La mujer rural, la revolución pendiente

“Aquí todavía no ha llegado la igualdad”

Antonia Merino / 27 oct 2015 Público

Yolanda Rodríguez tiene 38 años y es la titular de un negocio familiar dedicado a la agricultura ecológica en la aldea de El Fontanar del municipio jiennense de Pozo Alcón. Es madre de cuatro hijos, la mayor de 18 años no tiene muy claro si seguirá los pasos de sus padres. A diferencia de sus progenitores, el campo no le gusta. Hace algo menos de veinte años Yolanda y su marido decidieron tomar las riendas de su vida y embarcarse en una aventura empresarial partiendo de cero. Su único aval era la juventud y el espíritu emprendedor de los dos. Con los años la empresa ha ido creciendo y consolidándose y desde hace un par de año cuenta con el certificado del Comité Andaluz de Agricultura Ecológica (CAAE).

Llegar hasta aquí no ha sido fácil para esta mujer educada en un mundo donde la “voz cantante” la lleva siempre el hombre. “Aquí (se refiere al mundo rural) no ha llegado todavía la igualdad entre hombres y mujeres; lo normal es que el titular de la explotación sea él y que la mujer, aunque ayude, no aparezca reflejada en los papeles”, comenta Yolanda. Un perfil que nada tiene que ver con su vida, como ella misma reconoce. “En mi caso, añade, yo participo de las tareas y gestión de la empresa. Estoy totalmente entregada a mi trabajo, aunque no me impide atender a mis hijos o ausentarme por causas mayores. Esa es la ventaja de ser la jefa”. Una isla en un espacio donde “ellos se responsabilizan de las tareas más duras, mientras que los hijos y la casa les corresponden siempre a ellas, aunque también dediquen horas a la explotación familiar”. Esta discriminación no solo se da en el hogar, también se visualiza en las cooperativas, “rara vez va una mujer y en caso de ir, rara vez toma la palabra”. Yolanda Rodríguez lo achaca a la “educación que venimos arrastrando, a pesar de la valía y la capacidad de muchas mujeres para asumir responsabilidades ajenas al núcleo familiar”.

SIN RECONOCIMIENTO

La mayor parte de las mujeres que desarrollan su actividad en el campo carece de ese reconocimiento, “bien porque no lo buscan, bien porque sus maridos se lo impiden”, según señala Vicente Gallego Simón, de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), tras participar en una mesa redonda en el foro “Mujeres rurales y emprendimiento en la provincia de Jaén”, organizado en el campus Antonio Machado de Baeza. “El campo, señala, siempre ha estado vetado a la mujer, trabaja de manera subsidiaria al marido”. Este esquema se repite en las organizaciones agrarias, cooperativas o las asociaciones regadío donde “no se concibe que la mujer vaya a coger el tractor o vaya a interesarse por el rendimiento de la aceituna, o que levante la mano en una asamblea general sobre el balance de la aceituna o el anticipo de la campaña”, asegura Gallego.

Esta opinión es compartida por Montserrat Moyano, presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur)-Andalucía. “Este es un sector muy masculinizado y a las mujeres les cuesta acceder muchas veces porque no se sienten preparadas y otras porque los hombres no quieren ceder el poder”. De ahí el trabajo que se desarrolla desde estos colectivos para que se visualice el papel que las mujeres tienen en la economía familiar donde desempeñan doble y triple jornada de trabajo sin recibir nada a cambio.

El principal problema al que se enfrentan es el desempleo, “ya que supone no tener independencia económica para decidir por ellas mismas, por ello desde Fademur-Andalucía consideramos fundamental que el gobierno de España y el Gobierno andaluz inviertan sus esfuerzos por cambiar esta situación”. “En estos momentos, explica, se está cerrando el Plan de Desarrollo Andaluz y esperamos que sea un acicate para la puesta en marcha de proyectos por mujeres y que sean incentivados con mayor apoyo por parte de la administración andaluza”.

NO TODO ES AGRICULTURA

Pero las mujeres rurales no son solo las que trabajan en la agricultura, también están las que viviendo en los pueblos desempeñan otras actividades en el entorno rural. “Tanto unas como otras, alerta, sufren de forma extrema las consecuencias de la crisis, ya que los recursos se han reducido afectando de forma directa al número de puestos de trabajo”. Moyano advierte del incremento “de la brecha de mujeres desempleadas con respecto a los hombres, en las campañas de recolección cuando son malas son las mujeres las que padecen con mayor intensidad la falta de jornales, ya que se tiende a contratar a los hombres quedando marginadas las mujeres”.

Según UGT-Andalucía “sólo el 26% de la población ocupada en estas zonas son mujeres, de las cuales un 4% son empresarias con personas asalariadas, un 37% son empresarias sin personal, un 0.5% forman parte de una cooperativa, un 8% trabajan como ayuda familiar y solo un 50% de este 26% son asalariadas”. Es decir, una tasa de paro casi el doble que la de los hombres, muy pocas son empresarias, sus condiciones laborales son muy precarias, y por lo tanto, sus sueldos también.

A las múltiples discriminaciones que sufren con respecto a los varones, Montserrat Moyano pone especial atención en la Ley de Titularidad Compartida de las Explotaciones Agrarias que se aprobó en octubre de 2011 y “no ha desarrollado ningún reglamento ni ningún aspecto que recoge la mencionada normativa”. Esta ley contempla el acceso a las mujeres a ser titulares junto con sus maridos de la explotación familiar agraria, reconociéndoles derechos (acceso a créditos sin autorización del marido, reconocimiento de su trabajo, asistencia sanitaria por su trabajo, derecho a una pensión de jubilación, etc.) y también obligaciones (cotizar a la seguridad social).

136 MUJERES EN TODA ESPAÑA

Según la presidenta de Fademur-Andalucía, en España actualmente hay 136 mujeres acogidas al régimen de titularidad compartida, son datos del Ministerio a fecha de 25 de junio de 2015, mientras que en nuestra comunidad existen 9 solicitudes que quieren acogerse a la titularidad compartida y que en estos momentos se están tramitando. Con los datos en la mano, la asociación no duda en reclamar “el desarrollo real y efectivo de esta Ley al objeto de que las mujeres no sigan perdiendo sus derechos por falta de compromiso de este gobierno y por la dejadez en sus obligaciones”. La norma recoge que el gobierno a los tres meses de su aprobación debía poner en marcha con las Asociaciones de Mujeres Rurales un programa de difusión y divulgación de la normativa “que tampoco ha desarrollado, de ahí la poca acogida que ha tenido ya que muchas mujeres rurales ni siquiera conocen la existencia de la ley, a pesar del esfuerzo que estamos realizando las asociaciones de mujeres”. El hecho de que las mujeres estén dadas de alta como titulares de las explotaciones repercutirá en el reconocimiento de sus derechos laborales, serán visibles, estarán presentes en las estadísticas, podrán ser elegidas en los órganos de decisión de las cooperativas y supone un paso sustancial en la plena igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito agrario y rural.

Moyano se refiere también al anunció que hizo el Gobierno de España hace un par de semanas para la puesta en marcha de un Plan para la Promoción de las Mujeres Rurales, que, a su juicio, “llega tarde y mal”. “Creemos que, a poco más de dos meses para las elecciones, el Ejecutivo se acuerda de que hay que elaborar un Plan Específico que aún desconocemos porque sabe que las mujeres rurales representamos un nicho de votos importante. Estando de acuerdo en que es necesario, como venimos pidiendo desde el inicio de la legislatura, rechazamos rotundamente las formas y los tiempos en los que el gobierno de Rajoy ha abordado el mismo, ya que es claramente una medida electoralista”. Ante un escenario tan sombrío, hace un llamamiento a todas las Administraciones “a que pongan en marcha incentivos para que las mujeres accedan de verdad a la titularidad compartida de las explotaciones y se realicen campañas informativas para que agricultoras y ganaderas conozcan sus derechos y los beneficios de acceder a una ley que por primera vez reconoce el trabajo de las mujeres rurales y les otorga el 50% de los derechos de la explotación familiar”.