Los tribunales vs. los derechos de las mujeres

Qué agotador y frustrante resulta que para las mujeres no haya nunca seguridad jurídica, que exista una incertidumbre permanente que nos obligue a estar todo el tiempo defendiendo los derechos reconocidos, a la vez que intentamos avanzar en la búsqueda de la igualdad

Defensoras del derecho al aborto se manifiestan a las afueras deL Tribunal Supremo en Washington (EE.UU.). EFE/EPA/MICHAEL REYNOLDS

Dayana Méndez Aristizábal 7 de mayo de 2022 elDiario.es

Lo que está sucediendo en Estados Unidos con la posible anulación por parte de la Corte Suprema del caso Roe contra Wade, que desde 1973 reconoció el derecho de las mujeres a abortar sin restricciones durante su primer trimestre, es algo muy preocupante para los derechos de las mujeres, no solo en Estados Unidos sino en el mundo. Sería una decisión sumamente regresiva y lesiva que se llevaría por delante todos los preceptos del derecho internacional de los derechos humanos en la materia.

Es innegable la influencia global que esto podría tener en otros lugares, en grupos y gobiernos antiderechos que se verían inspirados y fortalecidos para proceder de forma similar. Lo que está en juego no es solo un precedente judicial, se trata en la práctica de la salud y la vida de millones de mujeres; generalmente mujeres migrantes, empobrecidas y racializadas.

Me resulta inevitable pensar cómo esto contrasta con los avances que se vienen dando en América Latina y paradójicamente también desde tribunales judiciales como ha sucedido en México y Colombia, en donde se han reconocido en decisiones judiciales el derecho al aborto y la despenalización mismo; en este último país, hasta la semana 24, convirtiéndose en una de las legislaciones más progresistas sobre el tema en el mundo. El derecho y las instituciones jurídicas pueden configurar instrumentos de opresión o de salvaguarda para los derechos humanos y el derecho internacional está dado totalmente para que los Estados avancen hacia la eliminación de cualquier tipo de barreras para el reconocimiento y el acceso al derecho al aborto. Algo que se reafirma en el concepto de autoridades en materia de salud como lo es la OMS quien recientemente emitió “Directrices sobre la atención para el aborto” en la que expresamente recomendó a los estados la despenalización del aborto y la eliminación de todo tipo de barreras que impide u obstaculice el acceso al mismo.

Lo que está sucediendo en Estados Unidos no es más que una muestra de lo que los grupos antiderechos (que se hacen llamar provida) son capaces de conseguir -también en las instituciones judiciales- si no defendemos y blindamos los derechos humanos. Y así como en este tema, en muchísimos otros, con su discurso de odio y discriminación contra las mayorías sociales: mujeres, migrantes, personas LGTBI, personas con discapacidad, etc. Bastó que una Corte después de casi 50 años garantizando el derecho al aborto, se hiciese mayoría conservadora -impulsada por un gobierno abiertamente antiderechos como el de Trump- para poner en riesgo la vida de millones de mujeres.

Así que aquí estamos de nuevo, hablando y defendiendo algo que creíamos estaba asegurado hace casi medio siglo, porque cuando se trata de restringir derechos e imponer medidas regresivas, lo que primero se ataca siempre son los cuerpos de las mujeres, su autonomía y su poder para decidir y esta es una decisión política para nada fortuita. En España la amenaza no desaparece del todo, recordemos que desde el año 2010 el Partido Popular presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de aborto (vigente) y que ante el silencio del Constitucional a día de hoy sobre el mencionado recurso, han decidido denunciarlo ante el TEDH por el “retraso injustificado en dictar sentencia”. La denuncia fue presentada no solamente por diputados del Partido Popular, sino también de Vox.

Urge que el derecho y las instituciones judiciales estén a la altura de los movimientos sociales y del respeto por los derechos humanos. Que se entienda de una vez que las perspectivas morales individuales o religiosas no tienen por qué interponerse en el reconocimiento de derechos, y que la salud y vida de las mujeres no pueden ser un eterno objetivo de decisiones discriminatorias y violentas. Qué agotador y frustrante resulta que para las mujeres no haya nunca seguridad jurídica, que exista una incertidumbre permanente que nos obligue a estar todo el tiempo defendiendo los derechos reconocidos, a la vez que intentamos avanzar en la búsqueda de la igualdad.