La violencia institucional se ceba con las mujeres migradas

ESMERALDA R. VAQUERO 17/05/2023 Pikara

Laberintos burocráticos, quedar relegadas a labores de limpieza y cuidados, carecer de contrato y de derechos laborales o sufrir menosprecios y vejaciones son situaciones habituales sobre todo durante los primeros años en el Estado español.

Ley de extranjería. / Ilustración de Ana Penyas.

Cuando entras en un programa de acogida no importa donde estés, cuando te llaman tienes que moverte a donde sea rápidamente, aunque tengas hijos o hijas en el colegio, porque en estos programa no se escolariza; así que te tienes que trasladar ese mismo día, con lo puesto”. Tania Irías ha vivido prácticamente todas las violencias institucionales que una mujer migrada puede experimentar cuando se decide por el asilo político en el Estado español. Llegó hace cuatro años de Nicaragua. Pidió la solicitud de protección internacional (el asilo) y la inclusión en un programa de acogida que tiene el objetivo de garantizar unos recursos mínimos a quienes no disponen de ellos. “Huí de mi país por la crisis política que se vive, y la mayoría de las violencias que he vivido acá en este tiempo tienen que ver con ese proceso de solicitud de asilo”, explica. Según datos del Ministerio del Interior, en 2020 el número de solicitudes de protección internacional registradas en España se situó en 88.762, casi la mitad de ellas pertenecían a mujeres.

Tania Irías llegó junto a su pareja y dos niños. En un principio vivieron en Corbera de Llobregat, después en Pineda de Mar y más tarde pasaron por cuatro centros de acogida de Barcelona. “Cuando nos trasladan a Pineda, en el colegio nos piden una carta que diga que el niño va a estar ahí al menos una semana, pero Cruz Roja —una de las organizaciones que gestiona este programa a través de fondos públicos— nos dice que no pueden facilitárnosla”, comenta. El derecho de sus hijos de recibir una educación estable quedaba en un segundo plano. Y continuó así durante mucho tiempo.

Los programas de acogida se organizan por fases: en la primera fase, la cero, las personas viven en un centro de acogida. En las fases uno y dos pueden ir logrando, paulatinamente, más independencia. Un miércoles de 2020, después de meses viviendo en Barcelona, llamaron a la pareja y les dijeron que el viernes tenían que trasladarse a Málaga, dos maletas por persona era el equipaje permitido. Iniciaban un cambio de fase. Irías aún recuerda la odisea de aquel viaje. En el autobús viajaban ocho familias, entre las que se encontraban 17 niños y niñas. “Cuando estábamos llegando a la ciudad los conductores se perdieron y nos dijeron que nos bajáramos y que nos buscáramos la vida; había gente que ni hablaba español”, relata. Finalmente, tras una intervención policial, llegaron al centro de acogida. Lo que ocurrió, según cuenta Irías, es que ese cambio de fase no supuso más beneficios: en el centro había una total falta de privacidad y el tamaño del espacio de convivencia era mínimo, allí habían derivado también a decenas de personas llegadas en patera.

Como mujer lesbiana y migrada, Tanía Irías ha experimentado múltiples situaciones indeseables. Y la maternidad ha sido un hándicap más. “Cuando nos hablaban de inserción laboral nos decían que no dijéramos que éramos madres. ¿Y cómo vamos a hacer si somos dos mujeres con dos hijos?”, apunta. “También hay otras violencias invisibles. En los talleres de sensibilización y educación del programa de acogida nos han hablado de nutrición, todo desde un enfoque gordofóbico y con cero abordaje a favor de contrarrestar la desnutrición. No es nada coherente con la comida que nos traían:patatas fritas, filetes empanados. Y no podés reclamar desde un enfoque de derechos, solo puedes acogerte al asistencialismo, porque te dicen que por quejarte te pueden poner falta y echarte”, añade.

Cuando pasó la época de pandemia, Cruz Roja les dijo que podían buscar un piso para la familia. Fue largo y complicado, pero encontraron vivienda. Ya solo quedaba, y queda, pendiente la búsqueda de trabajo. “Para mí es una carga decir que soy refugiada. Saben que has recibido dinero público y te ven como un parásito que vienes a gastar sus recursos, hay un estigma sobre eso”, asegura Irías, que tampoco ha visto en el movimiento LGTBI del Estado español un lugar cercano: “Siento que hay mucho clasismo, yo he intentado articularme de mil maneras en muchos espacios y soy leída como que tampoco pertenezco ahí, y cuando se habla de la población LGTBI se tiene un estereotipo de persona que aparentemente no atraviesa las circunstancias que en la cotidianidad me atraviesan a mí. Eres como un ser fragmentado”.

El recorrido de Tania Irías es similar al de otras muchas mujeres migradas. Precisamente por eso decidieron crear un espacio donde todas esas intersecciones, como el lesbianismo, la maternidad y la migración se tengan en cuenta. Artemisa Migrantes y Refugiadas comenzó a funcionar en Barcelona en 2019, junto a otras compañeras activistas. Es un espacio donde charlan, movilizan recursos alimentarios y promueven talleres de reflexión. “Ahora empezaremos un taller de computación básico, porque muchas veces las mujeres no saben usar la computadora, pero los espacios académicos sí las usan, y eso es otra barrera”, concluye Irías.

Explotación laboral

La violencia institucional, materializada en abusos laborales y sexuales, se manifiesta de manera rotunda en las condiciones de las trabajadoras migradas de muchos ámbitos. El del sector agrícola es uno de los más representativos. El colectivo Jornaleras Huelva en Lucha surgió en 2018, a raíz de la denuncia de varias de estas mujeres por la vulneración de sus derechos. Algo tan básico como poder expresar y entenderse en una situación de necesidad supone una barrera. Muchas de ellas proceden de Marruecos y no se desenvuelven con el idioma español. “Aunque la empresa tenga obligación de poner un traductor que les ayude, esto no está garantizado, muchas veces nos llaman para asuntos médicos, bajas por enfermedad, y necesitan que les ayudemos. La Inspección de Trabajo tampoco cuenta con servicio de traducción, y al ir a los tajos, cuando solo hay gente marroquí, no tienen cómo hablar con ellas”, explica Ana Pinto, fundadora del colectivo y jornalera durante muchos años.

A finales de 2022, Justicia Alimentaria, a través de su campaña Exporta, explota, me expló!, denunciaba la mano de obra precarizada detrás del sistema alimentario actual. En el caso de las temporeras, provienen de entornos empobrecidos; la mayoría tienen menos de 40 años, con hijos o hijas menores de 14 años a cargo. Cada campaña, unas 12.000 mujeres marroquíes llegan a Huelva para trabajar como temporeras. En la provincia, y según datos de esta organización, el 89 por ciento de contratos que se hacen para la recogida de la fresa son de personas extranjeras; en Murcia, el 82; en Almería, el 62; en Lleida, el 51. Solo una parte de estos contratos está regularizada. Con la reciente actualización, el programa de migración circular de Gestión Colectiva de Contratación en Origen (GECCO), del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, promueve que todos los contratos que se firman sean fijos-discontinuos, lo que conlleva que la actividad laboral tiene que estar garantizada durante el período de duración de la relación laboral. Y es que lo que ha venido ocurriendo hasta el momento es que las temporeras firmaban un contrato en español en Marruecos cuyo contenido, por falta de traducción, muchas veces desconocían. En teoría, eran contratadas como trabajadoras temporales eventuales, pero, si la producción descendía, sus contratos variaban a obra y servicio, con la consiguiente falta de derechos que ello conlleva, pues se podían quedar sin trabajo de un día para otro.

Algunas de estas mujeres, también hombres, tratan de quedarse a vivir para aprovechar las oportunidades de empleo que puedan aparecer. Más de 3.000 personas viven en asentamientos chabolistas en la provincia de Huelva. No tienen acceso a luz ni a agua. Es decir, los espacios en los que viven no cumplen unas mínimas condiciones de habitabilidad. “Esta es la peor realidad y la que más al margen está; los ayuntamiento se niegan a empadronarles y se han creado mafias que venden empadronamientos entre 600 y 1.000 euros, y con los contratos de trabajo pasa igual. Mucha gente trabaja gratis durante meses con la promesa de que a los tres años le van a dar trabajo [contrato], y muchas veces es mentira, pero como no tienen papeles les cuesta demostrar que les han engañado”, explica Pinto.

La violencia hacia las mujeres migrantes también se manifiesta cuando desde la Administración se hacen peticiones sin tener en cuenta su situación, apunta la fundadora de Jornaleras Huelva en Lucha. “Hace poco nos llamaron desde el Ministerio de Igualdad; nos pedían que buscáramos a dos compañeras migrantes que contaran su realidad en un vídeo para hacer una campaña de apoyo a las jornaleras, que ahora se acuerdan de nosotras. Que nos digan esto demuestra la falta de interés y empatía, no tienen ni idea de nuestra realidad. No entienden la exposición a la que expondrían a estas mujeres, podrían despedirlas, podrían tener problemas con sus familias en Marruecos. Quieren que nosotras pongamos el cuerpo para hacer una campaña a su manera, a costa de nosotras y de nuestro trabajo”, concluye.

El empleo de limpieza y de cuidados también es otro ámbito que reviste complejidad para las mujeres migradas. Aunque en los últimos años se han conseguido algunos avances, la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por parte del Estado Español en junio de 2022 fue uno de ellos, la realidad de muchas trabajadoras pasa por desempeñar labores sin documentación reglada, lo que se suma al engranaje más de la privación de derechos. “Te buscan trabas por todos lados, queremos organizar un banco de alimentos y no nos tramitan la solicitud; y así con todo”, asegura Flavia Anahí Ovejero, vicepresidenta de la asociación Mujeres Cuidadoras sin Papeles, formada por casi 1.000 mujeres de toda Andalucía que tratan de ayudarse. Ella vive en Igualeja, Málaga. “Hace unos días pedí en el Ayuntamiento el empadronamiento de una muchacha que está trabajando de interna; el señor que me atendió me dijo que eso acá no se hace. Cogí una copia del BOE [Boletín Oficial del Estado] y se lo mostré. ‘¿Eso qué es?’, me dice. Me quería tomar el pelo”, explica. “Las inmigrantes sin papeles no tenemos derecho a nada, y aunque los tengamos no se cumplen. Cuando vine a Málaga desde Barcelona vi que la situación era casi peor, porque no colabora nadie. En el año que llevo acá siempre he tenido problemas, necesito hacer un papel y me dicen que no, pregunto por el arraigo y me dicen que tengo que ir a Málaga ciudad, aunque no es cierto”, añade.

Burocracia constante

Se pueden dar múltiples situaciones cuando las personas migradas de fuera de la Unión Europea llegan al Estado español. Si lo hacen por protección internacional, es necesario solicitar el asilo político. Si se les concede, obtienen la tarjeta roja con su Número de Identificación del Extranjero (NIE), el primer paso para obtener otros derechos hasta que se resuelva la solicitud de asilo, aunque transcurridos seis meses tienen autorización para trabajar. En el resto de los casos, para conseguir el permiso de residencia se pueden seguir varias vías, ninguna de ellas sencilla. El arraigo social y el arraigo laboral son dos de las más habituales. En el caso del arraigo social se debe acreditar haber permanecido en España los últimos tres años, para lo cual es necesario el empadronamiento o algún otro documento admitido. Para el arraigo laboral es necesario acreditar que existe una permanencia en España de al menos dos años y que la persona ha trabajado de forma regular durante al menos seis meses. Es decir, todo un complejo entramado en el que la burocracia se convierte en la principal barrera, encarnada por quienes trabajan en el sector público y atienden a las personas migrantes. El movimiento Regularización YA, apoyado por múltiples colectivos de personas migradas, ha trabajado tres años para solicitar una Iniciativa Legislativa Popular en el Congreso de los Diputados por una regularización extraordinaria de todas estas personas. El texto, que ya se presentó en febrero en el Congreso de los Diputados y recientemente se ha presentado ante la Comisión de Trabajo del Parlamento, ha sido respaldado por casi 610.000 firmas, está pendiente de ser elevado a pleno para decidir si se toma o no en consideración.