ENTREVISTA: Francisca Berdejo “No creo que el problema en violencia de género sean los fallos judiciales o policiales”

“La primera sanción tendría que ser para la Administración, porque está incumpliendo los mandatos del poder legislativo”

“El artículo 416 desplaza a la mujer la responsabilidad del devenir del procedimiento penal”

“Sería deseable que los juzgados de violencia de género no existieran. Que se hubiera podido prevenir el guantazo, la bofetada y el insulto”

Ana Sánchez Borroy - Zaragoza 29/10/2016 - eldiario.es

Francisca Berdejo en las "Jornadas de Información y Violencia Machista" Juan Manzanara / Zaragoza

Francisca Berdejo (Íllora, Granada) ha formado parte del Grupo de Expertos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, ha dirigido la formación continuada del CGPJ y participa en cursos de especialización para abogados y jueces. Pero, escuchándola, da la impresión de que sus opiniones no se basan solo en informes sesudos, sino también en testimonios que ha oído de boca de las víctimas. Lleva más de once años en juzgados de violencia sobre la mujer.

¿Qué opina de cómo está funcionando el sistema judicial en cuanto a los delitos de violencia de género?

Desde un punto de vista objetivo y formal, la respuesta sería que funciona bien: los juzgados de violencia de género empezaron a trabajar el 29 de junio de 2005, aunque con unos instrumentos que no se modificaron, como la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el Código Penal. Sin embargo, la segunda parte de la respuesta sería si se ha logrado algo con estos juzgados. Y desde esa perspectiva, no es que el funcionamiento de los juzgados sea malo, sino que no se han logrado los resultados esperables. El juzgado, como el derecho penal, es el último estamento que tiene que intervenir. Lo deseable sería que estos juzgados no existieran, es decir, que se hubiera podido prevenir el guantazo, la bofetada, el insulto y el acto de violencia hacia la mujer. Otro aspecto que me gustaría destacar es que los juzgados no hemos sido ajenos a la crisis que ha afectado a todos los sectores de la administración pública. A nosotros, en concreto, en los juzgados de Barcelona se nos han amortizado dos plazas y se piensa amortizar una tercera más. Por tanto, la respuesta que se da al acto de violencia de género no es la deseable ni en rapidez ni en los medios personales y materiales.

Entonces, ¿piensa que no hemos mejorado nada?

No digo que no hayamos mejorado nada. Claro que hemos avanzado mucho; de hecho, yo pienso que la ley integral es un punto de inflexión en todo el ordenamiento jurídico. La pena es que no se ha desarrollado suficientemente y no se ha puesto interés en algunos de los artículos. Hemos mejorado muchísimo porque, para empezar, creo que se está avanzando en la concienciación de la sociedad. No todavía en las dimensiones que serían deseables, pero cada vez más la sociedad ve que la violencia de género es un gran problema, una lacra, un tipo de terrorismo, el terrorismo doméstico. Es fundamental tener a la sociedad como aliada. Hemos avanzado también en que se está intentando trabajar de manera coordinada, cooperando todas las administraciones e instituciones implicadas en la lucha contra la violencia de género. Y en que se le está dando a nivel judicial una respuesta especializada. Hemos mejorado mucho, pero no es suficiente. Desconcierta que no dejen de llegar al juzgado mujeres que han sido maltratadas. Aunque una ley no produce milagros, posiblemente, sí se esperaba algo más. Y no digo que sea por las deficiencias de la ley, sino porque no se ha puesto demasiada atención en desarrollarla.

¿Cómo habría que desarrollar mejor la ley?

La estructura de la ley es genial. Comienza marcando los objetivos y diciendo qué es la violencia de género, con un concepto, desde mi punto de vista, demasiado restrictivo. De todas formas, como decía, la estructura es muy buena porque la rúbrica del título primero lo dice todo: "Medidas de sensibilización, prevención y detección de la violencia de género". En el maremágnum de la gran complejidad de normas que hay en el ordenamiento jurídico, lo único que recuerdo es que anualmente hay una campaña en los medios de comunicación sobre violencia de género. Por eso, pienso que el título, "Medidas de sensibilización, prevención y detección" está absolutamente huérfano de desarrollo. La ley sigue hablando de actuaciones en el ámbito educativo, en enseñar en igualdad, en género, en valores... Sin embargo, la controvertida ley Wert de reforma de la educación no recogió nada en los planes de estudio para intentar incidir en los valores de los niños. Más adelante, el capítulo segundo de la ley habla de actuaciones que habrán de hacer los medios de comunicación y las empresas de publicidad, con el desarrollo legislativo correspondiente. Incluso hay un artículo que dice que la administración pública va a promover acuerdos de auto regulación para un control preventivo y de resolución extrajudicial de controversias; la ley establecía la obligación de que los medios de comunicación se dotaran de un mecanismo de control. Pues bien, España es el único país europeo que no tiene un consejo de control audiovisual; sólo hay en Andalucía y Cataluña. Y prácticamente ningún medio de comunicación hizo caso a las estipulaciones de la ley. Lo ineficaz de esta ley es que no establece sanciones; además, la primera sanción tendría que ser para la Administración porque está incumpliendo los mandatos del poder legislativo. Siguiendo con el análisis de la ley, el capítulo tercero establece medidas de sensibilización y formación para el ámbito sanitario. Yo acudo a muchos centros de atención primaria de forma puntual, pero no hay esta formación y especialización. Por otra parte, la ley intenta dar un tratamiento integral y transversal a la violencia de género, pero se olvida de sensibilizar a las familias, algo que posiblemente se lograría con la complicidad que tendríamos que obtener de la sociedad. Siempre pongo el ejemplo de que incluso con planes educativos con principios en igualdad y en género, que ahora no existen, esa sensibilidad se neutralizaría si el niño llega a casa del colegio y ve a sus padres peleándose. Tenemos que empezar a cambiar por ahí, esto es lo difícil, ¿cómo podemos modificar esas conductas, esas situaciones familiares? Es muy complicado, pero en esta primera parte de la ley integral, en estos 32 primeros artículos, creo que nos queda por trabajar muchísimo a todos.

Una vez que la mujer ha denunciado que sufre violencia de género, ¿cómo podríamos mejorar la atención que se le presta? ¿Es sólo cuestión de medios y de formación?

Desgraciadamente, cuando la mujer llega al juzgado, ya le han pegado. Lo que sí podríamos hacer es dar una respuesta más rápida y eficaz a ese acto que el legislador ha considerado delito. Ahora, la respuesta es más rápida, pero hasta hace tres años el llamado juicio rápido por la ley de enjuiciamiento criminal exigía que la señora denunciara, que fuera al juzgado de violencia sobre la mujer y al cabo de seis o siete meses, el juicio se celebraba ante el juzgado de lo penal. Es una cuestión de medios y también de especialización, porque cuando un juez tiene delante a una mujer que está contándote su desgracia, se está desnudando delante de ti... Está contándole a una persona extraña toda la amargura que ha tenido, cómo la persona con la que creía que iba a compartir toda su vida y a la que amaba, le ha partido la cara. Hace falta tener una especial sensibilización para escuchar a estas mujeres y no pensar que han ido a comisaría porque quieren separarse u obtener algún beneficio. Y hay otra cosa fundamental que los jueces no podemos solucionar: que estamos trabajando con una ley del siglo XIX y con la reforma que hizo recientemente el Partido Popular acortando los plazos de la instrucción. Ese recorte de plazos no es nada beneficioso para la violencia de género, sobre todo, en el maltrato habitual, cuando necesitamos unos informes periciales que no se hacen en un día.

¿Le preocupa que un 41 % de las víctimas mortales de violencia de género de este año sí habían denunciado?

Es lo que ha ocurrido en el caso reciente de un municipio de Sevilla. Es un poco complicado de entender para la gente que no conoce la dinámica del procedimiento penal. Estos delitos tienen una característica: que el maltratador busca asegurarse del resultado del delito, es decir, asegurarse de que maltrata. Y una forma de hacerlo es evitar que haya personas delante cuando se producen las agresiones y que sean en un lugar que para el agresor le da seguridad, que es el domicilio. Entonces, imagínese que una chica va a comisaría, tramitan el atestado, se le cita a ella y al agresor a declarar al juzgado, incluso a él se le detiene, y entonces ella dice que no quiere declarar porque hace uso de la famosa dispensa del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Él dice también que no declara porque tiene el derecho por el artículo 24 de la Constitución. Esta situación determina que el juez de instrucción de violencia sobre la mujer pierde la investigación porque no hay ningún indicio, no tenemos dónde soportar la investigación del procedimiento; al juez se le deja con las manos atadas, no se puede hacer nada. A los pocos meses, esta chica denuncia otra vez y sí declaró, pero se le denegó la orden de protección. Explicar por qué sería muy complicado para mí porque tendría que ver los razonamientos jurídicos, pero estoy convencida de que el compañero o compañera lo habrá razonado; posiblemente, otra vez nos encontraríamos ante declaraciones contradictorias, sin ninguna prueba más. El primer procedimiento no lo podemos tener en cuenta porque está cerrado. Además, la valoración de riesgo que hace la Guardia Civil dice que es riesgo bajo o nulo. Yo no creo que haya un error único en el caso de Sevilla. No nos entretengamos en buscar ese error. Lo que tenemos que intentar es que en esa primera denuncia que hace esa mujer, declare. El artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal nos está haciendo mucho daño y la doctrina del Tribunal Supremo que ha surgido a partir de él nos lo pone cada vez peor. Si una señora va a denunciar espontáneamente que su pareja le ha pegado, no va a perder dos o tres horas en comisaría para contar una mentira. En ese momento, la Policía ya le está informando de que tiene la dispensa a no declarar. El artículo 416 se tendría que informar simplemente una vez porque a partir de ahí, se le está desplazando a la mujer la responsabilidad del devenir del procedimiento penal. La mujer ya tiene suficiente con la situación de maltrato que está viviendo y la ponemos en una situación de absoluta vulnerabilidad. Ella puede pensar que él ya ha tenido un escarmiento, que va a cambiar… La pregunta que me ha hecho tiene difícil respuesta, pero creo que una de las vías de solución sería la reforma del artículo 416 de manera que quien denuncia en comisaría tuviera que mantener su declaración ante los juzgados.

¿Cree que las víctimas necesitarían más apoyo institucional para mantener esas declaraciones?

Sí, y también apoyo de la familia. La víctima tendría que saber desde el primer momento que, cuando saliera de comisaría, ya iba a tener una protección; en la mayoría de los casos esto no se produce. En estos últimos cuatro años de legislatura, los recursos que se han destinado a la violencia de género han disminuido un 30 %. Eso ha afectado a recursos sociales, sanitarios, de casas de acogida, de policía... Pues claro que sí, si la mujer supiera que cuando se decidiera a denunciar iba a tener una salida, posiblemente las denuncias se mantendrían desde el inicio hasta el final.

¿Hay demasiados fallos en los informes de riesgos de la Guardia Civil o de la Policía?

Yo no entiendo que haya demasiados fallos. Los agentes se limitan a introducir datos objetivos en un programa informático. El ordenador evalúa esos datos y da una respuesta. Si el evaluador no está de acuerdo, puede modificar el resultado, siempre para subir el nivel de riesgo, nunca para bajarlo. No creo que haya que buscar responsabilidades, nadie se quiere equivocar en esto, no creo que podamos decir que hay muchos errores policiales, yo creo que no los hay. Los casos de mujeres asesinadas tras haber presentado denuncia son muy puntuales. Solo en el primer trimestre de este año, los juzgados de violencia sobre la mujer han conocido 40.543 asuntos. En esos tres meses, ¿cuántos errores ha habido? Yo no diría que son errores, creo que las deficiencias son anteriores a la actuación policial. ¿Cómo alguien puede prever que una persona va a matar a otra? La lucha contra la violencia de género es complicada porque, entre otras cosas, no tenemos identificado al maltratador. Cuando sufríamos el terrorismo, la policía tenía muchas más posibilidades de identificar a los miembros de ETA que nosotros. Yo no sé si podemos hablar de errores, de verdad que no lo sé. Lo que tenemos que hacer es detectar dónde se ha fallado e intentar mejorarlo, pero posiblemente tengamos que empezar por la familia. Las denuncias que pone la familia por situaciones de violencia son todavía un mínimo. Si no logramos implicar a la propia familia, ¿cómo vamos a conocer los demás esa situación de violencia? Y también hay que implicar a la sociedad. La última guardia que tuve me llegó un caso en el que denunciaba la situación de violencia la hermana de la víctima porque la vecina del ático le había llamado diciendo que aquello era insoportable y que temía por la vida de esta chica. Va la policía, ve que la chica tiene hematomas en la cara y detienen a la pareja. Intentan identificar a la vecina que ha llamado, pero dice que no quiere decir nada. Llego yo y la víctima dice que no quiere declarar. Él tampoco quiere. No teníamos nada. Aun así, no me quedé ahí, ordené a la policía una investigación, pero nadie del edificio dice haber oído nada. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué se me puede pedir? Ahora, ¿qué puede pasar? Dios no lo quiera, que dentro de una semana, este hombre la mate. ¿Dónde habríamos fallado? Yo no creo que sea cuestión de fallos judiciales o policiales, es una cuestión de cambio de mentalidad y de cambio social. Lo que tenemos que hacer es conseguir hacer a la sociedad cómplice de esta lucha contra la violencia de género.