Los abortos farmacológicos en la red pública de Navarra arrancarán en dos centros de Pamplona

Los llamados centros de atención a la mujer pasarán a denominarse de salud sexual y la previsión es preparar el decreto en un mes y solventar el resto de los trámites en otros dos o tres meses

La idea es que, en un año, las IVE farmacológicas se implanten progresivamente en el resto de la red

Garikoitz Montañés 28/10/2015 - eldiario.es

El Gobierno de Navarra ya ha anunciado su hoja de ruta para que las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) puedan realizarse en el sistema público, sin derivarse siempre a centros concertados como hasta el momento. Ahora se ha publicado un borrador de decreto foral sobre atención a la salud sexual y reproductiva, que se ha abierto durante un mes (15 días para sugerencias, 15 para exposición pública) y después, tras solventar los trámites necesarios en un plazo de entre dos y tres meses, poder realizar abortos farmacológicos en dos centros de atención a la mujer, que ahora se rebautizarán como centro de salud sexual y reproductiva, que serán los de los barrios pamploneses de la Chantrea e Iturrama/San Juan. La previsión es que, en un año, puedan extenderse progresivamente a todos ellos, también los de Estella y Tudela, siguiendo por tanto un modelo de atención ambulatorio.

Con este paso, el Gobierno Foral cumple uno de los compromisos recogidos en el acuerdo programático y anunciados poco después de entrar en el gobierno (además de cumplir el contenido de la ley de Salud Sexual y Reproductiva de 2010), aunque está por ver si llega a las previsiones inicialmente previstas, que era realizar esas interrupciones en el sistema público ya antes de fin de año. Por el momento, ese servicio se deriva ahora, sin coste para la paciente, a la clínica Ansoáin, la única disponible dentro de Navarra, cuyo convenio se mantendrá, ha adelantado el consejero navarro de Salud, Fernando Domínguez, hasta que se extienda más esa realización de las interrupciones en la red pública.

La realización de las IVE en el sistema público es un tema que, según ha reconocido el propio Domínguez, sigue siendo “tabú” en Navarra y que motivó en su día duras críticas al personal sanitario que lo realizaba e, incluso, se creó un registro de objetores de conciencia para garantizar que el servicio pudiera prestarse directamente en el sistema público, porque primero se derivaba fuera de la comunidad y después, con la creación en 2011 de la clínica Ansoáin, a este centro situado en un municipio navarro. En la actualidad, tres personas están apuntadas en este registro (cuando se anunció este proyecto, era una), aunque el personal médico ya adelantó que la cifra podía crecer en el momento en que se planteara la realización de estas interrupciones en el sistema público.

Sea como fuere, por el momento los planes avanzan con estos plazos en cuanto a las interrupciones farmacológicas y , además, se prevé, según ha precisado el Gobierno Foral a través de un comunicado, que las interrupciones quirúrgicas por causa médica (como enfermedad de la madre o malformación del feto) se realicen “en todo caso” en la red pública desde que entre en vigor el texto. Además, está previsto que en el caso de interrupciones instrumentales a petición de la embarazada dentro de las primeras 14 semanas de gestación, la paciente pueda elegir entre hacer la prestación en el sistema público o el concertado.

Otras medidas clave

Este paso en las IVE, demandado por las cuatro fuerzas que apoyan al Gobierno Foral y el PSN, y criticado por UPN y PPN, es el más llamativo de este nuevo decreto que, además, incluye otras medidas en la atención a la salud sexual y reproductiva. Por ejemplo, entre otras cuestiones, contempla medidas de educación sanitaria para prevenir enfermedades de transmisión sexual o embarazos no deseados, reorganiza los centros de atención a la mujer para que sean los lugares de referencia (ya lo eran, pero ahora también en su denominación) en los centros de salud sexual y reproductiva, aboga por una atención integral a la transexualidad y pretende garantizar los tratamientos de reproducción humana asistida a mujeres que convivan con una pareja del mismo sexo, y técnicas de inseminación artificial a mujeres sin pareja, sin tener que acreditar una indicación terapéutica.