La prestación que no llega a Smahia, temporera marroquí que dejó Huelva por un cáncer terminal

Un grupo de activistas denuncia problemas para que la Seguridad Social tramite con carácter retroactivo su prestación por incapacidad temporal después de que su empresa, Atlantic Blue, no la tramitara correctamente cuando cayó enferma.

Smahia Benjafel, temporera marroquí en Huelva, de 57 años, enferma de cáncer terminal que no puede cobrar su prestación por incapacidad. — Cedida / LA MAR DE ONUBA

MADRID0 6/10/2022 JAIRO VARGAS MARTÍN Público

"Smahia está muy mal, no le queda mucho y solo quiere morir con la mayor dignidad y el menor sufrimiento posible junto a su familia". Ana Pinto, portavoz del colectivo Jornaleras de Huelva en Lucha, atiende a Público por teléfono después de su visita a una oficina de la Seguridad Social de Huelva que no ha salido como esperaba.

Pinto está intentando con enorme dificultad conseguir de forma retroactiva la prestación por incapacidad temporal a la que tiene derecho Smahia Benjafel, una mujer marroquí de 57 años que ha trabajado en la temporada de frutos rojos de Huelva desde 2007, dentro del programa de migración circular que cada año lleva a la provincia andaluza contingentes de más de 10.000 trabajadoras que tienen que regresar a Marruecos cuando acaba la campaña.

Smahia, enferma terminal de cáncer, necesita ese dinero para costear su tratamiento paliativo. El montante no es mucho, el 70% de algo más de dos meses de nómina, según la ley. "No será mucho más de mil euros, pero para ella, que apenas tiene ingresos, es de vital importancia", explica Pinto.

Han sido 15 años de duro trabajo en los campos de arándanos onubenses de la multinacional chilena Atlantic Blue, una de las más importantes en la región, premiada incluso por la Junta de Andalucía; aunque Smahia, a buen seguro, no le concedería ningún galardón. La temporada de 2022 ha sido la última para esta trabajadora. Los anteriores siete años había trabajado mientras se trataba un cáncer de útero. Precisamente seguía viniendo para costearse con el dinero ganado en los campos el tratamiento en Marruecos, donde la sanidad pública no lo cubre.

Aislada y enferma en la finca de la empresa

Pero este verano su cuerpo dijo basta. Cayó enferma en mayo, y la empresa que la ha contratado los últimos 15 años la dejó aislada durante más de un mes en una de las viviendas prefabricadas en una finca de El Rocío. Le costó mucho que le facilitaran la atención sanitaria que requería y que le impedía trabajar y, por supuesto, no ha tramitado ni ha facilitado el proceso para recibir su exigua prestación por incapacidad temporal.

De hecho, sus familiares denunciaron su caso en medios marroquíes e incluso hicieron que la Guardia Civil se personase en la finca para que fuera atendida cuando sufrió un desmayo. Apenas podía comer, hablar o caminar; las veces que fue al centro de salud o al hospital salió con diagnósticos como faringitis aguda o crisis de ansiedad, según la documentación a la que ha tenido acceso Público. "En alguna ocasión no llegó ni entrar en la consulta, sino que entró su jefa, otra mujer marroquí que no quería llevarla al médico. Le decía que era mejor que volviera a Marruecos si estaba enferma", sostiene Pinto.

Gracias a Jornaleras de Huelva en Lucha, la mujer pudo abandonar la finca, no sin oposición por parte de la encargada de la empresa y una gran discusión el día que Pinto fue a recogerla. La llevaron a Sevilla, donde recibió la acogida de la ONG Afavi, que la llevó a Urgencias del Hospital Virgen de la Macarena.

Allí fue diagnosticada, ingresada de urgencia y tratada de la miastenia gravis que prácticamente le impedía comer y casi hablar. Pero también le dieron la peor de las noticias: el cáncer había entrado en fase terminal y se recomendaba comenzar con tratamientos paliativos. "Fue entonces cuando decidió que quería volver a Marruecos para morir rodeada de sus hijos y sus nietos", apunta Pinto, que añade que después de la mala situación vivida con la empresa, su intención era quedarse en España para recibir aquí su tratamiento oncológico. Ya no es necesario, pero sí lo es su prestación.

Sin cuenta bancaria para recibir la prestación

Uno de los problemas a los que ahora se enfrenta Smahia para cobrarla es que su empresa no tramitó correctamente la solicitud de prestación por incapacidad temporal. "De hecho no llegó ni a entregar los papales", aclara Pinto. Ni siquiera le informó de que era ella quien tenía que solicitarlo a la Seguridad Social. "Rellenó los papeles pero no los entregó porque no tenía una cuenta corriente española en la que recibir la prestación", explica.

Según Pinto, activista, antigua trabajadora de Atlantic Blue y representante legal de la temporera, la empresa no facilitó la apertura de cuentas bancarias a las temporeras contratadas, sino que les dio una "tarjeta monedero" de Caixabank en la que les ingresaba la nómina.

La orden GECCO del Ministerio de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, que regula los requisitos para la contratación de trabajadoras migrantes en origen, no especifica si se debe abrir una cuenta bancaria, que es lo habitual en estos casos, según varias fuentes sindicales consultadas. Pero Atlantic Blue lleva al menos tres años utilizando la tarjeta monedero para abonar los salarios, confirma Pinto. La multinacional no ha respondido a las preguntas realizadas por este diario sobre esta forma de pago.

Problemas burocráticos en la Seguridad Social

Pero al abandono por parte de la empresa se suma lo apresurado de su marcha. El pasado julio, cuando decidió volver a Marruecos, tuvo que hacerlo rápido. "Su visado estaba a punto de expirar y su pasaporte iba a caducar. Si eso pasaba, su marcha podía haberse demorado tanto que quizás hubiera muerto aquí", resalta Pinto. No tenía tiempo de pedir y esperar una cita con el médico de cabecera que firmó su baja laboral, que debía autorizar su salida del país. Ese documento es indispensable para solicitar la prestación fuera de España, y ahora ya no puede conseguirlo.

Tanto Jornaleras de Huelva en Lucha como CCOO Huelva, que también se ha implicado en este caso, cuentan con que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) denegará la prestación por este motivo, "pero, al menos, luego se puede recurrir. El informe del hospital de Sevilla es claro, en él se afirma que su intención es volver a Marruecos. Y la situación es totalmente extraordinaria", argumenta Pinto.

Sin embargo, el principal problema al que se enfrenta ahora la mujer es que sus datos están protegidos en el sistema informático de la Seguridad Social. "El funcionario que me atendió esta semana dijo que no podía acceder a su expediente. Aunque yo tenga un poder legal para levantar la protección de datos, tampoco puedo hacerlo", insiste Pinto. "No lo entendemos. Ella está en Marruecos y no ha pedido la protección de sus datos, ni yo tampoco", asevera. El caso es que Pinto solo pudo entregar toda la documentación al funcionario, pero se fue de la oficina sin siquiera un documento de registro. "No sabemos qué va a pasar. Es el colmo de la desprotección de estas trabajadoras. Para vulnerar sus derechos o incumplir los convenios, las empresas no tienen tantos obstáculos. Pero para ejercer sus derechos sí hay que ser escrupuloso", critica.

Según informa a Público la Subdelegación del Gobierno en Huelva, su caso está siendo estudiado y "se están haciendo gestiones" por parte del INSS, que ha remitido el asunto de las oficinas de Huelva a la dirección general en Madrid. "Se fue sin realizar todos los trámites y es una situación complicada", apuntan las mismas fuentes.

El desconocimiento impidió que se trata el cáncer en España

"Lo peor es que tenía derecho a ser tratada en la sanidad pública después de tantos años cotizando a la Seguridad Social. Habría bastado solicitar el permiso de residencia por razones humanitarias", apunta Julia Perea, secretaria general de CCOO de Huelva, que ayuda a Pinto con la burocracia. "El desconocimiento es uno de los principales problemas a los que se enfrentan estas mujeres trabajadoras", incide la sindicalista. "Vienen en grandes contingentes, no hablan el idioma y desconocen sus derechos. Me pregunto cuántos casos así han ocurrido sin que lo sepamos nosotros y sin que ellas sepan los derechos que no han ejercido" asevera.

"El Gobierno alardea de que este modelo de migración circular es positivo y repite una y otra vez que funciona bien, pero no es así", lamenta Pinto, que recuerda que ha habido casos de trabajadoras enfermas que han fallecido totalmente abandonadas por su empresa.

Su colectivo ha sido uno de los que más ha hecho por denunciar y visibilizar las cotidianas vulneraciones de derechos de las temporeras marroquíes de la fresa de Huelva. Y este es uno más de una larga lista entre las que hay incumplimiento con los salarios, malas condiciones de las viviendas, el cobro de primas que nadie explica o de gastos de alojamiento, escasa o nula atención sanitaria o, incluso, abusos y agresiones sexuales que quedan impunes. "Con este caso ya no solo queremos que Samhia tenga el mejor final posible, sino que deje de haber tantas trabas para que estas trabajadoras puedan cobrar sus prestaciones por incapacidad", sostiene Pinto.

Parea advierte de que si no se corrige el pago mediante tarjetas monedero, casos como este se van a repetir en el futuro, y alerta de que este año, el Gobierno y la patronal de los frutos rojos han acordado la llegada de uno de los contingentes más grandes de trabajadoras, alrededor de 15.000.