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La Generalitat envía a maltratadas a pisos en mal estado en barrios conflictivos

Lunes 3 de julio de 2017

La falta de una red de viviendas para víctimas les obliga a buscar refugio con sus hijos en casas de familiares o amigas

Juan Antonio Marrahi 29-06-2017 Las Provincias

En el centro están seis meses, con posible prórroga de otros seis. Se les anuncia desde el primer momento que la estancia es temporal». Después «suelen irse si consiguen una ayuda pública para alquiler. Sin embargo, cuando excepcionalmente se concede una vivienda social a una mujer víctima de violencia de género, esta suele estar sin amueblar, en zonas conflictivas o con dificultades de transporte».

Esta una de las realidades más sangrantes que el Síndic de Greuges ha constatatado en su minucioso informe de más de 200 páginas en el que revela la descoordinación y falta de recursos para una asistencia adecuada a víctimas de violencia de Género en la Comunitat. La crítica procede de las entrevistas mantenidas con responsables de centros y profesionales que viven de cerca la realidad de estas mujeres.

Y la conclusión es clara. El sistema, «que como tal no existe», hace aguas a la hora de proporcionar un techo adecuado para las afectadas. Los problemas en esta materia ya se apreciaban en la anterior legislatura, pero los técnicos del Síndic consultados no aprecian mejoras con el nuevo gobierno autonómico.

Para la fiscal de violencia de género Susana Gisbert «la vivienda es clave para salir del maltrato». Está convencida de que las denuncias de casos «aumentarían si a las víctimas se les proporcionara un horizonte de techo digno y seguro para ellas y sus hijos». Pero la realidad no es esa. Hasta tal punto que el Síndic reclama a la Conselleria de Vivienda «que las casas destinadas a víctimas tengan las condiciones de entorno y habitabilidad que garanticen la integración y seguridad de ellas y de sus hijos». Además, algunas de estas viviendas están lejos de colegios o de centros de salud.

Basta el ejemplo de Sofía (nombre figurado para preservar su intimidad). Después de pasar un tiempo en un centro de emergencia para víctimas en Alicante se le adjudicó hace dos años una vivienda social. Pero estaba «destrozada y en la zona de las Mil Viviendas», indican desde el Síndic, un barrio especialmente conflictivo de la ciudad.

Las usuarias de centros consultadas para el estudio consideran que la ayuda para la búsqueda de empleo y vivienda, «aspectos prioritarios para ellas», es «insuficiente». Y el Síndic plantea hasta una decena de necesidades y carencias en los auxilios residenciales de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, en manos de Mónica Oltra.

No hay centros de emergencia para víctimas en Valencia ni Castellón. Falta una red de viviendas tuteladas «integrada en la red asistencial pública». Conviene revisar el número de plazas de las residencias que acogen a víctimas de malos tratos al entender los técnicos del Síndic que se producen «excesos», cuando lo ideal sería «que convivieran a lo sumo dos unidades familiares».

La realidad es que en un mismo espacio pueden estar cohabitando, por ejemplo, tres mujeres sin hijos y cinco más con sus respectivos niños. En otros, se juntan mujeres con adiccciones que conviven con otras víctimas sin estas patologías. Y se han producido casos de conflictos, enfrentamientos o inseguridad. La institución bajo el mando de José Cholbi urge «una asistencia residencial mucho más personalizada y ajustada a cada perfil».

El tercer escalafón del auxilio residencial para víctimas es el de las viviendas sociales bajo gestión del EIGE (Entidad de Infraestructuras de la Generalitat). Es en estos inmuebles donde se detectan los problemas de habitabilidad o barriadas inadecuadas. Al problema de la calidad, se suma el de la cantidad. Son escasísimas las que se adjudican. En teoría, las víctimas de violencia de género tienen acceso preferencial a estos alquileres baratos. Pero ni con esas. Muchas se hartan de esperar y acaban buscando refugio en casas de familiares o amigas.

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