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“Las mujeres huimos por causas que ni siquiera están aún contempladas en el derecho internacional”

Viernes 15 de octubre de 2021

Ana Rojas Y Fundación por Causa 06/10/2021 Pikara

El papel del género en los conflictos armados cuestiona y replantea el tratamiento del derecho a protección internacional en el Estado español.

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La periodista Roja Musawi haciendo una retransmisión en Afganistán. / Foto: cedida

La historia de las mujeres que huyen de su país de origen no siempre se corresponde directamente con el imaginario colectivo ni la categoría legal de asilado. Existen multitud de situaciones y dinámicas atravesadas por el género que no son reconocidas por los instrumentos de protección internacional ni en la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados. Hablamos de situaciones únicas que afectan a las mujeres de una manera concreta por el hecho de serlo.

En el Estado español, solo se concedieron un cinco por ciento de resoluciones de protección internacional favorables en 2020. Del total de solicitudes de protección internacional efectuadas en 2021, únicamente el 32,34 por ciento del total fueron realizadas por mujeres. El reconocimiento de protección también está determinado por el país de origen. Por ejemplo, las tasas de protección son más elevadas en el caso de personas procedentes de Libia (100 por ciento) Afganistán (95,12), que en el caso de otros países como Colombia (1,93), Honduras (11,49) o El Salvador (8,81), con un volumen de peticiones similares pero con tasas de denegación mayores.

Son realidades muy complejas y diferenciadas que solo pueden entenderse desde sus particularidades y su interacción con el sistema de control migratorio.

La llegada: la vida después de la violencia

Desde finales del siglo XX se reconoce en el derecho internacional la dimensión de género en el desarrollo de conflictos armados y en situaciones de violación masiva de derechos humanos. El Convenio de Estambul recoge la exposición concreta de mujeres y niñas a la violencia basada en el género en estos contextos, pero también en tiempos de paz. En este sentido, la situación en Afganistán es señalada estos días como ejemplo de feminización de la violencia, y cómo la escalada de esta afecta de una manera concreta a las mujeres.

Roya Musawi es una periodista afgana y portavoz del Comité Internacional de la Cruz Roja en Kabul hasta que tuvo que huir después de la caída de la capital a manos de los talibanes el pasado agosto. Al otro lado de la línea, Musawi relata con entereza los detalles del viaje más duro de su vida, que junto a su familia emprendió desde Afganistán hasta Cantabria el pasado agosto. “Estoy segura de que cientos de chicas afganas han tenido que cruzar el mismo camino que yo. Hemos perdido todo de una manera muy fácil”, explica. Rememora detenidamente desde el día que el régimen talibán irrumpió en Kabul de nuevo hasta su dificultosa llegada al aeropuerto de la ciudad. La situación transportaba a Musawi años atrás, a algo que ella y su familia ya habían vivido pero querían olvidar.

“Ser una refugiada no es nada fácil. Tienes el trauma de la vida que dejas atrás y nosotros lo hemos dejado todo. Necesitamos tiempo para adaptarnos de nuevo a la comunidad”, explica. “Para mí la entrada de los talibanes no fue solo el colapso de un Gobierno. También fue el de mis sueños y los de miles de afganas y nuestra esperanza por el futuro”, añade

Después de la entrada de los talibanes en Kabul, Musawi decidió cambiar su apariencia para pasar desapercibida ante posibles ataques. “Antes solía llevar vestidos cortos y hiyabs de colores, pero tuve que cambiarlo para mantenerme a salvo. Tampoco podía ponerme en la parte delantera de los coches por ser mujer. Y no solo yo, ninguna de las mujeres en Afganistán. Allí ya no hay esperanza para nosotras porque hemos perdido todo. Todos los logros que conseguimos en los últimos 20 años, afirma.”

Musawi recuerda con nostalgia aquellos años y explica que ella y su familia siempre han intentado ver el lado bueno de todo, a pesar de que su casa “podía convertirse en un frente de guerra en cualquier momento”. “Tenía una buena vida en Afganistán, pero no tenía otra opción que irme y venir a España para seguir viva. Porque yo era una mujer independiente viviendo sola en Kabul. Y los talibanes, basándose en su propia interpretación de la ley sharía, no quieren que las mujeres trabajen, cuenta.

Musawi espera ahora recibir su permiso de trabajo en España, y poder comenzar a construir una vida aquí. Explica que la barrera idiomática está ahí, pero cree que entrar en contacto con otras personas en su misma situación y construir una plataforma social o redes de apoyo entre refugiadas puede facilitar su proceso de adaptación y hacer “que se sientan como en casa y mantenerse informados unos a otros”.

El largo camino del acceso a derechos

“Las mujeres huimos de nuestros países por distintas causas, algunas de ellas ni siquiera están todavía contempladas en el Derecho Internacional”. Adilia de las Mercedes es directora de la Asociación de Mujeres de Guatemala (AMG) y también refugiada en España. Explica que el hecho de serlo es una condición humana, a pesar de que sea concedido o no el estatuto de protección internacional. A su vez, describe la realidad a la que deben enfrentarse aquellas solicitantes asilo en el Estado español como una situación de legalidad enormemente restrictiva, a lo que se suma “la concepción tan cerrada que tenemos de qué es un conflicto armado y qué hace que dejemos de lado la violencia que sufren las mujeres en países que están en conflicto, pero de los que se asume que son democracias consolidadas.” De las Mercedes expone que esto es lo que está pasando actualmente en el militarmente conocido como Triángulo Norte Centroamericano, que hace referencia a los territorios de Guatemala, Honduras y El Salvador. “Ahí tenemos una situación de guerra que difícilmente encaja en lo que el Derecho Internacional entiende que es una guerra. La regulación ahí empieza a quedar obsoleta”, reflexiona.

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Adilia de las Mercedes. / Foto: Diego Ramadés

En este contexto prima otra constante: la falta de información a las mujeres que se encuentran en situación de persecución supone la infrarrepresentación de estas en las solicitudes de protección. “Muchas mujeres que huyen de sus países por situaciones de violencia política y las formas que estas violencias adoptan por razones de género no saben siquiera que pueden solicitar asilo. A veces es una desinformación absolutamente interesada y producida por el racismo institucional”, expone.

A ello, se suma la desatención en el proceso de concesión de la protección internacional. Esta se produce, de acuerdo De las Mercedes, tanto por parte de las instituciones estatales como por las grandes oenegés que acaparan la mayor parte de casos: “Hay organizaciones con un abogado o abogada para 200, 300, 400 casos. O sea, que durante el año no tienen siquiera un día para trabajar en cada caso”. Debido a la imposibilidad de tratar las peticiones en profundidad, la mayoría de solicitudes son rechazadas y se producen irregularidades sobrevenidas, considera. Es decir, la “identidad legal” de las mujeres solicitantes cambia de golpe y dejan de tener acceso a derechos básicos ya que su derecho a permanecer en el país de acogida se esfuma. Si tienen un trabajo, lo pierden, no pueden utilizar su cuenta bancaria y caen en una situación en la que les puede ser incoado un expediente de expulsión. “Esto las expulsa a esa zona de no derechos, de expolio y de explotación de su fuerza productiva que generalmente termina en trabajos de cuidados donde se produce un trasvase de desigualdades que las mantiene en el eslabón más frágil de la cadena de cuidados global”, afirma.

En última instancia, De las Mercedes destaca la necesidad de una formación continuada en materia de derecho internacional de los derechos humanos con perspectiva de género de las personas instructoras de la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) del Ministerio de Interior, con el fin de reconocer mejor este tipo de casos. “Igual que los jueces en muchas de sus resoluciones, los instructores de la OAR vuelcan sus sesgos y prejuicios en ellas. Me acuerdo mucho de un caso de denegación de dos mujeres refugiadas que eran pareja y sufrieron algo que se mal llama violación correctiva, una forma de tortura aleccionadora. Pues la resolución venía a decir que no podía ser cierto que una de ellas fuera lesbiana porque tenía un hijo”, expone.

Aunque fuentes del Ministerio de Interior reconocen la existencia de una formación en materia de derechos humanos continuada, a esta petición de mayor capacitación del personal instructor se suman también otras organizaciones como Kifkif, una entidad defensora de las mujeres migrantes y refugiadas del colectivo LGTBIQ. “No podemos decir que no haya un conocimiento o formación sobre estos temas. Pero sí que es deficiente”, admite Khadija Afkir, trabajadora social de la organización. Pone como ejemplo a las refugiadas bisexuales que evitan mencionar que lo son ante el temor de que se les diga que “por qué no eligen estar con hombres si hay una legislación en su país que prohíbe o penaliza lo LGTBIQ”. “Yo creo que necesitan una información más certera… No podemos dejar que caiga en la voluntad de cada persona. Debe haber una obligatoriedad en la formación, hecha por expertos. Y que también se les acerque [a los instructores] a la propia población. Tenemos mujeres que estarían más que dispuestas a decir: ‘¡Sentadme a instructores aquí delante»’, comenta.

En este contexto, se genera la necesidad de reconsiderar la dimensión de género en los procedimientos de asilo con el fin de que sea efectivamente reconocida. “Los hombres en muchas ocasiones vienen defendiendo sus ideas, que no es poco, su activismo político. Pero las mujeres vienen defendiendo su integridad física y la de sus hijos e hijas, vienen defendiendo, la vida y a la madre tierra… Hay una vinculación de las mujeres con la vida, con la defensa de esta en su sentido más puro. Y esas implicaciones, en general, no están en los casos de los hombres y también necesitan ser reconocidas por el Derecho internacional y nacional”, admite De las Mercedes. “Es necesaria la perspectiva de género porque esto no siempre se entiende. Son muchos los imaginarios que hay que desmontar. Pero incorporar la perspectiva de género no es una posibilidad del Estado, sino una obligación que debe cumplir”, añade.

La importancia de espacios seguros para identificar las violencias

Otra de las grandes dificultades en el camino a la obtención de protección internacional es el reconocimiento de la violencia por las mujeres que la han vivido. Además de las violencias que pueden sufrir por motivos de género, las mujeres lesbianas, trans y bisexuales se enfrentan a otras específicas por su orientación sexual e identidad de género. “La interseccionalidad que tienen los cuerpos de estas mujeres hace que sufran con mayor asiduidad todo este tipo de violencias impunes en origen. Esto dificulta los procesos de protección internacional porque también es: ‘Vale, ¿cómo traslado una cosa que yo he normalizado?’”. Tenemos que tener en cuenta que incluso aquí están normalizados ciertos patrones patriarcales”, apunta Afkir. dos mujeres en una mesa de trabajo de su oficina

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Khadija y Natalia, trabajadoras de Kif Kif. / Foto: Ana Rojas

Las trabajadoras de Kifkif coinciden en la importancia de crear espacios seguros donde las refugiadas puedan encontrar a otras mujeres en su misma situación y verse con el tiempo y la comprensión para reconstruir y reconocer su propia historia también respecto a su condición de género.

“Si tú nunca has podido tener la oportunidad de vivirlo en tu país de origen, puede ser que mientras estés en el mismo proceso de protección internacional, te des cuenta. Tenemos por ejemplo el caso de una persona que presentó su petición de asilo como chico gay y es una chica trans. ¿Qué pasa? Que ha tenido el espacio amigable y seguro de poder a autoidentificar cómo se siente, que es como una mujer trans”, explica Khadija Afkir. Esto es especialmente relevante teniendo en cuenta el tipo de protección que puede ser concedida en cada caso: “Si yo no me veo para decir que soy una mujer trans por miedo a ser cuestionada y a mí me están dando protección subsidiaria porque el país se encuentra en un conflicto momentáneo, a mí me están negando otro derecho, que es el estatus de refugiada. Porque además yo soy una mujer trans perseguida en ese país. Es decir, que aunque se estabilice el país, es posible que mi situación no varíe”.

Ante este tipo de contextos y la reciente escalada de la violencia y agresividad contra el colectivo LGTBIQ y las personas migrantes y refugiadas en España, Kifkif pone a disponibilidad de las mujeres espacios de escucha en los que reciben apoyo integral y socializan. “Animamos a las mujeres lesbianas, bisexuales, trans, migrantes y refugiadas a que puedan acudir al grupo porque vamos a ir haciendo actividades sobre el proceso de asilo, sobre sanidad o sobre procesos administrativos que pueden ser útiles, cuentan desde la organización.”

La llegada y atención a las mujeres refugiadas en el Estado español evidencia la falta de reconocimiento y el trabajo que aún queda por hacer en términos de género en los procedimientos de asilo. Estas mujeres, junto a las entidades de acompañamiento, como Kifkif o AMG, han ido creando sus propias estrategias de unión y apoyo ante las carencias del sistema de acogida, basadas en el reconocimiento de su situación y la defensa de sus derechos como única vía de protección de la propia vida.

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