España, el mercado de óvulos de Europa

El 45% de los tratamientos de fertilidad con óvulos donados en la UE tienen lugar en España, que se beneficia de una legislación poco restrictiva, del anonimato y de una compensación económica para las donantes que roza el salario mínimo interprofesional

Ana Requena Aguilar 12 de mayo de 2023 elDiario.es

España es el mayor proveedor de óvulos de Europa: según datos de la Sociedad Europea de Reproducción Humana, el 45% de los tratamientos de fertilidad europeos con óvulos donados tienen lugar en España. La donación de óvulos, construida en nuestro país sobre un esquema altruista en el que las mujeres que donan reciben unos mil euros, es, sin embargo, el único proceso de donación de material biológico desvinculado de la Organización Nacional de Trasplantes y en el que está permitida la intervención privada. Las clínicas privadas, que manejan cerca del 80% del mercado, utilizan los óvulos extraídos para ofrecer tratamientos por los que cobran miles de euros, pero también pueden revenderlos a bancos especializados en congelaros o a centros médicos de países cuya legislación es más restrictiva.

España se beneficia de una regulación que permite lo que en otros lugares está prohibido –Alemania, por ejemplo– o fuertemente limitado, como en Francia o Italia. En Reino Unido las donaciones no pueden ser anónimas y en Bélgica, donde sí, la mayor parte las paga el sistema público. “El mercado en España es muchísimo más grande que en ningún otro país europeo y se ha construido en torno a los óvulos: es el principal mercado de distribución de óvulos donados de Europa con mucha diferencia respecto al resto de países”, subraya la investigadora Sara Lafuente, experta en reproducción asistida y bioeconomía.

La legislación –que se redactó antes de que la ciencia permitiera congelar ovocitos– es uno de los factores que han llevado a España a esta posición, ya que garantiza el total anonimato de las donantes, algo cada vez más cuestionado por la justicia en distintos países. En 2020, el Comité de Bioética de España recomendaba en un informe aplicar un “verdadero cambio de cultura en la reproducción asistida” y abogaba por que los y las donantes de espermatozoides y óvulos dejaran de ser anónimos. También influyen otras variables, como la potencia y buena fama de las clínicas de fertilidad españolas, y una compensación económica para las donantes que durante mucho tiempo superaba la cuantía del salario mínimo interprofesional y que ahora, de media, lo iguala.

La socióloga Ana Rivas, autora de varias investigaciones sobre el tema, constata el fenómeno: “España se ha convertido en una potencia económica en el sector de las técnicas de reproducción humana asistida en general, y de las técnicas heterólogas que requieren de provisión de gametos –óvulos y semen– en particular”, subraya la experta, que señala que el anonimato y la compensación económica son claves para explicar este fenómeno. Rivas se muestra crítica con ambas condiciones que, asegura, favorecen “la apropiación de gametos en cantidades efectivas para el desarrollo de un amplio mercado reproductivo”.

Packs de ocho ovocitos

La ley sobre técnicas de reproducción asistida es la que regula la donación de gametos desde 1988. La norma establece que la donación debe ser siempre altruista y anónima. Sin embargo, lo que sucede una vez que las mujeres donan escapa de esa lógica altruista. Las clínicas pasan a gestionar esos ovocitos, con los que ofrecen tratamientos de fertilidad pero que también pueden revender a terceros. Sobre el papel, no puede mediar un pago por los óvulos porque el lucro está prohibido, pero la línea entre una contraprestación por el servicio y una venta es delgada. “Teóricamente no es una venta de los óvulos, sino un pago por el servicio. Hay unas normativas específicas, como sucede con todos los biobancos y con la movilidad de cualquier tejido humano, solo que no existe una industria de este tamaño en relación a ningún otro material biológico”, constata Lafuente.

“Las clínicas pueden enviar packs de seis u ocho ovocitos a clínicas de países donde la donación se permite, aunque de manera más restringida, como Francia o Italia. De hecho es algo que se hace con frecuencia. Si una clínica de Italia necesita óvulos, un centro de España puede enviárselos, aunque no sea de su misma empresa. Se hace guardando una serie de requisitos de trazabilidad y mediante un pago. En el caso de las pacientes de países donde esto no se permite, vienen a España a hacerse el tratamiento”, explica la bióloga y experta en reproducción asistida Rocío Calonge. Una clínica de fertilidad española o un banco de ovocitos (especializados únicamente en la congelación y distribución) pueden cobrar, de media, cerca de 4.000 euros por cada pack. No hay ley o reglamento que establezca un baremo para esa contraprestación económica. “Lo establece cada clínica, podemos decir que hay un mercado libre”, dice Calonge.

El presidente de la Sociedad Española de Fertilidad, Juan José Espinós, rechaza con rotundidad el uso de términos comerciales para describir lo que sucede en España con los óvulos. “No me gusta la palabra ’industria’, no hacemos churros, esto es un acto médico”, asegura Espinós, que señala que se trata de un “problema de legislaciones” que hace que algunos países no tengan un marco favorable mientras que otros, como España, sí. El experto suma a este factor otro: “La calidad y el prestigio que tiene el sector de la fertilidad en España”. “Evidentemente existe una contraprestación económica. Cuando montas un centro de reproducción asistida es porque hay una necesidad médica y social. También sucede cuando no quieres ir al servicio público de salud de tu comunidad y te vas a un cirujano privado”.

Lydia Feito es vocal tanto del Comité de Bioética de España como de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida. Explica que estas técnicas estaban originalmente pensadas “para que las utilizaran las propias personas donantes”. “La técnica va avanzando y se plantea que alguien pueda donar no para sus propios objetivos reproductivos sino para ayudar a alguien”, relata Feito, que habla a título personal, puesto que el actual Comité de Bioética no tiene una posición fijada sobre el asunto. La experta reconoce que en la medida en que los bancos de ovocitos o las clínicas están gestionados por entidades privadas “hay un afán de lucro y es donde aparece el conflicto”. “Creo que ese conflicto es limitado o poco visible porque se entiende que forma parte de una actividad solidaria. Lo suyo sería es que estos bancos fueran públicos y la utilización del material no fuera costosa”, apunta.

Un informe de la Comisión Europea mostraba que en 2015 las clínicas españolas contaban con la mayor cantidad de óvulos donados en términos absolutos (123.447). Sara Lafuente es coautora de una investigación que compara la donación de óvulos en Reino Unido, Bélgica y España, y en la que se constata que la vitrificación, una técnica consolidada a partir de 2010 y que permite la congelación de los óvulos en buenas condiciones, ha sido clave en el aumento de ovocitos donados pero también los diferentes marcos legales y sociales que han hecho que esta práctica se conciba de formas muy distintas en lugares cercanos.

Lafuente explica que la norma española se redactó antes de que la vitrificación estuviera consolidada: “Son casuísticas que se dieron a posteriori, y no se está aplicando el principio de precaución. La ley es suficientemente amplia como para que la industria pueda adaptarse. Va primero la práctica y luego van detrás el pensamiento, la norma…”. Antes de la vitrificación, la donación se hacía ’en fresco’, es decir, los óvulos de una donante iban directamente a una receptora mediante un ciclo de reproducción asistida que se coordinaba entre ambas mujeres. La vitrificación permitió por primera vez congelar los ovocitos, de manera que los óvulos extraídos de una donante en un ciclo pueden repartirse entre varias receptoras en diferentes momentos.

“Lo hice por precariedad”

La Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida establece qué compensación económica deben recibir como máximo las donantes, que actualmente ronda los mil euros. Italia y Francia solo compensan algunos gastos en los que incurren las donantes el día de la intervención. En República Checa, la contraprestación ronda los 500 euros; en Portugal, los 620; en Reino Unido, unos 750 euros. En España, el límite de veces que una mujer puede donar lo marca el número de recién nacidos vivos a partir de los gametos donados: seis. No todas las mujeres pueden donar, las clínicas someten a las voluntarias a distintas pruebas para descartar problemas médicos y genéticos.

Violeta (nombre ficticio) tiene 34 años y ha donado óvulos en seis ocasiones. Tiene clara cuál fue su motivación: “La precariedad, única y exclusivamente, la misma que me llevó a trabajar detrás de la barra de un bar, nadie lo hace por gusto”. Violeta siempre donó en la misma clínica, que ofrecía mil euros como compensación para la primera donación, un pago que iba subiendo hasta los 1.300 euros si la donante llegaba hasta la tercera ocasión. “Si donabas más veces ya el dinero no subía más. Ese dinero me ha servido para ir tirando, en esos momentos tenía meses en los que literalmente no tenía para comer, o necesitaba comprarme cosas básicas o pagar el alquiler”, relata.

La clínica sí ofrecía a las donantes una manera de ganar más dinero: convenciendo a alguna otra mujer para que donara. “Si una donante iba de tu parte te pagaban algo más, aunque no recuerdo cuánto”. Violeta llegó a convencer a dos amigas. Ella nunca supo cuál era el destino de sus óvulos –“a mí no me interesaba”– y sí le sorprendió la cantidad de extranjeras que veía en la clínica. “Venían muchas receptoras de otros lugares de Europa”, recuerda, y señala, por ejemplo, que prácticamente todas las trabajadoras del centro hablaban francés.

La socióloga Ana Rivas constata que tanto sus investigaciones como las hechas por otras expertas apuntan en una dirección: “Las donantes de óvulos españolas forman parte de una franja de edad y posición socioeconómica que experimenta una elevada tasa de desempleo y tiene una alta probabilidad de acceder solo a empleos temporales y de salario mínimo”. Rivas anima a comparar el salario medio de sectores económicos muy feminizados, como la dependencia, la hostelería o la limpieza, con la cantidad que una mujer puede recibir por cada ciclo de donación. “No es de extrañar que para muchas mujeres de clase media-baja y clase trabajadora, participar en un programa de donación de óvulos sea una opción nada desdeñable de conseguir ingresos”, apunta.

Rivas critica “la ideología del altruismo” en este caso porque, dice, “desmercantiliza el trabajo de provisión de óvulos”. La ley de reproducción asistida habla, de hecho, de una “compensación económica resarcitoria” y no de pago o salario. “Con ello se pretende afrontar la resistencia social y perturbación cultural que produce la introducción de ciertos objetos considerados del campo de la intimidad en el intercambio mercantil y evitar así su contaminación moral, manteniendo la oposición dinero/afectos, mercado/sentimientos. La metáfora del ”don“ y del ”regalo“ sustrae la acción de la provisión de óvulos de la compra-venta económica y la restituye a la esfera de las emociones, los afectos, la empatía, buscando la aprobación moral de las receptoras de gametos y de la sociedad, así como la autolegitimación de las propias donantes”, reflexiona.

El director del Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC, Vicenzo Pavone, comparte la reflexión: “Mientras está en manos de la donante el óvulo es un ’don’ y cuando llega a las clínicas y se congela se convierte en mercancía. Las donantes son el único actor al que se le pide que sea altruista en esto, todos los demás actores adoptan una lógica comercial, incluida las personas receptoras, es incongruente”. Pavone recuerda que en otros países no existe la compensación económica. Es el caso de Francia, que solo permite la compensación de gastos que estén estrictamente ligados a la donación, como el dinero gastado en transporte o la comida de ese día. “Eso es nicho de negocio para España, que así venden fuera esos óvulos o se los mandan a sus filiales en el extranjero”, dice Pavone.

Sara Lafuente menciona algunas de las alternativas. “A corto plazo habría que tomar medidas de transición e ir derivándolo a lo público, de manera que los óvulos que sobren de un tratamiento de fertilidad vayan siempre a bancos públicos. Así se desincentivaría también sacar muchos óvulos de cada donante por cada ciclo”, propone. La investigadora considera fundamental aplicar el principio de precaución con muchos de los avances que están sucediendo y que requerirían, asegura, de mucho más debate social y político.