El Gobierno aprueba la nueva ley del aborto, que avanza en los derechos de las mujeres

El anteproyecto de ley prevé regular la objeción de conciencia, realizar los abortos en centros públicos cercanos al domicilio de las mujeres, devolver a las jóvenes a partir de 16 años decidir sobre el aborto sin la necesidad de permisos parentales.

La ministra de Igualdad, Irene Montero durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros celebrado en La Moncloa este martes. — EFE

MADRID 17/05/2022 MARISA KOHAN Público

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de la reforma de la ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, que supone un avance en los derechos de las mujeres. Entre los principales cambios que introduce esta norma figura la eliminación de trabas al aborto, como la obligación de las menores de 16 y 17 años a contar con la aprobación parental a la hora de abortar. La norma garantizará, además, que los abortos se realicen en la sanidad pública y en los centros más cercanos al domicilio de la mujer e introduce nuevos derechos, como la baja laboral para reglas que provocan dolores incapacitantes.

Dentro de esa eliminación de barreras, la nueva ley establece eliminar los tres días previos de reflexión antes de acceder a un aborto y también elimina la obligatoriedad de recibir un sobre con información previa. Este era un requisito obligatorio en la anterior ley, que suponía, tal como explican en el ministerio de Igualdad una "tutela patriarcal" hacia las mujeres.

Regulación de la Objeción de conciencia

Unos de los puntos clave para garantizar el acceso al aborto en los centros públicos será la regulación de la objeción de conciencia. En la actualidad son muy pocos los abortos que se realizan en la sanidad pública (en torno a un 20% del total) debido a que muchos médicos se declaran objetores. La nueva norma propone crear un registro de médicos objetores que deberán hacerlo de forma previa y que no podrán ejercer abortos tampoco en la sanidad privada. El modelo que sigue esta norma es similar al que ya se estableció en la objeción en la ley de eutaniasia.

Este registro permitirá al Gobierno conocer dónde se necesita reforzar los equipos en hospitales y centros públicos para garantizar este derecho vivan donde vivan las mujeres.

La ley incluye una baja por incapacidad por interrupción del embarazo y garantizará la asistencia y acompañamiento integral y especializada en los casos de interrupción del embarazo.

Además prevé que los centros de salud distribuirán de forma gratuita la píldora del día después y que todas las farmacias deben contar con este fármaco.

Salud menstrual y permisos pagados

Una de las grandes novedades de esta norma es la inclusión de permisos pagados por el Estado desde el primer día por dolores menstruales incapacitantes. Tal como afirmó la ministra de Igualdad en la rueda de prensa tras el consejo de ministros, "la regla dejará de ser un tabú". "Todas las mujeres sabemos que lo estigmatizante que es hablar de la regla en los lugares de trabajo" y que hasta ahora se ha "vivido desde la culpa y la vergüenza. Lo que hemos vivido hasta ahora es un estigma, una culpa al vivir lo que las mujeres vivimos una vez al mes" y agregó que con esta medida España se pone a la vanguardia de estos derechos, al ser el primer país que regula sobre esta cuestión.

La nueva norma incluirá, además, un permiso retribuido para las embarazadas a partir de la semana 39 de gestación, aunque el Ministerio de Igualdad aspiraba a que fuera desde la 36.

Educación sexual obligatoria

La ley también pone el foco en la educación sexual y establece que esta sea obligatoria en todas las etapas educativas. Esto supondrá, además la formación en esta materia del profesorado, así como de funcionarios de prisiones y trabajadores públicos. Tal como afirmó Irene Montero al presentar la ley este martes, "no podemos permitir que los primeros aprendizajes sean a través de la pornografía violenta", a la que muchos menores acceden a edades tan temprana como los ocho años. "Desde las instituciones tenemos que hacer un acompañamiento de ese aprendizaje y garantizar que las relaciones estén basadas en el consentimiento, el uso de métodos anticonceptivos y que sean respetuosos".

En el ámbito escolar, la ley contempla el reparto de forma gratuita de métodos barrera de anticonceptivos en centros educativos vinculado a campañas sobre educación sexual (algo que también se hará en centros sociales y penitenciarios). Se crearán centros públicos de atención especializada en salud sexual y reproductiva y una línea de atención telefónica.

Sin acuerdo sobre bajada del IVA

Finalmente se queda fuera la prometida rebaja del IVA para los productos de higiene femenina, como compresas y tampones. Aunque el acuerdo de coalición que firmaron el PSOE y Unidas Podemos estipuló que esos productos quedarán gravados con el IVA superreducido del 4%, Hacienda ha vuelto a aparcar ese compromiso, por el que la titular de Igualdad, Irene Montero, promete seguir peleando. Igualdad había planteado eliminar este impuesto para combatir lo que se conoce como "pobreza menstrual", pero la negativa de la titular de Hacienda ha acabado con esta medida. Irene Montero ha afirmado que peleará para que esta medida sea incluida en los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE), porque es una necesidad "urgente".

Violencias reproductivas

El anteproyecto de ley aprobado este martes establece una serie de prácticas como violencias reproductivas. Entre ellas destaca la "gestación por sustitución" (vientres de alquiler) como una forma de violencia contra las mujeres. El texto prohibirá la publicidad de las empresas intermediarias que ofrecen estos servicios en España. Otra forma de violencia reconocida en la ley es el embarazo forzoso, el aborto forzoso o la esterilización de mujeres con discapacidad.