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El "pañuelazo" en Argentina vibra al reclamar la legalización del aborto

Viernes 21 de febrero de 2020

Una gran movilización llegó hasta las puertas del Congreso en Buenos Aires y se extendió por un centenar de ciudades en el interior del país para exigir la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

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Retrato a una de las participantes de una movilización a favor del aborto este miércoles, en Buenos Aires (Argentina) EFE

Buenos Aires 20/02/2020 ANA DELICADO Público

Una marea colorida inundó el centro de Buenos Aires este miércoles cuando miles de mujeres se acercaron con su pañuelo verde en alto hasta el Congreso de la capital argentina para reclamar la sanción de una ley que garantice el aborto legal, seguro y gratuito.

A dos años del primer "pañuelazo" que abrió el camino de la discusión legislativa sobre la interrupción voluntaria del embarazo, organizaciones feministas, sociales, políticas, sindicales y de derechos humanos apoyaron esta convocatoria con la consigna "¡Nuestro proyecto está en las calles!".

La legalización del aborto "es una cuestión de libertad que ya han conseguido en otros lugares, así que es una injusticia que aquí eso no esté", razonó en diálogo con Público una de las asistentes a la manifestación, Claudia Laudano. "Hace 32 años que peleo por el aborto legal por convencimiento, soy una activista desde hace tiempo y creo que este año va a salir".

Esta argentina comenzó a interiorizarse sobre los derechos de la mujer en 1988, "cuando comencé a ser feminista a raíz de mi participación en un encuentro nacional de mujeres en la que se impartían talleres sobre aborto", reflexionó. "Ahí entendí que lo que había hecho era algo que muchas compartíamos, y entonces nos comprometimos y empezamos a militar por el aborto legal".

A la espera de que se sancione la ley, en los últimos años "se ha extendido el uso del misoprostol para poder abortar y las mujeres cuentan con más acompañamiento y con alguna información. Pero también han fallecido muchas compañeras sin que haya una conciencia sobre esas muertes, como sí la empieza haber con el caso de los feminicidios", sostuvo.

Laudano atribuyó al poder de la Iglesia católica y de los grupos evangélicos el hecho de que no se haya podido hasta el momento legalizar el aborto, a lo que se suma la "hipocresía de la clase política". "Al haber una predominancia de hombres en este ámbito, los legisladores no sienten ningún costo ni desde lo personal ni desde lo político para promover este tipo de leyes", afirmó.

Congreso opresor

Mientras pasacalles de diversos colectivos trataban de abrirse paso en la manifestación, un desfilar continuo de mujeres con pelucas o con el rostro salpicado de brillantina daba movimiento a la marea verde que participaba en las proyecciones, en las presentaciones de libros, y en los talleres que se programaron durante la jornada.

Caía el atardecer cuando el colectivo feminista chileno Las Tesis, creadoras de la representación "Un violador en tu camino", se subieron al escenario situado frente al parlamento. En un momento de la coreografía, las jóvenes giraron sobre sí para señalar el edificio del palacio legislativo, "donde votan el aborto clandestino", y acusar al "Congreso opresor" de ser "un macho violador" ante el grito emocionado de las asistentes.

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El colectivo chileno "Las Tesis" junto con activistas feministas argentinas realizan su tradicional performance "Un violador en tu camino", adaptada con elementos de la lucha feminista argentina, durante una movilización a favor del aborto este miércoles, en Buenos Aires (Argentina). EFE/ Enrique García Medina

Conmovidas entre la multitud, integrantes del colectivo Poetas Por el Derecho al Aborto Legal se mostraron convencidas de que la ley por la interrupción voluntaria del embarazo se sancionará este año. "Venimos acompañando este proceso de movilización desde 2018, cuando se presentó el proyecto por séptima vez, y ahora volvemos a estar aquí porque creemos posible que este año sea ley", explicó Valeria Cervero.

La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, convocante de esta marcha masiva que se extendió por un centenar de ciudades de Argentina y que tuvo su réplica en otros países, entre ellos España, presentó en 2019 por octava ocasión ante el parlamento un proyecto de ley elaborado con el apoyo de más de 700 organizaciones. El texto, que todavía tiene estado parlamentario, reconoce en su artículo primero el derecho de toda mujer a interrumpir su embarazo hasta las catorce semanas de gestación.

Si hasta ahora no fue aprobado el proyecto se debe "a los legisladores que tenemos, que son permeables a las presiones y que nada tienen que ver con lo que las mujeres decimos en las calles", retomó Cervero. "Hay un sector de la sociedad que todavía no transita este debate por una serie de razones que tienen que ver con lo religioso y la no separación de la Iglesia y el Estado, pero hay una conciencia y se ve en esta realidad de que las que venían luchando desde los años 80 están acompañadas por el resto de mujeres de menor edad".

En el país sudamericano medio millón de mujeres recurren cada año al aborto clandestino, "mostrando cómo la penalización no impide su práctica, sino que la hace peligrosa por la falta de recursos económicos de muchas mujeres", recuerda la Campaña, cuyo lema es "educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir". Desde el regreso de la democracia en 1983, más de 3.000 mujeres han fallecido como consecuencia de esta práctica.

La única ocasión en que el debate por la legalización del aborto llegó al Congreso argentino fue en 2018, año del primer "pañuelazo". Consciente de aquella movilización, el entonces presidente, Mauricio Macri (2015-2019), accedió a que el proyecto fuera discutido por los legisladores pese a que él estaba en contra. Tras más de cuatro meses de debate, el texto fue rechazado en el Senado, pese a que había recibido media sanción en la Cámara de Diputados.

Aunque el aborto es un delito en Argentina, el artículo 86 del Código Penal autoriza la interrupción de un embarazo cuando está en riesgo la vida o la salud de la mujer o cuando la gestación se produjo a raíz de una violación.

Tras su llegada al poder en diciembre de 2019, el nuevo Gobierno de Alberto Fernández reglamentó un protocolo nacional al que se han adherido once de las 24 jurisdicciones del país para asegurar que los servicios de salud no denieguen la interrupción del embarazo a las mujeres que requieren un aborto bajo estas causales.

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