La Ley Rhodes avala las retiradas de tutela sin orden judicial como la del caso de Irune Costumero

El 4 agosto se cumplen tres años de la “encerrona” en la que los Servicios Sociales de Bizkaia separaron de su hija a Irune Costumero. El anteproyecto de ley que aborda las violencias contra la infancia da el visto bueno a esta práctica que varias organizaciones piden revisar.

Sara Plaza Casares - Patricia Reguero 4 ago 2020 El salto

El 4 de agosto de 2017, los Servicios Sociales de la Diputación foral de Bizkaia apartaban a Irune Costumero de su hija de cinco años para asignarse su tutela. Ese día las citaban en el Servicio de Infancia en lo que Irune considera “una encerrona”. Hoy, con tres autos de imputación en contra de la actuación de la administración —en los que se habla de posible prevaricación—, la menor continúa lejos de su madre. Una madre que ha iniciado una batalla judicial para oponerse a la orden foral que la obliga a estar apartada de su hija, más allá de fugaces encuentros en un punto determinado y que le leyeron por sorpresa aquel día.

“Me dijeron que me metiera en una sala y la niña se iba con ellos. Yo dije que no. Cogieron a mi hija en volandas y se la llevaron a una sala. Me empezaron a leer la orden foral por la que me apartaban de ella cuando mi madre —que estaba fuera— me avisó de que se la llevaban. Salí de la habitación, me cerraron puertas. Oí a mi hija llamándome y no conseguí volverla a ver”, resume.

A Costumero la acusaban de “instrumentalización en conflicto de las figuras parentales”. “Me han aplicado el Síndrome de Alienación Parental (SAP) en estado puro”. Este controvertido síndrome es considerado una “teoría pseudocientífica” por el Consejo General del Poder Judicial, organismo que desaconseja su utilización en los juzgados. Pero a Costumero le cayó encima con toda la fuerza. Tanta que ha tenido que aceptar una intervención psicológica, social y educativa para “curarse”. “Yo me tengo que curar porque la estoy instrumentalizando. Es una terapia de amenaza, que también hacen con mi hija. Mi hija va a una psicóloga que la obliga a querer a su padre”.

Asegura que en su caso se ha activado “toda la maquinaria del patriarcado” que ha dado la vuelta a una situación de violencia machista. “Mi hija tiene tres aperturas de protocolo de maltrato del hospital de Cruces inflingido por su padre. Yo sufrí un episodio de malos tratos por su parte del que salió absuelto. Me fui de casa con la niña a casa de mis padres y cuando la pequeña tenía tan solo 17 meses vino y la secuestró. Estuve tres meses sin saber de mi hija”, explica. Tras esto, hubo un juicio en el que les impusieron una custodia compartida. “Nos pusieron un punto de encuentro semanal en Barakaldo. Me la tenían que quitar de los brazos para que fuese con su padre. Esto fue in crescendo. La niña iba haciéndose más mayor, contaba cosas, tenía muchas pesadillas y gritaba ‘¡con aita no, con aita no!’. La llevé a una psicóloga infantil que determinó que tenía ansiedad a la separación de la madre. Con tres años empezó a relatar los episodios de malos tratos”, cuenta Irune.

“Estuvo 17 meses sin entrar al punto de encuentro. Yo iba y era imposible que entrase. Y él me denunciaba. Y con todas estas denuncias me llevaron a juicio. Aunque tiene los partes de apertura de maltrato, un informe de la pediatra de posible maltrato, los informes del hospital… la jueza remite todo a la Diputación sabiendo que aquello iba a desembocar en el arrancamiento”. Y así fue. Cuando el caso cayó en servicios sociales, se le aplicó el instrumento de desprotección de la infancia BALORA [el test que utilizan los Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma Vasca para la valoración de la gravedad de las situaciones de riesgo y desamparo], donde uno de cuyos ítems es “instrumentalización en conflicto”. Y, basándose en esto, perdió su custodia en manos de la administración, quien hoy ejerce como tutora mientras que el padre posee el derecho a la estancia.

“La Diputación ha pasado por encima de la custodia compartida determinada por un juzgado, una sentencia firme. Ha hecho lo que ha querido. Fiscalía ha emitido un informe diciendo que la Diputación no es quien para pasar por encima de una sentencia de divorcio. He denunciado por la vía penal. Va a hacer tres años de que me quitaran a mi hija y aún no hemos tenido un juicio, habiendo una menor sufriendo. Tenemos partes de forenses que lo demuestran. Mira lo que ha contado la cría y mira en qué ha desembocado”, se queja Costumero.

UNA LEY CON VACÍOS

La retirada de custodias por parte de Servicios Sociales es una práctica que se lleva cabo gracias a la ley que permite que la Administración pueda dictar resoluciones de retirada de tutelas son la intervención de un juez. Una práctica contra la que algunas organizaciones piden actuar. Sin embargo, lejos de caminar en esa dirección, la legislación parece encaminada a ahondar en ella. Es la lectura que se extrae del texto del Proyecto de Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, un texto que en junio de este año recibió el visto bueno del Consejo de Ministros y que se encuentra en periodo de enmiendas.

Estrela Gómez, presidenta de la Asociación Galega contra o Maltrato a Menores (Agamme), observa algunos vacíos. “El borrador confiere a los Servicios Sociales carácter de agente de la autoridad y les da cancha libre para actuar, sin atarse a exigencias formales, en situaciones de urgencia”, explica. Según Gómez, los profesionales de los Servicios Sociales poseen un perfil profesional no específico en asuntos relacionados con infancia y maltrato infantil “lo cual ya hace peligroso aumentar sus potestades”. “Pero, además, al permitirle actuar libremente en situaciones de urgencia, un concepto que no se define en la ley, genera una situación en la que potencialmente se podrían vulnerar derechos de los niños y niñas objeto de intervención; especialmente nos preocupa que permita generalizar la aplicación de la terapia de la amenaza”, reflexiona.

Gómez recuerda que el Valedor do Pobo ya llamó la atención sobre este hecho hace unos años en Galiza, y cree que esta situación es extrapolable al resto de comunidades. Así, el hecho de que ciertas decisiones como, por ejemplo, entrar en una casa para entregar la tutela de un niño o niña al sistema de protección de menores, no tengan que pasar por la firma de un juez o jueza supondría un riesgo de vulneración de derechos según la presidenta de Agamme. Tal y como está el texto en este momento, en situación de urgencia pueden actuar, luego tendrían que informar y posteriormente el juez resolvería, “pero ese plazo intermedio en el que interviene el sistema puede ser terriblemente dañino para cualquier niño o niña”.

“Por otra parte sabemos que es muy complicado deshacer pasos ya andados por lo que es probable que las decisiones que toma la Administración se conviertan en una situación definitiva, y que, de hecho, la justificación que ese primer servicio se reproduzca una y otra vez en los sucesivos informes, autos, sentencias de los distintos organismos... que entran en juego. Por lo tanto, se estaría entregando decisiones cruciales que afectan de forma radical a la vida de niños y niñas víctimas a un servicio no especializado”, explica.

Ante la objeción de que, de hecho, los Servicios Sociales ya pueden actuar así como ocurrió en el caso de Irune Costumero, Gómez responde que, al quedar reconocida por ley ese rango de autoridad, se normalizaría esta práctica.

“En esta ley vemos varias brechas que permitirían la aplicación encubierta del SAP, o la acentuación de la vulnerabilidad de madres y sus hijos e hijas ante esta práctica. La modificación del estatus de los servicios sociales sería una”, advierte Gómez, que señala otros aspectos peligrosos a su juicio: la modificación del delito de sustracción de menores y la creación de los coordinadores de parentalidad, como explicaba hace unas semanas a este medio.

SIN LA CUSTODIA DE SU RECIÉN NACIDO

Mila Varela perdió la custodia de su hijo nada más nacer en el Hospital General de Valencia el pasado 11 de marzo de 2020. Denuncia que, tras el parto, la Administración valenciana la separó del niño y el personal médico utilizó sedantes para ello, llegando a atarla en la cama del hospital. Recuerda aquel día como una pesadilla. Y no duda de que lo que le ha pasado no es un caso aislado y, durante su pelea, ha conocido a más madres en situaciones similares.

“Tengo una discapacidad reconocida, TLP, es un trastorno borderline, y suspendí la medicación antes del embarazo. Yo estaba supersensible durante el embarazo, todo me afectaba mucho”, relata Mila. “Tuve muchos controles, al final del embarazo tuve que ir cada semana. En el momento en el que alguien activa una alarma en servicios sociales hay una red detrás nuestra que nos controla, aún sin saberlo y se pone a trabajar. En mi caso dio la alarma una matrona, a la que no caí bien desde el primer momento, que se coordinó con los trabajadores de servicios sociales”, relata.

Mila atesora una carpeta de informes, que comparte con El Salto, en los que destaca algunas imprecisiones e informaciones que en ocasiones se contradicen. Uno de los documentos, firmado por la sección de menores de la Generalitat Valenciana afirma que no llevó un control correcto del embarazo, mientras otro documento, elaborado por el hospital, reconoce que el seguimiento había sido el adecuado. “También me acusan de haber dado positivo en benzodiacepinas en el parto, medicamento que ellos mismos me administraron”, asegura. Por su parte, la Dirección Territorial de Igualdad y Políticas Inclusivas de Valencia basa el desamparo del menor en la no existencia de un domicilio apto y la carencia de un compromiso de intervención con Salud Mental de la madre una vez se diera el retorno. Extremos que ambos progenitores rechazan por lo que presentaron alegaciones el pasado 8 de julio.

“He leído muchas resoluciones de desamparo y no he visto ninguna en la que se expliquen claramente los motivos, hablan de subjetividades y ambigüedades, y no adjuntan informes”, lamenta Jesús Salido, miembro fundador de Aprodeme. Esta asociación, fundada para defender a las familias afectadas por decisiones de la Administración en materia de menores, conoce de primera mano un millar de casos. Y el teléfono no para de sonar, dice Jesús Salido.

“El desamparo supone la tutela automática por parte de la administración y la suspensión de la patria potestad, con lo que a los padres ni les comunican ni les informan si no quieren”, explica. Además, si en dos años la familia no ha tomado acciones judiciales, la Ley 26/2015 de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia posibilita que una vez transcurridos dos años, si es resolución de desamparo no se ha revertido, puede darse en adopción sin consultar a la familia biológica. A esto se suma, dice Salido, que muchas veces las familias no conocen las formas ni los plazos en los que debe presentar esas alegaciones.

Para Aprodeme, la Ley Rhodes es “más de lo mismo” y, por eso, presentarán algunas propuestas para que el texto aborde situaciones como las que conocen en la asociación. La propuesta principal, explican, es que las retiradas y los desamparados no se hagan por vía administrativa sino que tenga que ser por una resolución judicial. El documento de la organización que recoge sus propuestas llama la atención sobre el hecho de que el sistema de protección a la infanciaotorga a la Administración ordinaria poder para separar a un niño de su familia sin orden de un juez, mientras que sí se necesita un juez para revertir el proceso.

Además proponen, entre otras medidas, que las comunicaciones se hagan por escrito y que las personas afectadas tengan acceso a todo el expediente y a toda la información desde el primer momento. “Parecen cosas muy obvias, pero vemos que no se está haciendo”, justifica Salido. El documento con sus propuestas detalla otra muchas en torno a tres ejes: mejoras en el ámbito normativo —donde la propuestas principal es que se traslade al ámbito judicial la decisión sobre el desamparo—, mejoras en el reglamento de actuación —donde piden grabar las entrevistas con los técnicos, complementar los expedientes con informes de otros profesionales y otras serie de medidas dirigidas a hacer informes más rigurosos— y mejoras en el funcionamiento diario de la Administración responsable —mayor flexibilidad en los horarios y transparencia en la adjudicación de los servicios, entre otras—.

Aprodeme señala otro aspecto que consideran problemático y al que nueva ley da continuidad: la colaboración público-privada. Para Salido, “uno de los mayores males del sistema de protección de menores es la privatización” ya que, argumenta, muchos centros son entidades privadas cuyo negocio es que existan niños y niñas tutelados en sus dependencias.

Un aspecto que señala también Mila. “No protegen al bebé, ellos lo que hacen es cobrar un sueldo haciendo esto. Si ellos no tienen menores que desamparar, no tienen nada que hacer. La familia de acogida, con la que está mi bebé, está cobrando también por tenerle. Y hay muchos otros niños que caen en centros, que están abiertos porque hay niños, si no hubiera niños los profesionales que trabajan ahí no cobrarían. Por eso se sigue haciendo. Hay gente que vive de esto”.

SOLO UN 9% VUELVE CON SU FAMILIA

El número de menores tutelados por la Administración y atendidos por el sistema de protección a la infancia en 2018 —último año del que hay datos disponibles— fue de 40.828. De ellos, 19.545 —un 48%— están en familias de acogida y los restantes 21.283, es decir, algo más de un 52%, viven en centros residenciales. Pese a que la reintegración familiar es la opción que debe perseguir la administración, solo un modalidad el 9,2 % de los niños y adolescentes tutelados que salieron de los centros de menores en 2018 en España lo hicieron para volver con sus familias según datos difundidos en enero de este año por Aldeas Infantiles. Es decir, solo 1.774 de los 19.051 chicos que salieron de los centros de menores en 2018, lo hicieron para regresar con sus familias, un 9,2 % del total.

Najat es una de esas madres que sí ha logrado recuperar a su hijo. Lo hizo a los tres meses y medio, tras varias manifestaciones y una gran presión popular, cuenta. Esta madre lleva investigando sobre la materia desde que en 2018 los Servicios Sociales de Cádiz le retiraran la custodia de su bebé con tan solo 10 meses. Desde entonces, asesora a madres que se encuentran en la misma situación y se ha convertido en un ejemplo de que la presión popular funciona.

“Servicios Sociales recibe subvenciones de hasta 9.000 euros de Bruselas por cada niño en falso desamparo y la familia de acogida también recibe subvenciones; hay un tráfico camuflado y como te toque el ajo, te ha tocado”, se queja.

La pesadilla de Najat comenzó un día que su hijo amaneció enfermo. “Mi padre, que es médico, me dijo que parecía que tenía anemia y que le llevara al médico para que le hicieran una analítica. Cuando llegamos, el pediatra empezó a decirnos que qué pasaba con el niño, que por qué no le habíamos llevado a las revisiones. Yo le dije que mi padre es médico y que él le daba seguimiento. Insistí con la analítica y cuando accedieron no le podían coger la vena. Le destrozaron la mano, hubo negligencias”, relata Najat. Tras esto, una médica les informó de que iban a llamar a Servicios Sociales. “Y ahí empezó mi pesadilla”.

El menor fue trasladado hasta el Hospital de Cádiz, donde fue diagnosticado de anemia megaloplástica por falta de vitamina B12. Fue ingresado en la UCI. Najat cuenta cómo, durante el ingreso, le empezaron a dar leche de fórmula pese a que era aún lactante, e intentaban restringir el contacto entre la madre y el menor. “Los Servicios Sociales inician un protocolo mientras estamos en el hospital. Nos decían que teníamos que reunirnos con ellos, pero yo me negaba a separarme de mi hijo. Cuando me interrogaron me empezaron a leer una serie de cosas extrañas. Empezaron a decir que mi hijo tenía piojos. Me decían cosas que no eran reales. Finalmente me dijo la pediatra que Servicios Sociales se iban a llevar a mi hijo, que ella era amiga del juez y del fiscal de menores. Era como una película de terror”, relata.

Finalmente, el menor fue entregado a una cuñada del marido de Najat, quien lo tuvo en acogida, hasta que, tras una lucha de tres meses, el bebé volvió a su hogar. “Están destrozando familias e infancias. Yo estoy entregada a la causa y colaboro con las madres. Hay muchos casos, he visto hasta que arrebatan a un hijo porque la madre es vegana. Con mi caso he abierto la vía judicial y ya estoy ya en el Supremo. No voy a parar hasta que se haga justicia”, avisa esta madre.

La situación de Najat es una de las que resultan conocidas a Consuelo García de Cid, escritora e investigadora. En su libro Las desterradas hijas de Eva, García de Cid dio cuenta del maltrato que sufrieron las mujeres que quedaron al cargo del Patronato de la Mujer durante el régimen franquista. Tras publicar este libro, conoció casos de mujeres a quienes les habían retirado las custodias de sus hijos. “Yo no tenía ni idea de esto y no sabía por qué venían a mí”, dice. Entonces, se puso a trabajar y de esta investigación surge El desmadre de los Servicios Sociales, un libro que le costó una denuncia por calumnias de un juez de Tarragona.

“El problema no es solo económico sino que existe un patrón moral que es el de imponer el viejo modelo de familia y cuestionar a las madres por todo”, dice la escritora Consuelo García de Cid

“Se están retirando custodias con informes falsos y manipulados”, mantiene. “Se alertan retiradas en los colegios, en la sanidad… y una vez que se llama a Servicios Sociales se crea un bucle que puede terminar con la retirada de un hijo”, dice García del Cid. “Le hacen un striptease físico a las madres: se las cuestiona como personas, madres, esposas… en esos casos sí interviene un juez, pero en las retiradas de tutelas sin más, se puede retirar un hijo sin una orden judicial”, argumenta. Por eso, es dura con el texto de la Ley Rhodes, a la que se refiere como “Ley Herodes”, que “certifica” el funcionamiento de un sistema que se ceba con las madres. “¿Cómo se supone que se van a defender”, se pregunta.

El sistema, dice se vuelve en contra de las madres mientras que beneficia a las organizaciones que gestionan servicios de atención a niños y niñas tutelados por los que la administración paga entre 3.000 a 9.000 euros, según Del Cid. “Pero el problema no es solo económico sino que existe un patrón moral que es el de imponer el viejo modelo de familia y cuestionar a las madres por todo”, mantiene. Un patrón que hunde sus raíces en los años previos a la democracia. “El Patronato de Protección a la Mujer que yo denuncio desaparece en 1975, el mismo año y mes que cambia la Ley del Menor”, argumenta: “Están haciendo lo mismo y es legal”.