Luchar desde el territorio

Con las comunidades autónomas repartidas entre la ultraderecha, el liberalismo y alguna presencia de izquierda, los derechos avanzan en unos territorios mientras otros retroceden, lo que exige poner el foco más allá del centro.

Protesta ante el Palacio de Justicia de Bilbao.

Teresa Villaverde Martínez 03-02-2021 elDiario.es + Pikara

Durante los últimos meses hemos visto las imágenes de Polonia o de Argentina. Miles de mujeres en las calles reclamando el derecho al aborto de forma segura. Las primeras han perdido, las segundas han conseguido una victoria histórica. Estas luchas centralizadas a escala de país para reclamar derechos sexuales y reproductivos pueden sentirse como territoriales desde la mirada internacionalista, y podemos vivir su resultado como avance o retroceso en derechos también para nosotras. Porque los derechos que ganan o pierden unas, los ganamos o perdemos un poco todas. En el Estado español podemos ver, en una escala menor, una réplica de esta pugna entre dos posturas polarizadas.

Aquí también tomamos las calles de norte a sur cuando el exministro Gallardón propuso retroceder en la ley del aborto. Y en otras tantas ocasiones. Pero la lucha se encuentra desde hace un tiempo repartida, operando en las autonomías. Con un Gobierno central que necesitó dos procesos electorales para formarse y que, podríamos decir, es de corte progresista -al menos por ahora no cuestiona los derechos conseguidos hasta la fecha-, el debate se desparrama por las comunidades autónomas. Sobre todo, porque el panorama de unos y otros territorios es diferente, repartidos entre la derecha más rancia, el liberalismo de redes clientelares -situado más o menos a la derecha-, y una pequeña representación de izquierdas estatales y autonómicas. Las diferencias llevan años operando, pero el retroceso en algunos lugares las hace todavía más evidentes.

Mientras en Madrid la tríada PP/Ciudadanos/Vox quiso, sin éxito, borrar un mural de mujeres de renombre que reza ’Las capacidades no dependen de tu género’ y la concejala del Consistorio madrileño Begoña Villacís (Ciudadanos) pregunta por qué no está Margaret Thatcher entre las elegidas, en Cataluña se ha aprobado una reforma de la Ley 5/2008 del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista que recoge, entre otras claves, el SAP (Síndrome de Alienación Parental) como violencia institucional, incluye a las mujeres trans como sujeto de la ley sin necesidad de aportar un documento y tipifica como violencia machista la ejercida contra las criaturas para dañar a las mujeres. El texto, además, ha sido consensuado con la presencia de voces diversas que no suelen tenerse en cuenta en estos procesos, como las de mujeres gitanas, ciberfeministas, personas con diversidad funcional o mujeres transexuales

El País Vasco tiene sobre la mesa una reforma de ley en el mismo sentido. En Andalucía, por otro lado, la ultraderecha crea un teléfono para atender la violencia intrafamiliar. Esa violencia que es la única que la ultraderecha misógina y machista entiende, porque la que tiene sesgo de género no la contempla. La misma derecha que pide leyes de la concordia para vetar la Ley de Memoria Histórica en el territorio andaluz.

Mientras desde el centralismo se debate sobre la ley trans, proyecto del que ya conocemos algunas claves y que ha encontrado una oposición amplia entre algunas feministas, en otras comunidades ya existen normas que despatologizan a las personas trans sin que se estén dando problemas. Al mismo tiempo que el Estado español reconoce y dice garantizar el derecho al aborto, comunidades autónomas como la riojana no lo practican. No me refiero a que haya profesionales médicos que ejerzan la objeción de conciencia de forma individual, sino a que esta se da en toda la comunidad autónoma. Es decir, una mujer riojana que quiera abortar tiene que ser derivada a otro territorio o hacerlo en la sanidad privada. Esto, además de suponer una desigualdad económica y de derechos evidente, agrava la situación en cuanto a los plazos. El retraso que implica reubicar a la embarazada en otra comunidad puede provocar que lo que podía ser un aborto no invasivo termine en una intervención quirúrgica.

Con esta lectura no pretendo distinguir entre comunidades buenas y malas. De hecho, Andalucía fue en 2014 una de las comunidades pioneras en plantear una ley que despatologizara a las personas trans. Los avances que se dan en unos territorios, las resistencias que se ejercen en otros, pueden darse a la inversa dependiendo del tema, del momento y de quién gobierne. Allí donde mejor se invierta el presupuesto del Pacto de Estado puede ser donde al mismo tiempo peor funcione el 016. Es más, allí donde se retrocede legalmente, más radical suele ser la resistencia, ahí donde se avanza, mayor suele ser la reacción social (lo reaccionario sale a la luz, vaya).

Tampoco se trata de defender un centralismo férreo, aunque en cuestión de derechos humanos, ojalá un derecho internacional que se ejecute de facto. Más bien se trata de ver que en un Estado español políticamente polarizado, con un Gobierno de coalición que ha necesitado dos procesos electorales para formarse, se está dando una pelea política desde lo que se entiende como periferias en la política de estas tierras. Dependiendo de los avances que se den en uno u otro sentido, unos u otras ganarán y se estabilizarán en el Gobierno central. Por eso, y por solidaridad, y porque lo que ocurre en un territorio vecino puede expandirse fácilmente a otro, es interesante poner el foco en lo que se está haciendo en las administraciones territoriales y articularnos interterritorialmente para resistir o avanzar. Para lo que toque.