Francia quiere poner multas in situ por acoso sexual en lugares públicos

Las multas variarán entre 90 y 750 euros y serán más elevadas para los reincidentes, así como en caso de circunstancias agravantes

Las medidas contra el acoso se traducirán en multas por “comentarios degradantes y humillantes” o conducta “sexual o sexista”

Angelique Chrisafis 22/03/2018 eldiario.es

La ministra de Igualdad entre Hombres y Mujeres de Francia, Marlène Schiappa. EFE

Francia va a introducir multas in situ por acoso sexual en lugares públicos y va a alargar el tiempo límite para denunciar violaciones como parte de una nueva legislación contra la violencia sexual.

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha afirmado que el objetivo es asegurarse de que “las mujeres no tengan miedo de salir a la calle”.

La legislación, presentada en una reunión del Gobierno este miércoles, llegará al Parlamento en los próximos meses. El proyecto se redactó antes de las acusaciones de acoso sexual contra el productor de cine de Hollywood Harvey Weinstein y del nacimiento del movimiento #MeToo, pero ha adquirido protagonismo desde entonces.

La ley también fijará la nueva edad mínima de consentimiento legal en 15 años, a partir de la cual se considera que un menor puede acceder a tener relaciones sexuales con un adulto de más de 18 años. Esta decisión se produce tras la indignación generada en un caso en el que el tribunal retiró las acusaciones de violación tras decidir que una niña de 11 años había consentido tener relaciones sexuales con un hombre con el doble de su edad.

Las duras medidas contra el acoso sexual se traducirán en multas por “comentarios degradantes y humillantes” o comportamiento “sexual o sexista” hostil y ofensivo hacia una persona en un lugar público. La ministra de Igualdad, Marlène Schiappa, ha explicado que esto podría incluir situaciones en las que los hombres pidan de forma agresiva y varias veces el número de teléfono a mujeres que claramente no están interesadas, así como intimidación o acoso sexual en el transporte público.

La legislación, que sería aplicada por agentes de policía mediante denuncias notificadas en el acto, está apoyada por el 90% de la población francesa, de acuerdo con una encuesta de Ifop publicada este miércoles.

Un estudio elaborado en 2016 por una asociación nacional de usuarios de transporte en Francia halló que el 83% de las mujeres que usan el transporte público afirman haber recibido piropos y comentarios intimidatorios sobre su apariencia.

La ministra Schiappa afirmó esta semana que las multas variarán entre 90 y 750 euros. Serán mucho más elevadas para infractores reincidentes o en el caso de circunstancias agravantes. “La idea es que sean lo suficientemente elevadas como para disuadir, pero que también se puedan pagar al momento, de modo que la ley sea eficaz”, ha señalado.

Tras la pregunta de si es difícil imponer el castigo al acoso en lugares públicos, Schiappa declaró a Le Monde: “Es importante que las leyes francesas afirmen que está prohibido amenazar, intimidar o seguir a mujeres por la calle”. La ministra añadió que esto forma parte de una “batalla cultural” del Gobierno.

En la sede de la ONU en Nueva York, Schiappa afirmó este mes: “Tenemos que decir: joven, no tienes derecho y no puedes seguir a las mujeres por la calle e intimidarlas”.

La nueva ley también dará más tiempo para poner una denuncia a la gente que ha sido violada siendo menor. Podrán hacerlo hasta que cumplan 48 años, lo que supone una extensión de 10 años.

Esto se produce tras casos recientes en los que víctimas que sufrieron abusos siendo menores han insistido en la extensión de los límites temporales para interponer una denuncia. En 2016, Flavie Flament, productora de radio, acusó al fotógrafo David Hamilton de violarla cuando solo tenía 13 años, pero aseguró que el límite de prescripción había pasado y ello le impedía llevar a Hamilton a los tribunales. Hamilton, de 83 años, se suicidó en 2016 después de que Flament hiciese públicas sus acusaciones y posteriormente salieran a la luz otras más.

La ley también pretende aumentar las sanciones contra el acoso en la red, especialmente cuando lo comete un grupo de individuos contra una sola persona.