España incumple los acuerdos con la ONU y retrocede en igualdad de género

Lamarea 16 Septiembre 2014

El informe CEDAW Sombra presentado ante Naciones Unidas evidencia el retroceso en la equidad de género en España en los últimos cuatro años. El documento, elaborado por 50 ONG, es resultado de más de un año de trabajo y ha sido refrendado por más de 260 organizaciones feministas y defensoras de los derechos humanos de todo el Estado.

Se trata de uno de los instrumentos que el Comité de la Convención para la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) ha establecido para monitorizar el cumplimiento de esta convención. Además del informe oficial, presentado por el Gobierno en septiembre de 2013, el Comité anima a la sociedad civil a realizar su propia evaluación, conocida como informe Sombra.

La CEDAW fue adoptada por Naciones Unidas en 1979 y en la actualidad está ratificada por 187 países, entre los que, desde 1984, figura España. Esta Convención es una norma vinculante que obliga a ejecutar las medidas ahí recogidas, en este caso referidas a la igualdad de género. Según el informe Sombra, que se ha presentado hoy, el Estado incumple sistemáticamente este acuerdo internacional.

Retroceso en recursos para la igualdad

Hasta 41 mujeres han sido asesinadas en lo que va de año por su pareja o expareja. A pesar de ello, denuncia la plataforma que ha elaborado el informe, el presupuesto destinado a la lucha contra este tipo de violencia se ha reducido en un 23% desde 2009. En 2012, el gasto en campañas publicitarias del Ejército duplicó al dedicado a la prevención de la violencia machista. A este recorte hay que sumar la reducción de los equipos humanos dedicados a la atención a la víctima, lo que resulta en una merma de la calidad del servicio.

La trata de mujeres con fines de explotación sexual no se aborda desde una perspectiva de igualdad de género sino como una cuestión de política migratoria y seguridad de Estado, denuncia el informe. La actual ley contra la violencia de género sólo atiende a la que se produce dentro del ámbito de la pareja y excluye a las víctimas de otros delitos contra la libertad sexual, como la trata, los matrimonios forzados o la mutilación genital.

La falta del compromiso del Gobierno con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres supone una vulneración del derecho a la salud y, por tanto, de los derechos humanos. Además, el anteproyecto de ley sobre el aborto (cuya retirada no ha sido confirmada oficialmente) podría pasar factura a las aspiraciones de España de ingresar en el Consejo de Seguridad de la ONU. Desde al menos 1994, cuando se celebra la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo en El Cairo, Naciones Unidas defiende el derecho a la maternidad segura, responsable y elegida.

El Comité de la CEDAW realizó una serie de recomendaciones a España en 2009. Ya entonces advertía del incumplimiento de las medidas para fomentar la igualdad entre hombres y mujeres en el sistema educativo. Según la plataforma CEDAW Sombra, esta situación se agrava con la nueva Ley de educación (LOMCE), que elimina la asignatura de Educación para la ciudadanía y justifica la segregación escolar por sexos.

El deterioro del mercado de trabajo y la reducción de los servicios sociales tiene una mayor incidencia sobre las mujeres, especialmente sobre grupos demográficos vulnerables, como las mujeres migrantes (que suponen un 90% de las trabajadoras domésticas y de cuidados) o de etnia gitana. Desde los inicios de la crisis, recoge el informe, la tasa de desempleo femenino se ha duplicado hasta alcanzar el 27% y la de empleo (menos del 39%) se sitúa 10 puntos por debajo de la masculina.

Según Montse Pineda, portavoz de la plataforma, este informe quiere contribuir a que “el desmantelamiento de las políticas de igualdad sea una cuestión del pasado”. Para esto, animan a la sociedad civil, incluidos los medios de comunicación, a analizar con detalle el informe gubernamental y exigir que se cumpla con la responsabilidad adquirida con la firma del Convenio. La ausencia de datos y la mala calidad y accesibilidad de los mismos son, para la plataforma, “un síntoma de déficit democrático” y reclaman que el gobierno realice un seguimiento detallado en lugar de “contar muertas”.