El Congreso da luz verde al derecho al paro de las trabajadoras del hogar

El decreto ha sido respaldado por la gran mayoría parlamentaria, que han reconocido la “discriminación histórica” hacia este colectivo de mujeres y también sus años de movilización social

Imagen de archivo de una protesta de empleadas del hogar por el derecho al paro. Cézaro De Luca / Europa Press

Laura Olías 29 de septiembre de 2022 elDiario.es

Una amplia mayoría parlamentaria ha votado este jueves por poner fin a la discriminación histórica de las empleadas del hogar sin acceso al paro, que condenó la justicia europea el pasado febrero. Solo los ultraderechistas de Vox han dado la nota discordante con su abstención. El Congreso de los Diputados ha convalidado el real decreto del Gobierno que regula el derecho del colectivo, compuesto en mayoría por mujeres y muchas de ellas migrantes, a la protección pública por desempleo y que acaba con la figura existente de despido libre sin causa, entre otras medidas.

Desde la tribuna de invitados, un grupo de empleadas del hogar y de representantes sindicales, asistían este jueves a la votación parlamentaria que ha defendido la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. “Les pido su apoyo a la convalidación del decreto, porque creo que es una muestra de respeto, reconocimiento y responsabilidad. Hagamos que nuestra democracia no tenga que avergonzarse por más tiempo de sus olvidos”, ha sostenido Díaz.

La ministra de Trabajo ha recordado las líneas centrales de los derechos que reconoce el decreto sobre las trabajadoras del hogar. En primer lugar, la cotización y el derecho al paro, a partir de este 1 de octubre, que acaba con la discriminación de género sancionada por la justicia europea. Las trabajadoras domésticas tendrán derecho a la misma protección del resto de asalariados, una vez hayan generado el derecho a ello a partir de ahora, sin carácter retroactivo.

También se incluye otro aspecto central: el fin del despido libre sin causa por desistimiento que afectaba solo a estas trabajadoras. En su lugar, se regulan una serie de causas específicas de despido, más barato que el resto (12 días de indemnización por año, en lugar de 20 días) como la disminución sobrevenida de los ingresos de la familia empleadora y un comportamiento que justifique una “pérdida de confianza”, entre otras.

La vicepresidenta Yolanda Díaz ha subrayado también la regulación en la norma de más ampliaciones de derechos, como la prevención frente a los riesgos laborales, de la que estaban también excluidas hasta la fecha, y la cobertura del FOGASA, el fondo público que responderá ante impagos por insolvencias de las familias en caso de salarios e indemnizaciones impagados.

El decreto también incluye ayudas públicas a los hogares empleadores para afrontar el aumento del gasto en cotizaciones. El Gobierno ha acordado bonificaciones del 80%. Es decir, que las familias solo asumirán un 20% del coste de este nuevo concepto de cotización y el resto lo abona el Estado. Además, está pendiente la aprobación de un reglamento para aumentar las ayudas en la cotización para las familias con menos ingresos, que dependerá de la renta y el patrimonio de los hogares y que entrará en vigor en abril del próximo año.

El actual ahorro del 45% de las cotizaciones sociales que pagan las familias numerosas por trabajadoras de cuidados también pasará a depender de la renta y el patrimonio de los hogares a partir de abril de 2023, aunque las ya vigentes en esa fecha se mantienen. Esa modificación ha generado críticas en el PP y algunos partidos, que han votado a favor de tramitar el texto como proyecto de ley para poder presentar enmiendas al respecto.

“La lucha sirve” y “llegamos tarde”

Las intervenciones de los distintos grupos políticos han estado marcadas por dos ideas, principalmente. La primera: el reconocimiento a la lucha desde hace décadas de los colectivos de trabajadoras del hogar. “No habéis parado hasta que esta Cámara os ha reconcido como lo que sois, trabajadoras con derechos”, ha destacado Aina Vidal, de Unidas Podemos. “Ha sido la lucha la que nos ha traído hasta aquí”, reconocía Íñigo Errejón, de Más País. “La lucha sirve”, añadía.

La segunda idea más repetida ha implicado un reconocimiento, el de una aprobación tardía por parte de los legisladores, que ha supuesto el mantenimiento durante años de esta discriminación hacia las empleadas domésticas, con gobiernos de distintas siglas a derecha e izquierda. “Llegamos tarde. Deberíamos haber provocado este avance antes”, ha sostenido Sara Jiménez, de Ciudadanos. Desde el PSOE, Mercè Perea ha reivindicado la aprobación del decreto y recordado al PP que, durante su mandato, coló una enmienda en Presupuestos para retrasar aún más la prometida integración de estas trabajadoras en el Régimen General de la Seguridad Social.

Desde ERC, EH Bildu y la CUP han celebrado la ampliación de derechos de las empleadas, pero han criticado que la norma se queda corta. Las formaciones políticas han defendido la equiparación completa de las trabajadoras del hogar con el resto de asalariados, un proceso de regulización de personas migrantes y también el derecho al paro de manera retroactiva, entre otras medidas.