La crisis ya estaba aquí

Iniciativa Mesoamerica de Defensoras 17-06-2020 Pikara

Defensoras mesoamericanas ante la Covid-19. Cuando el coronavirus llegó a Mesoamérica las defensoras ya estábamos enfrentando las consecuencias de una crisis estructural provocada por un modelo económico y político de herencia colonial que mantiene a nuestra región sumida en la violencia, el saqueo extractivista y una profunda desigualdad que impacta en nuestras vidas, cuerpos y territorios.

Autoría colectiva*

El 13 de abril, Ana Cristina Barahona, integrante de la Red de Mujeres Mesoamericanas en Resistencia, fue detenida por la Policía Nacional Civil de El Salvador cuando se dirigía a conseguir un medicamento para su hijo de tres años que estaba hospitalizado. Pese a que tenía justificación para transitar, la trasladaron a un centro de contención en el que había otras mujeres detenidas. El lugar estaba en condiciones insalubres, no le proporcionaron mascarilla, gel desinfectante ni acceso al medicamento para la diabetes que padece. Más de un mes después, fue liberada.

En El Salvador han sido detenidas al menos 2.424 personas por violar el “Estado de cuarentena” decretado por el Gobierno. La campaña mediática del presidente entregando apoyos económicos a la población provocó admiración internacional e hizo olvidar que solo unos meses atrás el presidente había irrumpido, biblia en mano, con militares armados en el Congreso. Ya en plena pandemia, el Gobierno ha confinado a miles de personas en lugares insalubres, donde se encuentran hacinadas, separadas de sus familias y sin recibir información sobre las pruebas que les realizaron. Muchas son madres, cuyas familias se quedaron completamente desprotegidas.

Lo que pasa en El Salvador no es una situación aislada. En la mayoría de países de Mesoamérica la emergencia sanitaria se convirtió en el pretexto perfecto para que seguir debilitando la democracia, aumentando el autoritarismo y reforzando la militarización. En Honduras, el Gobierno decretó la suspensión de derechos y garantías constitucionales, incluida la libertad de expresión y el derecho a la inviolabilidad del domicilio. En Guatemala se decretó el “cierre total” del país y se impuso el estado de sitio en comunidades especialmente activas en la lucha contra el extractivismo. En México, si bien el Gobierno Federal no ha tenido un enfoque represivo, muchas autoridades locales están aplicando medidas represivas. En Nicaragua, la persecución política no cesa y el Gobierno reprime a quienes contradigan la visión negacionista de la pandemia que ha sostenido desde un inicio.

Cuando el coronavirus llegó a Mesoamérica las defensoras ya estábamos enfrentando las consecuencias de una crisis estructural provocada por un modelo económico y político de herencia colonial que mantiene a nuestra región sumida en la violencia, el saqueo extractivista y una profunda desigualdad que impacta en nuestras vidas, cuerpos y territorios.

La emergencia sanitaria evidenció el colapso de los servicios públicos provocado por las políticas neoliberales que desde hace décadas los saquean, debilitan y privatizan: hospitales desbordados e insalubres, personal de salud -en su mayoría mujeres- sin derechos básicos y víctimas de ataques, etc. Mientras tanto, gobiernos acusados de narcotráfico, como el de Honduras, aprovechan el aumento en el gasto en salud para perpetrar nuevos actos de corrupción.

El confinamiento ha significado más violencia, más pobreza y más explotación para las mujeres y la población vulnerable. Para millones de mujeres que viven al día del trabajo informal -entre ellas vendedoras ambulantes, trabajadoras sexuales, jornaleras, trabajadoras domésticas, etc.- ha sido imposible cumplir con esta medida o se han visto obligadas a perder sus medios de sustento. Otras muchas han seguido migrando para escapar de la pobreza y la violencia, pero se han quedado detenidas y abandonadas en el camino.

Quedarse en casa aumenta la vulnerabilidad de las familias que viven sin acceso al agua y en hacinamiento y ha incrementado, una vez más, la carga de trabajo doméstico y de cuidado de las mujeres. El confinamiento exacerba la violencia doméstica contra mujeres, niños y niñas, y oculta el hecho de que más mujeres estamos muriendo a causa de la violencia feminicida que debido a la Covid-19.

En El Salvador aumentaron 70 por ciento las denuncias por violencia contra las mujeres. En Honduras, durante la pandemi,a se han documentado 83 femicidios y más de 18.000 casos de violencia doméstica. En México, hasta el 13 de abril 100 mujeres habían muerto por el coronavirus, mientras que 367 fueron asesinadas en ese lapso .

En plena emergencia sanitaria los gobiernos están permitiendo a las empresas privadas cometer graves abusos: despido masivo de trabajadores y trabajadoras, negativa de las empresas a detener su actividad obligando a miles a trabajar en condiciones inseguras -realidad especialmente terrible para las mujeres que laboran en maquiladoras-, dejándolas circular información falsa sobre el virus, entre otros. También siguen favoreciendo que la actividad extractiva continúe y se expanda, anteponiendo los intereses económicos a la salud de la población y aprovechando las limitaciones de las comunidades para oponer resistencia.

Nos asesinan, nos detienen y ponen en riesgo, nos agreden por defender los bienes comunes, nos difaman y acosan. Justo ahora, cuando alzar la voz contra las injusticias resulta crucial para la vida, las defensoras mesoamericanas estamos enfrentando nuevas agresiones que se dan en un entorno de mayor aceptación social de las medidas represivas a causa del miedo de la población al virus y presidentes erigiéndose en “salvadores del pueblo”. Del 8 de marzo a la fecha, en la IM-Defensoras hemos emitido 44 alertas, de las cuales 25 están directamente relacionadas con agresiones en el marco de la implementación de las medidas por la Covid-19.

En solo dos meses cuatro compañeras defensoras han sido asesinadas, la mayoría de ellas en México. Karla Camarena, reconocida defensora de los derechos de las comunidades LGBTI; Paulina Gómez Palacios Escudero, defensora del territorio que trabajaba con el Consejo Regional Wixárika; y la periodista María Elena Ferral, las tres en México; e Iris Argentina Álvarez, de la cooperativa campesina Cerro Escondido, en Honduras .

En todos los países de la región enfrentamos abusos policiales que se ensañan con las defensoras por la presencia pública que tenemos en nuestras comunidades y aumenta la vulnerabilidad de las defensoras encarceladas.

En Nicaragua, el 24 de marzo, María Esperanza Sánchez, presa en la cárcel de mujeres por su participación en las manifestaciones de 2018, tuvo bronquitis, un ataque de asma y una crisis de presión alta mientras se encontraba recluida. Le negaron la atención de salud, medicamentos y protección frente al coronavirus. Otras cuatro mujeres se encuentran privadas de libertad por motivos políticos, una de ellas transgénero. Todas presentan enfermedades respiratorias asociadas al riesgo de contagio de la Covid-19.

El 30 de mayo, elementos del Djército y de la Policía Nacional Civil de Guatemala allanaron el hogar de la defensora k’iche’ Manuela Alejandra Pop Tuy, integrante de la Asociación Pro Desarrollo de la Mujer Alanel, y la detuvieron de forma arbitraria. La defensora tiene una hija de 10 años y un bebé en periodo de lactancia que quedaron en situación de desprotección. Su comunidad, Santa Catarina Ixtahuacan, vive un contexto de violencia por su defensa de las tierras comunales, que se ha recrudecido por el aumento de la militarización y el decreto del estado de sitio por parte del Gobierno en el marco de la Covid-19.

El extractivismo no se puso en cuarentena y defender los bienes comunes sigue siendo de las principales causas de riesgo y violencia contra las defensoras.

En Honduras, las comunidades Canaan, el Hatillo y Támara fueron reprimidas por la Policía Nacional con bombas lacrimógenas y tanquetas por realizar una toma pacífica para exigir alimentos y agua para poder enfrentar la cuarentena. Muchas manifestantes eran mujeres. Las organizaciones COPINH y OFRANEH han denunciado que el Gobierno está obstaculizado las medidas de salud que sus comunidades han realizando con éxito para protegerse de la Covid-19 y permitido la violencia de grupos criminales.

Mientras tanto, las redes sociales se llenan de amenazas y campañas de desprestigio contra nosotras, orquestadas por los más altos niveles del poder. Feministas y comunicadoras son continuamente acosadas y agredidas por denunciar las violaciones a derechos humanos por los gobiernos en el contexto de la pandemia.

Además de los ataques directos en nuestra contra, esta crisis sanitaria está restringiendo nuestra acción política y deteriorando nuestras condiciones de vida. Los primeros resultados del mapeo que estamos realizando en la IM-Defensoras nos presentan una realidad sumamente preocupante: muchas compañeras defensoras se están quedando sin alimentos y productos de primera necesidad y, al igual que otras mujeres, estamos confinadas asumiendo cargas extras de trabajo de cuidados y, algunas de nosotras, encerradas con nuestros agresores. La mayoría de nuestras organizaciones han tenido que limitar o suspender las actividades programadas. Las defensoras intentamos mantener nuestras agendas de lucha mientras respondemos a las necesidades urgentes de nuestras comunidades. Recluidas muchas veces en espacios pequeños y sin condiciones, con poco acceso a internet y trabajo extra de cuidados, el nivel de desgaste aumenta. Además, la prohibición de manifestarnos está dejando el espacio libre para los perpetradores de violaciones a los derechos humanos.

Nuestro bienestar emocional, físico y espiritual se deteriora ante un escenario incierto y por los duelos que se multiplican a causa de la pérdida de personas cercanas por la Covid-19. El trabajo virtual si bien nos permite seguir nuestro trabajo no sustituye el imprescindible contacto cara a cara con nuestras compañeras y comunidades de lucha.

Sin embargo, contra este sistema de muerte que nos quiere confinadas y silenciadas las defensoras hemos seguido alzado la voz y poniendo el cuidado de la vida en el centro. Gracias a la sabiduría ancestral de nuestros pueblos y siempre en colectivo, activamos la solidaridad para responder a las necesidades urgentes de nuestras comunidades, fortalecimos la soberanía alimentaria de nuestros territorios, nos cuidamos y apapachamos a la distancia a través de las radios comunitarias y las redes sociales, emprendimos acciones de salud comunitaria que nos están curando. Porque nosotras no renunciamos a la esperanza hoy más que nunca es urgente reconocer y proteger a las defensoras.

* Este texto es una síntesis del reporte ‘La crisis ya estaba aquí’.

* Texto recopilado por Marusia López. Personas que revisaron editaron y/o contribuyeron a este artículo: Lydia Alpizar, Anamaria Hernandez, Teresa Boedo, Margarita Quintanilla, Cecilia Espinoza, Alejandra Burgos, María Martín, Pere Perelló, Juanita Jimenez, Consuelo Mora, Yesica Trinidad, Melissa Cardoza, Fanny Aracely Guerrero, Flor de Maria Melendez, Sandra Torres Pastrana, Enrieth Martínez y Marellyn Somarriba.