco, las empresas multinacionales no suelen hacer uso de poder e influencia para colaborar en la creación de redes más justas de distribución de alimentos, sino que por el contrario, frecuentemente estas empresas debilitan la seguridad alimentaria de los países en vías de desarrollo y dificultan que tales países alcancen soberanía alimentaria.

La forma de producción-distribución-consumo de alimentos, organizada sobre la base de la competitividad y la obtención de beneficios y su extensión mediante el comercio global es la causa de la inseguridad alimentaria. De este modo, la liberalización del comercio no proporciona seguridad alimentaria, ni desarrollo rural tanto a las poblaciones de los países pobres como a las de los países industrializados. Hay una crisis alimentaria porque no se produce para el bienestar humano sino en función del mercado, la especulación y rentabilidad de las grandes productoras y comercializadoras de alimentos.

En este sentido, para enfrentar la crisis alimentaria es necesario fortalecer la agricultura familiar, campesina y comunitaria, restaurar las prácticas agrícolas sostenibles y empoderar el papel de la mujer en el cuidado del medio ambiente y la producción de alimentos. El modelo de explotación patriarcal-capitalista que nos ha llevado a la crisis ecológica actual, se desarrolla de espaldas a la naturaleza y es manifiestamente ajeno a la ética del cuidado de las mujeres. No habrá soberanía alimentaria sin la autodeterminación de los pueblos y sin la labor constante y sensible de las mujeres por conseguir este derecho.

La aportación de las mujeres al mantenimiento de la vida, a la sostenibilidad de los recursos naturales y la producción de alimentos es clave. En muchos lugares del mundo a lo largo de la historia, parte de la producción para la subsistencia ha dependido de ellas. Las mujeres han tenido y tienen un papel protagonista en movimientos de defensa del territorio y en luchas pacifistas. Si los recursos naturales se degradan o se ven amenazados, a menudo encontramos a grupos de mujeres organizados en su defensa. Son protagonistas de muchas de las prácticas del ecologismo. Las experiencias diversas de mujeres en defensa de la salud, la supervivencia y el territorio, ha hecho nacer la conciencia de que existen vínculos sólidos entre el género y el medio ambiente, entre las mujeres y el ambientalismo, entre el feminismo y el ecologismo.

Ecofeminismo: aproximación al concepto y su contribución para para alcanzar soberanía alimentaria

Desde la década de los años sesenta empezamos a visualizar conexiones entre el feminismo y el ecologismo. Estas conexiones, articuladas a través de movimientos sociales, ponían en cuestión no sólo las relaciones de poder entre varones y mujeres, sino también el consumismo de un modelo de desarrollo que veía a la naturaleza como un recurso ilimitado al servicio de la acumulación del capital. En concreto, las concepciones ecofeministas comparten la idea de que la subordinación de las mujeres a los hombres y la explotación de la naturaleza son dos caras de una misma moneda y responden a una lógica común: la dominación patriarcal y la supeditación de la vida a la obtención del máximo beneficio económico.

Según ALICIA PULEO, el ecofeminismo puede ser definido como la “corriente del feminismo que asume la problemática ecológica como algo que puede ser abordado de manera pertinente en clave de género, aportando ciertas claves de comprensión de la relación humana con la Naturaleza”.

En este sentido, el ecofeminismo defiende la necesidad de un cambio hacia una nueva concepción antropológica que sitúe a los seres humanos no sobre la naturaleza sino dentro y formando parte indivisible de ella, potenciando la cooperación entre todos, el cuidado mutuo y el amor, como formas de relación entre los hombres y las mujeres y entre los seres humanos y la naturaleza. El ecofeminismo es una perspectiva basada en un mundo donde las mujeres tienen una cercanía única de la naturaleza en términos espirituales y conceptuales. Para ecofeministas, las mujeres y la naturaleza comparten una historia común de opresión por instituciones patriarcales y la cultura occidental dominante.

Lo que se pretende con esta filosofía es situar en primer plano las necesidades fundamentales de los seres humanos: alimento, cuidados, afecto, salud, educación, vivienda, trabajo digno, cooperación, cultura y participación. Vinculando esta filosofía con el primer apartado del trabajo, desde el ecofeminismo, al igual que desde la soberanía alimentaria, se denuncia el sistema capitalista patriarcal, generador de injusticias y desigualdades, que ha convertido los alimentos en mercancías, anteponiendo los intereses del mercado a los de las personas. El ecofeminismo rechaza la consideración como mercancías tanto de la naturaleza (agua, tierra, semillas, bosques) como de las mujeres (sus cuerpos y su trabajo), así como su instrumentalización para la acumulación del capital.

El ecofeminismo no es un sistema unificado de pensamiento, sino que refleja diferentes perspectivas feministas y agrupa varios conceptos: ecología, biología, feminismo, espiritualidad, activismo, reivindicación e historia. Así pues, podemos hablar de ecofeminismo esencialista-espiritualista, que se basa en la unión biológica e ideológica de la mujer con la naturaleza, de modo que son las mujeres, en especial las del tercer mundo, quienes tienen una tendencia natural y biológica para desarrollar prácticas de protección y regeneración del medio ambiente; y ecofeminismo social o constructivista, que está interesado en cuestiones socio-políticas que vinculan a la mujer con la naturaleza, siendo la primera un actor clave como madre, cuidadora, agricultora y saneadora del agua.

En definitiva, podemos destacar dos notas características del ecofeminismo:

– se constituye como filosofía y movimiento social que propugna la cercanía de las mujeres con la naturaleza, tanto biológica como social y espiritualmente;

– surge para reivindicar que nuestro sistema económico y social se constituyó, se ha constituido y se constituye gracias a la dominación patriarcal del trabajo “invisible” de cuidados de las mujeres, a la subordinación de los pueblos del sur, a la explotación de sus tierras y al provecho desmesurado e insostenible de la naturaleza.

El objetivo del actual sistema agroalimentario mundial ya no es la satisfacción de las necesidades alimentarias de la población sino la expansión, control y acumulación de capital por parte de las grandes corporaciones que gobiernan el negocio alimentario. Actualmente somos conscientes de que el modelo agrícola dominante, supeditado a los intereses económicos y a las políticas neoliberales, tiene un impacto muy negativo en las personas, especialmente en las mujeres, y en el medio ambiente. Hablamos de una agricultura industrializada y mercantilizada que explota en exceso los recursos naturales y que se mueve en torno a relaciones jerárquicas de dominación (del Norte hacia el Sur).

En este marco, se empieza a hablar de la soberanía alimentaria como una aspiración político-social y un derecho que se ancla en la idea de que cada pueblo tiene que definir sus propias políticas agropecuarias y en materia de alimentación y debe de proteger y reglamentar la producción agropecuaria nacional y el mercado doméstico. Se trata de recuperar el derecho a decidir sobre qué, cómo y dónde se produce aquello que comemos; que la tierra, el agua, las semillas estén en manos de los campesinos locales y familiares; que cada pueblo sea soberano, atendiendo a sus tradiciones locales y cuidadosas con el medio ambiente, en lo que respecta a su alimentación.

En este sentido, la dinámica del modelo capitalista y patriarcal nos lleva a plantearnos, de un lado, fortalecer la soberanía alimentaria como vía de solución a los problemas e injusticias que se generan con el modelo de producción, distribución y consumo actuales, y de otro, denunciar las prácticas y las formas que fomentan el modelo occidental de desarrollo (como son el consumismo excesivo, las multinacionales, el comercio injusto, los monocultivos , al anti-cooperación, la pobreza, la degradación ambiental, el hambre, etc.) a través del movimiento campesino , del papel de la mujer y del fomento de las prácticas tradicionales agrícolas de cada región.

La soberanía alimentaria, al situar a las campesinas y campesinos en un rol central en la alimentación de la población de su región, les otorga un sentido y una legitimidad social que las actuales políticas agrarias y el mercado agrícola industrializado les ha robado. En este sentido, la soberanía alimentaria se opone a la concentración actual del «poder alimentario» en manos de la industria y las grandes empresas. Un cambio hacia una agricultura socialmente justa, económicamente viable y ambientalmente segura debe ser el resultado de movimientos sociales en el sector rural, aliados a organizaciones urbanas y ONGs, y guiados por el activismo de la mujer.

Desde la Soberanía Alimentaria se denuncia que el uso masivo de productos químicos en la agricultura tiene efectos negativos sobre la naturaleza y la salud humana. Desde el ecofeminismo, se denuncia el mal desarrollo que supone la implantación de una agricultura para la exportación, basada en la expansión de monocultivos y la utilización masiva de pesticidas y otros productos químicos tóxicos, destruyendo la biodiversidad y provocando enfermedades y hambre en la población campesina, así como su desaparición. Los efectos negativos en la salud se acentúan en el caso de las mujeres, debido al mayor porcentaje de tejido adiposo en el que se fijan las sustancias tóxicas. Además, las mujeres se ven más afectadas por la contaminación que los varones debido a que los derivados del petróleo utilizados en la agricultura como pesticidas herbicidas tienen una composición química similar a los estrógenos.

La conexión entre soberanía alimentaria, ecologismo, prácticas ambientales sostenibles y feminismo es clave. En este sentido, las mujeres campesinas son un referente para acercarnos a una concepción más justa y austera del consumo y más rica en las necesidades básicas económicas, sociales y afectivas.

Prácticas ecofeministas que podrían minimizar el impacto de las transnacionales en la agricultura local-familiar y en el modelo social de los países en vías de desarrollo sobre los que actúan

Es innegable la influencia sobre la sociedad que, tanto en términos económicos como desde un punto de vista político-cultural, ejercen en la actualidad las grandes multinacionales. La nueva realidad se encuentra determinada por el proceso de globalización económica (apertura de los mercados, revolución tecnológica, nueva división internacional del trabajo, etc.) que ha posicionado a las empresas multinacionales en un lugar privilegiado con una gran influencia económica, política, socio-cultural y jurídica, lo que provoca fisuras en la concepción tradicional de los derechos humanos como algo que concierne solamente al poder público y al Estado. Queda claro que el análisis de las empresas multinacionales y la relación que sus actividades tienen con el disfrute de los derechos humanos es hoy en día una exigencia tanto desde el punto de vista académico como práctico. En este sentido, la expectativa social de la empresa es que debe ser más que un agente económico y su responsabilidad está más allá de la estrictamente comercial y legal. Por ello, si las empresas incorporan o favorecen prácticas ecofeministas es indudable que su negativo impacto ambiental y social sobre países en vías de desarrollo puede ser paliado.

Varias instancias, agencias de desarrollo y organizaciones internacionales como la FAO y la OIT han empezado a considerar que las empresas (dado el papel que actualmente tienen en nuestra sociedad capitalista) podrían favorecer la transferencia de capacidades y recursos para un desarrollo sostenible, y ofrecer servicios a las regiones en que operan mediante la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y la iniciativa de “capitalismo inclusivo”. En este sentido, esbozaré algunas medidas ecofeministas generales que, a mi parecer, pueden llevar a cabo las empresas transnacionales para minimizar el impacto que provocan en la agricultura local-familiar y en el modelo social de los países en vías de desarrollo sobre los que operan.

Antes de exponer las medidas, hay que decir que se trata de ideas generales expuestas a modo de esquema abstracto. Para instaurar medidas eficaces, las empresas transnacionales deben de hacer un estudio de caso y ver qué necesidades presenta la región en la que van a operar y cuáles van a ser los posibles impactos de su operación. Es necesario, en este sentido, establecer un diálogo continuo con los movimientos sociales locales y las ONGs que están en el terreno, así como acciones de monitoreo y seguimiento de sus actuaciones en cada región.

Como se expuso al principio, en los países en vías de desarrollo, la mayoría de quienes trabajan en pequeñas explotaciones agrícolas son mujeres, aunque hayan permanecido invisibles y no se les haya prestado atención en los programas oficiales de desarrollo agrario sostenible. En este marco, el modelo neoliberal y capitalista ofrece a las transnacionales la libertad de invertir en dichos países, producir mercancías agrícolas y comerciar con ellas sin ningún tipo de restricciones. Esta libertad para las grandes empresas agrícolas está basada en la negación a las mujeres rurales de la libertad para producir, transformar y consumir alimentos de acuerdo con las necesidades ambientales, económicas y culturales locales. Se están sustituyendo a las mujeres y a otros productores de subsistencia por las empresas transnacionales como principales suministradoras de alimentos. El conflicto no enfrenta a los agricultores del norte y del sur sino a los pequeños agricultores de todo el mundo con las transnacionales.

Es necesario, por tanto, que las medidas ecofeministas busquen fundamentalmente fortalecer las economías familiares y domésticas de producción de alimentos en las que las mujeres desempeñan un papel significativo, es decir, promover la recampesinización ecofeminista.

Medidas ecofeministas que podrían llevar a cabo las empresastransnacionales:

– Establecer sistemas de monitoreo y seguimiento por las empresas, mediante el diálogo continuo con movimientos de campesinas locales, que permitan medir los impactos de las iniciativas sobre la región donde actúan y modificar las acciones en ejecución cuando sea necesario.

– Fijar en la RSC el principio de precaución, de forma que ni se comercialicen ni se difundan tecnologías o productos, sin que se haya demostrado, de forma convincente, que no son nocivos para el medio y para las personas, especialmente para las mujeres. El posible estudio de impacto social y medioambiental se debería presentar ante el control de una institución externa del gobierno del país donde operen.

– Aquellas empresas que han contribuido a la desertificación de una determinada zona, deberían comprometerse a financiar un plan de plantación rural de árboles dirigido a aliviar la escasez de combustibles y cesar la erosión mediante la plantación de árboles, potenciando el papel reforestador de la mujer y de las niñas adolescentes, para paliar la desertificación y recuperar biodiversidad mediante la siembre de árboles autóctonos.

– Fortalecer el papel de la mujer en el procesamiento de productos agrícolas (sobre todo en la recogida de semillas y en el establecimiento de las reservas locales).

– Promover y apoyar financieramente, mediante el pago de impuestos locales en la región donde actúan, a cooperativas agroecológicas lideradas por mujeres y redes de semillas (en defensa del conocimiento campesino y la biodiversidad cultivada).

– Reconocer, en su documento de Responsabilidad Social Corporativa, el derecho a la propiedad intelectual de las campesinas rurales por sus conocimientos milenarios de las tareas agrícolas sostenibles y locales.

– Organizar y apoyar seminarios sobre la participación de la mujer en la protección del medio ambiente a fin de aumentar el número de mujeres que trabajen en la conservación de los recursos naturales. Apoyar y financiar foros amplios de debate en el que se generen sinergias para la colaboración en una amplia gama de cuestiones relacionadas con el derecho a la alimentación.

– Fijar el compromiso de pagar salarios complementarios a las trabajadoras locales que acrediten que tienen a su cargo el cuidado de hijos o personas dependientes. De este modo, lo que se pretende es visibilizar y dar valor a todos los trabajos, especialmente a los no remunerados e imprescindibles para el bienestar humano. Es preciso reconocer como trabajo aquel que permite la reproducción social en el ámbito de los hogares.

– Potenciar la labor saneadora del agua que hace la mujer para cuidar a su familia y prevenir las enfermedades de sus hijos por contaminación. En este sentido, las multinacionales deberían financiar la construcción de pozos locales en aquellas regiones con riesgo de sequía y desertificación. Profundizar en la construcción de sistemas de regadío y en la movilización de aguas subterráneas para el riego de cultivos por las pequeñas productoras. Esto permite aumentar la producción de los cultivos de regadío para compensar los déficits de cereales (debido a los monocultivos) y proporcionar ingresos a las pequeñas productoras, empoderando a la mujer en el seno de las decisiones familiares familia.

– Instaurar un sistema de aprovechamiento de recursos agrícolas desechables para alimentar al ganado de granjas familiares a cargo de las mujeres.

A modo de conclusión hay que destacar varias ideas:

– El camino hacia la sostenibilidad implica librarse de un modelo de desarrollo que lleva a la destrucción. El ecofeminismo, movimiento activo y solidario, es un reto para obtener no sólo la igualdad, sino también una transformación del modelo económico, social y cultural actual (que impone la maximización de los beneficios monetarios a corto plazo) con vistas a que no sea un modelo destructor de la base material de la humanidad, que es la Naturaleza.

– El modelo en construcción de la Agroecología y la Soberanía Alimentaria está orientado, en este sentido, a la sostenibilidad de la vida, vinculando la racionalidad ecológica campesina (en la que prima la estabilidad y cohesión social) a los valores ecofeministas.

– La RSC y la iniciativa de “capitalismo inclusivo”, constituyen una especie de embrión de proyecto para dar conciencia de unos estándares mínimos de cumplimiento de derechos humanos y de actividad productiva responsable. No obstante, a largo plazo, para que esto funcione y sea creíble debe haber una estrategia normativa exigente. Nos debemos plantear la creación de un Tratado Internacional en la materia, debemos de partir de una Resolución del Consejo de Seguridad en la que sea contundente y vinculante la exigibilidad de unos estándares mínimos de respeto de los derechos humanos por parte de las empresas a nivel global, bajo pena de sanción. De momento, estamos a la iniciativa de buena voluntad por parte de las empresas multinacionales para llevar a cabo medidas que protejan el medio ambiente y apoyen el empleo de prácticas agrícolas sostenibles por parte de las mujeres.


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[Artículo publicado en The Social Science Post]

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