El declive de la ayuda a domicilio: servicios integrales y remunicipalización para su salvación

Mientras las trabajadoras denuncian precariedad, falta de control de la administración y un excesivo beneficio de los intermediarios, la calidad de la asistencia a los mayores se degrada. Del apoyo psicosocial que hacían antes y ayudaba a frenar el avance del deterioro cognitivo, ahora se han quedado en un mero servicio de limpieza.

El personal que está cuidando mayores y dependientes no cuenta con las medidas adecuadas para cortar la propagación del virus. DAVID F. SABADELL

Laura L. Ruiz 24 ABR 2022 El Salto

La Organización Mundial de la Salud resalta la importancia del sitio donde vivimos mientras se envejece: hacerlo en un lugar conocido aumenta los niveles de confianza, independencia y autonomía. Mantener a los mayores en su entorno, su barrio y su casa tiene dos otros grandes beneficios. Por un lado, ayuda a los familiares implicados en su cuidado a compaginarlo con su vida y, por otro, es mucho más económico que la institucionalización de los mayores (ingresar en una residencia). Un cuarto factor, el más importante, lo avala: las personas mayores prefieren seguir viviendo en sus casas. Así lo demostró una encuesta del Imserso en 2010 donde decía que el 87,3% de los preguntados preferirían mantenerse en casa incluso aunque tuvieran que vivir solos en ella.

¿Cómo logramos que así sea? ¿Cómo logramos mantener las recomendaciones de los expertos, hacer más sostenible el sistema y respetar la voluntad de los mayores? La respuesta es la ayuda a domicilio. Se trata de un servicio asumido por las comunidades autónomas y los ayuntamientos que tiene apenas 30 años de vida en España, aunque una larga trayectoria en otros países con Estado del Bienestar. “La red familiar ha sido el principal sostén de nuestros mayores pero cuando esta no está disponible, ahí deben estar nuestras instituciones”, explica María José Mena Cañadas, vocal de la Asociación madrileña de Enfermería Gerontológica (AMEG). “Cuando las personas pueden vivir con buena salud y en un entorno propicio —continúa—, su capacidad para hacer lo que más valoran apenas se distingue de la que tiene una persona más joven. En cambio, si están dominados por el declive de la capacidad física y mental, las implicaciones para las personas mayores y para la sociedad se vuelven más negativas”.

En este punto es cuando un sistema público social y de salud se hace notar. Mena Cañadas explica que el deseo de permanecer en el hogar se entiende al ver la casa familiar como el lugar de apego emocional. Es el espacio físico donde se encuentran sus recuerdos y los eventos biográficos más relevantes, como puede ser la crianza de los hijos o las celebraciones familiares. Además, insiste, es más saludable. “Evita el desarraigo del entorno habitual, mantiene un contacto estrecho con familiares y amigos, ofrece intimidad, promueve la autonomía y le proporciona mayor libertad, pero, sobre todo, garantiza un mayor equilibrio mental y emocional que se traduce en un mejor estado de salud”.

Para esta sanitaria especializada en gerontología, la institucionalización residencial es considerada la solución cuando hay un alto grado de dependencia y no es posible realizar un porcentaje alto de las tareas diarias. “En otras ocasiones —continúa—,el ingreso en una residencia es la solución a la búsqueda de compañía, una respuesta a problemas familiares, malas condiciones del hogar o en situación de pobreza”. Pero, advierte, si bien es necesario que existan plazas habitacionales en centros de mayores, también es necesario que, desde la Administración, se planteen otras alternativas anteriores a la institucionalización. Y recuerda que “la mayoría de las personas en una franja entre los 60 y los 70 años se encuentra aún con una expectativa de vida de 20 o más años, la mayoría en buenas condiciones. España, después de Japón, es el país con mayor número de personas mayores”.

Objetivo: mantener la autonomía el mayor tiempo posible

La actual demanda y la llegada de la generación del baby boom a la jubilación hacen que cada vez más voces acentúen la importancia de reforzar la ayuda a domicilio. Y no solo aumentar el número de empleados, sino recuperar sus servicios primarios. “Nuestra formación pasa por saber mover a una persona con limitaciones, nos daban conocimientos básicos de psiquiatría, en áreas psicosociales, en patologías de la vejez, en elaboración de comidas adaptadas a las dietas que el usuario pudiera tener, el ámbito gerontológico y también para mantener la casa en condiciones de salubridad”, comenta Carmen de Diego, de la Plataforma Unitaria de Auxiliares de Ayuda a Domicilio. Tanto antes como ahora, que es una formación en grado medio, a todos estos contenidos se unían tareas como limpiar la ropa del usuario, supervisar las pautas de medicación previa autorización de servicios sociales, el acompañamiento y el mantenimiento de la limpieza. “Nuestras funciones son que la persona conserve la autonomía personal el mayor tiempo posible, retrasar el internamiento y mantenerles integrados en la sociedad”, apunta De Diego, que trabaja en Gijón.

¿Entonces, por qué la mayoría de las intervenciones que hacen las auxiliares se limitan a la limpieza de la casa? “Se trata de una degradación del servicio que empezó en 2011. Cada vez hay más limpieza, cuando los usuarios deberían ser partícipes, no meros espectadores”, explica. Se refiere a que cuando se da un servicio integral, los usuarios hacen junto a la auxiliar las tareas. Si van a limpiar una estantería, ellos repasan los objetos pequeños mientras que los altos los limpia la trabajadora. O al hacer la comida, lo hacen entre las dos personas, así se mantiene viva la memoria funcional del mayor y se combate la soledad no deseada. “Me frustra —explica— que si lo que queremos es que sean lo más independientes posibles, ahora tengo que dejarles delante de la televisión mientras nosotras hacemos todo”.

También, advierte De Diego, sin otras muchas tareas —como ir a comprar juntos, dar un paseo por el barrio o mantener una rutina activa—, el papel de vigilantes en la salud o deterioro cognitivo del mayor no pueden realizarlo. “Cuando les sacas de su entorno más controlado, como la casa, es cuando puedes ver muchas cosas”, opina. “En estos 18 años que llevo trabajando en ayuda a domicilio ha cambiado mucho nuestro trabajo”, comenta Elena Vidal Martín, auxiliar en una subcontrata del Ayuntamiento de Madrid y secretaria general del sindicato OSAD, para quien la degradación del servicio llegó de la mano de Ana Botella. “Antes se primaba mucho la atención personal, tenía muchos acompañamientos, también había aseo o atención directa al usuario. El arreglo de hogar era lo mínimo”, asegura.

Para Vidal, que empezó a trabajar en este sector por vocación a los 20 años, se trata de una malversación de los servicios públicos. “Te piden que limpies, porque del aseo o la compra ya se encarga la familia”, comenta, en relación a que las familias pueden decidir a qué se destinan las horas que los servicios sociales les conceden. Antes, si la trabajadora social detectaba que una persona necesitaba dos horas para aseo, una de acompañamiento y dos de mantenimiento del hogar, se tenía que hacer así. Ahora se suman y muchas veces se destinan todas esas horas solo a la limpieza. “Nos tratan como asistentas baratas, porque algunos pagan entre uno o tres euros la hora o incluso nada, dependiendo de ingresos”, comenta Vidal, que denuncia que por lo que paga el ayuntamiento por su trabajo como personal cualificado “sería mucho más barato contratar una empresa de limpieza directamente”.

La auxiliar madrileña denuncia incluso abusos por parte de algunas familias. Desde tener que cocinar para varios miembros y no solo el usuario, hasta limpiar ropa de hombre en una casa donde solo vive una anciana. Incluso casos más graves. “Una compañera fue a atender a un usuario en una casa grande, en un barrio pudiente. La auxiliar llega y le dice que haga las tres habitaciones. Ella le dice que tiene que hacer el dormitorio y el baño que use el usuario. Este le dice que es que usa todas las habitaciones porque duerme cada día en una. Sorprendida, resulta que al hablar con el conserje del edificio le comenta que este señor alquila las habitaciones con derecho a limpieza. A costa del dinero público y a costa del trabajo de la auxiliar”. Si la auxiliar protesta, le cambian de casa. De hecho, Vidal asegura que tienen constancia de que el servicio se ha mantenido en esta vivienda.

Por contra, mientras estos servicios tienen un alto coste para los municipios y las comunidades autónomas —entre 15 y 17 euros por hora de media—, solo entre siete y diez euros, por antigüedad, llegan a las trabajadoras. Y muchos usuarios se quedan fuera al agotarse el presupuesto. Es el caso de Amparo Golderos, de la Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto. Hace cuatro años acudió a los Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid ya que no podía cuidar sola de su marido, con una lesión medular. “Queríamos ayuda a domicilio porque necesitaba ayuda en el aseo, para cambiarle de pañal, para vestirle, para levantarle o para acostarle a la noche, eso pedíamos”, explica Amparo, que tras perder su expediente y reclamar ayuda hasta en tres ocasiones la Administración por fin resolvió. Pero lo hizo tarde, como ha ocurrido en más casos. “Después de ingresar mi marido muy grave en el hospital, poco antes de morir, se presentó una auxiliar en el domicilio, sin avisarme nadie. Lo que más me dolió fue el mal rato que pasó mi marido en esta lucha. Entiendo que hay personas más necesitadas, pero en nuestro caso necesitábamos ayuda durante todo el día. Necesitaba el apoyo una parte del día al menos. Me lo negaron y, cuando no lo esperaba, aparecen a ayudarnos”.

Remunicipalización, la esperanza del servicio

Para las profesionales de la ayuda a domicilio, un paso importante para recuperar sus funciones y la calidad del servicio sería la remunicipalización. Hay cuatro casos en España, donde el ayuntamiento, por medio de una empresa pública, ofrece los servicios de forma directa sin un intermediario. Son Jerez, Bilbao, Chiclana y Pasaia. “Aumentaron el número de usuarios, tienen mayores prestaciones y subieron de plantilla con un presupuesto similar”, comentan desde la Plataforma Unitaria. Menos optimistas se muestran con la situación del Ayuntamiento de Madrid. “Remunicipalizar ayudaría —reflexiona Elena Vidal— porque una empresa pública controlaría todo esto, pero siendo realistas en Madrid no va a hacerlo nunca. Son empresas que llevan 30 años trabajando con el Ayuntamiento y nunca se les va a perjudicar. Solo queda pedir el control del dinero público”. Un control que pasaría por ver qué horas se usan y cuáles no, pero también por mejorar y garantizar los derechos laborales de las empleadas, empezando por su salud laboral. Como su trabajo se realiza en un espacio privado, no acceden técnicos a mirar si las condiciones son óptimas y seguras para ellas. “No puede haber dos derechos fundamentales colisionando, debe haber un equilibrio”, comenta De Diego en referencia al artículo 18 de la Constitución Española (la inviolabilidad del domicilio) sobre el artículo 15 (derecho a la vida y a la integridad física y moral). “Si las usuarias, para poner disponer de estas ayudas, deben dar sus informes médicos, financieros, su información social, que son de ámbito más privado, ¿por qué no se obliga en el caso de la salud de las trabajadoras?”, se pregunta esta auxiliar, que explica que en los municipios con el servicio sin subcontratar están empezando a poner la condición de que los usuarios acepten esta supervisión para disfrutar de los servicios.

Además, está la precariedad que sufren en cuanto a salarios, estabilidad laboral y horarios. Un sector en el que la inmensa mayoría son mujeres. “Somos mileuristas si llegas a la jornada completa, pero la mayoría hacen menos. Tenemos contratos con la jornada partida, por la mañana y la tarde, donde a veces tenemos que salir de casa solo para hacer un servicio de media hora. Tenemos contratos eventuales alargados por años. Muchas veces nos cambian el horario incluso en el mismo día. Y las cotizaciones, con la parcialidad de las jornadas, se resiente mucho a la hora de la jubilación”. La propia De Diego, además, habla de la salud de las auxiliares: “No se nos reconocen las enfermedades laborales, entre otras cosas, porque no hay ningún estudio de siniestralidad y peligrosidad. Nosotras no tenemos nada, no existimos. Cómo podemos estar con 65 años atendiendo a personas con 67 años”, se pregunta. “Muchas compañeras no llegan a la jubilación, a los 55 años empiezan con encadenamiento de bajas porque no pueden seguir con el trabajo físico”, añade Elena Vidal, que asegura que “algunas compañeras están peor que al usuario que van a atender”.