ENTREVISTA a Virginia Álvarez, responsable de investigación de Amnistía Internacional

Virginia Álvarez (Amnistía Internacional): "Más allá de los grandes pronunciamientos políticos, en violencia sexual todavía está todo por hacer"

La responsable de investigación de Amnistía Internacional hace balance un año después de que la organización lanzara el informe Ya es hora de que me creas

"Si en el momento de acudir a la Policía o a un juzgado, lo que se va a encontrar la víctima es un juicio sobre su conducta, ¿quién va querer someterse a eso?", dice

"Lo que está claro es que la violencia sexual está invisibilizada y gracias a los movimientos feministas se ha empezado a hablar. Esto ha hecho que muchas mujeres pierdan el miedo, por eso no creo que los delitos en sí estén aumentando"

Marta Borraz 09/10/2019 eldiario.es

Virginia Álvarez, responsable de investigación de Amnistía Internacional Amnistía Internacional

Aumentan las denuncias cada año y los relatos de las víctimas tienen más presencia que nunca. El caso de ’la manada’ y el movimiento Me Too pusieron en el centro la violencia sexual que sufren las mujeres, pero a nivel institucional los obstáculos a los que se enfrentan no han cesado, según reveló Amnistía Internacional en su informe Ya es hora de que me creas. Virginia Álvarez, responsable de investigación de la ONG, hace balance un año después de su lanzamiento y lamenta que la violencia sexual siga todavía sin ser considerada legislativa y judicialmente una violencia machista.

El estudio puso el foco en la práctica ausencia de políticas públicas a nivel estatal en los últimos 30 años. Casos como el de ’la manada’ o el movimiento Me Too marcaron un punto de inflexión, pero ¿hemos avanzado algo?

Lo que denunciábamos en el informe era que la violencia sexual no estaba dentro de la agenda política y no ha habido prácticamente ningún avance. Más allá de los grandes pronunciamientos de los políticos y las políticas, seguimos sin avances significativos. Todavía está todo por hacer. Es cierto que ahora estamos en una situación de no gobierno, pero ¿es un tema que esté ahora en la agenda? Más allá de las palabras y los discursos, sigue sin ser prioritario. Parece que el Gobierno va a lanzar una campaña de sensibilización, pero el otro día en una jornada las organizaciones feministas señalaban que no sabían nada. ¿Con quiénes la han preparado?

El Pacto de Estado contra la Violencia de Género ha cumplido dos años, pero la violencia sexual no forma parte del acuerdo de manera contundente. ¿Fue una oportunidad perdida?

Totalmente. La violencia sexual debería estar incorporada a la política pública al menos desde 2014, cuando España ratificó el Convenio de Estambul, pero ni siquiera tiene protagonismo en el Pacto de Estado. Durante las comparecencias de las expertas para la elaboración sí se habló de ello, pero tras analizarlo, de las más de 200 medidas solamente 30 hacen referencia a ello y muchas corren el peligro de que terminen diluidas porque no son específicas.

Tampoco aún la violencia sexual es considerada como un tipo de violencia machista a nivel formal. ¿Por qué esta resistencia?

Hay una parte que tiene que ver con que estamos en una sociedad patriarcal que tiene que seguir venciendo estereotipos. Hay muchas alarmas que indican que esto debe acometerse, pero al final estos prejuicios acaban conduciendo a no priorizar esta violencia en todas sus formas. Si ya cuesta cuando hablamos de la violación que todo el mundo tiene en su cabeza –de noche, por parte de un desconocido y con violencia–, imagínate con otros tipos invisibilizados.

Pero ni siquiera en el Pacto de Estado, en el que trabajaron fuerzas políticas que atienden a la violencia contra las mujeres...

Tradicionalmente, cuando hablamos de violencia de género nos referimos al ámbito de la pareja o expareja, que es lo que establece la Ley Integral de 2004. Esto debía ser acometido con rigor y con medidas específicas, pero es necesario también que los responsables políticos entiendan que la violencia de género abarca muchas otras facetas. Estamos dejando desprotegidas a mujeres que no están sufriendo violencia sexual en sus relaciones de pareja. Quizás ha habido autocomplacencia con la Ley Integral, que fue un hito, pero eso no implica que no tenga que ser revisada, ver qué no funciona y qué no abarca.

Con el caso de ’la manada’ se anunció la reforma de los delitos sexuales del Código Penal para definir la violación como sexo sin consentimiento y no en base al uso de la fuerza o la intimidación.

Sí. Lo que ocurre es que el inmovilismo que hay ahora es tremendo, se están dejando cuestiones muy urgentes de lado. De todas formas, el Código Penal es importante, pero no va a servir de nada si no se empieza a acometer una revisión mucho más profunda del sistema judicial. Tiene que haber una formación contundente en perspectiva de género y en violencia sexual en concreto de todos los agentes implicados. No podemos estar dependiendo de que haya profesionales comprometidos dentro de los diferentes cuerpos y que se formen por su cuenta porque tienen sensibilidad, que es lo que está pasando ahora.

En este sentido, la principal conclusión del informe que publicaron hace un año era que el sistema "cuestiona y desprotege" a las víctimas. ¿Qué se encontraron en la investigación?

Hicimos un recorrido por todo el periplo que deben atravesar las mujeres que sufren violencia sexual, que se enfrentan con problemas desde el primer momento, desde el momento en el que no hay un teléfono 24 horas al que puedan acudir. Nos encontramos, sobre todo, con multitud de estereotipos. En el momento en el que un profesional cuenta con un imaginario sobre cómo debe actuar, qué debe sentir o cómo debe hablar una víctima y se encuentra con que actúa de otra forma, es cuestionada. Si en el momento de acudir a la Policía o a un juzgado, lo que se va a encontrar es un juicio sobre su conducta, ¿quién va querer someterse a eso?

Amnistía Internacional ha calificado de "lotería" los derechos de las víctimas en función de la comunidad autónoma en la que residan. ¿En qué se traduce esto?

A falta de políticas estatales que garanticen estándares comunes se han ido desarrollando a nivel autonómico distintas legislaciones en las que se ha dado mayor o menor prioridad a este tema. Esto conlleva que en algunos sitios cuenten con centros de atención especializados y en otros no, por ejemplo. Incluso hay diferencias dentro de las propias comunidades autónomas y en relación a las zonas rurales, que siguen enfrentando una enorme falta de recursos. En algunas ciudades es necesaria la denuncia para poder tener una asistencia forense y médica y en otras no y los protocolos también varían de unos sitios a otros. Es inaceptable.

Las denuncias por violencia sexual han crecido un 60% en los últimos seis años, según datos del Ministerio del Interior. Muchas voces vinculan estas cifras a un aumento en sí de estos delitos. ¿Se han incrementado los casos o las mujeres denuncian más?

Aunque es muy complicado saberlo, lo que está claro es que la violencia sexual está invisibilizada y gracias a los movimientos feministas se ha empezado a hablar. Esto ha hecho que muchas mujeres pierdan el miedo, por eso no creo que los delitos en sí estén aumentando. Fue lo mismo que ocurrió con la violencia de género en el ámbito de la pareja: ¿Antes no había y a partir de la Ley Integral empezó a haber muchos casos? No. Antes había, pero se consideraba que era un asunto interno. Cuando realmente haya mecanismos que protejan a las víctimas de violencia sexual, saldrán muchos casos más.