Las ecuatorianas luchan para despenalizar el aborto por violación: siete niñas dan a luz al día fruto de agresiones

Representantes de varias asociaciones de mujeres y derechos humanos presentaron una demanda de inconstitucionalidad respecto a la ley que solo permite abortar si la víctima de violencia sexual sufre alguna discapacidad intelectual.

Una mujer sostiene un cartel mientras se manifiesta a favor de la despenalización del aborto hoy en Quito. — Daniela Brik / EFE

Madrid 12/11/2020 Público /EFE

Representantes de varias asociaciones de mujeres y derechos humanos presentaron este martes ante la Corte Constitucional de Ecuador una demanda de inconstitucionalidad con respecto al artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal del Código Penal, el cual permite el aborto solo en casos de violación a una mujer con discapacidad intelectual.

En Ecuador, siete niñas dan a luz al día fruto de agresiones. Así lo indica el estudio Las niñas invisibles de Ecuador que, de acuerdo con la base de datos de Estadísticas Vitales y Nacimientos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), afirma que 17.448 niñas menores de catorce años parieron en el país entre 2009 y 2016. A este dato se suma que, durante 2018, se contabilizaron 2.089 partos de mujeres menores a los 14 años, "la gran mayoría víctimas de violación, pero no registradas como tal".

Los grupos defensores de derechos humanos aducen que se trata de una discriminación con respecto al resto de víctimas que han quedado embarazadas producto de violencia sexual. "Lo que queremos es que es despenalice el aborto para todas las mujeres, víctimas y sobrevivientes de violencia sexual en este país, y que se deje de discriminar a las víctimas (de violación) que no tenemos discapacidad en nuestro derecho a un aborto", explicó la directora ejecutiva de la organización Surkuna, Ana Cristina Vera.

"Aproximadamente un 25 % de las mujeres hemos sido víctimas de violencia sexual", explica la activista Ana Vera

En representación de varias organizaciones feministas y ONG, como la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos y el Movimiento de Mujeres de El Oro, Vera presentó hoy en Quito el recurso ante la máxima instancia judicial ecuatoriana. Lo hizo en medio de decenas de mujeres, en su mayoría jóvenes, que portaban banderines de color verde con el mensaje "Decidir es mi derecho. Despenalización del aborto ¡ya!. Ecuador" y consignas como "aborto legal en el código penal", "si Lenín fuera mujer, el aborto sería ley", o "las niñas son niñas, las niñas no son madres".

"En Ecuador es muy grave el tema de la violencia basado en género, aproximadamente un 25% de las mujeres hemos sido víctimas de violencia sexual, la mayoría en la infancia y en la adolescencia", manifestó Vera. La pandemia, un agravante en la violencia sexual

La pandemia, afirman estos grupos en base a diferentes informes, ha agravado la situación y provocado un incremento de las causas de violencia sexual contra las mujeres y menores, con consiguientes embarazo en niñas y adolescentes. "El ’quédate en casa’ ha sido una medida que nos ha expuesto a las mujeres y a las niñas a mayor violencia", señaló Vera, para quien el Gobierno ecuatoriano al imponer "una maternidad forzada" está vulnerando derechos a la salud, no solo física, de las menores y mujeres violentadas.

Recordó en este sentido, que para una menor de 14 años la gestación es cinco veces más peligrosa y para una adolescente el doble que para una mujer adulta. La primera causa de muerte entre adolescentes en Ecuador es el suicidio, siendo las una de las principales razones la violencia sexual o el embarazo no deseado.

"Cada día en este país siete niñas dan a luz producto de violación a menores de 14 años y siete niñas abortan diariamente en condiciones inseguras", resaltó. Confió en que si la Corte falla en derecho "tiene la obligación de reconocer esta discriminación", que consideró "evidente y grotesca".

El año pasado el Parlamento ecuatoriano rechazó la ampliación de las causales del aborto en un proyecto de reformas al COIP, y la Corte Constitucional consideró un error de técnica legislativa una demanda para revisar un veto presidencial al proyecto, lo que de facto supuso la no modificación del articulado penal.