El Gobierno asumirá cambios mínimos en la ley del aborto

El Ejecutivo busca la fórmula para despenalizar los casos de fetos inviables

María Fabra / José Manuel Romero Madrid 13 JUN 2014 El País

El Gobierno asumirá cambios mínimos en la controvertida ley del aborto para garantizar que las mujeres embarazadas de fetos inviables puedan interrumpir la gestación dentro de la legalidad. Así lo indicaron ayer fuentes del Ministerio de Justicia después de que tanto el Poder Judicial como el Consejo Fiscal reclamaran que la norma incluya este tercer supuesto, desligándolo de la necesidad de que la mujer presente un informe de dos médicos distintos que acrediten el riesgo para la salud psíquica de la embarazada. No obstante, las mismas fuentes indicaron que estudian la fórmula mediante la que explicitarán estas recomendaciones.

Según datos de 2012 y con la ley actual, las anomalías fetales incompatibles con la vida fueron la causa de 306 abortos, lo que supone únicamente el 0,3% de las interrupciones de embarazo practicadas en España. En el anteproyecto de ley, la más restrictiva de la democracia, solo hay dos supuestos legales: el aborto por violación o por un “grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la mujer”.

La intención del Ejecutivo es que la reforma de la ley se apruebe en uno de los Consejos de Ministros del mes de julio, con lo que su aprobación en el Congreso se aplazará hasta después del verano.

La decisión del Gobierno se produjo después de que el Poder Judicial le hiciera ayer el favor de aprobar un dictamen que apenas enmienda el anteproyecto elaborado por el Ejecutivo. Lo aprobó pese a que la mayoría de los miembros del Consejo General del Poder Judicial no lo avalan, ya que el informe consiguió 10 votos a favor pero ocho en contra y tres abstenciones, lo que suman once. De hecho, estos once vocales mostrarán sus discrepancias y, en el caso de ocho de ellos, pedirán la retirada del proyecto elaborado por el Gobierno de Rajoy.

La aprobación del dictamen no hubiera sido posible antes de la reforma del Poder Judicial, aprobada en 2013, que permite que los informes solo precisen de mayoría simple, mientras que antes requerían el voto favorable de 11 vocales.

Las singularidades de las tres abstenciones impidieron que esa mayoría sacara adelante una petición al Gobierno para que retire la reforma, tal como planteaba uno de los dos dictámenes que se debatieron y que no obtuvo los votos suficientes para su aprobación. El debate se prolongó durante algo más de dos horas pero con un tono comedido y moderado.

Al final, los vocales propuestos por el PP, a excepción de Fernando Grande-Marlaska, votaron en bloque a favor de un texto que solo reclama leves retoques y la inclusión del tercer supuesto. Los propuestos por el PSOE y la vocal nombrada a propuesta de IU votaron en contra mientras que los designados por CiU y PNV decidieron abstenerse pese a haber afirmado su conformidad con la ley actual, aprobada en 2010.

Pese a que entre el sector conservador había una vocal, Nuria Díaz, que manifestó sus discrepancias al considerar que el derecho al aborto debería ser aún más restrictivo, esta decidió apoyar el dictamen y presentar un voto particular al que se unirá otro vocal designado por el PP, Juan Manuel Fernández.

También presentarán votos particulares los tres vocales que se abstuvieron. Grande-Marlaska alega razones de seguridad jurídica y considera que el Poder Judicial no debería pronunciarse hasta que el Tribunal Constitucional sentenciara sobre la legalidad de la ley vigente.

Por su parte, los vocales propuestos por CiU, Mercé Pigem y PNV, Enrique Lucas, suscriben otro escrito en el que recomiendan al Gobierno que “se replantee la conveniencia de aprobar una nueva norma en una materia tan sensible, modificando un sistema como el vigente que presenta un alto grado de aceptación por la ciudadanía, y que no ha arrojado un saldo negativo en su aplicación”. Ambos apelan igualmente a una razón de seguridad jurídica ya que el Poder Judicial se ha manifestado sin esperar la respuesta del Tribunal Constitucional que “podría convertir en delictivas conductas que son consideradas y declaradas como constitucionales por el Alto Tribunal”.

Tras conocer el informe del Poder Judicial, la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI) criticó la decisión porque, según entienden, “legitima” la pérdida de derechos básicos de las mujeres. La Federación de Mujeres Progresistas, la Fundación Mujeres y la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas también criticaron el informe al considerar que es “insuficiente” y fomenta “la vuelta a una realidad desterrada”.