Miércoles 5 de marzo de 2025
La Plataforma Impacto de Género Ya critica que el número de profesionales que atiende a víctimas de violencia de género cayó hasta un 13% en 2024, a pesar de que 47 mujeres fueron asesinadas ese año.
Rocío Cruz - Madrid-04/03/2025 Público
Feministas denuncian la caída de hasta el 13% en el número de profesionales que atienden a las víctimas de violencia de género, a pesar de que 47 mujeres fueron asesinadas en 2024. Esta demanda se recoge en el Manifiesto Feminista ante los No-Presupuestos Generales del Estado 2025 −al que ha tenido acceso a Público− que ha presentado este martes la Plataforma Impacto de Género Ya en el Congreso de los Diputados.
En un contexto en que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anuncia la movilización de "cerca de 800.000 millones de euros" para "rearmar" la Unión Europea, la organización asegura que, "mientras el gasto en defensa sigue en aumento, los fondos destinados a sectores como sanidad, educación, servicios sociales e igualdad, tanto a nivel central como transferidos a las comunidades autónomas, se estancan o disminuyen".
En este sentido, los colectivos destacan que el presupuesto de Defensa para 2025 será de 12.827 millones de euros, lo que supone un aumento del 4,1% respecto a 2024. "Mientras que el gasto en dependencia apenas alcanza el 0,96% del PIB, y el presupuesto para programas de atención a víctimas se mantiene congelado", insisten.
Análisis de los presupuestos con perspectiva de género
El análisis de los presupuestos elaborado por la plataforma feminista −desde una perspectiva de igualdad de género−, expone varios puntos clave. Según la organización, existe una desconexión entre los avances normativos en materia de igualdad de género y bienestar social y los recursos humanos y materiales disponibles para implementarlos, "lo que perpetúa las desigualdades". Subraya la necesidad de establecer objetivos e indicadores presupuestarios desglosados por sexo, para garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y evaluar la efectividad del gasto.
Además, el conjunto de asociaciones feministas señala un déficit estructural en el personal y en el cuidado del personal (en su mayoría mujeres) en los servicios públicos de igualdad y contra la violencia de género, educación, sanidad y servicios sociales. En estos dos últimos sectores, el empleo público se redujo en 2024 en un 3,8% y 9,9%, respectivamente, según la Encuesta de Población Activa (EPA). "Las mujeres siguen siendo las principales afectadas por la falta de inversión pública, y la feminización de la pobreza y la precariedad laboral se agravan en un contexto de congelamiento presupuestario", expone la plataforma.
"La prórroga de los presupuestos implica mantener sin cambios la asignación de recursos públicos en un contexto social, económico y geopolítico que ha experimentado transformaciones significativas. La congelación presupuestaria, al no adaptarse a estas nuevas realidades, pone en peligro el cumplimiento efectivo de los derechos fundamentales y convierte en simples declaraciones de intenciones los compromisos establecidos en las leyes", afirman. Por este motivo, la Plataforma Impacto de Género Ya ha establecido siete compromisos fundamentales para avanzar en la igualdad de género.
1. Fondos del Pacto de Estado
La organización destaca en su informe que los servicios previstos por la Ley Orgánica 10/2022 de Garantía Integral de la Libertad Sexual y la Estrategia Estatal de Lucha contra la Violencia de Género "no cuentan con la financiación adecuada para su funcionamiento, especialmente en lo relativo a personal". "Aunque los centros de crisis 24 horas para la atención a la violencia sexual han recibido fondos europeos para mejorar sus infraestructuras, no se han destinado recursos para cubrir los costes operativos diarios", explica. Asimismo, asegura que la gestión anual de los presupuestos y la falta de partidas plurianuales dificultan la estabilidad y eficiencia de estos servicios, "lo que afecta tanto a las víctimas como a los profesionales encargados de su atención".
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La plataforma subraya que, a pesar de los esfuerzos por mejorar la atención, "los recursos destinados a la atención social integral, incluida la atención a víctimas de violencia de género, han experimentado una disminución". Su análisis revela que la falta de centros y la reducción del personal especializado, como psicólogos, trabajadores sociales y abogadas, "reflejan un estancamiento en la implementación de políticas públicas eficaces". "La colaboración entre las distintas administraciones es insuficiente, lo que provoca retrasos en la ejecución de los fondos y en la mejora de los servicios", puntualiza el colectivo.
2. Prestación universal por crianza y la mejora del CAPI
La organización también hace hincapié en la necesidad de una prestación universal por crianza, en la mejora del Complemento de Ayuda para la Infancia del Ingreso Mínimo Vital (CAPI) para combatir la pobreza infantil, y en el objetivo de aumentar la tasa de escolarización de niños de 0 a 3 años, "que actualmente es del 46%, alcanzando el 56% en 2030 y el 70% en 2040", en línea con el cumplimiento del Plan para la Garantía Infantil Europea.
"La prórroga presupuestaria para 2025 mantiene las mismas asignaciones iniciales de 2024, sin reflejar un incremento en los recursos destinados a los cuidados", declaran. "Esta falta de inversión genera limitaciones en la implementación efectiva de políticas públicas fundamentales para la universalización de los servicios esenciales", puntualizan.
3. Más servicios para las personas con dependencia
Plataforma Impacto de Género Ya propone elevar la inversión pública en atención a la dependencia, pasando del 0,96% actual al 2,5% del PIB, en línea con los objetivos fijados por la Estrategia Europea de Cuidados de 2022. Su objetivo es ampliar la cobertura de estos servicios a un mayor número de personas mediante atención profesional pública, "evitando así que la responsabilidad recaiga de manera desproporcionada sobre las mujeres de las familias y las trabajadoras del sector".
4. Cerrar la brecha de género en el empleo
En esta línea, la plataforma exige la implementación de políticas laborales con perspectiva de género para corregir las desigualdades en la trayectoria profesional de las mujeres y evitar brechas en las pensiones. Entre sus propuestas se incluyen: un aumento de las pensiones contributivas más bajas y de las no contributivas por encima de la media, "con el fin de frenar la feminización de la pobreza en la vejez". La garantía de sostenibilidad del complemento de brecha de género, con incrementos progresivos acordes a la inflación.
Además, apuestan por la retribución completa del permiso parental de ocho semanas hasta que el menor cumpla esa edad, en cumplimiento de la directiva 2019/1158 y la ampliación del permiso por nacimiento a 20 semanas para ambos progenitores, con carácter igualitario e intransferible.
5. Cumplir la ley para cooperación al desarrollo
Los colectivos feministas instan a cumplir la Ley 1/2023, de 20 de febrero, sobre Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global, y a avanzar hacia el objetivo de destinar el 0,7% de la renta nacional bruta (RNB) a la cooperación al desarrollo. Asimismo, exigen evitar retrocesos en la financiación de estas políticas y garantizar un compromiso sostenido en el tiempo.
6. Sanidad pública con más personal y mejor cuidado
En el ámbito sanitario, la principal demanda es el fortalecimiento de la sanidad pública mediante un aumento del personal y una mejora en la calidad de la atención, con un enfoque especial en la salud sexual y reproductiva. Las asociaciones feministas reclaman el cumplimiento del Plan de Acción de Atención Primaria 2025-2027, incrementando su financiación del 14% al 25% del gasto sanitario, en sintonía con la media europea. Además, exigen medidas para reducir las listas de espera, la inclusión de la perspectiva de género en la Ley de Creación de la Agencia Estatal de Salud Pública y la aprobación del Plan Integrado de Salud, "pendiente desde 1986".
7. Llegar al 2% del PIB
Por último, la Plataforma Impacto de Género Ya reclama destinar el 2% del PIB a fortalecer los cuidados en lugar de incrementar el gasto en armamento. También exige mayor transparencia y rendición de cuentas sobre el presupuesto real en defensa, con datos desglosados y accesibles sobre la financiación de armamento y la implicación del Estado español en conflictos internacionales.
Además, piden el cumplimiento del objetivo estratégico E.2 de la Plataforma de Acción de Beijing, que insta a reducir el gasto militar excesivo, limitar la disponibilidad de armas y regular el gasto militar encubierto, evitando la financiación indirecta de la industria armamentística a través de programas europeos y otros fondos de difícil seguimiento.
Cabe destacar que esta es la decimoséptima ocasión en la que la Plataforma Impacto de Género Ya presenta su Manifiesto ante los Presupuestos Generales del Estado en el Congreso de los Diputados. A través de este documento, la organización reivindica cada año mejoras en la situación de las mujeres mediante el fortalecimiento de programas de igualdad y lucha contra la violencia de género, así como en ámbitos clave como las pensiones, el cuidado de la infancia y la atención a la dependencia, la sanidad, la educación, los servicios sociales, la cooperación internacional y el Medio Ambiente.