Entrevista a stefanny Molina Martínez, abogada de la organización por los derechos de las mujeres Women’s Link y experta en restricciones al derecho del aborto

“El rechazo a la telemedicina para abortar parte de una visión colonial”

Teresa Villaverde 28/07/2021 Pikara

Estefanny Molina Martínez | Fotografía: Laura Martínez Valero.

Estefanny Molina Martínez se conecta desde su casa en Madrid, donde teletrabaja como abogada senior de Women’s Link Worldwide. “Para una abogada feminista que tiene esa gana de trabajar en los derechos de las mujeres, hacerlo desde una organización que se dedique al litigio estratégico sobre los derechos de las mujeres es como un sueño”, reconoce desde su pantalla. Su interés, dice, va más allá de obtener sentencias positivas, el objetivo es lograr un impacto, “un cambio social sostenido en el tiempo”.

Molina estudió Derecho en la Universidad Pontificia de Ecuador, su país de origen, antes de tener que emigrar por el contexto político de su país. Cuando emigró le acogió España y, en 2015, Women’s Link, primero con unas prácticas y desde 2016 como abogada en plantilla. “El derecho es claramente androcéntrico, así nos lo enseñan en la facultad. Las facultades de Derecho de todo el mundo son bastante masculinas y heteropatriarcales. Cuando miras desde ahí, ves que te incomoda. Recuerdo a profesores que preguntaban por qué había mujeres en el aula. Te llena de rabia y te empodera y piensas, ‘no nos vamos a mover, fíjese, vamos a seguir trabajando y estudiando para cambiar esto”. Y eso hace desde entonces. Ha sido consultora de Género y Derecho Humanos, investigadora y asistente académica profesional Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) en diversos casos sobre pueblos indígenas y desapariciones involuntarias y forzadas ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y los tribunales nacionales. Ha trabajado también como analista del cumplimiento de obligaciones internacionales del Estado ecuatoriano. Desde 2016 trabaja en Women’s Link como abogada senior.

La organización internacional trabaja por los derechos de las mujeres en distintas partes del mundo como América Latina, donde están sobre todo en Colombia, Chile, El Salvador y Guatemala; en África del Este, en Kenia y Uganda; y, en territorio europeo, en España. Los temas que trabajan son diversos, pero Molina está especialmente interesada en los derechos sexuales y reproductivos y la trata de mujeres: “Son mis dos banderas, porque en lo personal me toca mucho”.

Eres experta, entre otras cosas, en limitaciones del derecho al aborto en todo el mundo. ¿Qué restricciones se repiten en los distintos lugares y cuáles tienen también lugar en España?

El derecho al aborto es uno de los más tocados, uno de los que más incomoda todavía hoy. Es muy interesante, desde el derecho comparado, entender que en cada contexto hay similitudes con otros. En el tema de los derechos sexuales y reproductivos hay muchas barreras de acceso al aborto que son comunes en todos los países. La objeción de conciencia generalizada en la mayoría de contextos, la falta de acceso a la información sobre cómo se accede al derecho y a los métodos. Y, en general, hace mucha falta educación sexual integral.

Hay todavía muchísimo estigma sobre el derecho al aborto en muchos Estados como el español, donde se permite hasta las 14 semanas. Vemos también una discriminación socioeconómica y geográfica, interseccional. ¿Qué mujeres no pueden acceder al aborto? Usualmente las pobres, migrantes, las que están en zonas apartadas de las capitales. Tiene que ver también con el sistema racial y capitalista, con las normas migratorias racistas. Al final la conclusión es que muchas mujeres se están quedando fuera del acceso al derecho a pesar de tener una norma amplia. Con una que se quede fuera, algo está mal. Más cuando en España la ley reconoce que el derecho al aborto tiene que ser sin discriminación de ningún tipo. Cuando ves la realidad hay un montón de discriminaciones y de violencias en cuanto al acceso. La ley es muy importante y es un logro alcanzado desde el movimiento feminista, pero creo que hace falta también desde los movimientos feministas una autocrítica necesaria de ‘ok, ¿qué más? ¿A quién deja fuera la ley? ¿Qué hace falta para que una mujer no se quede fuera?’.

El Instituto de las Mujeres se ha reunido recientemente con una treintena de organizaciones para hablar de qué hace falta modificar de la ley actual del aborto y han hablado justo de las cosas que comentas: la accesibilidad a la información, la objeción de conciencia… Para aterrizar esto, cuando hablamos de acceso a la información, ¿de qué estamos hablando?

La información es un derecho imprescindible para tomar una decisión y constituye, además, un derecho primordial en cuanto a los derechos sexuales y reproductivos y a la autonomía reproductiva de las mujeres para decidir sobre sus cuerpos. No hay información adecuada, asequible, oportuna sobre el proceso: a dónde se tienen que dirigir dependiendo del supuesto en el que estén, si están en las 14 primeras semanas o qué hacer hasta la semana 22, y lo mismo lo mismo a partir de la semana 22 cuando el proceso se complica, ya que se debe acudir a un Comité Clínico. Tampoco hay información sobre los métodos que tienen disponibles. Esta información debería ser pública y la tiene que dar el Estado de forma activa. También, como la gestión de la Sanidad depende de cada comunidad autónoma, todo depende de cómo se organice desde ahí. En las que hemos identificado que hay información, está complicada. Suele ser un copia-pega de la ley, pero la ley no es clara en cuanto al proceso que debe seguir una mujer para acceder a su derecho. Además, no se trata solo de que la información esté en internet, porque una mujer con diversidad funcional, ¿cómo va a acceder? Y está esta idea clasista de que todo el mundo tiene acceso a internet, pero no es así. Entonces podría estar la información disponible en otros sitios, de otras maneras, en los Ayuntamientos. También está la barrera del idioma, no todas las mujeres hablan castellano.

En 2019, presentamos junto con las compañeras de la Comisión para la Investigación de Malos Tratos una queja ante el Defensor del Pueblo denunciando las barreras a las que se enfrentaron seis mujeres migrantes en situación irregular en centros de salud de la Comunidad de Madrid. Sus orígenes eran diversos, chino, nigeriano y búlgaro, y, entre los obstáculos, además de las barreras administrativas, también estuvo el idioma. Si no hubiese sido por el acompañamiento de las compañeras de la Comisión, no habrían podido acceder a la sanidad pública y luego al aborto.

En las conclusiones de esas jornadas sobre qué hay que reformar en la ley se echan en falta algunas cosas, como la alusión a la situación de las mujeres migradas.

Así es. Su situación es complicada porque la sanidad no es universal en España. Empezó con la primera restricción con el Real Decreto del PP [RDL 16/2012]. Luego el PSOE lo enmendó en 2018 [RDL 7/2018] y dijo que volvía a ser universal, pero no era verdad. Era incluso peor porque al menos el del PP si contemplaba una excepción, al menos en papel, a la exclusión sanitaria: mujeres embarazadas, menores de 18 años, víctimas de trata, solicitantes de asilo y personas que necesitaran atención en urgencias podían acceder.

Actualmente, a las mujeres migrantes se les está exigiendo requisitos administrativos para acceder a la sanidad pública, como demostrar que llevan 90 días en España. ¿Y si han sufrido violencia sexual durante el trayecto migratorio y ya llegan embarazadas? Esto es un tema enorme del que no se habla. Muchas veces, les solicitan documentos de su país de origen que acredite que no tienen reconocida la sanidad allí para que se les reconozca aquí. Si vienen en patera muchas no tienen ningún tipo documentación. Si no tienen acceso a la sanidad pública, ¿cómo se garantiza el acceso al aborto de esas mujeres?

El padrón, además, es una mafia. Hay quien los vende o alquila porque es el acceso a muchos derechos básicos.

Eso es, y algunas no tienen pasaporte para poder empadronarse. Muchas consejerías se inventan el requisito del empadronamiento de 90 días, que no figura de manera explícita en el decreto ley. Este requisito varía en función de la Comunidad Autónoma e incluso del centro de salud porque no es un criterio establecido, sino una interpretación restrictiva para bloquear el acceso al derecho. La única forma de que las personas que llevan menos de 90 días en España puedan acceder a la sanidad pública es a través de un informe de los servicios sociales competentes de las Comunidades Autónomas. Sin embargo, no existe aún regulación uniforme del decreto por parte de las Comunidades Autónomas, por lo que de nuevo queda abierto a la ambigüedad y a la posibilidad de que el informe no pueda ser emitido o que no sea aceptado por el centro de salud a tiempo. Hay que recordar que el aborto es un servicio de salud urgente, con unos plazos temporales muy estrictos. En general persiste está idea de que no pasa nada porque el tiempo corra durante un embarazo no deseado. Y sí, sí pasa. Todos estos obstáculos pueden hacer que una mujer se quede sin acceso.

¿Puedes explicar algún caso en concreto?

El año pasado, en pandemia, nos escribió una chica argentina. Quería abortar en Almería y no podía porque no tenía empadronamiento, a pesar de que llevaba en España más de un año. Estaba muy preocupada. Estaba en la semana seis del embarazo. Tuvo la suerte de que estaba Médicos del Mundo y también le prestaron asistencia desde allí. Gracias a que la trabajadora social del centro de salud emitió un informe sobre su situación, consiguió abortar por el método farmacológico. Pero no todo el mundo tiene esa suerte ni ese acompañamiento, con lo que tenemos, o partos y maternidades no deseadas o la utilización de métodos no seguros.

Hay un artículo de Pikara Magazine, Tuve que abortar con Misoprostol, que sigue siendo uno de los más leídos de la revista, años después. Y, a pesar de que ser una necesidad, durante el confinamiento, el Gobierno cerró la página de Women on Web que daba información para abortar, alegando que vendía medicamentos abortivos de forma ilegal.

Sí, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios dijo que se cerraba porque vendían Misoprostol y Mifepristone sin receta, dos medicamentos que son legales y avalados por la Organización Mundial de la Salud. Pero Women on Web no vende pastillas. Women on Web daba información sobre salud sexual y reproductiva y sobre el proceso para abortar en la sanidad pública en España. Solo cuando corroboraban que una mujer no tenía acceso al aborto debido a los obstáculos como los que hemos hablado antes, le facilitaban una consulta con personal médico de Europa a través de telemedicina. Era este profesional quien valoraba si se podía enviar a la mujer una receta para que pudiera comprar el Misoprostol en alguna farmacia española y realizar la interrupción en su casa de forma segura y guiada por Women on Web. Todo esto es una información que debería dar el Estado español y que no lo hace. Y en lugar de resolver los obstáculos, prefiere censurar una web con información válida y muy necesaria y dejar a las mujeres expuestas a la desinformación y a métodos inseguros.

La telemedicina, además, es muy desconocida en España, pero puede ser una solución segura para muchas mujeres y para mitigar o resolver muchas barreras de acceso al aborto como la discriminación geográfica, la objeción de conciencia generalizada o la imposibilidad de desplazarse por trabajo, tareas de cuidados, etc. Su rechazo parte de una visión colonial. En Colombia, en Ecuador, en Chile… se utilizó la telemedicina durante la pandemia con resultados muy positivos. En Reino Unido permitieron el aborto farmacológico durante el confinamiento y está pendiente de aprobarse su legalización en cualquier situación, pero mientras se aprueba, muchas mujeres lo quieren seguir usando. Desde Women’s Link creemos que la telemedicina para el aborto farmacológico debería ser una opción más en España, que ayude a que las barreras de acceso sean menores.

Me estoy acordando ahora de la entrevista de Patricia Simón a Pilar del Álamo, que vivía con su maltratador en Asturias y, con cada embarazo, sentía que era más difícil poder escaparse de ahí. Pero no podía abortar porque él la controlaba…

Claro, hay casos muy distintos. Pero existe una visión muy colonial de que aquí la telemedicina para abortar no hace falta, de que eso es para otros países «menos desarrollados», aunque la realidad es que sí podría facilitar el acceso igualitario al derecho. Si miramos datos oficiales del Ministerio de Sanidad de 2019, ese año se desplazaron más de 4.000 mujeres fuera de su lugar de residencia para poder abortar. Desde 2015, han sido más de 20.000 mujeres. Todo el tema de cómo se regula y gestiona el aborto está atravesado por el patriarcado, la blanquitud, el entorno urbano, los privilegios de clase y origen…

Y luego está el caso, de los abortos tardíos en caso de peligros para el feto o la madre, que la ley admite hasta la semana 22 y que en algunos casos tienen que darse más tarde. Se supone que le comité clínico encargado de analizar cada caso en cada comunidad tiene que estar publicado en los boletines oficiales correspondientes y la información debe ser clara y accesible, pero por lo que investigastéis desde Women’s Link no es así.

Eso es. El grupo tiene que estar formado por tres profesionales, dos de ginecología o expertos en diagnóstico prenatal y uno de pediatría, y tiene que estar actualizado y publicado en el Boletín Oficial de cada Comunidad Autónoma. Cuando lo miramos en 2019, solo Andalucía y Cantabria lo tenían publicado. Encontramos algo de Valencia y resultó que dos de las personas que lo integraban eran objetoras de conciencia. Es un tema muy opaco, del que no se informa bien. En una ocasión acompañé a una mujer en Madrid para solicitar una interrupción de este tipo porque le habían dicho que podía haber complicaciones con el feto. Pasaron cuatro semanas entre que lo solicitó hasta que consiguió interrumpir su embarazo, ya en la semana 32. El Decreto que regula estos Comités dice, además, que la embarazada puede elegir a una de las tres personas que formen parte del comité clínico que decidirá su caso. Lo solicitamos y la respuesta fue: “Esto no lo suelen hacer las mujeres”. Y yo respondí: “Pues es su derecho y esta mujer lo va a hacer”. Y así fue, pudo elegir a un experto en patologías fetales. Por suerte, esta pareja tenía dinero para hacer pruebas fetales en la sanidad privada para poder ganar tiempo y lo pudo pelear, pero muchas veces llegas y el médico te da largas, te dice que todavía no puede saber si hay problemas de salud o no… A esta mujer le pilló un puente por medio en el que nadie la atendía… y va pasando el tiempo.

Queda la duda de si no informan porque no quieren o porque no saben.

Sí, a veces creo que también le falta información al propio personal médico, que tampoco sabe cómo hay que proceder.

Otro de los problemas que denuncian algunas estudiantes es que en la carrera no se enseña de forma adecuada como interrumpir un embarazo.

Debería ser obligatorio aprenderlo, no solo porque los médicos que lo hacen ahora en unos años se van a jubilar y necesitan dejar el testigo, sino porque haría que empatizáramos más con ello y que no fuera tan tabú. Ahora el que practica abortos es el abortero, se le señala. A nosotras, a través de las redes sociales de gente u organizaciones que se oponen al aborto nos llaman la transnacional de la muerte.

De hecho, hay cierto tabú con las clínicas privadas, que realizan la mayoría de los abortos aunque sean financiados con dinero público y gratis para la paciente.

Así es, el 90 por ciento de los abortos se hacen en clínicas privadas. Son importantes, pero es importante que también se realicen abortos en la sanidad pública, porque es una prestación que tiene que estar, es un derecho reconocido de las mujeres. Hay comunidades, además, que no cuentan con clínicas acreditadas, ni privadas ni concertadas [como el caso de Lleida o La Rioja] y tienen que desplazarse a otros lugares. Y pienso por ejemplo en Ceuta y Melilla, donde tampoco hay ninguna clínica ni hospital público que haga abortos. En las ciudades autónomas hay muchas mujeres migrantes en situación irregular que pueden necesitar un aborto, eso es una realidad. ¿Van a arriesgarse a cruzar a la península, a pasar por un puesto de control migratorio y que, probablemente, en lugar de acceder al aborto, las internen en un CIE y, quizás, hasta las deporten? ¿Qué pasa con ellas? Creo que tenemos que dejar de mirarnos el ombligo, desde nuestro privilegio, y aceptar que no todo está bien con ley del aborto. Llevamos años con obstáculos a los que nadie había mirado hasta hace muy poco. Si seguimos mirando a otro lado y no peleamos por seguir ampliando la ley y haciendo posible el derecho para todas las mujeres, corremos el riesgo de que alguien venga y la haga más restrictiva. Y eso no lo podemos no lo podemos ni lo vamos a permitir. Los derechos de las mujeres no son favores, son derechos.