La madre de una chica que se suicidó tras una pelea con su exnovio pide un cambio en la legislación de Chile

Un año después de la muerte de Antonia Garros Hermosilla en casa de su expareja, se siguen pidiendo medidas contra una forma letal de abuso

Piotr Kozak - Santiago 10/02/2018 eldiario.es

magen de archivo de activistas participan en una marcha por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en Santiago (Chile) EFE

La noche del 7 de febrero de 2017, en la ciudad costera de Concepción, en Chile, Antonia Garros Hermosilla visitó a su exnovio, Andrés Larraín Páez, un hombre que supuestamente fue violento con ella a lo largo de una conflictiva relación que duró dos años.

Horas más tarde, la joven de 23 años se arrojó del balcón de la casa de su novio. La policía chilena y el poder judicial concluyeron que fue un suicidio no inducido. La familia cree que la joven fue acosada antes de arrojarse, y hay un testigo que apuntó a que Antonia fue atacada por su novio.

El miércoles se realizarán en Concepción actos para homenajear a Antonia en el primer aniversario de su muerte. Su madre, Consuelo Hermosilla, reclama que se cambie la legislación para castigar a quienes empujen a otra persona al suicidio a través de agresiones físicas o psicológicas en relaciones de pareja que no comparten domicilio.

El proyecto de ley, que remarca que existen leyes similares en países como España, México, Brasil, Colombia, Argentina y el Reino Unido, pide una pena máxima de prisión de cinco años para los culpables.

Hasta ahora, el proyecto no ha conseguido respaldos significativos, pero Consuelo y aquellos que la apoyan esperan que la ley sea impulsada después de que juren los nuevos parlamentarios electos, el mes próximo.

Sin embargo, en un país donde la cultura machista a menudo se traduce en indiferencia hacia la violencia contra las mujeres y donde las denuncias de abuso suelen caer en saco roto, ignoradas por la policía y las autoridades judiciales, parece difícil que se apruebe esta ley.

Un sondeo realizado por el Ministerio del Interior entre diciembre de 2016 y marzo de 2017 estableció que el 38% de las mujeres entre 16 y 65 años aseguraron haber sufrido alguna forma de violencia psicológica, física o sexual. Otro sondeo, llevado a cabo por el Instituto Nacional de la Juventud, concluyó que la mitad de los jóvenes entre 15 y 29 años conocen a alguien que ha experimentado alguna forma de violencia por parte de una pareja en los últimos 12 meses.

El año pasado, la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres registró 67 casos de feminicidios (mujeres asesinadas por ser mujeres) en un país de 18 millones de habitantes.

La investigación de la muerte de Antonia se dio por terminada el 12 de enero cuando un juez de primera instancia concluyó que ninguna otra persona estuvo involucrada y que el suicidio de la joven no había sido inducido, a la vez que remarcó que en Chile la ley no se condena el inducir a otra persona al suicidio. La familia está apelando ese fallo.

La madre de Antonia, que fundó la Fundación Antonia para ofrecer apoyo y asesoramiento a sobrevivientes de abuso, afirmó: "Juro que lo que me quede de vida lo dedicaré a combatir esta brutalidad y enseñarle a la gente a no ignorar la violencia contra las mujeres… y a reclamar justicia por mi hija Antonia."

La filósofa y activista por los derechos de las mujeres Ximena Riffo, del movimiento #NiUnaMenos, aseguró que la legislación propuesta ayudaría a hacer hincapié en el nivel de violencia sistemática contra mujeres y niñas, algo a menudo no reconocido. "Las leyes que tenemos simplemente no protegen a las mujeres, ni en Chile ni en el resto de América Latina", dijo.

Sin embargo, Giorgio Jackson, uno de los diputados que ayudó a redactar el borrador de lo que se conoce como la "Ley Antonia", culpó a la tibia respuesta de los legisladores chilenos respecto de los potenciales desafíos que conllevaría la implementación de la ley.

"Las relaciones son complejas, y muchas veces no se denuncian los abusos. Incluso si se aprueba esta ley y llega un caso así a juicio, sería muy difícil de probar", dijo. "La ley penal se basa en la presunción de inocencia. Cuando el caso se reduzca a la palabra de una persona contra la de otra, y no haya otro tipo de pruebas, ningún juez se va a arriesgar a enviar a alguien a la cárcel si existe alguna duda al respecto."

Pero añadió: "Le enviaría a la población un mensaje simbólico y cultural para estimular formas diferentes de relacionarse, y por supuesto habría campañas de prevención en los medios. Si la ley cambiara, ojalá la policía le prestara mayor atención a este tema".

En noviembre, en memoria de Antonia, la Cámara Baja del Congreso chileno aprobó una resolución para que el 7 de febrero sea denominado Día Nacional por la No Violencia en las Relaciones durante el Noviazgo. La resolución ha quedado pendiente de la aprobación del Senado.