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El debate sobre los derechos de las personas trans divide al movimiento feminista

Jueves 18 de junio de 2020

Personalidades y especialistas del mundo de la política, el pensamiento, la literatura o el activismo feminista y LGTBI protagonizan una enconada controversia que tiene como trasfondo la mera definición de qué es ’ser mujer’.

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Mujeres durante la manifestación del 8M en Bilbao / EFE

madrid 15/06/2020 Marisa kohan Público

Un reciente tuit de ONU Mujeres (posteriormente eliminado) que hablaba sobre "personas menstruantes" para referirse a la necesidad de acabar con los estigmas y tabúes sobre la regla ha provocado la respuesta airada de feministas de distintas partes del mundo, que acusan a la institución de borrar a las mujeres y de haberse entregado a los preceptos de la teoría queer.

Poco después, J.K. Rowling, autora de la saga Harry Potter, publicó una serie de mensajes en redes sociales y un manifiesto en los que denunciaba que "si el concepto de sexo no es real, la realidad vivida por las mujeres a nivel mundial se borra". Sus argumentos fueron rebatidos en las propias redes y en artículos en los que la acusaron y acusan de ser una feminista radical transfóbica (TERF, por sus siglas en inglés). Hasta siete de los protagonistas de sus películas expresaron su rechazo a las palabras de la autora. El actor Daniel Radcliffe, quien encarna en el cine al popular personaje de Rowling, escribió que "las mujeres transgénero son mujeres. Cualquier declaración en sentido contrario borra su identidad y dignidad".

El debate también está siendo intenso en España. El pasado miércoles empezó a circular por las redes sociales y los grupos de Whatssap un documento interno del PSOE que se oponía a la inclusión de la "autodeterminación sexual" en las leyes, afirmando que "si se niega el sexo, se niega la desigualdad que se mide y se construye en base a este hecho biológico". La jueza y ahora delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, afirmaba por su lado en una entrevista a Cuarto Poder que "incluir a las mujeres y menores trans no borra o desdibuja a las mujeres" y que ciertos mensajes emitidos por algunas feministas se acercan a postulados defendidos por organizaciones de extrema derecha como Hazte Oír.

Palabras gruesas de uno y otro lado que buena parte de la ciudadanía no alcanza a comprender debido no solo a la proliferación de términos (TERF, CIS, etc.), sino también a la profundidad y trascendencia que tiene este debate en términos sociales, culturales, jurídicos y en materia de derechos humanos. En el fondo, se debate sobre si las personas transgénero deben o no someterse a algún tipo de tratamiento hormonal o quirúrgico para ser consideradas oficialmente como mujeres, o si es suficiente con que expresen que "se sienten mujer". Esto sería aplicable también a las personas nacidas con sexo biológico de mujer pero que se sienten hombres.

¿Por qué genera tanta polémica un debate que parecía superado desde que, ya en 2007, el PSOE sacó adelante una ley por la cual una persona transgénero no necesita someterse a procedimientos quirúrgicos para poder regularizar su identidad de acuerdo con el género con el que se identifica? Para empezar, porque nunca estuvo superado. La legislación exige que para realizar el cambio registral, la persona haya sido diagnosticada con disforia de género por un psiquiatra y que haya recibido tratamiento hormonal durante dos años para acomodar sus características físicas a las del sexo sentido.

Esto va en contra de lo que reivindica la comunidad trans, pero también organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) o Amnistía Internacional: que se deje de medicalizar y tutelar a este colectivo. De la misma forma que la homosexualidad dejó de ser considerada una ’enfermedad mental’ por la OMS hace apenas 30 años.

Un sector del feminismo siempre ha visto con inquietud la plena equiparación de las personas nacidas con sexo biológico masculino pero que se sienten mujer, con las mujeres nacidas con este sexo biológico. ¿Por qué? Por temor a que ello desdibuje el propio concepto de lo que es ser mujer y esto tenga consecuencias importantes a la hora de aprobar e implementar leyes y políticas destinadas a combatir la desigualdad de género.

Este temor queda claramente reflejado en el documento distribuido por algunos afiliados del PSOE: "Si basta con que un hombre exprese en un momento determinado que se siente mujer, sin ninguna otra consideración: ¿Cómo afecta [esto] a la recopilación de estadísticas fundamentales para conocer los problemas (desigualdad laboral y salarial, feminización de la pobreza, violencia machista, etc.) y para determinar las políticas públicas para su abordaje? ¿Cómo afecta a la ley de violencia de género? ¿Podría un hombre maltratador señalar que se siente mujer y por tanto no poder ser juzgado por este delito?...".

El debate hunde sus raíces, además, en dos conceptos que para el feminismo radical (llamado así porque va a la raíz del problema) han sido siempre claves y diferenciados, y que ahora se ponen en cuestión: el sexo y el género. Si el sexo es una condición biológica (haber nacido con órganos genitales femeninos o masculinos), el género, tal como lo entendieron y divulgaron las feministas radicales de mediados de los 70, es una construcción social que asigna a cada sexo un rol, unos estereotipos que han servido como base para la opresión histórica de las mujeres. De ahí que las feministas radicales se declaren como abolicionistas del género.

Los defensores de los derechos de las personas transgénero, por el contrario, no entienden la identidad de género como una opresión, sino como la definición de su propio ser: esa identidad de género es el sexo sentido, aquel que define quién eres, al margen del sexo biológico con el que hayas nacido.

¿Por qué ahora?

El debate sobre la identidad de género no es nuevo para el feminismo, pero se ha vuelto especialmente agrio en los últimos meses debido a la aprobación o propuesta de varias leyes en distintos países que abren la puerta a la autodeterminación de género (es decir, a que no se necesite más que la voluntad de la persona para ser reconocida por su género sentido).

En España, diversas proposiciones y anteproyectos de leyes que decayeron con la anterior legislatura y que deben iniciar su trámite ahora, contemplan esa autodeterminación de género en su articulado. Son leyes que están bajo el ala del Ministerio de Igualdad, dirigido por Unidas Podemos. Un partido que tiene una concepción distinta a la del PSOE y a la de un amplio sector del feminismo radical en torno, precisamente, a la identidad de género. Leyes como la de Igualdad LGTBI y la denominada Ley Trans son dos claros ejemplos. Pero también otras, como la Ley sobre la Libertad Sexual, cuya tramitación aprobó el Consejo de Ministros el pasado 8 de marzo y que quedó paralizada por la pandemia de la covid-19. Una norma que, entre otros asuntos, debe servir para poner en marcha la largamente esperada reforma del Código Penal en materia de delitos sexuales.

Precisamente al calor de la tramitación de esta última norma se creó un grupo de feministas radicales que, bajo al denominación de Alianza contra el Borrado de las Mujeres (ACBM), presentó hace unos días una serie de alegaciones al Anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual. Entre ellas, advierten de que la propuesta omite a las mujeres prostituidas, ignora la lucha contra la pornografía y "promueve en la legislación la confusión intencionada entre sexo y género". Según la alianza, esta confusión está determinada por la inclusión en su articulado de una "ficción jurídica" como son términos "identidad de género" y "expresión de género" que exigen que sean eliminados del texto porque "socavan la protección activa de las mujeres". Entre las alegaciones denuncian que el texto que salió del Consejo de Ministros va en contra de la ley contra la violencia de género y de la de Igualdad. Para esta alianza, la ley supone un "retroceso de años" y se acerca a "postulados similares a los de la extrema derecha, cuando niegan aquella forma de violencia que sufren las mujeres por el hecho de ser mujeres".

Por su parte, el activista LGTBI y director del Observatorio LGTB de Valencia, Toño Abad, advertía en un hilo de Twitter de que "alguien debería aclarar si cuando atendemos a una mujer trans víctima de su pareja hombre, tiene derecho a ser considerada una víctima de violencia de género; o cuando se desarticula una red de explotación sexual de mujeres, las mujeres trans tienen derecho a los recursos de rescate disponibles".

Abad incide en se debería explicar que estas mujeres "también son víctimas del patriarcado, del machismo más brutales" y que "no vale con negarlas y decir que ponen en peligro su propia existencia".

El debate se ha vuelto complicado. La mera mención por parte de alguna feminista sobre la necesidad de proteger los derechos adquiridos por las mujeres o las dudas sobre el hecho de que los derechos de la población trans podrían invisibilizar años de lucha de las mujeres, acaba con la descalificación sistemática de dichas feministas bajo las siglas "TERF" o directamente llamándolas "tránsfobas". TERF es un acrónimo que en inglés se refiere a Trans-Exclusionary Radical Feminist (feminista radical trans-excluyente) y que está a la orden del día en las redes sociales como un insulto que impide cualquier posible debate.

Mientras, la defensa de los derechos de las personas transgénero acaba habitualmente con la acusación hacia quienes los esgrimen de ser un caballo de Troya en el feminismo y de querer imponer la teoría queer, que cuestiona la construcción del sexo como un sistema binario hombre-mujer.

El enfrentamiento ha llegado a tal punto que la Fundación Pedro Zerolo se ha visto en la necesidad de emitir un comunicado recordando que tiene como fines fundacionales "la defensa del feminismo y la lucha permanente por la dignidad y derechos de las personas LGTBI, dos movimientos de emancipación personal que deben continuar trabajando al unísono". La Fundación pide "respeto y un diálogo sincero" ante el "alarmante aumento de ideas y políticas que pretenden cuestionar conquistas básicas y fundamentales de la sociedad española, tales como la lucha contra la violencia de género, las políticas de igualdad efectiva entre mujeres y hombres, las políticas de acción positiva, de la identidad y la autonomía de la voluntad de las personas desde su propia autodeterminación".

El comunicado apela a la necesidad de no promover enfrentamientos "superficiales e innecesarios, porque el enemigo está en quienes niegan o cuestionan los avances y el camino común recorrido en defensa de los derechos y libertades de todas las mujeres y de las personas LGTBI+". Un mensaje que refleja fielmente el espíritu que caracterizó la trayectoria del político feminista y defensor de los derechos LGTBI y que contrasta notablemente con el visceral debate al que asistimos en estos días.

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