Honduras: la violencia contra las mujeres en un país en resistencia

Red de Hondureñas Migradas-REDHMI 07-06-2019 Público

Manifestación en Tegucigalpa (Honduras) por la defensa de la salud y la educación pública. Foto: Gaspar Rodríguez.

A propósito de la situación de nuestra compatriota hondureña que acudió a la Policía de Xirivella (Valencia) para denunciar las agresiones de un hombre y terminó siendo detenida ella con una orden de deportación, desde la Red Hondureñas Migradas (REDHMI) nos solidarizamos con nuestra hermana y denunciamos la forma de proceder de la policía de Xirivella. También les recordamos que su obligación es proteger a las víctimas que huyen de las violencias y el terror.

El caso de nuestra compatriota no es un caso aislado, ella es solo una de muchas mujeres migrantes que se ven forzadas a huir debido a la actual crisis humanitaria en Honduras. Emprenden el camino hacia el autoexilio para salvaguardar sus propias vidas, en busca de una vida digna para ellas y sus familias debido a las diferentes formas de violencia que nos atraviesan: violencia callejera, violencia institucional y violencia económica.

Violencia callejera, que no solo se traduce en la delincuencia generalizada, sino también en las maras y pandillas que operan en diferentes zonas del país con la complicidad de las fuerzas de seguridad; se encargan de sembrar el terror en la población realizando actos de extorsión, hurtos, secuestros y asesinatos, entre un sin fin de otros delitos, funcionando como auténticos grupos de crimen organizado, arraigados mayoritariamente a las periferias y los barrios más empobrecidos.

Violencia institucional, producto de la corrupción y el saqueo de las arcas públicas por parte de la clase política, la ausencia de un estado de derecho, un sistema judicial putrefacto y controlado por el régimen, las relaciones entre la clase política y las instituciones con el crimen organizado, y el poder de las transnacionales que despojan y explotan nuestros cuerpos y territorios. Todo ello con la protección y apoyo de unas fuerzas de seguridad, actualmente militarizadas, que en ocasiones trabajan como escuadrones de muerte cuyo único propósito es salvaguardar los intereses de los poderosos.

Cabe destacar el papel importante que juega el intervencionismo de Estados Unidos a través del modelo neoliberal y sus prácticas dañinas en la región, brindando su apoyo incondicional a regímenes corruptos, antidemocráticos e ilegítimos, como el del actual dictador Juan Orlando Hernández, reelegido de forma fraudulenta e inconstitucional, ya que la propia Constitución penaliza la reelección en su artículo 41. Un presidente bajo fuertes sospechas de nexos con el narcotráfico y lavado de dinero, como prueba el arresto en 2018 de su hermano Juan Antonio “Tony” Hernández, quien está siendo acusado en Estados Unidos por narcotráfico y delitos relacionados con armas, uniéndose así a una larga lista de figuras públicas y funcionarios que han sido extraditados a dicho país. Una evidente narcopolítica que ha secuestrado las instituciones, reconocida como “la narco-dictadura de JOH”.

Violencia económica, la cual es generada por la desigualdad y pobreza extrema, donde Honduras según el último informe de la FOSDEH (Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras), es el país más pobre de la región, con casi el 70% de la población en situación de pobreza y un 40% en extrema pobreza (menos de 1,90 dólares al día), según el Banco Mundial en Honduras. Un país donde la falta de oportunidades, el encarecimiento de la canasta básica, la energía eléctrica y el agua potable, el desabastecimiento de medicamentos y el déficit de atención en los hospitales públicos y la privatización de la educación, entre otros factores negativos, hacen imposible la supervivencia, obligando a sus habitantes a migrar en éxodos masivos, por tierra y aire. Solo a los aeropuertos de España a diario llegan alrededor de 50 personas hondureñas, de las cuales casi el 80% son mujeres.

En el caso de las mujeres debemos sumar, además de las violencias antes mencionadas, las violencias machistas que perviven en una sociedad patriarcal, ultraconservadora, clasista y racista, cuyo gobierno fallido es arropado y protegido por los fundamentalistas religiosos tanto católicos como evangélicos y pentecostales. En este contexto hostil para la libertad de las mujeres, encontramos una vez más a Honduras en lo alto del ránking en cuanto a las tasas de feminicidios y violencia sexual. En cuanto a la situación de las defensoras y activistas de los derechos sexuales y reproductivos, así como del medio ambiente y los territorios, es todavía más desoladora, sufriendo constante criminalización y persecución, y en el peor de los casos, su muerte, como sucedió con la defensora indígena, Berta Cáceres.

Toda esta crisis política, social y económica que se ha venido arrastrando desde el golpe de estado del 2009, ha desembocado en un empeoramiento de las condiciones de vida del pueblo hondureño y una vulneración constante de sus derechos humanos, lo cual hace que el flujo migratorio, representado mayoritariamente por mujeres, se intensifique y no cese.

A pesar de este panorama tan desolador y de la represión de la protesta, los movimientos sociales resisten y siguen saliendo a las calles. Lo llevan haciendo las últimas tres semanas. Curiosamente, estas movilizaciones apenas han tenido repercusión en los medios de comunicación internacionales, un apagón informativo al que ya nos tienen acostumbradas.

La plataforma en defensa de la salud y la educación ha hecho un llamado a la movilización en defensa de la educación y la sanidad pública. Médicos, maestros, enfermeras, estudiantes de secundaria, universitarios y dirigentes políticos, unieron fuerzas y convocaron un paro nacional que dio comienzo el pasado jueves para luchar contra la privatización de la salud y la educación pública que el gobierno de Juan Orlando Hernández. Pretendía llevar a cabo mediante su Ley de Reestructuración y Transformación de la Salud y Educación, pero las masivas manifestaciones y la huelga de labores de los médicos y profesores han forzado al Ejecutivo dar un paso atrás y derogar ambos decretos en la noche del domingo.

Ante la desconfianza de dichos sectores con el actuar del gobierno, se decidió mantener el paro y las movilizaciones en todo el país, las cuales han sido fuertemente reprimidas y criminalizadas. El martes la plataforma convocante comunicó su decisión de poner fin al paro de labores y asistir a la mesa de diálogo ofrecida por el gobierno. Estaremos pendientes y seguiremos de cerca los acuerdos a los que puedan llegar, aunque somos realistas, de un gobierno autoritario e ilegítimo no podemos esperar nada bueno ni debemos dar credibilidad a sus promesas. De lo que estamos seguras es de que al pueblo solo lo salva el pueblo.

La Red Hondureñas Migradas (REDHMI) es un colectivo feminista y antirracista que teje redes con otras asociaciones y organizaciones feministas y colectivos migrantes en el Estado español y en Honduras. Su propósito es el empoderamiento de las mujeres migrantes hondureñas, la lucha por sus derechos sociales y políticos, y la creación de espacios seguros de autocuidado y apoyo.