La vivienda, un instrumento más para ejercer violencia machista

La PAH solicita una normativa estatal que ampare a las víctimas de violencia de género.

30 octubre 2015 La Marea Laura Galaup

El agresor de Lucía lo ha vuelto a conseguir. Vuelve a aparecer en su vida y la vuelve a desmontar, seis meses después de que una magistrada le condenara por malos tratos tras agredir a su expareja. “Me quiere desahuciar, en el juzgado le han dado la razón y voy consiguiendo prórrogas para no tener que abandonar mi casa. La última fecha de desalojo estaba programada para el pasado viernes. Por suerte, 24 horas antes me han confirmado que lo posponen tres semanas”, explica esta madre de cuatro hijos. Los tres primeros son fruto de una relación anterior pero todos viven con ella.

El inmueble en el que reside es propiedad de su expareja. “Tras el juicio, la Fiscalía me dijo que yo me quedaba en la casa con mis hijos. A él le obligaron a marcharse el 18 de abril, así que pensé que tenía más de un año para poder rehacer mi vida aquí. Seis meses después me encuentro con esta situación de la que nadie me advirtió”, cuenta Lucía (nombre ficticio), disgustada por la escasa empatía que ha encontrado durante el proceso judicial. Repite que es víctima de un “error burocrático” ya que en la sentencia no hay rastro de esa afirmación que asegura que le hizo el fiscal.

Esta mujer puso fin a la relación el día en que su exnovio le agredió delante de sus hijos. “Era muy violento, pero yo no quería que ellos lo tuviesen que presenciar. Así que después de que me pegase, el 8 de abril, fui al centro de salud y denuncié ante la Guardia Civil”. Lucía cuenta que durante los meses siguientes le costó sobreponerse a esta situación. Su cuerpo ha pagado las crisis nerviosas que ha sufrido y ha perdido más de diez kilos.

“Él ha quebrantado la orden de alejamiento en varias ocasiones. Sin embargo, cuando ha iniciado un nuevo proceso judicial solicitando que me echen a mí y a mis hijos para que él pueda volver a su casa, le han dado la razón”, explica visiblemente dolida. “Con estas decisiones no se tienen en cuenta mis emociones, me siento como un saco de patatas”, se lamenta.

“Cuando termina la relación, los agresores utilizan la vivienda para continuar acosando a las víctimas”, explica Marga, psicóloga y portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Madrid. Ella se encarga de recibir a los usuarios recién llegados a esta asociación, escucha sus historias y les deriva a los diversos grupos de trabajo con los que cuentan. “Tenemos muchos casos de violencia de género. Ahora en PAH Madrid vamos a crear una Comisión de Mujer para elaborar una estrategia judicial ante este tipo de casos, ya que cuando acudimos a pedir ayuda a los organismos públicos nos dicen que no tienen competencias”, indica.

En la delegación de Barcelona existe una Comisión de Género y Vivienda -según figura en la guía editada por la plataforma– para atender este tipo de casos. Y en el País Valenciano, donde reside Lucía, un portavoz de la PAH explica que cuando les llegan estas situaciones las derivan a Psicólogos sin Fronteras, para que tengan acceso a un “seguimiento más específico”.

Cruz Roja está atendiendo a Lucía y fuentes de la organización confirman que están negociando con un banco para conseguir un alquiler social. La orden de desahucio pesa sobre ella desde primeros de octubre, por eso esta organización está trabajando para que la familia no acabe en la calle si la jueza termina dictando una fecha definitiva de desahucio.

Un año esperando una vivienda pública

Según explica Sara Vicente, abogada de la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres (CIMTM), la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género propone el acceso a la vivienda pública en caso de que haya denuncia para evitar que las víctimas se queden en la calle. Sin embargo, en la práctica -como en el caso de Lucía- esta garantía “varía dependiendo de los recursos con los que cuenta la administración pública en cada momento”.

En CIMTM dan apoyo a víctimas de violencia de género. Una de sus trabajadoras sociales, Teresa Pulido, indica que actualmente están gestionando tres solicitudes al Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) para que concedan un alquiler social a víctimas de violencia de género, una de ellas lleva un año esperando a que se lo otorguen.

Pulido aclara cómo los acosadores utilizan la gestión de la vivienda durante la relación para ejercer maltrato económico: “Si en una pareja el dinero lo aporta el hombre, para ella es más difícil tomar la decisión de denunciar y abandonar la casa”. Lucía está sufriendo día a día las consecuencias de ese acoso, ella y sus hijos dependían del sueldo de su expareja y tras romper la relación la situación económica de la familia es muy precaria: “No recibo ninguna ayuda. El único ingreso que tengo son los 300 euros que me pasa mi exmarido, el padre de los tres niños mayores, como pensión”.

“Por eso muchas mujeres a las que ayudamos no ponen denuncia porque siguen atadas a ellos económicamente”, añade la trabajadora social de CIMTM. Neyma, una mujer marroquí, recuerda ese miedo, el temor a verse en la calle con su hijo “con una mano delante y otra detrás”. “En el 2003 denuncié a mi marido tras una paliza en la que también pegó a mi hijo. Pero días después me sentí sola, no tenía a nadie que me ayudase y la retiré por miedo a las consecuencias de la sentencia”, cuenta esta mujer que cinco años después decidió romper la relación.

Se exige la firma del maltratador para obtener la dación en pago

Tras la separación ella hizo frente a la hipoteca que adquirieron conjuntamente. Llegó un momento en el que no pudo seguir pagando y después de dos años negociando con el banco, el pasado mes de abril, obtuvo la dación en pago. “Tras conseguir que la entidad bancaria aceptase. Unos compañeros de la PAH tuvieron que convencer a mi exmarido para que firmase. Yo lo pasé mal, pensé que era capaz de negarse para seguir haciéndome daño”, añade. Está a la espera de que le concedan un alquiler social que le permita volver a empezar de nuevo, ya que desde que dejó a su pareja trabaja como asistenta interna en una casa en la que también vive su hijo.

Según explica Marga, portavoz de la PAH en Madrid, para suscribir la dación en pago el banco exige la firma de ambos. Así que ese documento se convierte en una nueva forma de acoso, una vez que la relación ha terminado. “Mantienen a la mujer en vilo. Si él no firma no se cancela la deuda que ambos tienen con la entidad bancaria”, apunta.

Desde la delegación madrileña de la plataforma consideran que estos casos se solucionarían impulsando una ley a nivel nacional que ampare a las mujeres y a los niños. Actualmente las víctimas de violencia de género -que tengan una sentencia a su favor- y que sean desahuciadas por una deuda hipotecaria se pueden acoger a una suspensión de dos años. “Pero para eso hay que llegar a los momento previos al desalojo, con todo lo que eso conlleva psicológicamente. Ya que solo se concede cuando se va a ejecutar el desahucio”, finaliza Marga.