Las primeras líneas colombianas

Adriana Villarreal García Y Natalia Hernández Fajardo 26/05/2021 Pikara

Personas en las protestas de Colombia. / Foto: Colectivo Casa Fractal de Cali

Colombia lleva un mes de paro nacional. Uno de los elementos novedosos de esta insurrección popular ha sido la creación de las llamadas primeras líneas, conformadas por las personas de los sectores populares más vulnerados y cuyas existencias son invisibilizadas y expulsadas de este sistema capitalista, racista, colonial y heteropatriarcal.

Colombia asiste a una movilización social sin precedentes en la historia del país. Durante 28 días consecutivos en todo el territorio nacional retumba la voz de un pueblo que clama por su derecho a la vida digna. Desde que diversos sectores convocaron a paro nacional el 28 de abril, multitudinarias movilizaciones, concentraciones y bloqueos de carreteras han recorrido las grandes y pequeñas ciudades como respuesta, en principio, a un conjunto de reformas de corte neoliberal (cambios tributarios, en el sistema de de salud, de pensiones y laboral), pero cuyas demandas han desbordado ese primer pliego de peticiones. La huelga tomó la forma de una insurrección popular.

Este estallido social no es espontáneo y responde al descontento social acumulado producto de la crisis humanitaria, económica, sanitaria, social, política y de cuidados crónica, que se ha agudizado dramáticamente con la pandemia de la Covid-19, profundizando la vulnerabilidad, sobre todo, de las mujeres más pobres y racializadas.

El Gobierno del presidente Iván Duque Márquez optó por brindar un brutal tratamiento de guerra a la protesta legítima, que ha derivado en un escalamiento de la violencia agravado por pronunciamientos racistas, criminalizantes y estigmatizantes contra las personas manifestantes, y por incentivar a que grupos paramilitares y civiles armados respondan violentamente. En este contexto complejo, los movimientos de mujeres y feministas en su conjunto han sido protagonistas excepcionales de este levantamiento popular por sus reivindicaciones, formas de organización, estrategias de lucha y su respuesta colectiva frente a la represión desatada por el Estado colombiano.

La crisis recae sobre las más pobres, las racializadas.

En Colombia la crisis sanitaria desencadenada por la pandemia, además de causar la muerte de 85.207 personas hasta el 24 de mayo, ha elevado la tasa de pobreza que ya afecta al 42 por ciento de la población, y ha exacerbado la desigualdad, empeorando dramáticamente la situación social en un país donde el hambre es una realidad cotidiana para importantes sectores de la población. La alta tasa de trabajo informal también se vio afectada por esta crisis, dejando a su paso a una amplia cantidad de mujeres desempleadas lo que repercutió en una crisis del cuidado, concentrada sobre todo en las mujeres más jóvenes y en aquellas que históricamente han sido racializadas y han estado sobrerrepresentadas entre la población más pobre.

La situación humanitaria del país también es dramática. Según los datos publicados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), desde la firma en 2016 de los Acuerdos de Paz en La Habana entre el expresidente Santos con representantes de las disueltas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), han sido asesinadas 904 líderes y lideresas sociales y defensoras de los derechos humanos, y 276 excombatientes de las FARC-EP. Tan solo este año se han perpetrado 40 masacres cuyas víctimas pertenecen a las poblaciones indígenas, afro y campesinas, según la oenegé de derechos humanos INDEPAZ.

En medio de este panorama, el Gobierno colombiano propuso una reforma tributaria que pretendía financiar a un Estado cuya economía se encuentra en déficit debido a las exenciones fiscales otorgadas a las multinacionales y al capital financiero. En Colombia, es la población de menores ingresos la que más paga impuestos por la implementación de políticas extractivistas sobre los hogares. Ese brutal plan de ajuste significaba el estrangulamiento de los sectores trabajadores del país. Dentro de la misma línea, se planteó otra reforma que habría agudizado la privatización del sistema de salud imponiendo recortes a los hospitales públicos e introduciendo normas que le darían mayor discrecionalidad sobre las tarifas a las EPS (Entidades Prestadoras de Salud) cuya consecuencia recaería principalmente sobre las mujeres, quienes asumen en su mayoría las tareas de cuidado.

La respuesta de las centrales obreras a la presentación de estos proyectos de ley que procuran los privilegios de las élites nacionales y transnacionales fue convocar a un paro nacional el 28 de abril. La lideresa social Olga Quintero, miembro del Comité Operativo Nacional de la organización política Marcha Patriótica, afirmó que “el 83 por ciento de la población respalda el paro nacional y las medidas de protesta desplegadas en todo el territorio”.

En efecto, en los últimos años, las movilizaciones indígenas, afro y campesinas se han sumado a las de estudiantes, sindicatos, organizaciones populares y vecinales, expresando la amplitud de la composición social que manifiesta su oposición a las políticas que atentan contra el bienestar del país. Los movimientos feministas, de mujeres y disidencias, han sido protagonistas desde el primer momento. Según la politóloga, lideresa social y concejala de la ciudad de Cali Ana Erazo, “las mujeres venimos participando del paro nacional desde la organización previa al 28 de abril de manera activa, en donde hemos podido no solamente participar sino también construir los espacios del paro”.

“A lo largo de estas semanas de movilizaciones, plantones, velatones, ollas comunitarias, acciones artísticas hemos estado en la calle. Primero respaldando el estallido social que estamos viviendo acá en primera línea y también hemos estado muy activas convocando a la solidaridad internacional y a colectivos afrodiaspóricos, porque usualmente no solemos contar lo que está pasando desde nuestra mirada”, cuenta la integrante del Proceso de Comunidades Negras de Colombia (PCN) Sofía Garzón Valencia.

Uno de los elementos novedosos de esta insurrección popular ha sido la creación de las llamadas primeras líneas, conformadas principalmente por las personas jóvenes de los sectores populares más vulnerados y cuyas existencias son invisibilizadas y expulsadas de este sistema capitalista, racista, colonial y heteropatriarcal. Por ejemplo, grupos de mujeres con escudos que dicen ‘Mamás de 1 Línea’, que se reconocen y reivindican su rol de madres y cuidadoras y que dicen que “no hemos parido hijos para la guerra” y que defienden a los jóvenes de los gases lacrimógenos y los ataques policiales.

Sofía Garzón señala que buena parte de la movilización de las comunidades negras del suroccidente colombiano y de los bloques antirracistas se relaciona con el pedido de justicia que hacen las madres de niños asesinados en masacres muy dolorosas; como la de Llano Verde, en donde murieron cinco menores de edad; y la de Leiva, en donde dos chicos fueron asesinados cuando iban a llevar sus tareas a la escuela.

La integrante de Proceso de Comunidades Negras recuerda las canciones de Nidia Góngora, de Hendrix y ‘Quién los mató’ y también a Plu con Pla en ‘No (queremos) más velorios’. Y reafirma que “la música está contando y está conectado a la gente y ha creado esa sensibilidad para que por fin salgamos a la calle a romper lo que haya que romper, porque hay un discurso institucional gobiernista en donde nos muestran cifras de cuánto se está perdiendo por el paro y colocan a la comunidad a llorar por vidrios y paredes mientras que las calles están pintadas de rojo”. mucha gente detrás de una pancarta

Manifestación en Cali. / Foto: Colectivo Casa Fractal de Cali

La guerra como vía

Desde el Primero de Mayo, las ciudades más grandes de Colombia, junto a muchas zonas rurales, fueron militarizadas y son escenario de una cruel represión estatal. Las comunidades en lucha y organizaciones de derechos humanos denunciaron la violación de las garantías constitucionales a la protesta social y constataron la infiltración de oficiales vestidos de civil, quienes realizaron actos de vandalismo para justificar los ataques de las fuerzas armadas.

La oenegé Temblores y la red Defender la Libertad también han denunciado irregularidades en el trabajo de la policía: el uso de armas no convencionales prohibidas por el derecho internacional humanitario; la detención arbitraria de 1264 personas, la mayoría de ellas en instalaciones ilegales y en algunos casos por agentes no identificados; 2905 casos de violencia por parte de la fuerza pública, de los que hay 855 víctimas de violencia física; 43 homicidios presuntamente cometidos por la fuerza pública; 575 intervenciones violentas en el marco de protestas pacíficas; 39 víctimas de agresiones oculares; 153 casos de disparos de arma de fuego; 21 víctimas de violencia sexual; seis víctimas de violencias basadas en género y al menos 42 casos de violencia y abusos contra periodistas de medios de comunicación independientes y defensores de los derechos humanos.

Un capítulo reciente de Colombia que ilustra las formas tradicionales en que las élites económicas y políticas han buscado contener el descontento social y mantener el control sobre el territorio sobre la base clasista, racista, colonial y patriarcal del Estado es el de los llamados “falsos positivos”. Consistió en el secuestro de jóvenes de sectores populares en donde se concentran poblaciones afrodescendientes, indígenas y campesinas desplazadas por el conflicto armado que fueron engañados con falsas promesas de trabajo y asesinados para ser presentados por el Ejército colombiano como guerrilleros muertos en combate, en el marco de despliegue de la campaña contrainsurgente de la política de seguridad democrática del expresidente Álvaro Uribe entre los años 2002 y 2010. Según las investigaciones de la JEP fueron alrededor de 6204 víctimas en todo el país, sin embargo familiares y organizaciones de derechos humanos tienen certeza de que fueron muchos más.

A través del concepto de enemigo interno, los gobiernos de Colombia, siempre de corte derechista, alineados con las directrices de fondos de empréstito como el FMI y el Banco Mundial, han buscado constituir un escenario propicio para implementar políticas ultra neoliberales en beneficio del capitalismo rentístico, extractivo y financiero mediante la militarización de los territorios, intensificando prácticas de saqueo, despojo y desplazamiento de las comunidades indígenas y las poblaciones negras y campesinas.

No sorprende del todo, por tanto, que el actual Gobierno de Duque haya transformado el masivo descontento social en un campo de guerra, ni que haya sido denunciado por organizaciones sociales y por el senador Iván Cepeda ante la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad durante las protestas.

El balance represivo ha puesto al país en alerta democrática y se ha agravado con las denuncias por violencia de género en el marco de las protestas sociales. Un caso que conmocionó fue el suicidio de una menor, que había sido agredida sexualmente por la fuerza pública al ser detenida. “Lamentamos infinitamente la muerte de Alison en Popayán, reconociendo que no es un suicidio cualquiera sino que es el resultado de esa estructura histórica que recayó sobre el cuerpo de ella”, comparte Alba Vanegas Medina, integrante de la Red Popular de Mujeres de la Sabana, compuesta por mujeres que habitan y trabajan en municipios que rodean Bogotá, en su mayoría ligadas a la agroindustria de las flores y quienes vienen participando activamente de las jornadas de paro.

Para Vanegas, esta violencia sexual se relaciona con el hecho de brindar un tratamiento guerrerista a la protesta social, algo que “nos llena de efervescencia y de asco contra las instituciones de muerte que se han encargado de hacer que las mujeres en especial sigamos siendo un elemento de guerra, un instrumento de ofensa, despolitizándonos y sacándonos de las calles”. Una táctica que, según la integrante de la Red Popular, apunta a “efectuar miedo para desmovilizar a las gentes, para quebrantar el espíritu de los manifestantes”. En concordancia con ella, Roseli Finscué, coordinadora del programa Mujeres del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) afirma que el objetivo es “desmovilizar a las mujeres; buscan desconocer que somos actoras políticas, que aportamos y ayudamos a construir también con nuestro pensamiento y nuestro sentimiento una ciudadanía también desde la feminidad”.

Tejiendo resistencias

Frente a este escenario complejo, la economista colombiana especializada en economía feminista emancipatoria Natalia Quiroga Díaz propone realizar un análisis en clave feminista del paro. “La protesta social se produce por el empeoramiento de las condiciones para la reproducción de la vida y lo que vemos es una respuesta militarizada de violencia con un formato patriarcal en donde las fuerzas militares, que son en su mayoría masculinizadas, salen a golpear, torturar, violar y destruir la vida de los sectores que luchan por garantizar las condiciones para la existencia”, sugiere. De acuerdo con esto, “la perspectiva feminista es necesaria para entender el porqué de la respuesta brutal de un sector machista, representado por Uribe con su forma de liderazgo patriarcal”.

Quiroga apunta que hay un sector social que apela a una diversidad de formas de protesta, en donde “el reconocimiento a la pluralidad de expresiones culturales, políticas, de género hace también que sea una protesta mayoritaria”. Además concluye que se está cuestionando la conexión entre el modelo de empobrecimiento neoliberal con el sistema patriarcal profundamente violento.

En efecto, se acusa al Gobierno colombiano de operar como una dictadura porque tiene cooptadas todas las instituciones del Estado y porque inflige todo tipo de violencias. Incluyendo pronunciamientos racistas que han propiciado ataques contra las comunidades indígenas movilizadas. Así lo advierte la lideresa indígena Roseli Finscué, quien habla de la “estigmatización, la discriminación, el señalamiento, los asesinatos, los ataques por parte de la fuerza pública, el abuso policial desmesurado, el ataque por parte de los medios de comunicación y los centros de poder políticos y económicos”, acciones que ponen en riesgo los “escenarios de participación”.

No obstante, ninguna política de muerte ha conseguido desarticular la potencia de la movilización. Al contrario, el paro nacional se reafirma. “Hay más gente movilizada, hay más municipios que se han involucrado, en las ciudades también, más barrios, en las comunidades ha habido solidaridad, ha despertado ese sentido solidario colectivo, de minga, que se requiere para seguir construyendo”, afirma Finscué. “Si bien hay miedos y terror, si bien el terrorismo de Estado se ha encargado de infundir ese terrorífico elemento de la violencia que se ha metido en todas las expresiones en las cuales nos desarrollamos los y las colombianas, la gente está llena de dignidad, y la dignidad pesa más que el miedo. Y las mujeres somos dignas de manera histórica desde nuestra resistencia”, añade. un grupo de mujeres con brazos en alto y la bandera de Colombia posan ante pintadas en el suelo contra Uribe

Un grupo de mujeres posan ante pintadas contra Uribe. / Foto: Colectivo Casa Fractal de Cali

Las mujeres responden colectivamente a las violencias psicológicas, emocionales y físicas que recaen sobre los cuerpos feminizados por medio de acciones como la participación de las mujeres en organismos de derechos humanos, el cubrimiento para medios de comunicación independientes, las tareas de cuidado, las vocerías asamblearias y la participación en las primeras líneas en los puntos de resistencia.

“Las mujeres salen a las calles con permanencia, hay un ejercicio de pedagogía que también está muy liderado por las mujeres. En los comités de paro están las mujeres haciendo presencia y están en la permanente denuncia de las situaciones que nos atraviesan de maneras particulares, pero que también son un llamado a la colectividad y a la transformación de las características que nos afectan, las políticas de Estado, que nos afectan a todos”, relata Alba Vanegas.

Con más de 87 denuncias de violencia de género por parte de la fuerza pública, uno de los pedidos prioritarios es el desmantelamiento del Esmad (Escuadrón Móvil Antidisturbios) responsable de la mayor parte de estas violencias. Además, se exige la desmilitarización inmediata de los territorios y que se brinden garantías para el cumplimiento del derecho a la movilización, el trabajo periodístico de medios independientes, y la protección al personal perteneciente a los comités de derechos humanos y a las brigadas de salud y primeros auxilios.

Este último punto resulta particularmente clave debido a las inconsistencias en las cifras entre las presentadas por organismos de derechos humanos y las entidades oficiales. Integrantes de la oenegé Defender la Libertad han denunciado que las instituciones oficiales tienen la intención de rebajar las cifras de asesinatos para apaciguar la reacción de la comunidad internacional. Es preocupante que en su último informe la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz señale que hay versiones sobre la existencia de fosas comunes en las ciudades de Cali, Buga y Yumbo, a donde se estarían llevando los cuerpos de muchos jóvenes caleños. Urge que el Estado revele el paradero de las personas que se encuentran desaparecidas.

La insurrección popular ha conseguido, con la fuerza de quienes desde abajo la sostienen en las calles día tras día, que se archiven dos de las reformas, poner al descubierto al Gobierno deslegitimando su actuar violento, que renuncien dos ministros del gabinete de Duque y el Alto Comisionado para la Paz.

En este momento el Gobierno insiste en no recibir el pedido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La presión que se pueda ejercer desde articulaciones internacionalistas feministas resulta primordial. Finscué cierra con la ilusión de que “las esperanzas no sean amedrentadas y que esto sea para cosechar frutos mejores, desde el respeto a la humanidad, a los derechos humanos pero también el respeto a la diferencia”.