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Firma del Protocolo Marco de Protección de las Víctimas de Trata

Lunes 31 de octubre de 2011

Sin asistencia de las organizaciones y sin prensa

Madrid, 28 oct (11). AmecoPress

El Gobierno, representado por los ministerios de Sanidad, Política Social e Igualdad; Interior, Justicia y Trabajo e Inmigración, así como la Fiscalía General del Estado y el Consejo General del Poder Judicial han firmado hoy el Protocolo Marco de Protección de Víctimas de Trata de Seres Humanos.

El Protocolo establece un procedimiento para la detección, identificación y derivación de las potenciales víctimas de trata con las debidas garantías, y facilita su asistencia y protección, abordando de forma integral las distintas etapas del proceso y favoreciendo simultáneamente la atención a las víctimas con la debida persecución del delito.

Además, "establece los mecanismos necesarios", según un comunicado emitido desde el Gobierno, para la coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Inspección de Trabajo u organismo autonómico equivalente, los órganos judiciales, la Fiscalía y las entidades especializadas que prestan asistencia a las víctimas.

Asimismo, "tiene en cuenta" el papel de las organizaciones sociales y las ONGs, tanto en la fase de detección como en la derivación y asistencia a las víctimas.

El Protocolo ha sido elaborado por una comisión interministerial en la que ha trabajado también la Fiscalía y el CGPJ y ha recibido asimismo aportaciones del Foro Social contra la Trata que agrupa a instituciones y sociedad civil como órgano de asesoramiento del Gobierno en esta materia.

El Protocolo hace especial incidencia en las previsiones que para víctimas de trata extranjeras recogen las recientes reformas de la ley de Extranjería y su reglamento. Asimismo, presta una atención especial a las víctimas de trata menores.

Datos de 2010

Por lo que se refiere a la lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, durante el año 2010 las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado realizaron 2.344 inspecciones en lugares donde se ejerce la prostitución e instruyeron 324 atestados por delitos de trata de seres humanos y otros conexos (entre ellos, fundamentalmente, la explotación sexual). Asimismo, se practicaron 678 detenciones y se desactivaron 335 grupos criminales.

La Policía y la Guardia Civil identificaron a 1.605 víctimas de trata, de las cuales el 92 por ciento eran mujeres y el 93 por ciento extranjeras. Trece de ellas, eran menores de edad y 523 se encontraban en situación irregular en España. Todas las víctimas identificadas fueron derivadas a los servicios socio-sanitarios de las Administraciones Públicas Españolas; y las menores de edad, a los servicios de protección de menores de las comunidades autónomas.

Sólo 44 personas de las 1.605 víctimas identificadas han solicitado el periodo de restablecimiento y reflexión. “Un número realmente bajo que indica que algo está fallando en la protección y asistencia de las víctimas, que en muchos casos parecen no contar con información suficiente sobre sus derechos y los recursos a su disposición”, aseguran las asociaciones expertas en la materia.

Estas organizaciones, que forman parte de la Red Española contra la Trata de Personas (RECTP) han contribuido en la elaboración del Protocolo firmado hoy, con la esperanza de que este dispositivo contribuya a “incorporar un enfoque basado en los derechos de las víctimas en la práctica”.

De hecho, con respecto a los datos e informes que se presentan por parte de la administración, la red denuncia que hasta ahora España sólo ha rendido cuentas sobre la actuación policial y fiscal, pero no existen datos sobre la protección efectiva de los derechos a las víctimas.

Según el Gobierno, los datos del año 2010 muestran un “considerable incremento” de las inspecciones preventivas (165 por ciento), de las investigaciones policiales (166 por ciento), de las intervenciones contra grupos criminales (112 por ciento) y de las víctimas detectadas e identificadas (262 por ciento), en relación con el año anterior, lo que pone de manifiesto el “gran esfuerzo” realizado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como la implicación, sensibilización y mayor especialización de sus profesionales en la lucha contra este fenómeno.

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