Francia se suma a la penalización de la prostitución con multas al cliente

Sanciones de 1.500 a 3.700 euros para quienes soliciten sexo a cambio de dinero

Rafael Poch. París La Vanguardia 08-04-2016

Tras dos años y medio de debate y polémica, Francia ha dado un paso importante en la lucha contra el comercio de los cuerpos y el tráfico de mujeres. Las prostitutas dejan de ser consideradas como delincuentes, acercándose a la condición de víctimas, en virtud de la ley sobre la lucha contra el sistema de prostitución, aprobada ayer por la Asamblea Nacional. Respecto a los clientes, se arriesgan a perder el anonimato y a ser penalizados con multas cuando recurran a una relación sexual sobre bases comerciales.

En su artículo 16, la ley establece multas de 1.500 euros para los clientes que “soliciten, acepten u obtengan relaciones sexuales a cambio de una remuneración”. En caso de reincidencia, la multa asciende a 3.750 euros e incluye la posibilidad de ser fichado. En caso de que la relación sexual-comercial sea con una o un menor de edad, o con una persona particularmente vulnerable en razón de embarazo o enfermedad, la multa asciende a 45.000 euros y el delito puede merecer hasta tres años de cárcel.

Por diferentes motivos, la crítica a esta penalización ha unido a algunas asociaciones de prostitutas con sindicatos policiales y portavoces de la magistratura. Las primeras sugieren que su práctica se hará más difícil y clandestina. Los policías argumentan que en las actuales condiciones del estado de emergencia por riesgo terrorista, los agentes no van a poder vigilar ese ámbito como requiere la ley. Por su parte, los magistrados apuntan que, dada la penuria de medios que el Ministerio de Justicia conoce, aprobar esta ley sin previa dotación de medios económicos complica su puesta en práctica. Entre los críticos, un grupo de intelectuales publicó el año pasado un manifiesto que ponía en cuestión lo que presentaba como “fundamentos dudosos” de la ley, a saber: “que cobrar por mantener sexo sea una afrenta a la dignidad de las mujeres, y que todas las prostitutas sean víctimas de sus clientes canallas”. Su argumento fue contestado por diversas organizaciones de derechos humanos y de asistencia a las prostitutas.

El segundo aspecto de la ley, éste universalmente aplaudido, deroga la ley introducida en el 2003 por Nicolas Sarkozy que criminalizaba la acción de captar o solicitar clientes por parte de las prostitutas.

Para las 30.000 prostitutas estimadas en el país (el 80% de ellas extranjeras), la ley les ofrece recursos de protección y abandono de la profesión, con un fondo de 4,8 millones de euros, posibilidades de albergue y subsidios de 400 euros al mes. Atendiendo a la gran cantidad de extranjeras que hay en el medio, la ley ofrece permisos de residencia por seis meses y renovables para las prostitutas que se acojan a un “programa de salida”.

Para Grégoire Thery, de la asociación Nido, esta ley significa, “un cambio de política pública”. “Salimos de una cultura en la que la prostituta es considerada como un factor de problemas, a otra en la que deberá ser vista como una persona a proteger”, dice.

La diputada socialista Maud Olivier, principal iniciadora del texto, considera fuera de toda discusión el hecho de que este tipo de legislación contribuye a disminuir la prostitución, como muestra la experiencia sueca.

“Los países que quieren ser eficaces en la lucha contra el tráfico de mujeres en lugar de ser paraísos de la explotación sexual, empiezan a entender que no se puede considerar a los proxenetas como empresarios legítimos y que se deben emprender medidas jurídicas contra los clientes”, dice Janice Raymond, de la Coalición contra el tráfico de muje- res (CATW).