Listas cremallera: el ejemplo de Bolivia

El país andino aplica la alternancia estricta de mujeres y hombres en todas las listas electorales y tiene el segundo parlamento con mayor porcentaje femenino del mundo, solo por detrás del de Ruanda

Alice Campaignolle / Irene Escudero / Carlos Heras 14-02-2018 CTXT

Parlamentarias en Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia. Alice Campaignolle

Hay un país latinoamericano que tiene más mujeres en su parlamento que cualquier democracia de la OCDE: se trata de Bolivia. Sus últimas elecciones nacionales, en 2014, sirvieron para elegir el que se ha convertido en el segundo parlamento más paritario del mundo –sólo le gana Ruanda, con un 64% de mujeres– y hoy el 52,4% de los escaños de la Asamblea Legislativa Plurinacional los ocupan mujeres. Entre esos comicios y los de 2009, donde las mujeres no eran más del 27,7 % de las dos cámaras, medió una de las reformas electorales más ambiciosas del mundo en términos de paridad de género.

Bolivia aplica desde 2010 lo que recientemente ha propuesto Podemos en el nuevo debate sobre la reforma electoral en España: las listas cremallera o, lo que es lo mismo, la alternancia estricta de mujeres y varones en todas las listas electorales a nivel estatal, regional y local. Los resultados hablan por sí solos: de 130 escaños que tiene su Cámara de Diputados, 70 los ocupan mujeres; mientras que el Senado lo forman 17 mujeres titulares y 19 hombres.

“En Bolivia hemos demostrado que es posible poner reglas claras que permitan que ese 50% de mujeres que existen en la realidad en las calles, en las fábricas, en las oficinas, en las universidades estén en la misma proporción en los espacios de tomas de decisión”, reivindica Gabriela Montaño, la presidenta de la Cámara de Diputados, expresidenta del Senado y la mujer con más poder político del país.

“Esta incorporación del 50% hace que la democracia se haya ampliado”, afirma la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia, Katia Uriona, que asegura que la Constitución aprobada en 2009 y la reforma electoral de 2010 han posibilitado esos logros numéricos. La ley electoral garantiza los principios de paridad y alternancia de género: obliga a que a una candidata titular le suceda un hombre y a éste, una mujer, y además establece que cada candidata titular debe tener un suplente varón y cada candidato varón una suplente mujer.

Además, Uriona destaca la inclusión de muchas mujeres “indígenas originarias campesinas” en las instituciones, un segmento que tradicionalmente había estado infrarrepresentado a pesar de que el 42% de la población se identificaba como parte de alguna nación indígena en el último censo del país, de 2012.

Parlamentarias en Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia / A.C

Sin embargo, la paridad en el poder legislativo no se refleja en el poder ejecutivo actual: desde 2017 sólo hay cuatro mujeres entre los veinte ministerios que tiene el gabinete de Evo Morales, que gobierna el país desde 2006 y en 2010 nombró el primer gobierno paritario que tuvo Bolivia.

Las cosas no están mejor a nivel local, ya que sólo 29 municipios –el 8% de todos los del país– tienen alcaldesa a pesar de que el 51% de todas las concejalías las ocupan mujeres. Y algo peor sucede en el ámbito regional: mientras que las mujeres ocupan el 45% de los escaños de las nueve asambleas departamentales, no hay ninguna gobernadora electa.

Montaño sostiene que en los ámbitos ejecutivos “hay la voluntad política, pero no hay normas tan taxativas en términos de paridad” y argumenta que es mucho más difícil crear esos mecanismos para puestos que debe ocupar una sola persona, como las alcaldías o las gobernaciones. “Creo que la paridad ha ganado un enorme espacio también en la sociedad, en lo simbólico. Y ese es un avance muy importante, porque eso va a producir que, de aquí a unos años, la gente también demande, aunque no esté tan normado, no sea tan mandatorio, que haya candidatas a la alcaldía o a la Gobernación mujeres”, dice la presidenta de la Cámara de Diputados.

No obstante, la ley electoral boliviana sí tiene mecanismos similares para el caso de las circunscripciones uninominales. El sistema de elección en la Cámara de Diputados combina tres tipos de circunscripciones: las regionales, donde se eligen a varios diputados en listas cerradas; las especiales (siete), donde se escogen a representantes de las naciones indígenas minoritarias y las que eligen a un único diputado que representa a un territorio más reducido, como sucede por ejemplo en Reino Unido. De esa última manera se eligen a más de la mitad de diputados, 70 de 130.

Para esos casos, la ley establece que la alternancia de género debe expresarse “en titulares y suplentes” y además obliga a los partidos a que en la totalidad de esas circunscripciones al menos el 50 % de las candidaturas titulares sean mujeres.

No cabe duda de que esas normas han cumplido con sus objetivos, y además apenas existen diferencias entre los grupos parlamentarios del Movimiento al Socialismo (MAS) –en el gobierno– y los dos opositores, Unidad Demócrata (UD) y el Partido Demócrata Cristiano (PDC).

“No importa el partido, el hecho es que las mujeres estamos hoy más presentes”, sostiene la diputada y profesora universitaria Jimena Costa, de UD. “El primer año de esta legislatura [2015], la presidenta de la Cámara, Gabriela Montaño, era mujer, y las tres jefas de bancada también mujeres: Juana Quispe por el MAS, Norma Piérola por el PDC y yo por UD”.

Costa enfatiza que los cambios a favor de las mujeres no han comenzado con Evo Morales, aunque sí ha habido “muchos avances” durante su gestión. “Es una historia que tiene casi un siglo”, aclara, y señala hitos como la conquista del sufragio femenino en 1953, la primera ley de cuotas electorales en 1997 o la implantación de cuotas internas de algunos nuevos partidos surgidos en ese periodo.

La consecuencia más lamentable que ha tenido la inclusión política de las mujeres es el acoso y la violencia que sufren muchas. “Para las mujeres este ingreso ha significado tener que enfrentar y empezar a generar mecanismos que rompan las barreras tradicionalmente masculinas, y al mismo tiempo a mayor inclusión de las mujeres se evidencia el traslado de la violencia en el ámbito privado al ámbito público”, explica Uriona

El acoso y la violencia política están tan extendidos que en 2012 Bolivia se convirtió en el primer país del mundo en aprobar una ley integral al respecto. Sucedió poco después del asesinato de la concejala Juana Quispe, que había sufrido violencia política durante dos años.

El acoso y la violencia política están tan extendidos que en 2012 Bolivia se convirtió en el primer país del mundo en aprobar una ley integral al respecto

Términos como violencia o acoso político no se refieren –exclusivamente– al acoso sexual o los insultos despectivos con connotaciones sexuales, sino a las prácticas dirigidas a restringir la libertad de las mujeres para ejercer responsabilidades públicas. Según la ley, son actos de acoso y violencia política las formas de hostigamiento, amenaza y agresión física, psicológica o sexual contra mujeres autoridades públicas o sus familias con el objetivo de suspender, restringir o condicionar su actividad pública. Para los casos más graves, el Código Penal prevé penas de prisión de hasta ocho años que, con agravantes, pueden aumentar hasta un tercio.

No hay datos oficiales y sistematizados al respecto, y desde 2012 no ha habido ninguna sentencia penal por esos delitos, pero Katia Uriona sostiene que, de acuerdo con investigaciones del TSE, “al menos seis de cada diez mujeres sufren violencia y acoso político”. A Costa, por ejemplo, han llegado a presionarle miembros de su mismo partido para que abandonase una comisión parlamentaria amenazándola con hacer daño a sus hijos.

La abogada y asesora legal de la Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol), Sandra Silva, dice que estas prácticas son generalizadas en el ámbito municipal, aunque sólo se denuncian las situaciones más extremas. “Los casos que denuncian es cuando realmente ya no pueden más, cuando ya les está afectando y necesitan acudir a una institución que las respalde”, apunta. Esa asociación, que no depende del Estado, es a menudo el primer lugar al que acuden las concejalas o alcaldesas que sufren violencia política. Entre enero de 2016 y septiembre de 2017, Acobol hizo seguimiento de 89 casos de violencia política que afectaban a 116 víctimas.

La violencia política es una manifestación pública de la violencia machista cotidiana en un país donde el 20% de las mujeres que viven en pareja sufren violencia física de sus compañeros, según un estudio que su Instituto Nacional de Estadística publicó en 2017. Según la Fiscalía, 74 mujeres fueron víctimas de feminicidio durante los nueve primeros meses de 2017 en Bolivia, que tiene 11 millones de habitantes.

Esos números ofrecen un fuerte contraste entre la diversidad que se ve en el parlamento y la situación cotidiana de las mujeres bolivianas, que además sufren más el empleo informal y la pobreza.

“Lo que plantea el horizonte de democracia paritaria es cómo generar un debate y una discusión de transformación social que haga que las mujeres que estamos en espacios de representación también estemos incluyendo una agenda transformadora de país, de sociedad, de generación de otra noción de la construcción de relaciones entre hombres y mujeres”, reivindica Uriona. Y, para eso, aún queda un largo camino.