Entrevista a Francisca Fernández Guillén es abogada especializada en negligencias médicas

“No hacen falta leyes de violencia obstétrica, hacen falta medidas eficaces”

SAIOA BALEZTENA 23/03/2022 Pikara

Francisca Fernández Guillén es abogada especializada en negligencias médicas, responsabilidad civil y seguros. Desde hace dos décadas trabaja en la defensa jurídica del parto respetado.

Francisca Fernández Guillén. / Foto: Álvaro Minguito

La discriminación de las mujeres en el embarazo, el parto y el postparto es un espacio de impunidad para la violencia de género. Como defiende Esther Vivas en el libro Mamá desobediente, “la lucha contra la violencia obstétrica, históricamente rechazada por una parte importante de los profesionales de la salud y socialmente aceptada, ha sido cuestionada durante décadas”.

La defensa del parto respetado está vigente y en los último años, además, ha dejado de ser invisible, desde que cuenta con el amparo de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) o la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que en 2014 y 2019, respectivamente, denunciaron que el maltrato que se ejerce sobre las mujeres en el parto es un problema generalizado y global.

Francisca Fernández Guillén hace dos décadas que se dedica a defender los derechos humanos en el ámbito de la salud sexual y reproductiva y, en concreto, en el derecho al aborto y la denuncia de la violencia obstétrica. En este sentido, reivindica que las instituciones públicas actúen para abordar, de una vez por todas, la erradicación de esta violencia históricamente silenciada y normalizada. La cita es en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, en la que aborda a fondo su lucha por el parto respetado.

Ganaste en 2019 el premio de la organización Human Rights in Childbirth (derechos humanos en el parto) por tu contribución en la lucha por el cumplimiento de los derechos de madres y recién nacidos en los servicios de ginecología y obstetricia. ¿Por qué es importante el reconocimiento de la violencia obstétrica?

Es un problema de derechos humanos, estructural y sistémico que se ejerce en España, y en muchos otros países del mundo, causando discapacidad a las mujeres y a los niños y niñas. No puede ser que el sistema de salud en lugar de darnos salud nos infrinja violencia y nos deje dañadas física y psicológicamente para siempre.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de Naciones Unidas condenaba a España, en marzo de 2020, a indemnizar a una víctima de violencia obstétrica . ¿Qué supuso esta resolución?

Fue muy importante porque supuso un reconocimiento de la existencia y la gravedad de la violencia obstétrica. Sobre todo, porque es una referencia para juristas de todo el mundo y para las mujeres a las que defendemos las abogadas que trabajamos en la salud sexual y reproductiva. Además, esta decisión hace una serie de recomendaciones al Estado español sobre cómo erradicar la violencia obstétrica, que suponen un trabajo de estudio y reflexión sobre las causas y las consecuencias y cómo trabajar en ellas. Por ejemplo, dice que los jueces deben recibir formación en sesgo de género en medicina y, en particular, en conocer la violencia obstétrica. Y también el resto de operadores jurídicos y todas las personas de la administración pública, y por supuesto, de la sanitaria, que trabajan con las mujeres embarazadas. O también dice se debería crear un mecanismo para que las reclamaciones de las mujeres sean atendidas con prontitud y eficacia.

La violencia obstétrica ha dejado de ser invisible, pero, en cambio, el Consejo General de Colegios de Médicos (CGCM) rechazaba el pasado verano su existencia. La actitud negacionista me produce pena. Queda en evidencia que es un colectivo decrépito, que no es funcional; no conocen el problema y no les importa la salud de las mujeres. Es decir, lo niegan, no porque no exista conocimiento acumulado sobre la problemática, sino porque no quieren verlo. Y esta actitud es, en definitiva, una forma más de maltrato hacia nosotras. A la vez, me parece una actitud patética, porque ellos se niegan a reconocer la violencia obstétrica y quedan en evidencia cuando los principales organismos internacionales ya lo han reconocido, e, incluso, parte de su colectivo como, por ejemplo, los colegios de médicos de Cataluña se desmarcaron de la versión oficial o como los colegios de comadronas, que también la reconocían.

Cada vez más profesionales de la sanidad se desmarcan de la versión oficial del CGCM, ¿por qué es importante que este colectivo haga autocrítica?

Porque nos protege de resultados adversos, tanto a nosotras como a nuestros hijos. O, incluso en el contexto del aborto, porque, quiero insistir que nuestro trabajo no solo se centra en la lucha de las mujeres que dan a luz, sino también en aquellas que necesitan practicar un aborto, porque aquí también se practica la violencia obstétrica. Por lo tanto, es importante abordar este problema. Hay muchos profesionales que también sufren estrés y se sienten obligados a ser cómplices de hacer todo esto, pese a no estar de acuerdo con la manera en la que se atiende a las mujeres. Y muchas veces ellos también son discriminados.

¿Conocemos suficientemente nuestros derechos en los procesos de embarazo, parto y postparto?

Por nuestro legado histórico, aún nos sometemos a la autoridad médica, de la misma manera que antes nos sometíamos a la del sacerdote o la del juez. Ellos podían decidir sobre nuestras vidas y apropiarse de nuestra autonomía personal. Y esto tiene muchísimo peso. Sí, desgraciadamente existe un gran desconocimiento sobre nuestros derechos, como pacientes y usuarias en general y, no digo ya, sobre los derechos de las mujeres y usuarias de los servicios de ginecología y obstetricia en concreto, que es un servicio reducto, dónde no se ha alcanzado la emancipación que hemos alcanzado las mujeres en otros ámbitos de la vida. No obstante, gracias al trabajo de asociaciones como El Parto Es Nuestro, Dona Llum o el Observatorio de la Violencia Obstétrica, cada vez hay más conocimiento sobre esta problemática y sobre nuestros derechos.

Pero, ¿ser conocedoras de estos derechos es suficiente para evitar la violencia obstétrica?

Definitivamente, no. Además de la información, necesitamos estrategias específicas para protegernos. Lamentablemente, cuando estás en una situación de vulnerabilidad tan grande, como es el proceso de dar a luz o un aborto, saber no es equivalente a poder. Necesitas más, como, por ejemplo, cambiar de hospital si recibimos un trato indebido, evitar ir pronto hospital cuando nos ponemos de parto, porque sabemos que si nos precipitamos tenemos más probabilidades de que suframos intervenciones innecesarias… Es decir, acumular todos estos saberes que las activistas hemos recopilado durante años también es importante, más allá del conocimiento teórico de nuestros derechos.

Existe mucha controversia sobre el plan de parto. Desde tu punto de vista, ¿es importante tenerlo?

El plan de parto no es otra cosa que la manifestación explícita de la voluntad de la mujer y genera controversia porque, claro, de nosotras no se espera tal cosa. Esta herramienta en su día fue una acción de primer orden de la lucha contra la violencia obstétrica, sobre todo para conseguir autonomía personal. Que una mujer se atreviese a decirle a un médico o a una comadrona lo que quería y lo que no quería que se le hiciese era absolutamente revolucionario. Y sigue siéndolo todavía, porque se considera que nosotras, cuando vamos a dar a luz o estamos embarazadas, no somos seres racionales, sino un contenedor de bebés que, de cabeza para abajo existe, pero para arriba no. Y el plan de parto pone en evidencia todo esto. Dicho esto, sabíamos que muchas mujeres por el hecho de presentar el plan de parto iban a ser peor tratadas, entonces nuestro consejo era que lo presentasen, pero que no confiasen solo en el plan de parto. Que se protegieran frente a reacciones adversas. Poco a poco se fue aceptando, incluso los servicios de salud publicaban en sus páginas web formularios de plan de parto y hoy está más aceptado. Creo que no es el plan de parto en sí lo que te puede ayudar, sino los profesionales que ya han hecho el cambio y que están dispuestos a tenerte en cuenta. El cambio radical está ahí.

¿Qué debe hacer una mujer que sufre violencia obstétrica? ¿Cuáles son las vías y las opciones que tiene para denunciarlo?

Primero, contárselo a sí misma, reconocérselo y después, compartirlo. Y, evidentemente, poner una queja y denunciar lo que ha ocurrido, sin pensar que el problema y la responsabilidad es suya. Hay que superar el victimismo, salir del papel de la víctima y avanzar hacia la recuperación. Para ello hay muchos instrumentos. Uno es demandar, pero, desgraciadamente, no siempre es viable porque no siempre hay pruebas. Pero siempre se puede hacer algo, desde publicar nuestro testimonio para que otras mujeres puedan conocer las prácticas que determinados centros y profesionales hacen, hasta presentar una queja. En mi página web hay un esquema de las vías de reclamación que son sofisticadas, como por ejemplo presentar quejas deontológicas a los colegios de médicos, dirigirnos a nuestras aseguradoras en el caso de la privada, entre otras. Es importante no guardar silencio y molestar a todas las instituciones que siguen negando la violencia obstétrica.

Da la sensación que cada vez cuesta menos hablar de esta violencia, pero todavía hay mucho camino por recorrer. ¿Echas de menos un debate estructural en profundidad?

No, el debate ya ha existido. Hemos superado esa fase y ya hemos visto que el debate solo sirve para evidenciar la ignorancia de estas organizaciones que no quieren escucharnos. Ahora es el momento de actuar y de ver cómo tenemos que abordar el problema.

El papel de las instituciones será determinante en la erradicación de la violencia obstétrica. ¿Se ha hecho algún movimiento?

El único movimiento del que tengo constancia es que el Ministerio de Igualdad está promoviendo la inclusión de la violencia obstétrica en la futura ley de salud sexual y reproductiva. Pero, yo me pregunto, ¿por qué empleamos el tiempo y los recursos en una ley que no va a solucionar el problema? El problema no es legal, necesitamos cambiar las formas de trabajar, los protocolos, la formación de los profesionales sanitarios. Un primer paso podría ser, por ejemplo, cumplir las recomendaciones que nos hace Naciones Unidas. Para ello no se necesita pasar por el parlamento ni por los trámites de ningún proyecto de ley, porque ya forma parte de nuestro ordenamiento jurídico. Recordemos que las decisiones de los comités de los tratados internacionales firmados por España forman parte de nuestro ordenamiento jurídico. Se están desviando intentando ponerse una medalla.

Como en todas las luchas, escuchar a las mujeres y a las profesionales que lleváis años trabajando por el parto respetado será determinante para elaborar políticas públicas que blinden los derechos del parto respetado. ¿El Ministerio de Igualdad te ha convocado??

Sí, el Ministerio de Igualdad me convocó a las reuniones en torno a la reforma de la ley de salud sexual y reproductiva, pero creo que no les ha gustado lo que les dije y lo que pienso, porque no me han vuelto a convocar. Yo les pregunté si iban a cumplir las recomendaciones de Naciones Unidas, la primera de ellas era reparar a la víctima; cuando les pregunté si lo harían, guardaron silencio. De momento, no lo han hecho y la Abogacía del Estado ya ha dicho que no lo hará. A partir de ahí, no puedo confiar en el Ministerio de Igualdad, en absoluto.

¿Cómo se debería erradicar la violencia obstétrica desde las instituciones?

No necesitamos más normas. Necesitamos, por ejemplo, que el Ministerio de Sanidad exija datos a los centros sanitarios, registros de tasas de inducciones, de episiotomías de determinados profesionales y centros. Una vez tengamos esas cifras, deberían adoptar medidas para corregirla. Así serán muchísimo más eficaces que con todas las leyes. Insisto, a mí, como abogada, me sobran leyes; tengo el Convenio Europeo de Derechos Humanos, el Convenio de Oviedo sobre aplicaciones de la bioética a las ciencias de la vida, la ley básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y deberes en materia de información y documentación clínica, tengo la decisión de Naciones Unidas… Tengo tantas normas de referencia según las cuales la violencia obstétrica es una vulneración de nuestros derechos más fundamentales que no me hacen falta más. Me hacen falta medidas eficaces.

¿Eres optimista?, ¿estamos realmente más cerca de combatir la violencia obstétrica?

Sí, soy optimista porque confío, no tanto en las instituciones, sino en las mujeres, en las comadronas y en la lucha feminista. Hemos conseguido muchos logros y, he de reconocer que sí que ha habido instituciones y mujeres dentro de esas instituciones que han hecho un gran trabajo, como fue en su día la Estrategia de la Atención al Parto Normal del Ministerio de Sanidad [de 2007], estando Concha Colomer e Isabel Espiga en el Observatorio de Salud de las Mujeres. Hicieron un trabajo estupendo que en su día fue muy importante, aunque luego no se le ha dado seguimiento. Pero está claro que es un instrumento que, junto con la decisión de Naciones Unidas, son un buen punto de partida para que el Ministerio trabaje en la implementación y generalización de la estrategia.