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El idioma, la barrera de las víctimas extranjeras de violencia de género

Jueves 23 de abril de 2015

El proyecto europeo SOS-VICS (’Speak Out for Support’, Habla para pedir apoyo) reclama la formación de intérpretes especializados y pide la presencia del mismo durante todo el proceso asistencial de la mujer maltratada.

Público 17-04-2015

CAROLINA GARCÍA MUNDI

@carolgMundi

MADRID.- Los responsables del proyecto SOS-VICS (’Speak Out for Support’, -’Habla claro para pedir apoyo’ en español-) se han reunido esta mañana para reclamar que exista una "traducción correcta y de calidad para que las víctimas de género extranjeras procesadas e implicadas tengan asegurados sus derechos fundamentales".

Así se ha expresado Carmen Zamorano Herrera, responsable del Departamento de Traducción y Coordinación Lingüística de Representación de la Comisión Europea, que ha señalado que la Unión Europea está elaborando una serie de normas que se centran "en proteger los derechos de los ciudadanos europeos" y entre ellas, se encuentra este proyecto "que se adscribe en una traducción de calidad y equitativa". Sin embargo, la normativa europea e internacional reconoce el derecho de las víctimas de la violencia de género foráneas en el ámbito de lo policial y lo judicial, pero no en ámbitos como el sanitario o el social.

Maribel del Pozo, profesora de la Universidad de Vigo e investigadora del proyecto SOS-VICS, sostiene que las víctimas extranjeras de violencia de género "son absolutamente invisibles. Solo salen en los medios de comunicación cuando son asesinadas o supone una tragedia".

Este proyecto, que cuenta con el apoyo de nueve universidades asociadas -entre las que se encuentran la Universidad de Alcalá, la Universidad Autónoma de Barcelona o la Universidad de Salamanca- y con entidades colaboradoras como la Fundación Academia Europea de Yuste, la Fundación Ana Bella o el Instituto de Medicina Legal, ha estado formado por tres fases. "La primera se ha fundamentado en la investigación de problemas reales entre víctimas y agentes, la segunda, en la creación de recursos para víctimas, agentes e intérpretes; y la tercera, en la difusión para hacer entender la importancia de que se reconozca el derecho de las víctimas y que sea efectivo mediante la traducción especializada".

En España, este problema se trata de una manera "muy poco afianzada", ha dicho Maribel, añadiendo que "el Congreso de los Diputados aprobó esta semana el Estatuto de la víctima del delito pero en él no se habla de la necesidad de que estos intérpretes sean especializados".

La situación es delicada ya que, los datos de las víctimas extranjeras que sufren violencia machista duplica a las víctimas de violencia de género españolas, según la macroencuesta del CIS publicada en el año 2011. Así lo ha recalcado Maribel, que ha insistido en que a pesar de ser mayor el número de víctimas, "no existen mecanismos adaptados a las víctimas foráneas".

"Cualquier persona en los juzgados puede ejercer como intérprete. Hemos visto ejercer como traductor de la víctima hasta al propio acosador", ha dicho Sarah Khay, representante de la APTIJ.

El problema es que en multitud de ocasiones, el traductor o intérprete de la víctima no es un profesional y estas actividades no son llevadas a cabo por personas cualificadas. "Igual que se necesitan dos manos para poder tocar el piano, es necesario saber algo más de dos idiomas para poder interpretar", ha dicho del Pozo.

A pesar de que la normativa europea reconozca el derecho de tener un traductor en el ámbito de lo judicial y lo policial, "este derecho se ve vulnerado". Los intérpretes y traductores no son profesionales en el idioma, pero tampoco tienen formación en violencia de género.

Por ello, El proyecto SOS-VICS está pidiendo la especialización de los diferentes intérpretes para que las víctimas "no sufran las barreras de la comunicación en ninguna de las fases del proceso de asistencia". Han recalcado que hay que tener en cuenta que la mayoría de casos de violencia de género de víctimas extranjeras no llegan al juzgado porque "no han tenido traductores en el Centro de Salud, en el Centro de acogida o durante las conversaciones con su abogado para preparar su juicio" por lo que muchos casos se quedan por el camino por "miedo, desconocimiento o falta de comprensión del idioma", ha dicho Maribel del Pozo.

SOS VICS ha realizado diferentes talleres con expertos en materia y ha llevado a cabo una investigación socioestadística con agentes específicos que trabajan con las víctimas extranjeras de violencia machista. Tras las 586 respuestas obtenidas, han concluido que "un 32,1% de los agentes asegura no tener la certeza de que la víctima lo ha entendido plenamente, un 29,9% de los intérpretes mantienen conversaciones con las víctimas y luego no las traducen y en el 28,7% casos se utiliza el mismo intérprete para víctima y agresor".

Del Pozo ha asegurado que las víctimas extranjeras de violencia de género que han colaborado con el proyecto -un total de doce 12 mujeres- les han confesado a los diferentes responsables sus diferentes vivencias. "Nos contaban que la información la cambiaban, que los intérpretes les incitaban a retirar la denuncia, que no mantenían la confidencialidad o les pedían que rezasen a Alá para que su marido cambiara".

Carmen Toledano ha explicado que la creación de recursos que han llevado a cabo desde el proyecto es "importante para aportar soluciones". Desde SOS-VICS han creado una guía para profesionales de la atención a víctimas de la violencia machista, "que además explica el código cultural y deontológico de diferentes países" y un vídeo multilingüe que se adapta culturalmente y muestra a las víctimas el itinerario de los pasos que hay que seguir.

Los intérpretes son los destinatarios de la información. Son los destinatarios de la información. "Tienen la necesidad de ser formados en herramientas para gestionar los problemas de comunicación y especializarse. Los médicos, sociólogos, psicólogos son las voces que las representan y tienen que tener una formación específica".

Endika Zulueta, portavoz de la Asociación Libre de Abogados y Abogadas, defiende que "no basta con saber tres idiomas o quince, no basta con saber técnicas o estar en la universidad. Tenemos que tener la capacidad de empatía porque de nosotros depende la libertad de una persona".

Zulueta sostiene que "una víctima de cualquier delito se siente humillada o sola, porque ve violado un derecho. Esto en violencia de género se triplica". Sin embargo, estas mujeres tienen que reclamar a los tribunales pero "hacen unas reclamaciones que no se entienden".

Muchos casos se quedan por el camino por "miedo, desconocimiento o falta de comprensión del idioma", ha dicho Maribel del Pozo.

Endika ha subrayado que en ocasiones la mala interpretación de las declaraciones ha llegado a implicar que "la mujer que entra como denunciante se convierta en denunciada. Solo porque el intérprete diga: ’yo también le di’ en vez de ’yo le di para defenderme’".

Sarah Khay, representante de la Asociación Profesional de Traductores e Intérpretes Judiciales y Jurados (APTIJ), ha sentenciado que "cualquier persona en los juzgados puede ejercer como intérprete. Hemos visto ejercer como traductor de la víctima hasta al propio acosador".

La falta de formación técnica "hace que los derechos de las víctimas se vean vulnerados". Khay ha señalado que la justicia "queda fuera del alcance de las víctimas extranjeras. Ellas carecen de voz en el proceso penal español. Esos derechos se quedan en papel mojado".

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