La diputada Irene Montero tiene razón

CRISTINA FALLARÁS 10-11-2018 Público

Leo con estupor las opiniones de muchas de mis colegas considerando injusta la multa al magistrado que responde al pseudónimo El guardabosques de Valsaín, autor del texto De monjas a diputadas, donde afirma sobre la diputada Irene Montero, entre otras bajezas, lo siguiente en un:

La diputada Montero

ex pareja del “coleta”

por una inquieta bragueta

va con Tania al gallinero

Quiero hacer constar las siguientes consideraciones, pese a que creí, inocente de mí, que todo esto ya estaba más que superado:

Irene Montero es una política en ejercicio, o sea que está en el Parlamento en representación de varios millones de ciudadanos y, en este caso, sobre todo ciudadanas. La asnería escrita por el magistrado El guardabosques de Valsaín (qué vergüenza, todo sea dicho, el uso de seudónimo) no se refiere a la acción política de la diputada, ni siquiera a la de su partido, sino a su intimidad. O sea, no se trata de una consideración desafortunada sobre las políticas de Montero, sino sobre su vida íntima. El hombre que lo publica es un magistrado en ejercicio. Dicho magistrado no es que manifieste en privado o públicamente su machismo, sino que lo deja por escrito con el objetivo de difundirlo, y de hecho lo difunde. La difusión se lleva a cabo en la revista de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria. Por lo tanto, en un órgano representativo de un amplio sector del Poder Judicial, que además asume al publicarla el contenido de dicha burrada. La lucha contra el machismo en la sociedad pasa por exigir respeto a la dignidad de las mujeres, de todas las mujeres, cuánto más de una diputada que representa a millones. Una de las armas para luchar contra el machismo, que genera odio y agresiones constantes contra las mujeres y muerte, es la denuncia (en este caso, civil). Tanto es así que desde todas las instituciones públicas se nos ha instado a denunciar cualquier tipo de agresión o ataque. Es así porque la denuncia no solo sirve para evidenciar las agresiones –y esta lo es— sino para crear mecanismos por los que otras mujeres que sufren el mismo tipo de ataques puedan sentirse identificadas y se doten de herramientas para defenderse. No hemos acostumbrado a denunciar en las redes sociales, convirtiéndolas así en una especie de tribunal popular bastardo. Sin embargo, es en los juzgados donde se imparte justicia, y por lo tanto donde se debe poner la denuncia pertinente. Toda agresión contra la dignidad, y toda agresión en general, debe reclamar reparación. La multa supone hoy por hoy el ejemplo más común de reparación. Teniendo en cuenta que el Poder Judicial no se caracteriza precisamente por su feminismo, el hecho de conseguir la reparación reclamada por la diputada Montero no solo es sorprendente sino muy de agradecer en el avance de la lucha contra el machismo. Un representante de un poder público como es el Poder Judicial tiene derecho, qué duda cabe, a la libertad de expresión como cualquier otro ciudadano, a título particular. Cabe preguntarse hasta qué punto y qué vulnera cuando lo hace en un órgano donde se representa la opinión de una importantísima parte de dicha institución pública. Más allá de lo dicho, cualquier expresión machista dirigida a una mujer en concreto es por supuesto digna de denuncia, ya que alimenta (y en este caso difunde) la discriminación y el odio y contribuye al tradicional e histórico deprecio por los derechos de las mujeres, en este caso a la dignidad, entre otros.

Por si todo lo anterior no fuera suficiente o resultara abstracto en exceso, me permito ahora cambiar el sujeto denunciante, como forma de evidenciar algo que en este caso queda, a mi modo de ver, meridianamente claro:

Un juez en ejercicio publica (o sencillamente expresa) un ataque contra un concejal o diputado de cualquier raza que no sea la llamada raza blanca, pongamos negro. Y lo hace no como forma de criticar su acción política, sino como un ataque directamente ligado a su negritud. O sea, se mofa de que es negro.

Más allá de que merecería, no me cabe duda, la condena inmediata y contundente de TODAS las instituciones democráticas (excepto de un partido llamado VOX), en el caso de que el diputado negro interpusiera una demanda civil por racismo recibiría el aplauso general, con la consiguiente alegría si además la ganara. Incluso aquellos que no estuvieran contentos ni de acuerdo, se cuidarían muy mucho de expresarlo públicamente.

Preguntémonos por qué esto no sucede en el caso de las mujeres, y en particular en el caso de las representantes públicas, y más concretamente en el caso de la diputada Montero. Porque la borricada publicada por el magistrado “llamado” El guardabosques de Valsaín no es solo una clara agresión contra su intimidad (insisto, no contra su acción política), sino que supone un acto que contribuye a sostener y fomentar el machismo.

En España, como en otros muchos países democráticos, hemos dotado a la violencia contra las mujeres de una legislación específica como forma de responder a unos delitos específicos, de la misma forma que sucede con el terrorismo. Se trata de asumir que dichas agresiones se producen por el hecho mismo de ser mujer. Esto es así y, en principio, parecía que estaba ampliamente aceptado.

El caso de la diputada Montero ofrece un ejemplo palmario de esto último: No se le ataca por ser diputada, no se le ataca por una decisión o acción política, no se le ataca por pertenecer a un partido estigmatizado en ciertos sectores sociales e institucionales. Se le ataca y se le denigra por el simple hecho de ser mujer. Lo del componente de clase ya lo dejo para otro día, porque al machismo del magistrado que se hace llamar El guardabosques de Valsaín podríamos sumarle un clasismo de manual.

Comprendo que en las filas de la derecha se critique la decisión del Juzgado de Primera Instancia número 38 de Madrid de multar al juez. Habría que ver, no obstante, dónde queda su tan cacareado “respeto por las decisiones judiciales”. Comprendo menos el silencio en las filas socialistas, en las que sí existe un amplio sector que lucha por los derechos de las mujeres. Lo que no comprendo EN ABSOLUTO es que algunas de las voces que claman por la supuesta “libertad de expresión” de un juez contra una diputada procedan de las filas del feminismo.

Y por cierto, la comparación con los raperos Valtonyc o Pablo Hasel es improcedente. El proceso contra estos artistas es PENAL y están condenados a prisión. Además, no son representantes de ninguna institución pública. Además, dicha comparación responde a una falta de entendimiento o a la mala baba.