Francisco Serrano sale a cazar

Francisco Serrano pone sospecha y desconfianza en quienes deben velar por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias

En esta caza de brujas no se salva nadie, de eso se trata cuando el objetivo es sembrar el miedo e intimidar

Violeta Assiego 22/02/2019 eldiario.es

Vox pide los nombres de los empleados de las unidades de Violencia de Género EFE

Perseguir a alguien por sus ideas está prohibido en nuestro país porque la libertad ideológica es uno de esos pilares fundamentales de nuestra democracia, algo que recoge la Constitución en su artículo 16. Pero si, además, el motivo que da pie a esa persecución y purga (la falsa “ideología de género”) es un invento proyectado desde una ideología ultra y totalitaria, estamos ante un posible delito de odio por motivos ideológicos, algo que está tipificado en nuestro Código Penal.

Desacreditar y despreciar de forma sistemática, como hace Francisco Serrano, a quienes luchan contra la violencia de género es, sencillamente, incitar, atacar y perseguir de forma sistemática, injustificada e injustificable a quien, desde un organismo, organización o entidad, está prestando un servicio recogido y estipulado en nuestras leyes y en la normativa internacional que España ha de respetar. Teñir de sospecha la labor profesional de quienes se dedican a informar, asesorar y acompañar a las mujeres no ha sido suficiente para el juez condenado por prevaricación y líder andaluz de Vox. Ahora, su propuesta es que el Parlamento andaluz recabe los nombres y apellidos de todos los trabajadores de las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género, de los equipos psicosociales de los juzgados de Familia y de los equipos de Menores de la región que evalúan el riesgo que sufren las mujeres víctimas de violencia machista. Su objetivo es ver si están colegiados, capacitados e ideologizados. Más allá de que se esta extralimitando en su función, justifica la necesidad en unas supuestas denuncias que de haberse hecho (a ver si van a ser falsas, Sr. Serrano) deberían tramitarse en los organismos destinados a tal efecto. No es competencia suya pedir al Parlamento que escudriñe sin motivo objetivo y de forma indiscriminada y arbitraria la labor profesional de todas aquellas personas que trabajan en el ámbito de la violencia machista.

La gravedad de las palabras del Sr. Serrano no debería pasarse por alto. Su conducta no es excepcional, no es la primera vez que se salta una norma para hacer lo que él cree que se debe hacer. Su discurso es un hostigamiento continuo y permanente a las mujeres y a otros colectivos cuyos derechos se ven vulnerados por quienes, como él, tienen ideas sesgadas por los prejuicios, la intolerancia y el rencor. Hace muchos meses que dejó de ser un secreto a voces que Francisco Serrano odia a las feministas, nos tacha de mentirosas y manipuladoras y si nos organizamos nos llama kale borroka. Su grado de misoginia, más allá de insultante, empieza a invalidarle como representante asalariado del erario publico. Empieza a no dilucidar lo que es constitucional de lo que no. Y ahora, al igual que cuando ejercía de juez y se le inhabilitó, sus propuestas deben respetar el marco constitucional y legal que protege la intimidad, integridad y los derechos, también laborales, de los profesionales a las que ahora el quiere escrutar para ‘cazar’.

Francisco Serrano pone sospecha y desconfianza en quienes deben velar por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias. Alguien en la Fiscalía (que se supone que nos defiende a todas y todos) y en el Parlamento andaluz (representante de todos los votantes) debería investigar y valorar si esta conducta es un supuesto caso de reincidencia por parte del juez. Usar las instituciones públicas para hostigar, intimidar y poner barreras a quienes (bajo el amparo de la ley) atienden a las mujeres víctimas de violencia de género es motivo más que suficiente como para valorar si su grado de competencia y habilidad está a la altura de su función de representante público. Porque más allá de que prospere o no la iniciativa que el Sr. Serrano ha lanzado hoy, sus palabras, desde donde las hace y con el nivel de repercusión pública que tienen, van a hacer que más de un profesional se ‘autocensure’, baje la calidad de sus informes y se retraiga de realizar intervenciones que puedan suponerle un conflicto con el supuesto maltratador de la mujer.

Deberían, por este motivo, posicionarse públicamente los colegios de médicos, psicólogos y trabajadores sociales cuyos profesionales están siendo cuestionados, desprestigiados y criminalizados a ojos de la sociedad. En esta caza de brujas no se salva nadie, de eso se trata cuando el objetivo es sembrar el miedo e intimidar. Un perfil muy parecido al de esos maltratadores sobre los que tienen que informar los profesionales cuyos datos el Sr. Serrano quiere chequear.

Más allá de la efectividad política de su propuesta lo que pretende el Sr. Serrano (y su partido Vox) es infiltrar su discurso negativo en la opinión pública. En este caso concreto, y sin denuncias públicas de por medio que avalen sus afirmaciones, quiere amedrentar a quienes en el día a día tienen que hacer su trabajo en materia de violencia de género. El ruido que genera Vox está perfectamente estudiado como para, tarde o temprano, silenciar y deslegitimar las voces críticas. Por eso, es imprescindible que no se pierda más tiempo en actuar desde los mecanismos de control que ofrecen los distintos estamentos del Estado de Derecho.

Lo de estos señores no es ninguna broma, precisamente ayer Amnistía Internacional publicó un informe sobre cómo en distintos países de nuestro entorno se están restringiendo los derechos de las personas y miembros de la sociedad civil usando justificaciones draconianas que van desde la seguridad nacional hasta la necesidad de proteger a la infancia, la identidad nacional, los valores y moral tradicionales, las creencias religiosas, e incluso el desarrollo económico. Lo de Vox no es un caso aislado, como tampoco lo es lo de saltarse las leyes. De hecho, el Sr. Juez lo ha hecho ya una vez.