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La posición clerical de Vox ante el aborto

Sábado 16 de noviembre de 2019

Negar el derecho a acceder a un aborto legal, seguro y asequible a una mujer es negar su derecho a la salud, en concreto, negar su derecho a la salud sexual, entendiendo esta como lo hace la OMS

Urge una campaña de sensibilización pública que haga sentirse seguras a las mujeres y no coaccionadas para decidir libremente si desean o no interrumpir su embarazo en el plazo reconocido legalmente

Violeta Assiego 14/11/2019 eldiario.es

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Rocío Monasterio e Iván Espinosa.

Desde hace poco más de veinticinco años lleva la Santa Iglesia Católica Apostólica y Romana interfiriendo abiertamente para que los Estados no reconozcan los derechos reproductivos de las mujeres, profesen o no estas su fe. Fue en 1994, año en que se celebró la Conferencia sobre Población y Desarrollo de El Cairo, cuando por primera vez y usando la lógica de los derechos humanos, los fundamentalistas religiosos vieron cómo el control sobre el cuerpo de las mujeres podía pasar a manos de estas en lugar de tenerlo ellos a través del marido, del padre, del líder popular o del clérigo de turno.

Aquella reunión de alto nivel internacional, que congregó a 175 países, puso en evidencia que cuando se hablaba de sexo, sexualidad y mujer se originaba una fractura prácticamente irreconciliable entre aquellos Estados que guían sus legislaciones con los dogmas de fe de los fundamentalismos religiosos y aquellos que buscan sintonizarse no solo con los derechos de las mujeres como derechos humanos, sino con los avances científicos y la evolución de la Humanidad.

A pesar de que se alcanzaron acuerdos muy muy de mínimos, aquella Conferencia fue tachada por los grupos religiosos fundamentalistas como proabortista y supuso el pistoletazo de salida para que El Vaticano empezará armar una de esas teorías que más dinero le están reportando: la inventada "ideología de género". Un año después, tras El Cairo se celebró la Conferencia de Beijing y en esta se terminaron de rematar los flecos que habían quedado pendientes por la obcecada oposición fundamentalista. No solo se desarrolló que era eso de los derechos reproductivos, sino que se habló de la existencia de los derechos sexuales como algo independiente. Y de aquellos logros de los años 90, y ante la negativa de aceptar la lógica de los derechos humanos, nos vienen estos lodos en pleno siglo XXI.

Negar el derecho a acceder a un aborto legal, seguro y asequible a una mujer es negar su derecho a la salud, en concreto, negar su derecho a la salud sexual, entendiendo esta como lo hace la OMS, como algo que va más allá de dolencias y enfermedades, como un estado de bienestar integral. En estos veinticinco años desde El Cairo, más de 50 Estados han entendido la idea y se han desvinculado de los dogmas religiosos que desfiguran sádicamente la realidad con imágenes y argumentos que manipulan a quienes se confían a ellos. Dogmas que buscan imponerse sobre la vida de las mujeres que tienen derecho a decidir si quieren continuar con su embarazo o interrumpirlo dentro de ese margen de las 24 primeras semanas que reconoce la ciencia como un plazo de tiempo en el que el feto no siente dolor y la gestación se puede interrumpir. Dogmas que, por otro lado, rechazan la educación sexual y los métodos anticonceptivos, en definitiva, niegan que las mujeres tengan autonomía sexual y libertad para decidir cuándo y cómo quieren ser madres.

El tema que ahora rescata Vox (para satisfacción de un sector ultracatólico abandonado por el PP) esconde varios peligros. El principal es que la propuesta del partido de Abascal se alinea con sus ideas de defender la civilización occidental cristiana por encima de la Constitución si hace falta, muy al estilo franquista. Por otro, utiliza un vocabulario que hace que, desde las instituciones, se estigmatice no solo a las mujeres sino a quienes les garantizan el acceso a su derecho a la salud sexual y reproductiva, interfiriendo de esta forma en la obligación a cumplir leyes que hace ya unas décadas dejaron de ser canónicas. Además, esta cruzada les da igual que -por ahora- se traduzca en cambios legales ya que, por lo pronto, Vox ha logrado que, en Andalucía, a las entidades y fundaciones provida afines se les conceda al menos un millón de euros para disuadir a las mujeres de abortar, cifra que ha confirmado el propio Consejero de Salud y Familias andaluz.

Es imprescindible frenar, desde las instituciones públicas, esta desinformación sobre el acceso a la salud sexual que tienen reconocido en nuestro país las mujeres. Basta. Urge una campaña de sensibilización pública que las haga sentirse seguras y no coaccionadas para decidir libremente si desean o no interrumpir su embarazo en el plazo reconocido legalmente. Y hay que acabar con el acoso a las clínicas y velar por que las entidades provida den información objetiva y no hagan apología religiosa. Dejar este servicio en manos de personas que tachan a una mujer que aborta de ’asesina’ o a los profesionales que velan por su salud de ’mata niños’ es algo más que una insensatez, es poner en peligro la integridad de una mujer al dejarla en manos de alguien que no dudara en decidir por ella para defender sus creencias religiosas.

Que el tema del aborto está pendiente y abierto desde hace veinticinco años se comprueba no solo en España. Hoy mismo, en Nairobi, en otra Cumbre sobre Población y Desarrollo, han vuelto a enrocarse diez países para decidir que no existe el derecho al aborto y para boicotear todos los debates con argumentos falsos y rezos en las puertas. ¿En nombre de qué dios actúan? Del mismo que, no hace tantos años, encerraba a las mujeres embarazadas solas en maternidades infames y les robaba a sus niños en una particular defensa de la familia tradicional y de bien. No nos estamos volviendo locos, es que desde hace casi tres décadas el sistema patriarcal no nos quiere dejar avanzar, porque si nosotras avanzamos, desaparece y ya no puede infligir sufrimiento ni controlar. Ya no puede vivir del cuento.

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