Xarxa Feminista PV

Migrar al país de Nunca Jamás

Miércoles 12 de octubre de 2022

SARA GUERRERO ALFARO 28/09/2022 Pikara

“Aquí las chicas como tú comienzan limpiando casas”. “Tu título no es válido en este país, no puedes ejercer tu profesión”. Para gran parte de las mujeres migrantes racializadas llegar al Estado español supuso que les borraran su pasado y les limitaran su futuro.

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Ilustración: Lola Duchamp.

Han pasado 16 años desde que Yosehanna Ledesma llegó al Estado español. La historia de su vida pasa delante de mis ojos cuando la escucho narrar. Casi puedo ver a esa joven adolescente entrando a una estación de radio y descubriendo su vocación. Puedo verla cursar su carrera en Comunicación y Periodismo, enamorarse, dar a luz a una niña y tomar la decisión de migrar. Escucho su historia, e imagino a aquella mujer de 27 años aterrizando en la península con un proyecto migratorio perfectamente diseñado.

En la siguiente escena, al poco tiempo de establecerse en A Coruña, entra a un centro municipal de formación y empleo. ¿Cómo hubiera podido imaginar que la técnica en turno ignoraría sus documentos, su título universitario, su currículum y que de ella solo tomaría en cuenta su país de origen y su color de piel?, ¿cómo te preparas para escuchar: “Aquí las chicas dominicanas como tú comienzan limpiando casas?”.

El que a Yosehanna Ledesma le tomara siete años salir de una situación de exclusión social, no es circunstancial. El racismo institucional y el colonialismo interno, sustentados en un entramado de legislaciones racistas y xenófobas, obstaculizan, prolongan e impiden que las personas migrantes con formación profesional puedan integrarse a un mercado laboral relacionado con sus estudios y capacidades. Al contrario: prolongan condiciones de vulnerabilidad de las que toma años, a veces décadas, salir.

Casi el 20 por ciento de las migrantes extracomunitarias trabajan en la economía sumergida, independientemente de si se encuentran es una situación administrativa irregular o no, según el informe ‘Extranjeros, sin papeles e imprescindibles: Una fotografía de la inmigración irregular en España’, realizado por la Fundación porCausa.

Este informe también expone que casi el 40 por ciento de las personas migrantes en estado regular trabajan en actividades del hogar y la hostelería, y que otro 30 por ciento se reparte en actividades agrarias, en la industria manufacturera y en la construcción. Estos datos podrían sugerir que, por lo menos, el 60 por ciento de las personas migrantes que llegan a España y logran regularizar su situación administrativa no tienen la preparación suficiente para poder acceder a otro tipo de empleos. La deducción es errónea. La mayoría de las personas migrantes que entran al Estado español y cuentan con estudios medios y superiores descienden en el mercado laboral y se ven forzadas en trabajar en el sector de cuidados, limpieza y construcción. Cuenten con permiso de residencia o no.

Exclusión legislada

Poco después de terminar la carrera de Derecho, Gabriela Frías comenzó a estudiar Psicología. Al terminar esta segunda licenciatura, trabajó en una clínica de neuropsicología encargándose de la rehabilitación cognitiva de personas mayores. La concesión de una beca de la Fundación Carolina le dio la oportunidad de estudiar un máster en Discapacidad y Dependencia en Santiago de Compostela. Al terminarlo, regresó a Bolivia, pero después decidió volver a España para comenzar un doctorado. Esta vez sin beca, descubrió las trabas que tenía para encontrar trabajo. “Yo nunca me encontré en situación administrativa irregular. Sin embargo, no sabía que con una tarjeta de estudiante nadie te contrata. Aunque legalmente se puede, los trámites son complicados y me estaba resultando imposible. Pasaron tres meses y nadie me daba trabajo. Como mi pareja tenía nacionalidad española, tuve la oportunidad de cambiar mi tarjeta a familiar de ciudadano comunitario, que era la única alternativa para poder trabajar. De hecho, a los pocos días que cambié mi tarjeta ya tenía un contrato. No de lo mío, para nada”, relata.

Gabriela Frías trabajó en una casa cuidando a una mujer con un tipo de diversidad funcional, pero luego la familia le hacía limpiar una casa, comenta. Después tuvo una serie de trabajos temporales que debió aceptar para poder acceder a la Seguridad Social. Fue monitora, vendedora… “Tenía un trabajo dos meses y luego tenía que reinventarme. Me reinventé tantas veces que ya no sabía ni qué era”, declara.

Al igual que Yosehanna Ledesma, el proyecto migratorio de Gabriela Frías estaba sustentado en sus estudios. Incluso antes de regresar a Bolivia después de terminar su máster, procuró dejar su título de licenciada en Psicología en el ministerio correspondiente para comenzar el proceso de homologación. Sin embargo, le dijeron que su única opción era optar por una equivalencia de estudios. Un año y medio meses más tarde, recibió en su casa una resolución que califica como “devastadora”.

El real decreto 967/2014 de 21 de noviembre establece que solo se homologarán aquellas profesiones que sean reguladas; para todo lo demás se otorgará una equivalencia a “ramas de conocimiento”. Si bien la intención de este decreto “es ofrecer un trámite simplificado para aquellos casos donde no sea necesario estar en posesión de un título que dé acceso a una profesión regulada, las particularidades de algunas profesiones exigen la colegiación obligatoria para ser ejercidas”, menciona el psicólogo Jose María Casas en el ‘Estudio sobre los efectos psicopatológicos que las demoras en las homologaciones de titulaciones extranjeras tienen sobre el colectivo de psicólogas y psicólogos’.

La desaparición de las licenciaturas a partir del Plan Bolonia, por otro lado, supone un problema. Si bien hay una solución para otorgar una equivalencia de máster a las antiguas licenciaturas españolas, las licenciaturas extranjeras son desconocidas por la administración, alegando una falta de nivel.

En términos prácticos, las demoras, tanto en la asignación del número de expediente, como en su tramitación, son los problemas principales que se encuentran las personas migrantes al intentar homologar sus títulos extranjeros. En el periodo de 2018 a 2021, solo el 38 por ciento de las personas encuestadas dice que pudo visualizar su expediente en la sede electrónica del Ministerio de Universidades; la media de visualización para los expedientes fue de 12,5 meses. Los datos los ofrece la Asociación de Profesionales de la Salud Argentinos en España que en 2021 hizo un estudio para cuantificar estas irregularidades.

En su informe de 2021, el Defensor del Pueblo menciona la recepción de más de 500 quejas relativas a la tramitación de los expedientes de homologación y de declaración de equivalencia de los títulos universitarios extranjeros. El plazo máximo de tramitación establecido por el real decreto es de nueve meses. Sin embargo, se han detectado expedientes de más de cinco años de tramitación pendientes de resolución.

Además del incumplimiento, tanto por parte del Ministerio de Universidades como por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), y de los plazos de tramitación, hay problemas específicos para ciertos estudios como Medicina, Ingeniería, Odontología y Psicología. En esta última, solo existe la posibilidad de ejercer la profesión cursando un máster habilitante, cuyo requisito de ingreso es contar con un grado español. “Es así que me quedo sin profesión reconocida por el Estado español, con un doctorado sin beca y con trabajos temporales mal pagados. Tengo dos licenciaturas, dos maestrías y un doctorado en proceso, pero no puedo ejercer nada de lo que estudié”, comparte Frías.

De costes, esfuerzos y sacrificios

Después de que la técnica de Formación y Empleo le dijera que su opción laboral estaba en el sector de la limpieza, Yosehanna Ledesma se dirigió al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), donde le dijeron que su documentación no valía. “Figuro en el SEPE como una persona sin estudios”, comenta. Por ello optó por homologar su bachillerato, proceso mucho más rápido y factible.

Kenia García, vocera de la campaña Regularización Ya y miembro del Colectivo de Prostitutas de Sevilla, cursó tres años de carrera en Ciencias Contables en Paraguay y tampoco pudo obtener ningún tipo de homologación ni equivalencia. “Intenté homologar el diploma que en mi país te habilita para trabajar en empresas como administradora. Cuando pregunté por el procedimiento del trámite, me dijeron que no había convenios de ese tipo con mi país”, explica.

Ante esto, también optó por homologar su bachillerato y destaca los esfuerzos económicos y emocionales que supone cada uno de los trámites de extranjería, no solo para la persona migrante, sino también para su familia en el país de origen. “Conseguí un empleo de conserje en el auditorio municipal de Ourense, pero para eso tuve que homologar mi bachillerato, lo que me costó muchísimo porque mi madre tuvo que conseguir en Paraguay mis notas de los seis cursos, el título legalizado, tanto por el Ministerio de Educación, como por el Consulado, la Embajada… bueno, una serie de impuestos y sellos a pagar. Yo tengo la suerte de que es en castellano, porque mis compañeras brasileñas tienen que pagar traductores oficiales, que es otra pasta adicional”, explica.

Precariedad designada

La actriz mexicana Nadia Zúñiga llegó a Catalunya en 2014 para vivir con su pareja, con nacionalidad española. Aun así, la resolución de sus trámites de regularización tomaría más de un año, lo que la llevó a trabajar lavando platos en un restaurante: “Yo tenía un plan de migración real, pero la administración me obligó a vivir la experiencia de no tener papeles y tener que esconderme por si llegaba una inspección al restaurante”.

Una vez le fue concedido el permiso de residencia, intentó vincularse con su profesión y encontrar un trabajo relacionado con el teatro. Sin embargo, cuenta que no encontró empleo y tuvo que seguir trabajando en la hostelería.

Kenia García constata la dificultad que tienen las personas migrantes para incorporarse no solo a un sector laboral deseado, sino para salir de la economía sumergida. “La ley de educación es una ley ramificada a la ley de extranjería: una vez que tienes la documentación, tienes que superar otro tipo de obstáculos. Te mantienen en una situación en la que no puedes optar por empleos menos precarizados ni progresar económicamente”, denuncia.

Los prejuicios sexistas y racistas también definen la vida de las mujeres migrantes. Varias de las entrevistadas trabajaron en el sector de cuidados y de limpieza. “Hice un montón de cursos de gestión, de atención al cliente, de nómina, de contabilidad básica… y ni aun así”, comparte García.

Sin identidad

Hoy Ledesma está graduada en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, y tiene un empleo estable. Salir de un estado de precariedad, estudiar un grado universitario en el Estado español, encontrar y mantener su trabajo, compaginando todo con la maternidad, no ha sido sencillo. “No es un logro, esto ha sido un sacrificio. La administración consigue hacer creer a la gente que te está dando oportunidades, cuando te han quitado todo y deshumanizado a tal grado que cualquier cosa que te pongan por delante lo ves como una ayuda y como una oportunidad. Pero si yo en algún momento estuve en situación de pobreza o de exclusión, fue porque el Estado decidió que ese era el espacio que tenía que ocupar”, expone.

El estudio mencionado sobre los efectos psicopatológicos del colectivo de psicólogas y psicólogos migrantes realizado por Jose María Casas indica que, ante la serie de tramitaciones y la imposibilidad de ejercer su profesión, el 100 por ciento siente que las trabas y demoras afectan su bienestar emocional y psíquico. Entre las afecciones más mencionadas, las personas encuestadas destacan síntomas acordes a los trastornos de ansiedad, afectaciones a la autoestima, impotencia, pérdida de agencia y depresión.

“Socialmente me sentía inferior por ese estigma de mujer migrante que no quieren en ningún empleo que no sea de cuidados y otros sectores feminizados… eso baja la autoestima porque llega el momento en el que te sientes inútil para otras cosas”, rememora Kenia García.

La experiencia de Yosehanna Ledesma coincide: “Yo vine con una estima muy fortalecida. Siempre me sentí muy capaz y muy valiosa. Luego llegas aquí y se te cuestiona tu forma de vestir, te dicen que no sabes hablar, de repente tampoco sabes escribir. Prácticamente te van diciendo que no sabes hacer nada”.

Gabriela Frías trabaja como formadora en la oenegé SOS Racismo, donde acompaña a personas migrantes y racializadas. A pesar de contar con este empleo estable, la sombra de la incertidumbre no abandona su perspectiva de futuro: “Si la oenegé cierra mañana, yo vuelvo al punto cero. No tengo un estudio reconocido por el Estado español. Puedo estudiar un FP [formación profesional], pero no ganaría la escala salarial que me merezco. Nunca podré recibir la compensación que me corresponde”.

Reactivar la agencia

A Nadia Zúñiga le tomó seis años poder dejar la hostelería y vivir completamente de su profesión. Como licenciada en Actuación, no se vio en la necesidad de homologar su título para ejercer como actriz. Sin embargo, el mayor obstáculo al que se ha enfrentado durante todo este tiempo ha sido el colonialismo. “Me he llegado a creer que no soy merecedora de lo que tengo, pero es por esta mirada colonial que nos hace creer que los europeos son mejores, más desarrollados. Tengo que deconstruirme todos los días para reconocer mi valor. Migrar te hace reconstruir tu mundo y ser creativa para salir adelante, no queda de otra. Desde ahí también construyo mi trabajo como artista. Las migrantes estamos invisibilizadas y desde el teatro podemos poner la voz y el cuerpo”.

Sus palabras develan cómo, aun teniendo un trabajo, el sentimiento de no ser merecedora de lo que se ha conseguido no termina por desaparecer, algo que comparten otras mujeres. “Ya aprendí que me van a instrumentalizar y que muchas veces tendré que jugar el papel de la negra simpática, porque si me vuelvo una persona reactiva, no me vuelven a llamar. Una vez que lo sabes, lo usas”, añade Ledesma.

Esta experiencia la impulsó a crear proyectos: “Quería elaborar un contradiscurso sobre la migración, porque me jode mucho que la migración en este país esté ligada al infortunio, la desgracia, la miseria, la ignorancia. Cuando la migración no es eso. Si aquí las migrantes pasan por infortunios y miserias, es porque aquí se ha decidido que las personas migrantes sean eso. Yo no salí como una mujer vulnerable de mi casa. Yo salí como una profesional adulta, con una maleta y un billete. Y al cruzar la frontera me convirtieron en todo lo demás”.

Los diversos proyectos institucionales de “integración” en materia migratoria, como pueden ser el Plan de acción para la integración de los nacionales de terceros países, de la Comisión Europea, del año 2016, o todos aquellos programas de integración facilitados por la Secretaría de Estado y Migraciones han sido cuestionados desde hace varios años por su cariz colonial y por su falta de efectividad. Yosehanna Ledesma señala la insuficiencia de estos proyectos que no hacen frente a la situación, como lo haría un proceso de regularización “real y justo”, seguido de la garantía de una remuneración y trato digno en cualquier sector laboral.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones va a modificar la ley de extranjería para agilizar la regularización de las personas migrantes para integrarlas al mercado laboral. Sin embargo, esta propuesta surge en el marco de una crisis económica y, más allá de considerarla como un esfuerzo por garantizar derechos, busca incorporar a las personas migrantes a sectores específicos en los que hace falta mano de obra.

Una vez más, el horizonte en el que las personas migrantes tengan recursos reales tanto para salir de la precariedad como para recuperar la agencia sobre su propio futuro, parece una utopía eternamente aplazada.

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