Denunciar una violación puede acabar en deportación: la ley no protege a las víctimas de violencia sexual sin papeles

La Ley de Extranjería, que impide la expulsión de las víctimas de violencia de género en situación irregular, no incluye a las víctimas de violencia sexual en el mismo mecanismo de protección

Desde el Ministerio del Interior apuntan a que se está trabajando “en instrucciones” para solucionarlo, tal y como contempla el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, pero no establecen plazos

Esta laguna legal deja a estas mujeres en una situación de desprotección y disuade para denunciar, apuntan las expertas

Marta Borraz / Gabriela Sánchez 22/05/2019 eldiario.es

Una víctima de violencia machista no quiere dar la cara

Las víctimas de agresiones sexuales en situación administrativa irregular se enfrentan a la posibilidad de ser expulsadas una vez que denuncien la violencia que han sufrido. La Ley de Extranjería, reformada en 2011, excluye a estas mujeres del mecanismo de protección diseñado para las mujeres que son víctimas de maltrato por parte de sus parejas o exparejas y que ahora el Ministerio del Interior quiere reforzar. Esta previsión obliga a no incoar ningún expediente de expulsión y paralizar el que en su caso pudiera estar iniciado, pero únicamente para las víctimas de violencia de género en sentido estricto.

Así, la Secretaría de Estado de Seguridad, dependiente del Ministerio del Interior, ha dictado esta semana una instrucción para que en todos los atestados policiales por violencia de género se especifique si la denunciante está en situación irregular. El objetivo es evitar que sean expulsadas del país una vez que acceden al sistema y son detectadas. Sin embargo, no ocurre lo mismo con las víctimas de violencia sexual, algo que confirman desde el propio Ministerio del Interior. Fuentes del departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska apuntan a que "se está trabajando en instrucciones para incluirlas", pero no determinan plazos.

Hacerlo sería cumplir con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado por el Congreso de los Diputados a finales de 2017. El acuerdo incluye como una de las medidas "revisar" la Ley Orgánica 4/2011 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, la Ley de Extranjería, para "mejorar la protección a las víctimas de todas las formas de violencia de género evitando procedimientos sancionadores por estancia irregular".

De esta forma, la legislación se adaptaría y pondría en práctica el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, también llamado Convenio de Estambul, aprobado en 2011 y ratificado por España tres años después, en 2014. El texto obliga a ampliar el concepto de violencia de género más allá de la pareja o expareja y contemplar otros tipos de violencia machista que sufren las mujeres, entre ellas, la violencia sexual, motivo por el que se ha incrementado el número de denuncias en España un 60% en los últimos seis años.

Fuentes de Interior apuntan, en este sentido, a que la Ley de Violencia de Género es "un tope" porque tal y como está redactada a día de hoy "impide ir más allá". "Por eso estamos trabajando para resolverlo con instrucciones", señalan las mismas fuentes. La Ley de Violencia de Género, aprobada en 2004, desarrolla un sistema de protección y asistencia integral solo para aquellas mujeres sobre las que se ejerza maltrato "por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligadas a ellas por relaciones de afectividad aun sin convivencia", especifica el artículo 1 de la norma.

No están protegidas: "Pueden acabar en un CIE"

Varias expertas llamaron la atención sobre la situación de desprotección a la que se enfrentan las víctimas de agresiones sexuales en situación irregular en las comparecencias que dieron lugar al Pacto de Estado contra la Violencia de Género y algunas organizaciones llevan años denunciándolo. Entre ellas, Amnistía Internacional, que exige la reforma de la ley: "Les está dejando en un situación de vulnerabilidad y desprotección", explica Verónica Barroso, portavoz de Política Interior de la ONG.

Esta laguna legal, prosigue, puede dar lugar a que las víctimas se encuentren con un expediente sancionador de expulsión (el primer trámite del procedimiento de repatriación) en el mismo momento de denunciar una agresión sexual o sea iniciado un tiempo después. Teniendo en cuenta, además, de que los procesos judiciales por agresión o abuso sexual pueden dilatarse en el tiempo llegando incluso en ocasiones a abarcar tres o cuatro años, la posibilidad se mantiene. "Por ejemplo, si son mujeres identificadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por la calle, pueden acabar en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE)".

Es lo que le ocurrió a Olga (nombre ficticio), una mujer rusa que fue agredida sexualmente por unos desconocidos en Galicia en 2013. La mujer, en situación irregular en España, denunció los hechos en dependencias de la Guardia Civil, pero a los pocos días, tras ser atendida por los servicios sanitarios y sin ser llamada a declarar ante el juez, fue detenida por simulación de delito bajo la argumentación de que se había inventado la agresión para regularizar su situación. Un juzgado de instrucción acordó su ingreso en el CIE de Madrid, donde estuvo desde marzo a junio de 2013 y unos meses después las autoridades dictaron un auto autorizando su expulsión. Gracias a la intermediación de varias ONG, el Defensor del Pueblo intermedió para paralizarla.

El caso fue documentado en un principio por la organización Aspacia y posteriormente por Amnistía Internacional, que lo ha incluido en su reciente informe Ya es hora de que me creas, en el que denuncia las trabas a las que se enfrentan las víctimas de violencia sexual. La falta de legislación que garantice que estas mujeres no sean expulsadas, explica Bárbara Tardón, investigadora principal del estudio, implica además un "evidente" efecto disuasorio, lo que provoca que "haya una bolsa enorme de violencia sexual oculta que sufren las mujeres migrantes en situación irregular y que la mayoría no acudan a una comisaría a denunciar".

Por otro lado, "la intersección entre el racismo y el machismo", prosigue la investigadora, provoca "una doble vicitimización y discriminación de estas mujeres", a las que "en muchas ocasiones no se las cree". De hecho, el argumento utilizado por la Guardia Civil contra Olga, por el que ella habría utilizado la denuncia por violación para regularizar su situación, no se sostiene a ojos de la legislación actual, que no contempla ningún mecanismo de protección ni de regularización para estos casos.

La laguna legal "abre la puerta a la arbitrariedad"

Ante la falta de una articulación legal para blindarlas de la expulsión, si una mujer sin papeles acude a una comisaría a denunciar una violación, será tratada de la misma manera que cualquier extranjero víctima de otro tipo de delito. Y en estos casos, la "arbitrariedad" reina, explican desde la Asociación de Abogados Extranjeristas.

"Debido a la experiencia que tenemos, el consejo que damos a nuestros clientes es que las personas sin papeles que lo necesiten registren la denuncia en los juzgados de guardia: que ni se les ocurra ir a la Policía", sostiene Paco Solans, portavoz de organización y abogado especializado en extranjería. "Así se aseguran de que no se aproveche la ocasión para abrir un expediente de expulsión: como no está previsto en ninguna normativa, se puede dar: cada comisaría es un mundo", apunta el letrado.

Fuentes de Interior sostienen no tener constancia de la apertura de expedientes de expulsión en el mismo momento en el que las víctimas acudan a comisaría a denunciar una agresión sexual, y aseguran desconocer si puede ocurrir durante el proceso de instrucción de estos casos. "Aunque la policía siempre tiene interés en que se denuncie y no asustar a la víctima, para lo que hay formaciones con el objetivo de que se cree ese clima de confianza", defienden desde el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska.

Un informe de 2013 de la organización Aspacia, centrado en la desprotección de las víctimas de agresión sexual en situación irregular, reconoce que "esta laguna normativa está siendo paliada ’de facto’, pues la policía habitualmente no realiza labores de control de extranjería cuando las mujeres se acercan a denunciar violencia sexual". Sin embargo, "puede ocurrir", por lo que el temor a ser deportada se suma al miedo habitual ligado a denunciar una violación, como evidencian algunos casos registrados en el documento. "Deja la puerta abierta a la arbitrariedad, lo cual implica gran inseguridad para las mujeres", detalla el estudio.

Por ello, la organización Women’s Link solicita "el entendimiento amplio de la violencia de genero" en la normativa española, como fórmula para solucionar la "exclusión de las víctimas de violencia sexual o las de trata" del sistema de protección en comparación con quienes son agredidas por sus parejas o exparejas. "Creemos que es importante aclarar qué es lo que se entiende por violencia de género en la nueva instrucción. No pueden quedar desprotegidas las mujeres que sufren otras violencias", apunta Estefanny Molina, abogada de la ONG.

Desde la asociación de empleadas del hogar que preside, Carolina Elías ha escuchado numerosos testimonios de trabajadoras que cuentan las agresiones sexuales de las que han sido víctimas, ya sea por parte de sus empleadores o en sus ratos libres. "A veces sucede entre cuatro paredes, con tu jefe. Todo comienza de poquito, ven como te van agarrando del brazo, crees que te trata bien, hasta que te mete la mano o intentan una agresión", describe la fundadora de Sedoac (Servicio Doméstico Activo). "Existen muchas más víctimas de las que creemos pero no salen a la luz, mucho menos si no tienen papeles", detalla Elías.

El miedo a la deportación marca su reticencia a denunciar, asegura. La presidenta de Sedoac recuerda el caso de una mujer de Paraguay, que llevaba dos meses en España y fue violada una noche durante su día libre. "La drogaron y se despertó con moratones en sus partes íntimas, estaba destrozada. Fue a denunciar y la policía no la creía. Los agentes le solicitaron el pasaporte (aún contaba con permiso de estancia de turista) y su billete de avión de regreso a su país (que no tenía porque iba a permanecer en el país de forma irregular): por lo que no concluyó la denuncia", explica Elías.

También acudieron a un Centro de Atención Integral a Víctimas de Violencia Sexual en la Comunidad de Madrid (CIMASCAM), relata, donde no permitieron su acceso a un médico por no haber denunciado el caso. "La mujer fue revictimizada, sufrió mucho y al final decidió regresar a su país", describe.

Este caso marcó la forma de actuar de su asociación ante casos de violencia sexual entre sus trabajadoras domésticas asociadas: "¿Qué lección nos ha dado? No recomendar a ninguna mujer sin papeles ir a poner la denuncia a la policía ni enviarla al centro de atención integral a víctimas de violencia sexual", concluye Carolina Elías.

¿Cómo se protege a las víctimas de violencia de género sin papeles?

Si una mujer sin papeles acude a una comisaría a denunciar la violencia sufrida por parte de su pareja o expareja, los agentes no pueden abrir un procedimiento de expulsión y, en el caso de tenerlo abierto, este queda automáticamente suspendido hasta la resolución del procedimiento penal. Desde 2011, las víctimas de maltrato están protegidas de forma específica en Ley de Extranjería tras una modificación de la norma aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

La nueva instrucción dictada por Interior supone un “refuerzo” de cara al cumplimiento de la normativa por parte de las fuerzas de seguridad. Marca la forma específica en la que la Policía o Guardia Civil debe proceder en caso de que una mujer sin papeles denuncie ser víctima de violencia machista, algo que hasta el momento no se encontraba estipulado. Desde 2011, ONG como Amnistía Internacional ha denunciado casos en los que la Policía inició los trámites de expulsión de mujeres sin papeles que se encontraban en un proceso penal por sufrir malos tratos.

Más allá de la suspensión temporal del expediente de expulsión de la víctima, la mujer puede solicitar una autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales, pero siempre le haya sido concedida una orden de protección o, si no es así, obtenga un informe de la Fiscalía que describa indicios de violencia machista.

Hasta la resolución del proceso penal contra su agresor, un proceso que puede durar años, la solicitud no se resuelve de forma definitiva, pero la mujer sí puede obtener un permiso provisional de estancia en el país. Si el juicio concluye en una condena, la víctima logra la autorización de residencia temporal en España. Si durante el procedimiento judicial no se determina la situación de violencia machista, se reactivará el expediente de expulsión de la mujer, es decir, podría ser deportada.