En defensa de los servicios básicos en tiempos de coronavirus, y siempre

Cuando acabe todo esto nos dirán que la vida sigue; pero no lo hará si no recuperamos los servicios básicos.

Míriam Planas Martín, Aigua és Vida

Irene González Pijuan, Enginyeria Sense Fronteres

Maria Campuzano Guerra, Aliança contra la Pobresa Energética i Xarxa per la sobirania energètica

Mònica Guiteras Blaya, Aliança contra la Pobresa Energética

Pikara 10-04-2020

Ilustración de Paulapé

“Iros a casa” nos dijeron hace ya unas semanas. La casa como refugio, protección, espacio de recogimiento. Pero, ¿y quién no tiene casa? ¿Y quién no tiene los suministros básicos en casa? ¿Y quién no tiene una red de apoyo? ¿Y quién tiene el enemigo en casa? Una casa no es siempre un refugio, puede ser también testimonio de situaciones de violencia y de opresión. De dominaciones sutiles, de dolor, de vulneraciones.

Nos dicen que tenemos que cuidarnos estos días, pero hay quien no puede permitírselo. Por eso nos hace falta confrontar el romanticismo del confinamiento. Tras este pueden esconderse una gran diversidad de situaciones de convivencia, para las que el modelo de “confinamiento” no sirve o acentúa su vulnerabilidad.

Pareciera que estos días se han visibilizado los cuidados. Pero quizás solo algunos, o quizás se nos ha olvidado visibilizar aún más quién los sostiene y en qué condiciones.

Se ha visibilizado el papel de la sanidad pública, la importancia del cuidado de personas dependientes o enfermas, pero también cómo de esenciales e imprescindibles para la vida son servicios como el agua, el saneamiento, la gestión de los residuos, la energía, etc. ¿Quién recibe un mayor impacto cuando estos servicios esenciales no están garantizados? ¿Quién los asume como tarea mayoritariamente?

Son una inmensa mayoría de mujeres las que trabajan en residencias de gente mayor, cuidan a personas dependientes, limpian hoteles -y son despedidas a la menor oportunidad- o atienden en supermercados exponiéndose continuamente. Trabajos no remunerados o trabajos hiperprecarizados, en régimen del hogar, como internas, sin poder volver a su casa, algunas sin estar dadas de alta en la seguridad social. Aún más precarización, si cabe, de aquellos servicios ya precarizados. Aún más feminización de la precariedad y de la pobreza. Mujeres que siguen acogiendo la vulnerabilidad y son vulneradas mientras lo hacen.

Entonces, ¿se han visibilizado los cuidados estos días realmente? ¿Por qué hay que llegar a esta situación para que se haga patente este sistema depredador que atenta contra la vida, contra lo más básico y esencial? Dependemos de otras personas para vivir. Dependemos de los recursos de la naturaleza. Y nos estamos cargando las dos cosas, con el agravante de la vulnerabilidad y la precarización que este desmantelamiento traerá a nuestros modos de vida y al planeta.

En momentos de fragilidad, cuando las vulnerabilidades se solapan, ¿qué medidas se han tomado para las personas migrantes en situación administrativa irregular? ¿Qué medidas para las trabajadoras sexuales? ¿Y para las personas jóvenes que han migrado solas y viven en nuestras calles? ¿Y para la infancia? Hemos hecho desaparecer estos colectivos -también de derechos- de nuestra sociedad, ahora aún más si cabe.

Los cuidados infantiles y a personas mayores han vuelto a la esfera privada que se supone que debe tener medios emocionales, económicos e infraestructurales para hacerse cargo de ellos. Las medidas dirigidas a la infancia han sido inexistentes, orientadas en su mayoría a no hacerles abandonar su productividad escolar, sin pararse a pensar en aquellas criaturas sin espacio, sin acceso a redes, sin agua, sin energía, sin calefacción, sin seguridad. Una vez más, las directivas han sido adultocentristas, homogéneas, monolíticas, patriarcales.

Es mentira que esta crisis nos afecta a todas por igual. No es casualidad que, por ejemplo en Barcelona, los barrios más vulnerados de la ciudad sean las zonas donde se concentra el mayor número de casos positivos de la Covid-19. Esta crisis no hace más que hundir todavía más a los más vulnerables y vulnerados.

La emergencia sanitaria que vivimos está siendo un espejo angustiante y doloroso que nos demuestra qué son los servicios básicos y por qué muchas luchamos para que estos sean siempre de gestión pública o comunitaria. Hemos visto cómo en momentos de crisis la sociedad en bloque pide -exige- la responsabilidad del sector público y del Estado para amortiguar el golpe. Más adelante quizás podremos reflexionar si realmente todo lo que nos es indispensable para la vida, los bienes comunes y los bienes públicos, no deberían ser siempre -y no sólo en «estados de alarma»- de la ciudadanía.

Agua, energía, salud, educación, acceso a las redes y las tecnologías, residencias para ancianos, producción de alimentos… recuperemos todas. Recuperemos la proximidad y lo local en todas sus vertientes: en la producción de alimentos, en las redes comunitarias y vecinales de apoyo mutuo, en un modelo de la salud basado en la prevención, en los determinantes ecosociales, en la atención primaria.

No cedamos al falso discurso de que vivimos de la única manera posible porque precisamente la forma en que hemos vivido hasta ahora, orientada a la producción, a la acumulación de capital y a la mercantilización de todo aquello que pueda tener un valor añadido sólo nos ha hecho más individualistas y más desiguales. Hemos externalizado, precarizado y deslocalizado lo que el capital rechaza: los cuidados, la atención a personas mayores, la producción local de alimentos, las tareas del hogar, la sanidad… y ahora hemos visto que nos sostienen día a día. Porque no es que ahora las necesitemos más que antes, es que ahora las estamos asumiendo, o dejando de hacer en muchos casos, con la/s vida/s que esto se llevará por delante.

Estos días vemos modos de vida que se extinguen, que no son posibles en este marco. El pequeño comercio, la producción local, las personas autónomas, una versión fantasiosa del teletrabajo que ignora la conciliación y la hace (más) imposible. Personas que han perdido su trabajo y que, aparte de sufrir un ERTE y ver cómo no pueden trabajar o facturar a fin de mes, se ven encerradas en casa con un consumo de servicios básicos que no para de aumentar. Personas que llevan tiempo sin agua y nos damos cuenta de ello porque de pronto han cerrado las fuentes, el único lugar donde pueden autoabastecerse. Asentamientos de 5000 temporeros en Huelva que después de semanas de confinamiento aún no tienen acceso al agua. La sociedad creía que sólo las mujeres en África caminan para ir a buscar agua. Pero los márgenes del sistema están llenos de situaciones como estas.

Nos piden que por el bien común nos quedemos en «casa». Y aquí estamos. Una de cada diez familias (como mínimo), no puede hacer frente a los servicios energéticos en condiciones normales. Con el aumento de consumo que implica el confinamiento la angustia de la factura se hace ya infinita. Estas familias están haciendo un esfuerzo titánico por el bien común, pero parece que nos tiemble el pulso cuando a quien debemos exigir actuar por el bien común es a las grandes empresas.

Dicen suspendernos el pago de los suministros y del alquiler para que lo paguemos cuando supuestamente estemos mejor. Mientras tanto, todas aquellas empresas privadas a quienes hemos delegado nuestros cuidados a través de la gestión de los servicios básicos seguirán haciendo beneficios a costa de nuestro ahogamiento. ¿Tiene sentido seguir manteniendo los beneficios de unos accionistas mientras hundimos a las familias en deudas? Hay quien está produciendo en masa y hay quien no puede ni sentarse cinco minutos. Se está protegiendo el capital a través del sacrificio de las familias y de los colectivos más vulnerados. No podemos normalizar esta receta. No debemos aceptarla de nuevo.

Asistimos atónitas al lavado de imagen de grandes empresas que ofrecen “concesiones” al Gobierno: lo vimos con Inditex y Amancio Ortega y ahora lo vemos con el agua, la luz y el gas. En lugar de un Gobierno que garantiza derechos, obliga a no pagar y asegura la gratuidad de los suministros, hemos visto empresas que se comprometen a no cortar y a aplazar o fraccionar los impagos. También lo hemos visto con la sanidad, donde se están montando hospitales de campaña y medicalizando hoteles, mientras los hospitales privados están haciendo ERTEs. O con el Estado, avalando créditos para que la gente siga pagando los alquileres endeudándose incluso más si cabe. De nuevo, no podemos normalizar estas medidas, menos aún en un estado de alarma. Si todo se detiene, también se debería detener el lucro ante la provisión de servicios esenciales a la ciudadanía.

Nos dicen “iros a casa”, mientras desmantelan nuestros modos de vida, nuestras condiciones materiales de existencia. Tranquil@s, cuando esto acabe, todo estará peor de cómo lo dejamos.