Lo que se encierra con las mujeres en los CIE

Son una minoría en los centros de internamiento de extranjeros, pero entre ellas hay víctimas de violencias machistas como la trata o la mutilación genital. Dentro, además, se enfrentan a agresiones y tratos vejatorios sexistas

Meritxell Rigol 31/07/2021 CTXT

Concentración #denunCIEmos frente al CIE de Aluche (Madrid), del pasado 7 de julio. Caravana abriendo fronteras

“Sabían que nos habían detenido en un piso y cada vez que se referían a nosotras no era por nuestro nombre. Nos llamaban putas. Contaban al resto que las ONG que venían a ver a las putas ya habían llegado y que solo dejarían subir a la que reconociese que lo era”, cuenta Isabella. Ella es una de las mujeres entrevistadas en el informe Regularizar lo inhumano, en el que se señala una “elevada frecuencia de presuntos comportamientos delictivos de agentes de policía”, especialmente en forma de agresiones y tratos vejatorios a las internas en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Madrid, el único que actualmente encierra a mujeres. Una elevada frecuencia que, como denuncia la organización responsable de la investigación, Mundo en Movimiento, contrasta con la ausencia de depuración de responsabilidades.

La covid-19 logró lo que las denuncias desde hace años de organizaciones antirracistas no han conseguido: cerrar los CIE de todo el Estado –en estos momentos existen ocho, aunque dos de ellos se hallan cerrados por obras–. Desde principios de la pandemia y hasta septiembre del año pasado, estos centros de detención de personas en situación administrativa irregular dejaron de funcionar tras el cierre de fronteras que impedía efectuar deportaciones. Pero el espejismo terminó. Según han alertado recientemente varias organizaciones que visitan a las personas internas en el CIE de Madrid, tras su reapertura se ha producido un auge de malos tratos.

Mundo en Movimiento, Pueblos Unidos y el Observatorio de Derechos Humanos Samba Martine han comunicado este pasado julio estos hechos a la Fiscalía de odio, a la de extranjería y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Reclaman a estas instituciones una mayor implicación en la investigación de posibles casos de tortura y tratos degradantes y vejatorios. En el escrito presentado, ponen además en conocimiento de los órganos judiciales que las agresiones de agentes de la Policía Nacional contra personas internas van acompañadas de un “trato hostil y racista”. También advierten de que habitualmente se utilizan amenazas hacia las personas que tratan de denunciar o se las castiga a aislamiento, actos que “perpetúan la impunidad policial”.

Si bien las agresiones documentadas y denunciadas como posibles delitos de odio corresponden al CIE de Madrid, Ana Bosch, abogada de Pueblos Unidos, entiende que el diagnóstico es “extensible” a otros CIE. “El sistema policial que los rige, el procedimiento de presentación de quejas y el funcionamiento de la atención a la salud es el mismo”, argumenta.

En las denuncias realizadas ante las Fiscalías y el CGPJ, las agresiones más visibles, las físicas, han sido registradas exclusivamente contra hombres, pero esto no significa que las mujeres encerradas queden al margen de la violencia. Contra ellas se utiliza violencia verbal y psicológica, indica Bosch. Además, según María Paramés, coautora del informe sobre el CIE de Madrid, en el caso de las mujeres a los insultos racistas se le añade un trato vejatorio centrado en su sexualidad. Pese a que en la investigación no consiguieron relatos de violencias físicas, Paramés considera que es “bastante factible” que estas se produzcan “en un espacio de privación de libertad, mediado por un número mayoritario de hombres con poder”.

La denuncia de abusos sexuales contra internas por parte de agentes de la Policía Nacional fue el detonante para cerrar en 2012 el CIE de Málaga. Este centro acumulaba además denuncias por irregularidades policiales y por sus deplorables condiciones. Andalucía Acoge, una de las acusaciones en el juicio celebrado, planteó a raíz de este caso que “la mera solicitud sexual” a una persona interna en un CIE por parte de un funcionario policial se incorporase al Código Penal y se equiparase a la sanción prevista si se comete en centros penitenciarios. Hasta el momento su petición no se ha tenido en cuenta. En 2015, la Audiencia de Málaga absolvió a los policías.

“Hay una situación de vulnerabilidad entre las mujeres encerradas porque de un abuso de poder a un abuso sexual no va tanto”, afirma Josetxo Ordóñez, abogado de Migra Studium, una de las organizaciones que visita a personas internas en el CIE de Barcelona, donde se prevé que pronto también vuelva a internarse a mujeres.

Camino de violencias

“La apertura de este módulo ya pesa como una amenaza”, lamenta Victoria Columba, activista de Regularización Ya. “Las susceptibles de ser encerradas son mujeres vulnerabilizadas por la ley de extranjería, la mayoría hace años que viven condenadas a trabajar en la economía sumergida; condenadas al trabajo precario”, detalla.

En el CIE de Madrid predominan las mujeres empleadas en el trabajo del hogar y los cuidados y en el trabajo sexual. Hay casos en los que han sufrido irregularidad sobrevenida –han perdido el permiso de residencia– y otros en los que no han podido regularizar su situación por las condiciones laborales que tienen que soportar o el tipo de trabajo a los que pueden optar, explica Paramés. “Habitualmente tienen a personas dependiendo de ellas, ya sea a través de cuidados en casa o a través del envío de remesas, por lo que el encierro trunca la posibilidad de sustentar, aquí y allá”, explica Paramés.

Según datos oficiales recogidos por el Servicio Jesuita a Migrantes, las mujeres son una minoría entre las personas detenidas en CIEs. Durante el periodo de 2020 en el que los CIE estuvieron activos, 2.224 personas fueron encerradas y solo 16 fueron mujeres. Durante el 2019, fueron encerrados 6.302 hombres y 171 mujeres. Sobre la brecha de género en estos dispositivos, Ordóñez plantea que la irregularidad “de un chico negro que ha llegado en patera o que ha saltado la valla de Ceuta o Melilla no es tolerada, mientras que hay otra irregularidad políticamente más tolerada”, la de quienes a menudo se encargan de cuidar: mujeres procedentes principalmente de América Latina. “Son menos víctimas de las identificaciones por perfil étnico porque existe una tolerancia oficial, que impregna las instituciones del Estado”.

Ahora bien, el riesgo de ser deportadas y el temor que genera está igual de presente en las mujeres y una de sus consecuencias es soportar hasta extremos las violencias machistas, por parte de la pareja o en el marco laboral. Según lo observado por Paramés, a menudo cuando las mujeres son encerradas han sufrido violencias previamente, a menudo “socialmente menos perseguidas”. “Se trata de personas abusadas durante mucho tiempo por el sistema, dentro de lógicas totalmente aceptadas, como son los abusos sobre las trabajadoras del hogar y los cuidados”, explica.

El estudio Mujeres en el CIE, dirigido por la catedrática de derecho penal Margarita Martínez Escamilla, ya identificaba hace casi una década qué otro perfil estaba sobrerepresentado entre las mujeres encerradas: las que ejercen la prostitución. La propensión a verse sometidas a controles policiales es una causa importante detectada por este estudio –publicado en 2013–. “La ley de extranjería se ha ido enganchando con otras leyes, como la ley mordaza, que permite detener a una mujer en calle por ser extranjera y sospechar que está ejerciendo la prostitución, y es suficiente para abrirle expediente de internamiento”, denuncia Paramés.

Para las que han subsistido durante años en España en condiciones de precariedad; para quienes huyen de violencias en el país de origen; para las que han sufrido agresiones sexuales y de todo tipo en el periplo migratorio, la violencia que implican los CIE se suma a este continuo. Su máxima expresión es el encierro de mujeres que han sido víctimas de trata.

El mencionado estudio publicado en 2013 detectó esta (re)vulneración de derechos humanos. También la ha constatado Rocío Sierra, abogada de Algeciras Acoge, en su trabajo con mujeres encerradas en el CIE de esta localidad gaditana. El módulo de mujeres se cerró finalmente debido a sus deplorables condiciones.

Desprotección internacional

El macro CIE que está en construcción en Algeciras, con una inversión prevista de más de 20 millones de euros, volverá a encerrar a mujeres. A Sierra le preocupa que vuelva a haber mujeres internas que han sufrido violencias machistas, entre ellas, víctimas de trata, incluso menores. “Solo la policía las puede identificar oficialmente y veíamos que, después de hacerles la entrevista, no las identificaban”, explica la abogada que afirma que su organización también acompañó a mujeres víctimas de otras formas de violencia de género, como la mutilación genital, que las autoridades pasan por alto. “Lo importante para la policía y el Ministerio de Interior es su condición de irregularidad administrativa; es lo que prima por encima de cualquier vulnerabilidad y del derecho a solicitar protección internacional”, denuncia.

En 2019, 2.164 personas solicitaron protección internacional desde un CIE. Solo fueron admitidas a trámite 326, es decir, ni dos de cada diez solicitudes. “He acompañado a mujeres con persecución por su sexualidad y por violencia machista, y en todos los casos las peticiones de protección internacional fueron desestimadas”, explica Paramés.

Un informe de la Campaña CIE No de Valencia, publicado en 2020, señalaba que habían identificado en el centro de Zarpadores a al menos a doce mujeres posibles víctimas de trata, algunas menores, y en algún caso encerradas en el mismo espacio que las personas que las controlaban. Es un ejemplo extremo de algo habitual: ignorar las realidades de las personas detenidas. Más allá de ser separadas entre hombres y mujeres, no se plantean otras variables para valorar en qué lugar pueden estar más seguras las personas dentro de los módulos. “La clasificación en términos estrictamente binarios implica que se produzcan violencias y se reproducen lógicas como la homofobia o la transfobia, pero no se tiene en cuenta porque el objetivo de estos dispositivos es traumatizar y deportar”, afirma Paramés.

Salud a la deriva

Al margen del sistema público, subordinada a una lógica securitaria y ciega a las necesidades específicas de las mujeres, como su salud sexual y reproductiva, la atención sanitaria, externalizada a Clínicas Madrid en todos los CIE del Estado español, es un eje central de preocupación por parte de las organizaciones sociales. Mundo en Movimiento observa que el servicio es insuficiente y denuncia que las consultas se realizan frecuentemente en presencia de policía y sin traducción, algo que dificulta expresar información sensible relacionada con la salud. Además, remarca que la presencia policial “condiciona el libre ejercicio de la profesión sanitaria”. Una de las consecuencias que advierte es la falta de informes “completos y correctos” tras lesiones fruto de presuntos abusos policiales.

La organización también expresa preocupación por el habitual suministro de medicamentos dirigidos a calmar el miedo y la ansiedad. “Pasa sobre todo de noche y si va a haber vuelo [de deportación] o si han pegado a alguien. El policía nos da dos pastillas. Llevan mi número, pero no pone qué es”, explica Kheiria, retenida en el CIE madrileño.

A la utilización de medicación psiquiátrica sin suficiente control médico especializado, se le suma la ausencia de atención a la salud mental, en un contexto en el que no es excepcional que el progresivo deterioro psicoemocional de las personas las lleve hasta autolesionarse. “Hay casos en los que mujeres estaban solas en el módulo, pero consideran que no pasa nada, porque ellas no generan conflicto, cuando esto incumple la prevención de autolesión y suicidio”, denuncia Ordóñez.

La insalubridad ha sido motivo también de numerosas quejas ante los juzgados de control. En el caso de las mujeres, es habitual encontrar problemas incluso para mantener la higiene personal durante la menstruación. “Hay turnos en los que los policías custodian los enseres de higiene y casos en los que no tienen acceso a cambio de ropa interior”, afirma Paramés, quien denuncia que la premisa de anteponer la seguridad por delante de todo llega al punto de negarles incluso el uso de sujetadores, algo que en muchas genera fuerte incomodidad al estar expuestas a un cuerpo policial muy masculinizado.

Solo una ONG está autorizada para entrar en los CIE, más allá de los locutorios: Cruz Roja, concesionaria de la atención social. El informe Regularizar lo inhumano apunta que su posición es clave para responder a las necesidades de las internas, pero que esta entidad opta por ser “cómplice de las fallas institucionales”. Cruz Roja no ha respondido a la petición de entrevista para este reportaje. El Ministerio de Interior ha ignorado también las reiteradas peticiones de información.

“El mismo gobierno que cuelga símbolos feministas encierra a mujeres por no tener papeles”, critica Columba, que llama al movimiento feminista a movilizarse también por estas mujeres.